POLITICA
La visita del Papa: la Iglesia espera la “última avanzada” y el Gobierno adjudicó un contrato millonario para producir los eventos masivos
En los últimos días, las autoridades de la Iglesia recibieron una señal concreta de que el papa León XIV, quien se recupera de manera satisfactoria tras haber sido operado de un cáncer de pulmón, está decidido a concretar el mes que viene su viaje a la Argentina. El Vaticano confirmó que la tercera y última misión de avanzada que terminará de definir los detalles de la visita del pontífice llegará al país el 2 de noviembre próximo.
Los enviados de la Santa Sede repasarán los aspectos logísticos, de seguridad y de protocolo en los lugares que recorrerá el Papa durante su estadía en la Argentina. Inspeccionarán desde la Casa Rosada y el Palacio Libertad hasta el Monumento de los Españoles, en Palermo, la Basílica de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba, donde León XIV encabezará los actos masivos. “Ya tenemos los pasajes y las reservas de los hoteles para la delegación. Está todo confirmado”, anticiparon fuentes eclesiásticas.
La Iglesia avanza con los preparativos y no especula con que llegue una ratificación del viaje desde Roma. “Sería ideal que haya una confirmación oficial, pero el Vaticano no suele hacerlo y nunca puso en duda que viajaría”, remarcan en el Episcopado. El viernes último se supo que el equipo médico del Pontífice le recomendó que no vaya en helicóptero el martes próximo a Asís por “precaución”. Los especialistas, se informó, no quisieron comprometer su óptima recuperación con vistas a la gira por América Latina, del 6 al 17 de noviembre.
Ayer, la Iglesia organizó una reunión con los voluntarios que trabajan en la organización de la visita de León XIV, la primera de un pontífice al país desde 1987, en el Regimiento de Patricios para “preparar los kits, los materiales necesarios para las celebraciones” en la Capital, Córdoba y Luján. Se repartieron pecheras y paraguas con el logo y el lema elegidos para la cita histórica: “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”. Los accesorios incluirán una publicidad del Banco Santander y Mercedes Benz, patrocinadores del viaje papal. La Iglesia ya recaudó más de tres millones de dólares entre aportantes privados.
Los obispos locales admiten que atravesaron momentos de incertidumbre por la salud de Robert Prevost. No obstante, la Santa Sede nunca les dejó entrever que evaluaban una suspensión o postergación de la visita. Los contactos entre los prelados y el Vaticano o la Nunciatura son diarios desde hace semanas. Hasta ahora, no recibieron ninguna pista de que podrían recortar actividades previstas en el itinerario del Papa, que visitará la Capital, Córdoba y Buenos Aires durante su paso por el país.
El domingo 8 de noviembre, apenas aterrice en Aeroparque, León XIV tendrá una agenda apretada que incluye tres grandes misas, las visitas al Cottolengo Don Orione y la cárcel de Devoto, una vigilia con jóvenes junto al Monumento de los Españoles y una serie de eventos institucionales.
Optimistas por las señales que llegan desde Roma, los miembros de la Iglesia argentina que participan en la planificación del operativo para recibir al Papa ya comenzaron a enviar las invitaciones a sindicalistas, dirigentes sociales y empresarios de distintas ramas que participarán del encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Están al frente de la tarea el arzobispo porteño, monseñor Jorge García Cuerva, el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Dante Braida, y el obispo auxiliar de Buenos Aires, Pedro Cannavó.
También ya fueron seleccionados y aprobados por la Santa Sede los testimonios de los exponentes del mundo del trabajo que se presentarán durante el evento. “No se va a politizar”, advierten en la cúpula de la Iglesia.
Con el fin de fomentar la unidad nacional, los obispos buscan exhibir una convocatoria amplia y plural en un auditorio con capacidad para 1000 personas. Por ejemplo, se espera la presencia de Jorge Sola, Cristián Jerónimo y Octavio Argüello, los integrantes del triunvirato que lidera la CGT; de Hugo Moyano (Camioneros) o Luis Barrionuevo (Gastronómicos). También concurrirían Roberto Fernández (UTA) o Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), quienes se encuentran distanciados de la actual conducción de la central obrera.
A su vez, concurrirán representantes de los distintos sectores de las organizaciones sociales. Por caso, Alejandro Gramajo, titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y dirigente del Movimiento Evita, ya recibió su invitación. Entre el martes y el miércoles, Gramajo espera recibir en La Matanza a la monja italiana Alessandra Smerilli, a quien León XIV puso al frente del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, durante el Encuentro Regional de Movimientos Populares. Analizarán Magnifica Humanitas, la primera encíclica del Papa. En rigor, Smerilli llega al país para exponer el jueves próximo en la UCA, en una reunión internacional sobre “El papa León XIV en América Latina”, una actividad con la que la Iglesia intentará preparar el terreno para recibir al Pontífice.
