La elección de convencionales para reformar la Carta Orgánica de Bariloche trascendió los límites de la ciudad patagónica. La convocatoria pondrá a prueba nuevas alianzas, medirá el posicionamiento de dirigentes con aspiraciones provinciales y permitirá observar el desempeño de candidatos que debutan en las urnas. En el escenario político local, el domingo funcionará como un primer ensayo de cara a 2027.

El 1 de noviembre, los barilochenses elegirán a los 15 convencionales que tendrán a su cargo la revisión de la norma institucional que regula el funcionamiento del municipio. Aunque se trata de una elección circunscripta al ámbito local, la competencia despertó el interés de las principales fuerzas políticas de Río Negro y también de referentes nacionales.

Dentro de la provincia, el gobernador Alberto Weretilneck apuesta fuerte al comicio. El mandatario estrenó una alianza electoral con el intendente Walter Cortés y participa activamente de la campaña, en una señal de acercamiento entre dos dirigentes que buscan consolidar un espacio común.

Instalados en Bariloche durante la campaña, Weretilneck y Cortés se muestran juntos en actividades proselitistas con el objetivo de sumar adhesiones a su lista. La propuesta lleva los colores que identifican a la gestión municipal y tiene como primera candidata a una dirigente del entorno del jefe comunal.

La lista de la coalición Estamos Haciendo Bariloche estará encabezada por Yanina Sánchez, asesora letrada de la actual gestión municipal. La acompañan Alberto Arabarco, del Sindicato de Empleados de Comercio; Julia Fernández, presidenta del Parque Industrial de Bariloche, y el abogado Leandro Lescano.

El resultado permitirá medir el alcance de este entendimiento político y aportará elementos para evaluar si la alianza se proyecta hacia las elecciones provinciales de 2027, cuando Weretilneck buscará la reelección. En el oficialismo rionegrino, además, deberán definirse los tiempos y las condiciones de una eventual convocatoria electoral, que podría concretarse antes de los comicios nacionales.

La Libertad Avanza y la mirada de la Casa Rosada

La Libertad Avanza competirá con una lista propia que incorpora referentes del PRO y de otras fuerzas políticas. El primer candidato será Martín Govetto, exfiscal de Río Negro y actual abogado del foro local, quien se presenta como extrapartidario.

El armado cuenta con el respaldo de la conducción nacional libertaria y con la coordinación del senador Enzo Fullone, uno de los principales referentes de la Casa Rosada en la provincia. En sus redes sociales, el legislador relegó parte de su actividad habitual para concentrarse en la campaña barilochense.

La apuesta tiene una dimensión que excede la elección municipal. Un buen resultado podría fortalecer el posicionamiento de Fullone dentro de La Libertad Avanza y alimentar sus aspiraciones de competir por la gobernación en 2027. Sin embargo, ese objetivo convive con las ambiciones del diputado nacional Aníbal Tortoriello, quien también manifestó su intención de disputar el Ejecutivo provincial.

La definición de las candidaturas libertarias, de todos modos, permanece sujeta a la estrategia que establezca la conducción nacional del espacio. La disputa de Bariloche será una de las variables que los dirigentes podrán observar para medir el despliegue territorial de la fuerza y el peso de sus referentes en Río Negro.

Un peronismo dividido y el desafío de la oposición

El peronismo buscará posicionar a sus candidatos desde un rol opositor tanto al gobierno provincial de Weretilneck como a la gestión municipal de Cortés. Con una participación más acotada de dirigentes de peso en la campaña local, el armado concentró buena parte de sus esfuerzos en las redes sociales, con críticas a ambas administraciones.

La médica Andrea Galaverna encabezará la lista de Fuerza Bariloche, acompañada por dirigentes barriales y referentes sociales.

En contraste con la participación activa de otros sectores, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, una de las principales referentes del peronismo rionegrino, tuvo una presencia más discreta en la campaña. Su participación se limitó a encuentros con representantes de organizaciones vecinales y del sector empresario de la ciudad turística.

