POLITICA
Internaciones involuntarias, hospitales psiquiátricos y prevención del suicidio: los cambios que impulsa la reforma de Salud Mental
La discusión sobre la reforma de la Ley de Salud Mental llega al Senado con una pregunta que atraviesa a las guardias, las familias y los sistemas de salud de todo el país. El proyecto pone en revisión el requisito de “riesgo cierto e inminente” para las internaciones involuntarias y propone una respuesta que contemple el “riesgo grave para sí y para terceros”.
La iniciativa busca modificar el régimen vigente desde 2010. Antonela Giampieri, diputada nacional de CABA por la Fuerza del Cambio, explicó en Infobae Al Mediodía que aquella norma marcó un cambio de época porque “la ley fue un gran avance en el 2010”, aunque sostuvo que, después de 16 años de aplicación, el sistema necesita correcciones frente a situaciones que describió como complejas.
El planteo reúne cambios en las internaciones involuntarias, la integración de los equipos clínicos, la continuidad de los hospitales especializados y la coordinación de recursos entre la Nación y las provincias.
En ese recorrido, Giampieri remarcó que el objetivo no es abandonar el enfoque de derechos, sino evitar que una persona llegue sin asistencia a una instancia crítica: “Necesitás que llegue al sistema ya con la crisis explotada”.
Cuándo debe intervenir el sistema ante una crisis
La ley actual establece que una internación sin consentimiento requiere un “riesgo cierto e inminente” para la persona o para terceros. La reforma en debate propone reemplazar esa condición por la noción de “riesgo grave para sí y para terceros”, una modificación que apunta a ampliar los elementos considerados por los equipos de salud antes de resolver una internación.
Giampieri cuestionó que el criterio vigente centre la decisión exclusivamente en lo que ocurre durante la consulta o en la guardia. “Hay que evaluarla no solo en el momento de que llega a la guardia”, afirmó al explicar que el proyecto incorpora la posibilidad de tener en cuenta antecedentes clínicos, brotes previos, consumos problemáticos y otros episodios registrados en la historia de la persona.
Bajo esa mirada, la escena de una crisis no quedaría aislada de lo que ocurrió antes. La diputada sostuvo que una conducta observada en una guardia puede requerir la lectura de un proceso más amplio y señaló que deben considerarse “antecedentes de brotes, consumo problemático y episodios previos” al evaluar el riesgo y definir una eventual intervención.
La iniciativa no presenta la internación como una respuesta automática ni única. El debate, según la posición de la legisladora, busca que el sistema pueda actuar antes de que la situación alcance un punto límite, porque el requisito actual exige que exista un “riesgo cierto e inminente” y, en sus palabras, eso puede implicar que la persona llegue con la crisis ya desatada.
La participación de un médico o psiquiatra
Otro de los ejes se concentra en la composición del equipo que interviene ante una internación. Giampieri indicó que el procedimiento requeriría dos firmas, con la condición de que una pertenezca a un médico o a un psiquiatra. “Uno sí o sí tiene que ser el médico”, dijo sobre el cambio propuesto.
La diputada vinculó esa exigencia con la necesidad de distinguir los distintos factores que pueden estar detrás de una alteración de la conducta o de una crisis. Según explicó, un profesional médico puede establecer si el cuadro responde a sustancias, a un tumor o a otras patologías; por eso insistió en que “uno sí o sí tiene que ser el médico”.
Al mismo tiempo, la legisladora rechazó que esa incorporación suponga relegar a otras disciplinas. Psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas forman parte de la atención, según su planteo, y “todos son importantes” dentro de un abordaje que debe conservar su carácter interdisciplinario.
La discusión sobre las firmas se inserta así en una cuestión más amplia: qué saberes deben estar presentes al momento de tomar una decisión que afecta la libertad y la atención de una persona.
La propuesta conserva la participación de equipos diversos, pero reserva una intervención específica para el área médica, ya que, como señaló Giampieri, “todos son importantes”, aunque existen evaluaciones clínicas que demandan esa formación.
Qué dispositivos necesitan las provincias para atención especializada
La continuidad de los hospitales especializados en psiquiatría y salud mental es otro de los puntos que la reforma busca instalar en el debate. Giampieri cuestionó la idea de que todos los pacientes deban ser atendidos en hospitales generales y planteó que la respuesta sanitaria debe adecuarse a cada situación: “Hay pacientes que pueden estar en hospitales generales, pero otros no”.
La legisladora señaló que algunos casos pueden sostenerse con atención ambulatoria, centros de día u hospitales de día, mientras que otros requieren internaciones con plazos definidos y seguimiento profesional.