Ayer, en diálogo con Radio Mitre, Milei dijo que era optimista respecto de las posibilidades de que el Papa venga al país en noviembre, aunque insistió en que la prioridad es la salud del Pontífice. Calificó el viaje como “un evento histórico” y aseguró que León XIV es una “persona encantadora”. “La magnitud de esa figura es muy fuerte y no entiendo la miserabilidad de políticos y periodistas que pareciera que hincharan para que no venga”, lanzó el Presidente, horas después de que llamara a “quemar en la hoguera” a los periodistas que investigaron el caso $LIBRA.
Un negocio millonario
En sintonía con la Iglesia, el gobierno de Milei también aceleró los preparativos. En las últimas horas se confirmó que adjudicó a la empresa DF Entertainment la producción integral y coordinación general de las dos actividades masivas que el Papa encabezará en la ciudad de Buenos Aires: la misa ante el Monumento de los Españoles, en Palermo, y la vigilia de oración que compartirá con los jóvenes en la noche del martes 10.
Fuentes del Gobierno y de la productora confirmaron a que el proceso ya se cerró.
La Jefatura de Gabinete, que conduce Diego Santilli, hizo una contratación directa “por urgencia”, un procedimiento excepcional previsto en la normativa vigente. Fuentes oficiales argumentan que decidieron avanzar con ese trámite y no abrieron una licitación o un concurso por “la proximidad de las fechas, la magnitud de las actividades y la complejidad operativa”. Si bien se invitó a participar a tres empresas, el Poder Ejecutivo solo recibió una propuesta económica: la que hizo la firma de Diego Finkelstein.
La contratación de DF Entertainment implicará un costo de $8690 millones –unos 5 millones de dólares–, aunque la empresa seleccionada no quiso revelar el monto de la operación. El Gobierno llevó adelante el proceso a través de la página Compr.AR, donde figura el expediente de la compra.
En la gestión de Milei afirman que “la propuesta fue sometida a evaluaciones técnicas, administrativas, económicas y jurídicas”, verificándose el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego. “El procedimiento fue publicado en COMPR.AR y se invitó a tres empresas, sin excluir la posibilidad de que otros interesados presentaran ofertas”, arguyeron, en un intento de disipar las sospechas en torno a la adjudicación del contrato.
Apenas se anunció el viaje papal, Karina Milei puso a Mara Gorini, su mano derecha en la gestión, al frente del operativo por la visita del Papa. Gorini tiene pasado en Foggia, una compañía dedicada a la organización de espectáculos. No obstante, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, que se creó para coordinar la organización a través del decreto 1103/2026, funciona bajo la órbita de Santilli.
Considerada una de las principales empresas dedicadas al negocio del entretenimiento en vivo en la Argentina, DF Entertainment es el socio local de Live Nation, un gigante global en ese mercado.
“Nuestra empresa fue seleccionada. Vamos a ocuparnos de la coordinación y la producción integral de la misa y la vigilia de los jóvenes”, confirmaron a este diario fuentes de la productora, que en los últimos años viene realizando encuentros de gran escala en la Argentina, como los festivales Lollapalooza, los diez recitales de Coldplay y shows de Paul McCartney, entre otras producciones.
La organización de los otros actos masivos que León XIV presidirá en el predio de la Federación Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba, y en la Basílica de Luján está siendo coordinada con las autoridades de ambas provincias.
¿Qué comprende la producción integral?: la puesta a punto del predio en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, el montaje de la estructura en la que se levantará el altar para la misa del Papa, así como el escenario para la vigilia de oración con los jóvenes, la articulación de los equipos técnicos y proveedores, la instalación de sistemas de sonido de alta fidelidad para espacios abiertos y pantallas LED gigantes de transmisión en directo a lo largo de las avenidas del Libertador, entre otras cosas.
También incluirá, en coordinación con las autoridades, una logística de seguridad y control de accesos, con vallados perimetrales, puestos de asistencia sanitaria, señalizaciones y torres de control, en articulación con las fuerzas de seguridad.
los lugares que recorrerá el Papa,pic.twitter.com/ON3EM8MZc6,October 24, 2026,figura el expediente,Matías Moreno,Mariano De Vedia,Conforme a
POLITICA
Caso $LIBRA. Jueces, fiscales y vínculos con el poder: el derrotero de una causa destinada al archivo
El fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que sobreseyó a Javier y Karina Milei en el caso $LIBRA sin que quedara en pie un acusador que pudiera apelarlo, es el final de una compleja ingeniería judicial.
