La causa judicial iniciada contra un hombre que amenazó al legislador porteño Waldo Wolff y a su familia con mensajes antisemitas a través de Instagram llegó a su fin tras una mediación penal en la que el acusado reconoció el delito, expresó su arrepentimiento y aceptó cumplir una serie de compromisos que incluyen visitas al Museo Ana Frank y al Museo del Holocausto de Buenos Aires.

El caso se remonta a marzo de este año, cuando Santiago Peralta, de 29 años, envió una serie de mensajes intimidatorios a la cuenta privada de la red social del diputado, en los que dirigió insultos antisemitas y amenazas contra su esposa e hijos. Wolff presentó la denuncia el 6 de marzo, lo que activó el trabajo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, que rastreó el origen de las comunicaciones.

Las tareas de investigación digital permitieron vincular los mensajes a un domicilio ubicado en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Con la intervención de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del fiscal Miguel Kessler y la autorización del Juzgado PCyF N° 12, bajo la titularidad del juez Juan Neumann, se concretó un allanamiento en la vivienda del sospechoso. Durante el operativo, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares que fueron sometidos a peritaje.

Una vez avanzada la instrucción, el proceso derivó en una instancia de mediación penal. Allí, Peralta reconoció la autoría de los hechos y formalizó su arrepentimiento en un testimonio grabado. Como parte del acuerdo, aceptó cumplir una probation que contempla la visita a dos espacios de memoria vinculados con el Holocausto.

En una carta dirigida al legislador y a su familia, el acusado escribió: “Quiero expresar mis más sinceras disculpas por las expresiones inoportunadas vertidas en la red social Instagram”.

En el mismo texto, Peralta señaló que ya había concurrido al Museo de Ana Frank y al Museo del Holocausto durante el mes de octubre, y admitió que “esas expresiones son totalmente inaceptables y que las posiciones políticas nunca pueden justificar un insulto y mucho menos agravios y amenazas hacia nadie”.

Wolff valoró el desenlace del proceso y aceptó las disculpas. “Acepto su arrepentimiento y espero que su experiencia sirva para que otros entiendan que se puede y debe discutir de política sin pasar límites inaceptables. Toda acción trae sus consecuencias”, expresó el legislador porteño.

El caso no es un hecho aislado en la trayectoria judicial del diputado frente al antisemitismo en plataformas digitales. En mayo, la justicia porteña resolvió otra causa iniciada por Wolff contra un usuario de la red social X que le había escrito “gordo jabón” en el marco de una discusión política. Esa expresión constituye una referencia directa a una de las prácticas del régimen nazi durante el genocidio: la fabricación de jabón con los restos de los cuerpos de las víctimas asesinadas en los campos de exterminio.

En aquella oportunidad, el propio legislador lo explicó: “Saben lo que es el término jabón. Es lo que hacían los nazis con los judíos después de pasarlos por la cámara de gas”. La causa fue encuadrada en el artículo 71 del Código Contravencional porteño y tramitada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 13, especializada en discriminación, a cargo de la fiscal Andrea Scanga, bajo la conducción del fiscal general Martín López Zabaleta.

También en ese caso, el agresor —identificado como Marcelo Fredes— reconoció los hechos, pidió disculpas y se comprometió a participar de una jornada de reflexión en el Museo del Holocausto.

Con ambas resoluciones, Wolff subrayó que este tipo de procesos judiciales marca un antes y un después en el tratamiento de los discursos de odio en Argentina. “Esto sienta un precedente enorme en la Argentina. Tenés que saber que a partir de ahora que alguien te diga jabón es un delito”, afirmó el diputado en referencia al caso de la plataforma X, una advertencia que cobra mayor dimensión a la luz del cierre de la causa por las amenazas recibidas a través de Instagram.

La resolución de ambos expedientes dejó en evidencia que las herramientas de investigación digital disponibles permiten identificar a los responsables de mensajes de odio y amenazas, incluso cuando operan desde cuentas anónimas o privadas. En el caso de Peralta, la denuncia presentada ante la Policía de la Ciudad fue suficiente para que los especialistas en ciberdelitos rastrearan la dirección IP vinculada a la cuenta utilizada y determinaran el domicilio desde el que se enviaron los mensajes.

