POLITICA
El giro de Milei para ganar apoyo en el Congreso, la presión de Trump por la ley Malvinas y el acuerdo del PJ por las PASO

La economía muestra números frágiles y Javier Milei lo admite. El Gobierno levanta la bandera Malvinas, pero los Estados Unidos le ponen límites infranqueables. El Palacio de Hacienda y La Libertad Avanza se mostraban inflexibles en Diputados, pero Martín Menem tuvo que negociar y ceder para evitar varias derrotas.
Una vez más, la realidad se muestra indomable, impenetrable incluso a la furia del Presidente.
El jueves, cuando regresó de España, Milei admitió que la economía no crece como lo esperaba. Pero puso la culpa afuera de su gestión: imputó la situación a los shocks externos provocados por la guerra y su impacto en el precio del petróleo.
No obstante, el Indec y distintos indicadores económicos coinciden en mostrar que hay factores internos de mucho peso.
El miércoles, el Indec reveló que la actividad económica (EMAE) cayó 1,7% interanual y la Argentina está entrando en recesión técnica. El país va a crecer en todo 2026 poco más de 1 por ciento, muy por debajo del 4,4% que subió en 2025. Y el jueves se conocieron otros datos: el consumo masivo cayó 1,2% interanual en septiembre, según Scentia, mientras el Indec mostró que las ventas en supermercados en agosto bajaron 3,7% interanual, aunque las ventas en shoppings subieron en esa misma magnitud.
Una vez más, la Argentina muestra dos caras. Mientras los sectores de la energía, la minería y el petróleo vuelan, el consumo interno (que representa el 70 por ciento del PBI) y la industria no arrancan.
El riesgo país superó los 700 puntos, el nivel más alto desde octubre de 2025, y el dólar minorista alcanzó los $1550. Más allá del contexto internacional, existe una doble incertidumbre: política, por el resultado de las elecciones de 2027, y económica, por la desaceleración del crecimiento. “La Argentina es un país fiscal y patrimonialmente sólido, pero el mundo no le cree porque es un estafador serial”, explicó el economista Ricardo Arriazu, que imputó a una mala política monetaria (compra de dólares por el BCRA) la baja tasa de crecimiento del país, que debería estar en el 5% anual.
Y Patricia Bullrich fue por más. Volvió a diferenciarse de Milei cuando dijo que “no podemos caer en la ingobernabilidad de 2025”, cuando Scott Bessent tuvo que acudir con un swap en auxilio de la economía. Por eso, Bullrich reclamó darle cobertura política a la economía.
POLITICA
La Corte Suprema ordenó al Estado hacer públicos los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Poder Ejecutivo Nacional hacer pública la información sobre los resultados correspondientes a todos los establecimientos educativos o instituciones de la provincia de Salta que participaron de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017.
“La información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”, sostuvo el máximo tribunal al hacer lugar a la acción de amparo de un ciudadano que reclamaba esos datos.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los conjueces Carlos Vallefín (La Plata) y Juan Perozziello Vizier (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal). En minoría, Carlos Rosenkrantz votó por rechazar el pedido.
El pedido
En 2019, Rafael Aurelio Argañaraz Olivero promovió una acción de amparo de acceso a la información pública contra el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Reclamó la entrega de “la totalidad de los Reportes de Resultado correspondientes a todos los Establecimientos Educativos o Instituciones de la Provincia de Salta que hayan participado de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017”.
Solicitó también la documentación por considerarla información pública, pero la Secretaría de Evaluación Educativa le respondió que estaba impedida de entregarla por tratarse de información obtenida con carácter confidencial y le ofreció resultados desagregados hasta el nivel municipal.
El Estado Nacional se opuso a la demanda. Insistió en el carácter confidencial de la información para resguardar los derechos de estudiantes, docentes y directivos. Argumentó que con esos datos se podía elaborar un ranking de escuelas y establecimientos, “no solo por los resultados de la evaluación sino también por la condición de migrantes, indígenas, pobres y analfabetos” de los alumnos o sus familias, lo que llevaría a una estigmatización.
También sostuvo que la divulgación frustraría una investigación sobre estadísticas.
En primera instancia se rechazó el amparo. La Cámara Federal de Salta revocó esa sentencia y ordenó al Ministerio brindar los resultados, sin excepción, sin que ello implique revelar datos particulares de los alumnos o los docentes. El Estado apeló y la Corte confirmó que debía entregar la información solicitada.
Qué dijo la Corte Suprema
Para el voto mayoritario, la Corte sostuvo que “no puede olvidarse que el fundamento central del acceso a la información en poder estatal consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”.
Los operativos “Aprender” y “Enseñar”, profundizó la Corte, “no son una gracia o favor del gobierno hacia la comunidad” sino que “reflejan la implementación de un mandato expreso contenido en normas constitucionales y legales”.
