“Saluden al sistema previsional que se va. Al primer trimestre de 2026, el 54,5% de las personas ocupadas no realiza aportes jubilatorios, una tendencia que se profundiza desde el inicio de la gestión de Milei”, posteó el economista Hernán Letcher, en la red X. “A esto se suman el Fondo de Asistencia Laboral, que debilita el financiamiento del sistema previsional, y la caída de la tasa de natalidad, que agrava los desafíos demográficos”, advirtió el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Este Centro calculó el impacto en la merma de la recaudación por estos factores – el crecimiento de la informalidad laboral, la menor cantidad de aportantes y la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) a partir de diciembre- y lo estimó en una pérdida de $7,8 billones en un año, a valores de noviembre de 2026, equivalentes a más de USD 5.000 millones.

En el primer trimestre de este año, los trabajadores ocupados totales sumaron 13.471.636, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. De este universo, solo el 45,2% hacen aportes al sistema previsional (6.084.751) y 28,3% no lo hacen (3.815.499 ). Hay otro 26,2% (3.529.116 personas ocupadas) sin datos, por lo que la suma de quienes no aportan y los que estarían en negro, asciende a 54,5%.

A partir del 2021, los números analizados por el CEPA muestran que los trabajadores ocupados que realizan aportes empiezan a disminuir y comienza a crecer la cantidad de personas ocupadas que no registran aportes, tal como se ve en el gráfico debajo. En el primer trimestre de ese año, la proporción de ocupados con aportes jubilatorios era del 49,2%, mientras que los informales sin aportes alcanzaban el 50,1%.

“La gran duda es si la recaudación del sistema previsional va a resistir la combinación del traspaso progresivo de personas en relación de dependencia al monotributo, la pérdida de puestos de trabajo, el incremento de la informalidad y el Fondo de Asistencia Laboral. El conjunto de esas cuatro razones va a tensionar de manera sustancial los recursos de la seguridad social en un plazo relativamente corto”, le dijo Letcher, magíster en Economía Política (FLACSO), a Infobae.

En el mismo sentido, Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) y también magíster en Economía (Universidad de Georgetown, USA/Chile) y en Finanzas (Escuela de Negocios de Amsterdam, The Netherlands), advierte sobre el impacto para el sistema. “Dado que hay cada vez más gente que trabaja en la informalidad y que no hace aportes previsionales a futuro, el Estado va a tener que poner dinero de rentas generales para pagar las jubilaciones futuras. Una gran cantidad van a ser la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), qué es la pensión a la que accede la gente en sin cobertura”.

Implementada en 2016, en octubre la PUAM implicó un haber básico de $348.598. Con el bono extraordinario de $70.000, el total de bolsillo ascendió a $418.598, por debajo de la jubilación mínima que, este mes, es de $435.748, y con el bono extraordinario de $70.000 alcanza un total de $505.748.

El impacto de la informalidad laboral

El CEPA estimó la pérdida en los ingresos para la Seguridad Social por el aumento de ocupados sin aportes en base a los datos de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y la Encuesta Permanente de Hogares y el Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Para el cálculo tomó la recaudación mensual de contribuciones patronales y aportes personales de 2023, y la ajustó por la caída de la proporción de ocupados con aportes, manteniendo constantes el total de ocupados y el salario medio.

A valores de noviembre de 2026, la mayor proporción de empleo sin aportes implica una merma anual de $3,3 billones, equivalente al 5,3% de lo recaudado por aportes y contribuciones, según la estimación del CEPA.

De ese total, $2 billones corresponden a contribuciones patronales y $1,3 billones a aportes personales. En promedio, la pérdida es de $277.780 millones por mes, con un máximo de $454.093 millones en julio por efecto del aguinaldo.

“La estimación debe leerse como una cota superior, ya que los trabajadores que pasan a la informalidad suelen percibir salarios inferiores al promedio formal”, advierte el CEPA.

Merma en los aportes por el FAL

El Fondo de Asistencia Laboral creado por la ley de Reforma Laboral que impulsó este Gobierno se financia con una contribución del 2,5% de las remuneraciones en el caso de las MiPyMEs y del 1% en el resto de los empleadores privados. Reglamentado por la Resolución General ARCA 5907/2026, entra en vigencia el 1 de diciembre.