En la Ciudad de Buenos Aires, mencionó la existencia de los hospitales Borda, Moyano y Alvear como parte de una red especializada y sostuvo que “hay pacientes que pueden estar en hospitales generales, pero otros no”.
En ese punto, Giampieri rechazó que la existencia de instituciones especializadas equivalga a una vuelta a prácticas de encierro. “Los manicomios no existen en la Argentina”, afirmó, al distinguir entre esos modelos y los dispositivos de salud mental que, según su postura, deben continuar disponibles para los casos que requieran una atención diferenciada.
La diputada sostuvo que la aplicación de la ley actual impulsó el cierre de instituciones especializadas en varias provincias. Frente a ese escenario, propuso que cada jurisdicción pueda definir sus necesidades y que “el Ministerio de Salud de la Nación, junto con las jurisdicciones”, determine los recursos y dispositivos necesarios para garantizar la atención.
El proyecto contempla cooperación financiera nacional para reforzar las capacidades provinciales. Giampieri planteó que no todas las regiones requieren la misma infraestructura: algunas podrían necesitar hospitales especializados y otras, centros de día o dispositivos sociales. “El Ministerio de Salud de la Nación, junto con las jurisdicciones”, debe resolver esa planificación, sostuvo.
La prevención del suicidio y los consumos problemáticos
La discusión también se conecta con la prevención del suicidio, la depresión y los consumos problemáticos entre adolescentes. Giampieri sostuvo que las políticas públicas deben trabajar sobre las señales de alerta antes de una crisis y citó una dimensión que consideró central: “El suicidio es la primera causa de muerte violenta en el país”.
Según la diputada, en la Argentina mueren entre 11 y 12 personas por día por suicidio. Giampieri señaló que se trata de un fenómeno de causas múltiples, en el que intervienen factores biológicos y sociales, enfermedades mentales, depresión y consumo de sustancias. “El suicidio no es previsible, pero sí es prevenible”, afirmó.
Esa definición ordena su planteo sobre el papel de las escuelas. La legisladora aclaró que los docentes no deben diagnosticar, pero sí necesitan herramientas para advertir situaciones de riesgo y activar los circuitos correspondientes con las áreas de salud.
Los clubes también aparecen en su propuesta como ámbitos posibles de escucha y contención. Para Giampieri, la respuesta requiere articulación entre familias, escuelas, organismos de niñez y ministerios de Salud, en lugar de intervenciones aisladas. “Hay que evaluarla no solo en el momento de que llega a la guardia”, señaló, al extender esa lógica preventiva a los espacios cotidianos de adolescentes y jóvenes.
Educación digital antes que prohibiciones generales sobre redes sociales
En el tramo final de su intervención, la diputada vinculó la salud mental con el uso de redes sociales y el crecimiento de herramientas de inteligencia artificial. Planteó que el Congreso debe dar una discusión sobre educación digital y regulación de las plataformas, pero se mostró contraria a respuestas generales basadas en la prohibición: “No creo en la prohibición de las redes sociales”.
Su propuesta pasa por explicar a niños y adolescentes cómo funcionan las plataformas, qué riesgos pueden aparecer y de qué manera identificarlos. La diputada insistió en que el trabajo preventivo no se limita a restringir el acceso y sostuvo que “no creo en la prohibición de las redes sociales”, sino en una formación que permita comprender el entorno digital.
Giampieri también advirtió sobre el uso de asistentes como ChatGPT, Claude o Gemini como sustitutos de la consulta con profesionales de salud mental. “No son psicólogos”, afirmó, y añadió que una máquina no puede resolver ese tipo de problemas porque “no tiene empatía”.
Con esos cambios, el Senado deberá definir si actualiza el marco de internaciones, la participación médica en las decisiones clínicas y la organización territorial de la atención. En el centro de esa discusión queda una premisa que la diputada repitió al referirse a las herramientas digitales y a la atención profesional: “No son psicólogos”.
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POLITICA
Lijo citó a indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker en la causa por corrupción en la Andis
El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el gobierno de Javier Milei.
Las declaraciones habían sido pedidas este miércoles por los fiscales federal Franco Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que sostuvieron que la droguería de los Kovalivker había “cooptado” la Andis y organizado un esquema de cartelización y sobreprecios. En total, los fiscales solicitaron 43 indagatorias; casi todas fueron ordenadas hoy por Lijo.
Las audiencias empiezan el jueves próximo, con las declaraciones de los hermanos Kovalivker y de Diego Viner, director de Compras de la Suizo Argentina.
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No pasaron ni 24 horas desde la última sesión de la Cámara de Diputados, pero oficialismo y oposición ya discuten sobre quién salió victorioso del recinto.