“Hacer pública la información requerida apunta a efectivizar la ‘igualdad real de oportunidades’ antes que a estigmatizar alumnos y docentes”, sostuvo la sentencia. Agregó que la desagregación por establecimiento “persigue un interés público de particular trascendencia, cuyo control democrático parece ineludible” y permite verificar el modo en que el Estado ejecuta mandatos constitucionales en materia educativa.
POLITICA
Allanaron dos bancos por la causa que investiga al financista vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia

La investigación judicial por presuntas maniobras de lavado de dinero en Sur Finanzas sumó este viernes nuevos allanamientos bancarios en la Ciudad de Buenos Aires y La Matanza.
Las diligencias fueron dispuestas por el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte, y ejecutadas por efectivos conducidos por el comisario Enrique Fernando Giménez.
Los procedimientos abarcaron la sede central del Banco Hipotecario, en Reconquista 101, junto con inmuebles en Santa Fe 880, Maipú 1210 e Hipólito Yrigoyen 2350, en San Justo. En estas direcciones funcionan dependencias de dicha entidad y del Banco Industrial (BIND), cuyo principal accionista es Andrés Meta.
Ariel Vallejo y Claudio “Chiqui” Tapia
El expediente analiza el entramado financiero encabezado por Ariel Vallejo, empresario vinculado al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
Según las actuaciones iniciadas tras operativos previos del 2 de noviembre, la firma utilizaba al BIND como respaldo para depositar fondos captados mediante su plataforma de pagos.
Respecto del Banco Hipotecario, la pesquisa indaga un presunto blanqueo de capitales originados en el juego clandestino e intermediación financiera irregular. En particular, los investigadores examinan operaciones sospechosas registradas entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 a través de billeteras virtuales y una cuenta corriente empresarial.
Asimismo, el legajo judicial evalúa préstamos millonarios y transacciones realizadas por las sociedades del financista con clubes afiliados a la AFA.
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POLITICA
El Gobierno admite que tiene los votos justos para aprobar la suspensión de las PASO en el Senado

El traspié en el Senado por el sistema de colectoras casi le sale caro al Gobierno. Lo obligó a desandar una estrategia improvisada y dar marcha atrás para avanzar con un dictamen que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por un año y una reforma electoral de más largo plazo, con una serie de cambios introducidos a último momento. Así, al filo de los plazos, el oficialismo consiguió las firmas necesarias para llevar el proyecto al recinto el jueves próximo, al filo del cierre del período ordinario.
“Con 40 votos vas tranquilo, con menos, a intentar ganar”, resumen en las filas libertarias. La segunda opción parece ser el escenario que contempla La Libertad Avanza para la próxima sesión.
Pese al alivio que significó para el Gobierno haber destrabado el dictamen por la suspensión de las PASO, los números de cara al debate en el recinto siguen ajustados. En un primer momento, apenas conseguidas las 11 firmas para el dictamen, algunos libertarios ya se jactaban de tener al menos 40 votos para aprobar la iniciativa. Sin embargo, el optimismo fue bajando con el correr de los días.
Según pudo constatar , el oficialismo tendría asegurados 37 votos, aunque en sus propias filas elevan la cuenta a 38. Los más optimistas incluso se animan a estirar el poroteo a 39. “Siempre y cuando no haya un martes 13”, advierten.
“Son acuerdos políticos y de acá al jueves todo puede cambiar”, reconoce un senador que suele ubicarse entre los “indecisos”. Es que las negociaciones siguen abiertas, tanto con los gobernadores como con los propios legisladores, sobre todo si se tiene en cuenta que un tercio de las bancas deberá renovarse el año próximo y no todos responden directamente a los mandatarios provinciales.
Este escenario complejiza el toma y daca que articula desde la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Diego Santilli, secundado en menor medida, por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Mientras tanto, las negociaciones en el Senado volvieron a quedar en manos de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, especialmente después de su intervención en la comisión de Asuntos Constitucionales para destrabar el dictamen mediante la eliminación del sistema de listas de acople o colectoras, cuya incorporación a pedido de cinco gobernadores radicales había puesto en riesgo el acuerdo.
Sin embargo, según pudo saber , el Poder Ejecutivo logró avanzar en acuerdos con Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), a quien le habría garantizado despejarle el camino electoral en su provincia.
Por otro carril avanzan las conversaciones por el nuevo régimen de biocombustibles, cuyo tratamiento permanece frenado, y la disputa por el cuarto lugar que le corresponde a Diputados en el Consejo de la Magistratura, que el mandatario santafesino, referente de Provincias Unidas (PU), reclama para Juan Brugge. Ambas cuestiones habrían influido en su decisión de pedirles a los diputados que le respondieran que se levantaran de sus bancas durante la última sesión.