El oficialismo convocó para este martes a las 16 al plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, con el objetivo de avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsó el presidente Javier Milei. La iniciativa tendrá modificaciones a partir de los planteos de los bloques aliados y de las advertencias de Estados Unidos sobre el impacto que podría tener la norma en sus empresas.

La negociación está coordinada por la diputada libertaria Silvana Giudici, quien mantiene conversaciones con los sectores cercanos al oficialismo para acercar posiciones antes de la reunión. Para La Libertad Avanza, el encuentro podría ser el último paso antes de la firma de los dictámenes, aunque todavía no hay un acuerdo cerrado.

El plenario está encabezado por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, titulares de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, respectivamente.

“En cada reunión de comisiones, nosotros tenemos la intención de firmar los dictámenes”, le dijo a TN una de las autoridades del plenario.

Desde el Congreso y la Casa Rosada aseguran que el tratamiento continúa activo y que el oficialismo trabaja para consensuar los cambios con los bloques dialoguistas, que ya presentaron sus propuestas.

Argentina Federal advierte que podría votar en contra

Uno de los principales desafíos para el oficialismo es conseguir el respaldo de Argentina Federal, la bancada que conduce Oscar Herrera Ahuad y que mantiene vínculos con los gobernadores de Misiones y Salta. El espacio tuvo un papel relevante en las negociaciones por la nueva ley de discapacidad, pero ahora mantiene objeciones al proyecto sobre soberanía.

El diputado misionero Alberto Arrúa, uno de los nueve integrantes del bloque, anticipó que votará en contra de la iniciativa.

“El proyecto no se limita a proteger los recursos argentinos vinculados con Malvinas: también modifica normas de defensa, seguridad interior e inteligencia. El Gobierno obliga al Congreso a discutir la causa Malvinas junto con reformas que deberían tener tratamiento autónomo. Según la versión debatida, contempla penas de prisión de cinco a doce años vinculadas con la alteración de procesos electorales y las campañas de desinformación”, advirtió el legislador.

La reunión del martes será clave para determinar si La Libertad Avanza consigue las firmas necesarias para un dictamen de mayoría. Si no alcanza ese objetivo, Zapata podría convocar a un nuevo plenario, aunque el oficialismo perdería impulso político en la discusión de la iniciativa.

Santiago Caputo ratificó que la ley es una prioridad

El asesor presidencial Santiago Caputo defendió la importancia que el Gobierno le asigna al proyecto y sostuvo que la iniciativa forma parte de su estrategia sobre la cuestión Malvinas.

“La Ley Malvinas es prioridad de este Gobierno porque la causa Malvinas como ya ha dicho el Presidente es una causa sagrada para los argentinos y ningún gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro. La mayoría de los gobernadores ya han expresado su apoyo al proyecto como así también la mayoría de los bloques aliados tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores”, afirmó.

Sin embargo, el oficialismo debe resolver los cuestionamientos de sus aliados y las observaciones formuladas desde Estados Unidos sobre el alcance de las sanciones previstas en el texto.

Los cambios que negocia el Gobierno tras los planteos de EE.UU.

El viernes hubo reuniones en la Casa Rosada entre el presidente Javier Milei y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Durante esos encuentros, la administración estadounidense advirtió sobre las posibles consecuencias para sus empresas de las sanciones contempladas en el primer capítulo del proyecto.

Ese apartado apunta contra las compañías vinculadas con el proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y alcanza también a empresas asociadas con ellas en otros emprendimientos.

Hace algunas semanas, en una de las tantas reuniones a solas que viene teniendo con ella en la Quinta de Olivos, Javier Milei le planteó a Patricia Bullrich un escenario que cada vez suena con más fuerza dentro del oficialismo: “¿Te imaginás que nosotros dos vayamos juntos en el 2027? No nos para nadie», le dijo el Presidente. No fue una propuesta formal, fue un comentario al pasar que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado respondió con una sonrisa antes de empezar a marcarle todos los temas de gestión con los que no está de acuerdo y las cuestiones de coordinación interna que considera que se tienen que mejorar, dos razones que últimamente se convirtieron en las únicas por las cuales lo va a visitar.

La idea de que el año que viene ambos compartan la fórmula con la que el Gobierno buscará mantenerse otro período en el poder se viene gestando desde hace tiempo, aunque es una posibilidad que no entusiasma por igual a todos los sectores de la cúpula libertaria.