El 4 de septiembre pasado, la Sala I de la Cámara Federal, en su primer día con los nuevos jueces nombrados por el propio Milei, confirmó la decisión de apartar del expediente a cinco inversores que pedían ser reconocidos como querellantes por las pérdidas que sufrieron con la compra de la criptomoneda que promocionó el Presidente. Sin querellantes, quedaba como único acusador el fiscal Eduardo Taiano, quien –se supo el viernes- promovió el sobreseimiento de todos los imputados en un dictamen que se mantuvo en reserva.
Con el fiscal pidiendo lo que pretendían las defensas y sin posibles víctimas que pudieran ser escuchadas en el expediente, no quedó quien apelara y solicitara la reapertura del caso. Al menos, no en principio. Todavía hay un camino, pero no es nada sencillo. “La causa ya está herida de muerte”, dijo un experimentado funcionario de Comodoro Py.
Aquel fallo de la Cámara Federal que validó las exclusiones de los querellantes dispuestas por Martínez de Giorgi fue clave para este desenlace. Lo firmaron Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
El concurso del Consejo de la Magistratura que permitió que Bertuzzi entrara en la terna de candidatos de donde lo eligió Milei fue un trámite poco ortodoxo. Tras corregirse los exámenes escritos y analizarse los antecedentes de todos los concursantes, Bertuzzi había quedado en el puesto 21°. Después de la entrevista personal –la parte más discrecional del proceso-, el dictamen de mayoría de comisión lo llevó al lugar 16°, lejos todavía de las ternas (tenía que entrar entre los seis primeros). Pero este año, el consejero juez Diego Barroetaveña volvió a analizar las entrevistas de todos los postulantes (son filmadas y subidas a YouTube) y, tras esa revisión, Bertuzzi pasó al sexto lugar. Justo lo que necesitaba para llegar. El 2 de septiembre Milei lo nombró y dos días después confirmó la exclusión de los querellantes de $LIBRA. Fue una de las decenas de designaciones de jueces de Milei, que incluyeron el nombramiento de la mujer de Martínez de Giorgi, dos meses antes, como magistrada federal de Hurlingham.
A fines de 2023, Llorens y Bertuzzi (por entonces camarista trasladado, no titular) habían revocado un sobreseimiento de la expresidenta Cristina Kirchner en el caso de la ruta del dinero K. Aquel fallo solo fue posible porque esa vez ambos camaristas hicieron una interpretación amplia sobre quién puede ser querellante. Cristina Kirchner estaba sobreseída a pedido de la fiscalía y se presentó la Asociación Civil Bases Republicanas, una ONG cercana a Pro: pidió ser aceptada como querellante (es decir, como damnificada) y reclamó que el caso se reabriera. Llorens dijo entonces que los argumentos expuestos por Bases Republicanas resultaban “suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada en esta causa”.
En el caso $LIBRA, en cambio, Llorens y Bertuzzi fueron estrictos al sostener que los damnificados no habían logrado probar su condición de víctimas del supuesto delito, que no acreditaron la existencia de un engaño que los hubiera hecho invertir en la criptomoneda. Validaron así lo que había sostenido Martínez de Giorgi. Era, en los hechos, prácticamente pedirles a los querellantes que probaran el delito que la propia causa estaba investigando.
Fue así como el expediente quedó con Taiano como único acusador. Tampoco intervino en esta causa la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -organismo del Ministerio Público que suele participar junto a los fiscales en las causas contra funcionarios públicos-. Taiano no le dio intervención, pese a que la PIA, antes de que el caso se judicializara, había abierto un expediente sobre $LIBRA.
Esta Procuraduría, dirigida por el fiscal Sergio Rodríguez, llevó adelante causas de las que los fiscales se habían bajado. Fue así, por ejemplo, como consiguió la reapertura del caso Skanska. La PIA insistió durante años en que debía incorporarse como prueba una grabación secreta, interna de la empresa, sobre los sobornos; la Corte Suprema finalmente validó su planteo y eso permitió reabrir el expediente.
Más cerca en el tiempo -y también con Taiano como fiscal del caso-, la PIA reclamó en soledad la reapertura de la causa que investigó el desvío de vacunas durante la pandemia (conocida como Vacunatorio VIP) y la Cámara Federal ordenó la reapertura de la investigación. Pero este caso es distinto, dijeron a fuentes del Ministerio Público. Sostienen que el fiscal pidió los sobreseimientos y el juez los dictó, y que la PIA, que no fue siquiera notificada, ya no tendría margen para intervenir en contra de lo sostenido por el fiscal del caso.