Desde La Libertad Avanza señalan que fue el oficialismo quien se impuso porque se aprobaron proyectos que nacieron desde esos bloques: la Ley de Discapacidad y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como el éxito por la positiva. Además celebran que se haya caído la sesión sin tratar ningún tema de morosidad.
“Sacamos nuestras leyes y morosidad, cuando nosotros no teníamos el número, logramos que se caiga el quórum y que no se traten los proyectos de ellos. Todo ganancia”, dijo un legislador libertario que hoy se despertó de muy buen humor.
Sin embargo, desde la oposición también entienden que ganaron porque lograron dar vuelta buena parte del texto de la Ley de Discapacidad, con una inserción de los pedidos de casi todos —incluyendo los que hacían todas las corrientes del peronismo—. “Copiaron nuestro dictamen, nada más le sacaron la palabra emergencia”, dijo entre risas un diputado opositor que supo ser dialoguista.
“Reculararon y restituyeron la Ley de Tierras. Recularon con la Ley para personas con Discapacidad. Recularon con su proyecto de cursos de educación financiera y huyeron de la sesión. En ninguna de sus votaciones, junto a aliados y conversos, superaron los 124 votos. Una victoria pírrica que terminará costándoles más de lo que creen”, dijo el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.
En la misma línea se expresó Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria que reiteró el concepto de “recularon” al referirse a la extranjerización de tierras. En el caso de Discapacidad “entregaron todo. El 75% de la ley de emergencia está dentro de lo aprobado”, y por último, Martínez dijo que en el caso de endeudamiento “huyeron y dejaron sin alivio a 20 millones de argentinos; de retirada, mal”.
Mientras los opositores señalaban sus logros, los diputados del oficialismo se reunieron y, junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, le cantaron el feliz cumpleaños al presidente Javier Milei.
Esto sucedió al término de la sesión en la que estuvo presente la hermana del presidente que llegó al Congreso en el momento en que se discutía la Ley de Discapacidad. La imagen de Karina Milei entrando al Palacio Legislativo en señal de apoyo al bloque que conduce Martín Menem en un debate que, si anteriormente enfrentaba a los diputados con el Ministerio de Economía, con la media sanción y como terminó siendo el proyecto, se profundizó.
Pelea por los fondos
La cantidad de cambios que se introdujeron en Discapacidad no solo tenía como objetivo asegurar la cobertura sino también los fondos. Este punto es fundamental teniendo en cuenta que hubo que “obligar” al gobierno a ejecutar vía una ley de emergencia y luego por el sistema judicial; a pesar de eso, el presupuesto para el sector fue subejecutado.
En ese sentido, la promesa no fue suficiente y finalmente tuvo que quedar todo escrito.
El problema que se presenta ahora es que desde el Ministerio de Economía aseguraron que no están de acuerdo con el proyecto. Y no lo estaban previamente a todos los cambios que se introdujeron.
Así lo había dejado claro el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, al señalar que su iniciativa para el sector era la del Presupuesto, que establece un recorte en las prestaciones, los fondos y hasta elimina el nomenclador para el sector.
“Ahora es un tema de ellos. Lo van a tener que resolver cuando se debata el Presupuesto”, dijo un diputado peronista. “No pasa nada, copiamos y pegamos esto”, le respondió un colega libertario.
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado nacional libertario José Luis Espert como presunto autor del delito de lavado de activos, por los 200.000 dólares que recibió en 2020 de una firma vinculada al empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos y vinculado a una red de fraude y lavado.
El magistrado le trabó un embargo de 1000 millones de pesos y le prohibió salir del país, informaron a fuentes judiciales.
Mirabelli advirtió que el ingreso de dinero criminal para financiar figuras políticas o campañas “constituye una grave amenaza para la integridad del sistema democrático”.
En la misma resolución, Mirabelli procesó al contador de Espert Mariano Alejandro Cosentino, como partícipe necesario del lavado, con un embargo de 700 millones de pesos, y a la sociedad familiar Varianza SA, a la que le fijó un embargo de $500 millones.
Para el juez, el contrato de consultoría con una minera guatemalteca con la que Espert justificó el dinero fue “un contrato simulado que nadie esperaba fuera a cumplirse, al menos en lo que respecta a las prestaciones comprometidas por Espert”.
Y concluyó que el exdiputado “se representó la posibilidad concreta de que el dinero enviado por Machado proviniera de un ilícito penal y, aun así, realizó numerosas acciones tendientes a introducirlos en el sistema financiero y a disimularlos”.