En las altas esferas del partido, por ejemplo, saben que la dirigente tiene fuertes ambiciones personales que no oculta y, si bien reconocen que puede ser una buena candidata a Vice, están confiados de que no le alcanza para tomar el lugar de Milei.

No obstante, la ex ministra de Seguridad continúa teniendo gestos que, a pesar de que en la Casa Rosada prefieren desestimarlos, son muestras de que piensa en disputarle el cargo al mandatario si es que están dadas las condiciones para ello.

Uno de los últimos movimientos ambiguos que tuvo fue el video que publicó en las redes sociales en el que se la muestra a ella en el Senado con la canción “Es un secreto”, del dueto de reguetón puertorriqueño llamado “Plan B”.

La artística y los principales detalles de la grabación estuvieron a cargo de Lucas Parlanik, un joven abogado que tiene en sus manos la estrategia digital de la senadora y fue quiel escogió el sugestivo tema musical.

En Balcarce 50 rápidamente minimizaron la situación y sostuvieron que, como en un momento del corto se muestra el despacho de la presidencia del Senado, esa es la clara señala del sitio por el que quiere competir Bullrich en las próximas elecciones, aunque en el entorno de la legisladora tienen otra interpretación.

“Hay varios mensajes, uno de los tantos es ese, pero hay una trampa. Es cierto que la ambientación es en la Cámara, pero también quisimos mostrar que, justamente, se trata del final de una etapa, de un ciclo”, explicó a Infobae una de las personas que integran el equipo de trabajo de la dirigente.

En este sentido, remarcan que “el final del video es ella mirando a cámara, en un despacho que puede ser de cualquier sede gubernamental, con una bandera argentina atrás y vestida como alguien que ocupa cualquier cargo importante del Estado”.

“La intención es mostrar que estamos preparados para cualquier cosa. Lo que queremos decir es ‘acá estamos si nos necesitan’. Después se verá cuál es finalmente el lugar, pero indudablemente va a ser algo que se va a tener que conversar”, advierten.

Es que, más allá de las insinuaciones, en el círculo íntimo de Bullrich tampoco descartan una eventual candidatura como compañera de fórmula de Milei, pero anticipan que si eso efectivamente ocurre, será bajo ciertas condiciones.

“Patricia no va a ser un decorado o alguien que solamente aporte votos. Ella tiene un bloque de diputados, tiene a gente muy valiosa que la acompaña desde hace tiempo y que va a querer que sean designados en puestos clave. Y todo va a tener que quedar por escrito, de forma clara, nada de promesas”, detallaron.

Si efectivamente en algún momento le proponen ser candidata a Vice, lo cual todavía no sucedió de forma explícita, la senadora va a reclamar algunos Ministerios, como el de Seguridad, en el que ya tiene ingerencia, entre otras áreas.

Asimismo, también va a pedir que durante todo el periodo de mandato “tenga influencia en las cuestiones más importantes de la gestión, como en la economía”, que es uno de los sectores sobre el que viene manifestando críticas.

“Uno no puede ser tan cabeza dura y no cambiar cuando ve que las cosas no están saliendo. Eso es lo que plantea y lo que va a seguir diciendo, porque sabe y respeta el esfuerzo que están haciendo los argentinos”, explicó un miembro de su equipo.

Al respecto, en el entorno de la jefa del bloque de LLA en el Senado insisten con que, si le proponen desde el partido ocupar ese lugar de relevancia y luego se ganan las elecciones, el que viene “va a tener que ser un Gobierno de coalición”.

“Porque, si no es así, los dos van a terminar teniendo roces todo el tiempo, como está pasando ahora, y eso que no tiene un rol institucional. Eso no puede pasar si ella es vicepresidenta, porque cada comentario generaría inestabilidad y Patricia no va a participar de una administración que esté constantemente en crisis”, argumentaron cerca de Bullrich.

Mientras tanto, en la Casa Rosada continúan con la estrategia de no confrontar ni darle importancia a las acciones de la senadora, a quien el propio Milei calificó recientemente como “una socia”, a quien todavía no tiene definido pedirle que sea su compañera de fórmula. Si lo hace, podría comenzar la discusión en torno a todas estas condiciones.

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