La única vía para una eventual reapertura de la causa sería una intervención de la Cámara Federal de Casación, especulan en Comodoro Py. Las presuntas víctimas excluidas de la causa presentaron un recurso de casación contra el fallo de Bertuzzi y Llorens. Estos camaristas no se lo concedieron (es decir, no les habilitaron el camino al tribunal superior), pero quienes buscan ser querellantes fueron directo, “en queja”, a esa cámara. Ahora les espera un proceso que, en el mejor de los casos, es largo. Y que podría ser muy corto si directamente les rechazaran su queja.
En la Casación coinciden en que no es posible que sean repuestos como querellantes antes del jueves próximo, cuando vencería el plazo para apelar los sobreseimientos. No dan los tiempos. Si Casación abre la queja, los camaristas deberían notificar a las partes, convocar a una audiencia y recién después decidir. La sala que tiene pendiente resolver este tema está integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Fuentes judiciales dijeron a que hasta el momento los camaristas no tienen una decisión consensuada.
Las presuntas víctimas podrían presentar de todos modos, antes del jueves, una apelación a los sobreseimientos de Martínez de Giorgi, confiando en que a futuro la Casación las reponga como parte. Un recurso extremo en una causa en la que hoy no intervienen, contra un fallo que nadie les notificó, y para intentar ser habilitadas a impulsar una causa desde cero, en contra de la fiscalía, con un juez que ya decidió que no había nada que investigar.
sobreseyó,confirmó,Paz Rodríguez Niell,Conforme a
POLITICA
Obras sociales: luego de tres reuniones secretas y fallidas entre el Gobierno y la CGT, alertan que la crisis del sistema es “casi terminal”
En la CGT se prendieron las luces rojas: la crisis de las obras sociales se agudiza semana tras semana, con cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero esa decisión está complicando el funcionamiento de los sindicatos.
Hace un mes, el dirigente que advirtió públicamente sobre este cuadro crítico fue Luis Barrionuevo, líder del Sindicato de Gastronómicos, quien, en el programa de Carlos Pagni en LN+, comparó este momento con lo sucedido en los años 90, antes de la asunción de Carlos Menem, cuando “todos los gremios estaban en convocatoria y las obras sociales se fundieron porque sacaron la plata del sindicato para poner en la obra social, con lo cual la crisis se llevó puesto a los dos”.
“Todos están sacando plata del sindicato, por lo que vamos camino a tener problemas en las estructuras sindicales, donde tenemos las escuelas, campings, vacaciones, cooperadoras -describió-. Hay un montón de elementos alrededor del sindicato que también representan plata y que hoy no te alcanzan”.
El dirigente gremial dijo que, ante ese cuadro, hay que plantearle al Gobierno: “O resuelven el problema o hay que decirle a Mario Lugones, el ministro de Salud: ‘Acá tenés las llaves, manejá vos la obra social’”.
Se trata de una solución extrema, que nadie contempla seriamente, pero que revela la dificultad para salir del laberinto en el que se están los sindicalistas: al cabo de tres reuniones reservadas que mantuvo con la CGT, realizadas en la sede de la UOCRA, dicen que el ministro sigue sin responder a las propuestas que le efectuaron para superar una crisis de las obras sociales que los expertos cegetistas califican de “casi terminal”.
Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes de la CGT, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.
Las prestaciones por discapacidad representan desde hace años el mayor porcentaje de los gastos del sistema de obras sociales: en 2017 equivalía al 22% del FDS; en 2019, al 37%; en 2019, al 50% y hoy, casi al 90%.
Ese fue uno de los puntos que reclamó la CGT a Lugones: que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportados por los ministerios o áreas del Gobierno respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución, algo que ya le plantearon sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.
Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y director de la obra social de Obras Sanitarias, es un sanitarista que asesora a la CGT y dijo a Infobae: “Estamos en una encerrona. La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, a la que se suma un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede por el alto costo, termina judicializándose. Esto es una olla a presión”.
Si las obras sociales están al borde del colapso se debe a diversos factores, como se detalla en un informe elaborado por la CGT: allí se alertó que más de 11 millones de beneficiarios, equivalentes al 78,5% del padrón de las obras sociales nacionales, no generan recursos suficientes para financiar las prestaciones exigidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO) y que el sistema destina 9% del salario al financiamiento de la cobertura médica, pero la pérdida de poder adquisitivo ronda el 30%. A esa caída se suma el aumento de los servicios asistenciales, que, según la CGT, superó ampliamente los índices del costo de vida.