“Ese aporte no es un costo adicional para las empresas: se detrae de las contribuciones patronales que hoy financian al SIPA, al PAMI, al Fondo Nacional de Empleo y a las Asignaciones Familiares. Por lo tanto, todo lo que ingresa al FAL es recaudación que deja de percibir la Seguridad Social”, señala el informe del CEPA.

En el primer año (diciembre 2026 a noviembre de 2027) la merma alcanzaría $4,3 billones, a valores de noviembre de 2026. De ese total, $3.472.969 millones corresponden a MiPyMEs y $823.572 millones a grandes empresas. En el segundo año (diciembre 2027 a noviembre 2028), la pérdida ascendería a $4,7 billones: $3.775.804 millones de MiPyMEs y $889.071 millones de grandes empresas.

Así, en 24 meses, la Seguridad Social dejaría de recaudar casi $9 billones, siempre a valores de noviembre de este año. Según esta estimación del CEPA, en promedio, el FAL detrae $373.392 millones por mes, con picos en los meses en que se liquida el aguinaldo.

Para estimar su impacto, este Centro proyectó la masa salarial del sector privado por tamaño de empleador a partir del Boletín de Seguridad Social y se aplicaron las alícuotas correspondientes desde el período devengado, diciembre 2026.

Si se suma la merma anual por menor cantidad de trabajadores con aportes y la implementación del FAL a partir de diciembre, la pérdida en la recaudación para la Seguridad Social asciende en un año a $7.814.070 millones, a valores de noviembre de 2026. Equivalen a unos USD 5.065 millones por año, según el cálculo del CEPA, convertidos al tipo de cambio mayorista estimado para noviembre de 2026 ($1.542,8 por dólar).

De este número, El FAL explica USD 2.904 millones anuales, tomando el promedio de los dos primeros años de vigencia (USD 2.785 millones en el primero y USD 3.024 millones en el segundo), es decir, el 57% del total. El aumento del empleo sin aportes suma otros USD 2.161 millones por año, el 43% restante.

“Se trata de dos procesos que se superponen: uno es una decisión de política que desvía contribuciones patronales hacia un fondo de indemnizaciones, y el otro es consecuencia del deterioro del mercado de trabajo”, se lee en el trabajo de estimación que hizo el CEPA.

El impacto de la mayor longevidad

Un trabajo de IDESA publicado en estos días bajo el nombre “El Envejecimiento Desbarajusta Las Finanzas Públicas” pone la lupa sobre el aumento del gasto público asignado a los adultos mayores a partir de la mayor longevidad y la reducción de la población activa que aporta al sistema.

La combinación de estos factores abre interrogantes sobre la sustentabilidad fiscal en Europa por el persistente crecimiento del gasto previsional y en salud para atender a los adultos mayores, incluso, por encima del resto del gasto público.

“El inmovilismo frente al cambio demográfico explica una tendencia secular del gasto para la vejez a crecer por encima de los otros gastos del Estado. Aunque resulte paradójico, los reclamos de los estudiantes en la actualidad son la consecuencia de las protestas contra la reforma previsional del pasado”, advierte el trabajo.

En la Argentina el gasto para la vejez “también presenta una tendencia sostenida al crecimiento con impacto determinante en la dinámica de las finanzas públicas”, señala el informe elaborado por Colina.

“Hoy el gasto previsional de la ANSES es de 6,8% del PBI. Y contando las cajas jubilatorias provinciales, asciende a 8,9%. En 2050 se proyecta que el pago de las jubilaciones y pensiones le insuma al Ejecutivo nacional un 1% más del PBI”, sostiene Colina.

Colina comparó la tendencia del gasto para la vejez – compuesto por las jubilaciones que paga la ANSES y el PAMI- contra el resto del gasto público, ambos como porcentaje del PBI.

“Luego del ajuste aplicado por el actual gobierno, el gasto público no vinculado a la vejez es apenas un 5% superior, en términos del PBI, al que había en el promedio de la década del ‘80. El gasto para la vejez, en cambio, es un 73% mayor”.

“La última reforma estructural del sistema previsional fue en 1993. Fue en respuesta al fuerte aumento del gasto jubilatorio observado desde 1980. Luego, frente al descontrol del gasto previsional, la estrategia común de gobiernos con diferentes orientaciones ideológicas fue licuar el gasto con inflación. La alta inflación con manipulación de la fórmula de movilidad fueron el mecanismo”, señala el trabajo elaborado por Colina.