En el caso del bloque de la UCR en el Senado, el oficialismo confía en sumar al menos ocho de sus diez integrantes para suspender las PASO. Entre quienes dan por descontados figuran Eduardo Galaretto y Carolina Losada (Santa Fe), Rodolfo Suárez y Mariana Juri (Mendoza), Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes), y Silvana Lorena Schneider (Chaco).
A esta lista se sumaría el catamarqueño Flavio Fama, quien históricamente se pronunció en contra de las PASO, pero este miércoles fue uno de los senadores que firmó el dictamen en disidencia, luego de plantear una serie de condiciones para acompañar el texto, entre ellas, la incorporación de Ficha Limpia y la obligatoriedad de los debates presidenciales en caso de balotaje. A esto se suman las especulaciones sobre posibles acuerdos políticos o “gestos” que podrían haberle demandado como devolución de antiguas gentilezas.
Cerca del senador juran y perjuran que, pese a que su mandato vence el próximo año, su postura no responde a una negociación por la renovación de su banca. Incluso sacan a relucir que ya inició los trámites jubilatorios para despejar cualquier sospecha. Con su eventual respaldo, serían ocho los votos radicales que se sumarían a los 21 del bloque de LLA.
En cambio, persisten las dudas sobre Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Daniel Kroneberger (La Pampa), quienes no responden directamente a ningún gobernador. Ambos dejaron entrever que podrían acompañar al oficialismo, aunque por ahora mantienen abierta su definición.
A estos 29 votos se sumarían los tres del bloque de Pro, presidido por Martín Goerling Lara, quien hasta ahora se había manifestado en contra de la iniciativa. De hecho, el domingo pasado cuestionó el cambio de las reglas electorales al considerar que implicaba “un manoseo de la estrategia y la táctica electoral”.
La postura cambió después de que el expresidente Mauricio Macri bajara una línea clara durante una reunión de la dirigencia partidaria esta semana: el bloque, integrado también por Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa), acompañará el proyecto.
La decisión llega en momentos en que Pro sigue negociando un entendimiento electoral con LLA. “Es una demostración de acercamiento para el acuerdo”, admitió un dirigente del macrismo a .
Desde las huestes libertarias también se esperanzan con el respaldo de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. Al igual que con los avales de la neuquina Julieta Corroza y la chubutense Edith Terenzi, alineada con el gobernador Ignacio Torres.
Otros dos votos que los violetas contemplan para la sesión del jueves son los de Carlos “Camau” Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo, ambos de Provincias Unidas. Esta última, que aportó la firma número 11 para el dictamen, se convirtió en una figura clave y ganó protagonismo durante el debate en comisión, cuando le marcó la cancha al oficialismo al exigir cambios en el texto.
Frente a este escenario, el Gobierno contaría con 38 respaldos. De reojo y sin demasiadas expectativas, también sigue de cerca a la bancada de Convicción Federal, integrada por Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), quienes mantienen vínculos políticos con los gobernadores del norte.
“El único que podría aportar su voto es Andrada”, comenta un senador oficialista, que también pone el foco en las presiones que enfrentaría Moisés si decidiera acompañar al Gobierno, con el riesgo de quedar apuntalada como una “traidora al peronismo”.
De todas formas, en los distintos espacios coinciden en que el poroteo está lejos de cerrarse y que los votos no necesariamente responderán todos a los acuerdos previos. “No es tan taxativo que los gobernadores puedan ordenar de manera lineal. Hay un tercio de los senadores que reeligen”, plantea un legislador que aún no tiene definida su postura. “Es una cámara abierta, no vas a tener disciplina de bloque”, remata.
El proyecto
Además de la suspensión de las PASO, el dictamen oficialista establece correcciones en el financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, con un tope del 50%, y una serie de cambios vinculados a las elecciones de parlamentarios al Mercosur.
La reforma política también incluye la llamada “ficha limpia”, es decir, que cualquier persona con una condena penal confirmada en segunda instancia por delitos dolosos vinculados a la corrupción queda inhabilitada para postularse a cargos electivos.
Entre otros ajustes que contempla, figura la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales. De aprobarse la iniciativa en ambas cámaras, quedará en manos de la Cámara Nacional Electoral decidir sobre su realización.
La legislación vigente, establecida por la Ley 27.337 e incorporada al Código Electoral Nacional (Ley 19.945), exige la celebración de dos debates antes de las elecciones generales, uno de ellos en una capital provincial, y un tercero en caso de balotaje.
Además de disponer su transmisión obligatoria por los medios estatales, prevé sanciones para los candidatos que no participen, como la pérdida de espacios de publicidad audiovisual y la colocación de un atril vacío para dejar constancia de su ausencia.
Por último, dispone la eliminación de la veda electoral, no solo en términos discursivos, en medios y redes sociales, sino también las restricciones que hasta ahora regían en comercios, o actividades culturales.
Todas las modificaciones que hacen a la reforma electoral tendrán carácter permanente. La única excepción será la suspensión de las PASO, que regirá por un año.
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