“La situación económica financiera general del sistema de obras sociales está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, advirtió la central obrera en su informe.
Como la mayor parte de las obras sociales necesita asistencia de sus sindicatos para evitar la cesación de pagos, sostuvo la CGT, esa dependencia financiera repercute sobre la cadena de pagos a los prestadores, con efectos sobre la calidad de la atención, los tiempos de espera para acceder a prácticas médicas y el malestar de los afiliados, mientras la capacidad de compra de medicamentos se redujo, en promedio, un 40%.
La incorporación de monotributistas representa otro déficit para las obras sociales. Sus aportes mensuales, de acuerdo con el informe cegetista, rondan cifras que son un 78% inferior al costo estimado del PMO.
La CGT señaló que una parte de quienes se incorporan mediante el régimen de monotributo presenta una carga de enfermedad superior a la de los afiliados provenientes de la actividad laboral. “Utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios”, sostuvo la central obrera.
Los jubilados que permanecen afiliados a las obras sociales también agravan las cuentas del sistema sindical de salud. Más del 80% de los jubilados y pensionados que derivan sus aportes se ubica en la franja de mayores de 65 años y de este grupo la transferencia fija por cápita está establecida en 53.277,38 pesos, mientras la recaudación por persona es de unos 159 mil pesos.
La diferencia entre ambos valores no tiene, según el informe de la CGT, una contraprestación de servicios. El documento calificó esa situación como “ampliamente negativa y discriminatoria” para las obras sociales que mantienen la cobertura para jubilados.
Los hospitales públicos suman otra fuente de tensión financiera para las obras sociales. La CGT cuestionó que, en algunos distritos, como en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, los nomencladores para facturar prestaciones contemplan valores que pueden superar los de los prestadores privados.
La central obrera también objetó que no se solicite autorización previa para prácticas programadas y que las internaciones de urgencia se informen de forma irregular o tardía, lo que impide realizar auditorías en el lugar. Como resultado, remarcó el informe, las facturas hospitalarias pueden convertirse en cosa juzgada y su cobro termina, en ocasiones, judicializado.
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El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti respaldó este sábado la aplicación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió Cristina Kirchner en la causa Vialidad y sostuvo que “no hay personas proscriptas” en la Argentina. El magistrado señaló que esa sanción tiene antecedentes y diferenció sus consecuencias electorales del propósito de la intervención judicial.
Ante la consulta acerca de si actualmente hay personas proscriptas en el país, Lorenzetti lo negó y reconoció la legitimidad de las discusiones políticas. “Creo que en la sociedad cada sector tenga sus argumentos y los use para luchar por lo que cree que es bueno. Eso está bien en democracia”, dijo en declaraciones a Radio Con Vos, y agregó que esas posiciones no deben ser censuradas.
Sin embargo, respecto de las diferencias entre el debate político y la actuación judicial, Lorenzetti afirmó: “Jurídicamente es otra cuestión, nosotros nos ajustamos a la ley, al derecho y la Constitución. La Corte ya dijo lo que tenía que decir”.
En respuesta a los cuestionamientos del kirchnerismo sobre la condena de la exmandataria, remarcó que la inhabilitación “es una medida que está prevista hace muchos años en el Código”.
Lorenzetti explicó que la Corte recibió una causa penal en la que el TOF 2 había impuesto penas de prisión e inhabilitación, y no una solicitud para definir si la expresidenta podía participar en elecciones. La resolución que firmó junto con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en junio de 2025 dejó firme la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta.
Al detallar qué evaluaron los integrantes del máximo tribunal, el magistrado recordó que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 y la Cámara Federal de Casación Penal ya habían resuelto sobre el expediente. Según indicó, esas decisiones habían cumplido con el requisito del doble ntes de que la defensa acudiera a la Corte mediante un recurso de queja.
“Por eso no analizamos el fondo, sino que analizamos y resolvimos sobre la falta de fundamentación. Es decir, no estaba bien fundado”, aseguró sobre la presentación con la que se buscaba revisar la condena.
El magistrado también distinguió la aplicación de la inhabilitación de los cuestionamientos sobre su carácter perpetuo. Señaló que existen planteos de inconstitucionalidad que proponen una sanción de duración limitada, aunque evitó pronunciarse sobre esa discusión. “Ese es un tema pero la Corte no se trató, entonces no podemos opinar sobre eso”, aclaró.
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