En cuanto al PAMI, el principal sistema de atención de salud para los adultos mayores, tiene un presupuesto aprobado para este año $10,17 billones.

Colina advierte que “nunca fue adaptado a la demografía desde su creación en 1971” y que “el elemento común de todos los gobiernos son las limitaciones de hecho en la cobertura, proceso facilitado por la derivación de la atención de los jubilados a los hospitales públicos provinciales”.

Propuestas a futuro

Para Colina, el ordenamiento del sistema previsional pasa por dos ejes centrales. Por un lado, propone adoptar un mecanismo de “cuentas nocionales”, por el cual el monto de la jubilación sea en función de los aportes realizados durante toda la vida activa y la expectativa de vida al momento del retiro. “Ese cálculo debería hacerlo la ANSES. Es un sistema que empezó en Suecia y se extendió, luego, a otros países avanzados y es la manera de contribuir a la sustentabilidad financiera del sistema”, le explicó a este medio.

Por el otro, sugiere transformar la pensión derivada de la muerte de un jubilado o trabajador en una cobertura voluntaria sujeta a un aporte especial destinado a su financiamiento. “Para que el viudo o viuda cobren esa pensión, el titular debió haber hecho un aporte adicional, que se suma al 11% que va a la ANSES mientras trabajaba. Se especifica un destinatario para así evitar reclamos superpuestos cuando una persona se separó y tiene una nueva pareja, pero nunca llegó a divorciarse legalmente”, amplió Colina.

Entre los cambios para el sistema de salud para la vejez, propone que las personas mantengan la cobertura que tenían como trabajador activo cuando se jubilan, y adaptar las prestaciones del Plan Médico Obligatorio al financiamiento disponible.

“El problema no es solo de ingresos por la alta informalidad laboral, sino que los gastos crecen por la dinámica demográfica. Por eso, son imprescindibles reformas que contengan los gastos para la vejez. De lo contrario, como viene ocurriendo tanto a nivel nacional como provincial, postergar las reformas implica postergar gastos importantes no vinculados a la vejez”, concluye Colina.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

Tras una intensa jornada electoral en Brasil, marcada por una remontada histórica de Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente Javier Milei retoma este lunes la agenda local con una reunión de Gabinete, luego de dos semanas sin encuentros con sus ministros, y se prepara para reforzar su presencia en el interior del país con una serie de visitas a Catamarca y Neuquén.

La victoria de su adversario regional, con el 51,79% de los votos frente al 48,21% del derechista Flávio Bolsonaro, abrió un debate interno en el Gobierno. En el Poder Ejecutivo conviven quienes alertan sobre un posible fraude, en línea con los cuestionamientos de la oposición brasileña, y quienes consideran que el resultado no altera el liderazgo regional de Milei ni su interlocución con Estados Unidos.

El oficialismo, y en particular el libertario, evitó pronunciarse públicamente y saludar a da Silva, pese a que ambos candidatos se expresaron tras conocerse los resultados. El desconocimiento de la elección por parte del candidato de derecha postergó el pronunciamiento previsto. En contraste, el chileno Antonio Kast y el paraguayo Santiago Peña fueron de los primeros en felicitar a Lula da Silva y varios referentes de derecha de la región se plegaron a los saludos.

Una vez consolidada la tendencia favorable a Lula, que irá por su cuarto mandato, varios referentes libertarios comenzaron a analizar en reserva el impacto del desenlace en el escenario regional. “TMAP”, celebraron en uno de los despachos de Casa Rosada, en alusión a la sigla que popularizó el asesor presidencial, Santiago Caputo, para sostener que “todo marcha acorde al plan”. En esa lectura, el actual resultado no modifica el lugar que Milei busca ocupar como aliado regional de Estados Unidos y mantiene su vínculo directo con Donald Trump.

Algo similar planteó el propio asesor, de los pocos en pronunciarse, a través de su cuenta de X: “La realidad es que ninguno de todos los opinólogos sabe de lo que está hablando y no hacen más que arriesgar pronósticos basados en sus propios sesgos. Acá el único que puede ver el futuro soy yo, talento heredado de mi difunto abuelo. Tranquilos, porque todo marcha acorde al plan”.

En las filas oficialistas aseguran que desde hacía algunas semanas advertían un cambio de tendencia favorable al líder del PT. Incluso, un integrante de Las Fuerzas del Cielo había anticipado ese desenlace, pese a la ventaja que Bolsonaro había obtenido en la primera vuelta, el pasado 4 de octubre.