La decisión acoge en lo sustancial el pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, aunque el juez descartó dos tramos de la acusación: no dio por probado que la seña de 55.501 dólares para un lote en el fideicomiso Costa Dunas, cerca de Costa Esmeralda, saliera del dinero de Machado, por el tiempo transcurrido y porque Espert tenía otros ingresos lícitos, y tampoco que la parte en pesos del pago de su Lexus proviniera de esos fondos.
Según el fallo al que accedió , el 22 de enero de 2020 Espert recibió 200.000 dólares en su cuenta del Morgan Stanley en Miami, girados desde el Bank of America por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma que el juez considera “un instrumento controlado y utilizado” por la organización de Machado y Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023 en Texas por narcotráfico, lavado y fraude.
Espert pasó 50.000 dólares a su cuenta del BBVA en Martínez, los retiró en efectivo y tres días después pagó 47.800 por un BMW M240i. En 2024 vendió ese auto por 62.000 dólares y con esa plata compró un Lexus RX 350 de casi 130.000 dólares, con una certificación de origen de fondos firmada por Cosentino.
Según el juez, ese documento “omite deliberadamente cualquier mención al verdadero origen”. Otros 50.000 dólares ingresaron al país en junio de 2020 y también fueron retirados en efectivo.
El juez Mirabelli analizó la referencia que acompañó la transferencia: “for further credit 852017501 José Luis Espert N28FM”. N28FM es la matrícula de uno de los aviones que Machado le prestó a Espert en la campaña de 2019.
En su descargo, el exdiputado citó esa leyenda, pero omitió esas cinco letras. “No parece casual”, escribió Mirabelli, que se preguntó: “¿Qué sentido tendría consignar la matrícula de un avión prestado por Machado a Espert en el marco del pago por un contrato de una encomienda que, supuestamente, nada tenía que ver con aquellos vuelos?”.
El contrato con la minera con el que Espert buscó justificar el flujo de fondos, por un millón de dólares, fue hallado primero en la casa donde Machado cumplía arresto domiciliario, “roto en pedazos, en una bolsa de consorcio, en un tacho de basura ubicado junto al quincho”.
El juez enumeró los indicios que lo llevan a pensar que el contrato es una simulación para justificar el pago. Dijo que las obligaciones de Espert eran vagas, mientras que sus honorarios eran claros; parte del texto tiene una “similitud casi literal” con dos notas periodísticas españolas sobre refinanciación de deudas de Pymes; Machado firmó como gerente general de Minas del Pueblo sin serlo, y Espert lo sabía porque se escribía con el verdadero gerente de la mina.
Además, el millón de dólares era casi el triple de la deuda que la minera declaraba en 2018 (US$372.975); Espert nunca hizo trabajo alguno, no emitió la factura de exportación que sí había emitido semanas antes a otro cliente del exterior, y nadie reclamó nunca la devolución del dinero.
El juez valoró audios de los contadores de Espert, Fernando Escobar y Mercedes Armendares, que muestran que el exdiputado les había dicho que el contrato era con el gobierno de Guatemala para reestructurar su deuda externa. Tras la detención de Machado, en abril de 2021, Escobar estalló: “Este tipo nos recontra mintió”, dijo en un audio; en otro lo llamó “un chanta total”.
Para el magistrado, esa conducta no es la de un consultor orgulloso de un gran contrato, “sino más bien como la de quien pretende esconder dicho contrato”.
Y citó un audio del propio Espert de esos días: “Él me iba para hacer pasar esto por un contrato con el Estado guatemalteco, pero no, finalmente terminó siendo con una empresa de él. Puede ser que el tipo, como muchos de estos ñatos, tengan sus negocios blancos”.
Por eso, el juez señaló que Espert “conocía concretamente que Machado disponía de cuantiosos bienes y dinero blancos y negros”.
Sobre Varianza, constituida el 13 de diciembre de 2019, un mes antes de la transferencia, el fallo cita un audio de Espert: “Ya sabemos que Varianza está hecho para bajar mi blanco”.
La sociedad nunca tuvo clientes fuera de la familia: emitió tres facturas, a Espert y a un condominio con sus hermanos, y le registró sueldos por $1.191.666 en 2020.
Espert sostuvo que el contrato fue real, firmado ante escribano y apostillado; que cobró un anticipo no reintegrable, y que se enteró de la situación de Machado “como se enteró el país”.
La causa se inició en octubre de 2025 por una denuncia de Juan Grabois, cuando Espert renunció a su candidatura al tomar estado público su relación con Machado y el cobro de ese dinero.
Machado está detenido en Texas y aceptó declararse culpable de lavado y fraude para evitar ser juzgado por narcotráfico.
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