En Balcarce 50 identifican varios factores que, a su juicio, explican la derrota del senador de derecha. Por un lado, sostienen que las últimas medidas económicas y los cambios en la jornada laboral tuvieron impacto en las zonas más pobres, como el nordeste brasileño y el Amazonas. También atribuyen un papel clave al voto de las mujeres y los jóvenes, entre quienes, según su análisis, las propuestas del senador encontraron mayor resistencia.

Como tercer factor, consideran que Lula logró capitalizar una parte importante de los votos que en la primera vuelta habían obtenido Augusto Cury, Renan Santos y Ronaldo Caiado. “El rechazo a Bolsonaro fue muy fuerte”, detectó un funcionario.

“Hubo temas importantes como el 6×1, el dinero electoral y el miedo que genera la propuesta en las mujeres y en los jóvenes. Algunos van a poner las barbas en remojo acá. Esto impacta en el panorama internacional. Ahora viene la elección de Estados Unidos. Cuando te jugas muy fuerte a una tendencia eso influye bastante”, advirtió una fuente oficial.

En la misma línea, algunos funcionarios detectan que la resistencia de Brasil al avance de la derecha le da “aire al peronismo”, y aunque reconocen que falta más de un año para las elecciones argentinas de 2027, advierten que empieza a configurarse una tendencia adversa para el oficialismo. “Falta un año para la elección en la Argentina. Un año es demasiado, pero ya hoy se ve una tendencia complicada”, sostuvo una fuente libertaria con vasta experiencia política.

A su turno, un referente que transita a diario la Casa Rosada planteó que la derrota de Bolsonaro debilita el relato que Milei construyó al respaldar al candidato de derecha y proyectar una articulación internacional de dirigentes de derecha. “Como te quisiste subir, te saca relato y sobre todo, le da aire al peronismo que empieza a movilizar cosas. Ya empezaron los movimientos porque el Gobierno no está bien. Todo esto suma en la misma línea porque además fue una remontada inesperada”, plantearon ante este medio.

Pese al triunfo de Lula, en las filas libertarias destacan que el Partido Liberal conserva un peso importante en el Congreso brasileño, con 121 diputados y 28 senadores, frente a los 70 diputados y nueve senadores del Partido de los Trabajadores (PT). A su juicio, esa composición podría dificultar la gestión del mandatario durante los próximos cuatro años y limitar su margen de acción.

No obstante, algunos advierten que la relación diplomática con Brasil seguirá siendo difícil y consideran que el triunfo le otorga a Lula mayor previsibilidad política, mientras Milei deberá concentrarse en la construcción electoral de cara a los próximos comicios.

La agenda local y las visitas al interior

Con intención de retomar la actividad local, el mandatario recibe este lunes a las 9.45 al príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap, y luego se reunirá con su equipo completo en Casa Rosada. Restará conocer el mensaje que el mandatario transmitirá a sus ministros, luego de que, tras la primera vuelta en Brasil, cuestionara el plan platita por responder a “recetas del pasado” y sostuviera que esas políticas no explican los resultados electorales.

Más allá del escenario regional, la administración libertaria deberá ordenar su agenda interna e impulsar las reformas que aún tiene pendientes. En paralelo, enfrenta otros frentes políticos y judiciales que condicionan la dinámica del oficialismo.

Al traspié en el plano regional, se sumaron los movimientos de la senadora Patricia Bullrich, quien, tras publicar un sugestivo video en clave electoral, volvió a marcar diferencias con Javier Milei. Esta vez, cuestionó al mandatario por sus declaraciones en la Fundación Faro y sostuvo que había cruzado “un límite” al hablar de “quemar periodistas en la hoguera”.

Con la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y la Ley de Malvinas aún pendientes, Milei viajará el martes a las 17 a Catamarca para participar de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto. Lo acompañarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El sábado, en tanto, visitará Neuquén para participar de la inauguración de un auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey.

En medio de la incertidumbre sobre si se sesionará o no esta semana, un plenario de comisiones intentará dictaminar, pasado mañana, la creación de un registro nacional de deudores alimentarios morosos, un tema ya debatido antes por el Congreso que, no obstante, quedó a mitad de camino.

Días atrás, las comisiones de Legislación General; y de Población tuvieron a la vista dos proyectos: el del peronista Pablo Bensusán (La Pampa) y el de la filo radical Edith Terenzi (Chubut). El oficialismo libertario, a cargo de Patricia Bullrich (Capital Federal), exigió cambios e insinuó un principio de apoyo a la patagónica, aunque las principales bancadas luego decidieron pasar a cuarto intermedio hasta este miércoles, donde se buscará una definición.

Según consta en la versión taquigráfica del reciente encuentro, el justicialista aseguró: “Hay algunas provincias que ingresan a los deudores alimentarios al registro cuando deben más de dos cuotas; otras, más de tres; otras, más de cinco. Eso se va a mantener: la facultad de cada provincia. El registro, lo único que va a hacer, es incorporar la información que le manden las provincias sin modificar los requisitos, en general, que tienen las jurisdicciones”.

Seguido a ello, el pampeano agregó: “No se crea ningún organismo nuevo. La idea es que esto funcione dentro del Ministerio de Justicia de la Nación. Obviamente, va a ser un programa, una base informática que se va a conformar, como les decía recién, con la información que manden todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso de que adhiera cada una de ellas”.

Bensusán después destacó: “El proyecto prevé que haya sanciones a nivel nacional –es decir, a través de organismos nacionales, sin afectar las facultades provinciales–: que, en caso, por ejemplo, de que tengan que sacar un pasaporte, se les exija el registro de libre deuda nacional; por ejemplo, en el otorgamiento de concesiones, permisos y demás que otorga el Gobierno Nacional”. Y añadió que “también se prevé” la “prohibición de asistir a espectáculos públicos”.

Por su parte, Terenzi aclaró: “Una diferencia fundamental con lo que decía el senador Bensusán –que estoy segura de que en algún momento lo vamos a poder unificar y avanzar en un consenso– es que yo propongo que esta ley sea de orden público, justamente para no dar la posibilidad de que se adhieran o no las provincias, porque si algunas lo hacen y otras no, tendríamos un registro nacional ineficiente o, por lo menos, incompleto”.

La chubutense además dijo que su idea es “centralizarlo y no invadir jurisdicciones provinciales” y que, por ese motivo, su texto “tampoco tiene prohibiciones ni establece consecuencias de figurar en el Registro Nacional de Deudores Morosos, porque, en realidad, el deudor moroso ya tiene las consecuencias en su propia jurisdicción”.

Lo que pidió el oficialismo

Bullrich (Capital Federal) reclamó la falta de “los temas de carácter internacional, la posibilidad de adherir a una de las tarjetas de colores que existen en Interpol, porque en muchas ocasiones estas personas, si no existe un proceso penal, no podrán ser extraditadas por una causa así, pero sí encontradas en otros países del mundo”.

La porteña sugirió “analizar cuáles actividades se pueden realizar y cuáles no”. En ese sentido, resaltó: “Hoy ya existe un registro de deudores alimentarios a nivel nacional, cuyos inscriptos se encuentran entre las personas que no pueden concurrir a espectáculos deportivos. A dicho registro se están adhiriendo diversas provincias. Funciona en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en la Dirección de Espectáculos, y no solamente comprende espectáculos deportivos, sino también de otro tipo de espectáculos. Es decir que ya existen antecedentes respecto a esto”.

“Creo que debe existir una delimitación precisa relativa a la salida del país. Eso tiene que estar claramente planteado con una orden judicial, ya que ninguna autoridad migratoria puede parar a un ciudadano en la frontera si no existe una orden judicial. Eso tiene que quedar claro”, finalizó Bullrich.

El plenario en cuestión aparece como una de las actividades de una agenda, por ahora, poco cargada en la Cámara alta. La expectativa principal está depositada en si el pleno irá al recinto el jueves para, entre otras cosas, sancionar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998. Diputados recién votó en agosto y lo modificó, con guiño a laboratorios locales. Por ese motivo es que el trámite se encuentra en segunda revisión y listo para ser finalizado.

Desde el oficialismo también se pretende aprobar una nueva ley de salud mental -ya dictaminada-, aunque dialoguistas pelean por más recursos y hay dudas. Todo esto, en medio de un clima tenso entre libertarios y aliados por promesas incumplidas desde la Casa Rosada. Quedará en manos de Bullrich y los jefes dialoguistas. En caso de acordar, habría una reunión de Labor Parlamentaria para cerrar un potencial temario.

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