Soria también aparece entre los nombres que podrían disputar la gobernación en 2027. En ese contexto, el desempeño electoral de Bariloche será una referencia para medir el posicionamiento del peronismo en una ciudad clave de la provincia, aunque el resultado local no necesariamente se trasladará a una competencia provincial.

El radicalismo vuelve a la competencia

La Unión Cívica Radical buscará recuperar protagonismo en la política barilochense mediante una alianza con la Coalición Cívica-ARI. El espacio impulsará la candidatura del exintendente Marcelo Cascón, en una apuesta por reconstruir su presencia electoral en la ciudad.

La oferta también incluye a dirigentes con trayectoria en distintos espacios políticos. Entre ellos figuran el exlegislador y referente del Frente Renovador Alejo Ramos Mejía, el exconcejal Pablo Chamatrópulos y el exdiputado nacional peronista Osvaldo Nemirovsci, que forman parte de otras listas.

La multiplicidad de candidaturas y la presencia de dirigentes provenientes de distintas tradiciones partidarias exponen un escenario fragmentado, en el que los acuerdos y las estrategias electorales de cada espacio podrían anticipar futuros entendimientos para 2027.

Una boleta única con 13 opciones electorales

La elección del domingo 1 de noviembre se realizará mediante el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que reúne en una sola papeleta a las 13 listas oficializadas para competir por un lugar en la Convención Municipal Constituyente Actualizadora.

El instrumento incluye el número y el nombre de cada agrupación, su símbolo, la fotografía de quien encabeza la lista y las nóminas de candidatos titulares y suplentes. La ubicación de las fuerzas fue definida mediante un sorteo de la Junta Electoral Municipal.

Para votar, los electores deberán marcar una sola opción en el casillero correspondiente a la lista elegida y doblar la boleta antes de depositarla en la urna. A diferencia del sistema tradicional de boletas partidarias, todas las alternativas estarán reunidas en un mismo instrumento, lo que permitirá visualizar la oferta electoral completa al momento de emitir el sufragio.

Qué se elige y qué función tendrán los convencionales

Los ciudadanos elegirán 15 convencionales constituyentes titulares y sus respectivos suplentes. Los representantes electos tendrán a su cargo la revisión de la Carta Orgánica Municipal, la norma institucional que establece la organización del gobierno local, las atribuciones de sus organismos y los principios que regulan el funcionamiento de la ciudad.

El alcance de esa tarea convierte a la elección en una instancia que excede la competencia por cargos políticos. El resultado definirá quiénes participarán de la discusión sobre las reglas institucionales de Bariloche y qué representación tendrá cada fuerza en ese proceso.

Una revisión integral cada 20 años

La convocatoria responde a una disposición de la propia Carta Orgánica, que establece que debe ser revisada integralmente cada 20 años. La norma original fue sancionada en 1986 y tuvo su primera actualización en 2006, cuyo tratamiento concluyó a comienzos de enero de 2007. La elección de noviembre pondrá en marcha el segundo proceso de revisión integral de la historia institucional de Bariloche.

El calendario también impone plazos acotados: una vez proclamados los convencionales electos, la Convención deberá constituirse y contará con 60 días para completar su tarea. El cronograma previsto apunta a que la nueva Carta Orgánica entre en vigencia en enero de 2027, cuando vence el período de vigencia de la normativa actual.

Más de 115.000 electores habilitados

El operativo electoral involucrará a un padrón de aproximadamente 115.378 personas, incluidos 1.724 residentes extranjeros que realizaron el trámite de empadronamiento para participar en los comicios municipales.

Para la jornada se prevé habilitar más de 300 mesas y convocar a alrededor de 630 autoridades electorales, entre presidentes y vicepresidentes. La magnitud del padrón y la cantidad de listas convierten a la convocatoria en una instancia relevante para medir la implantación territorial de las fuerzas políticas y observar cómo se distribuyen los apoyos en la principal ciudad turística de Río Negro.

Más allá de la tarea institucional que deberán desarrollar los convencionales, la elección dejará una primera fotografía de los acuerdos, las disputas y los liderazgos que buscarán proyectarse hacia 2027. Con Weretilneck y Cortés asociados, La Libertad Avanza bajo la mirada de su conducción nacional y un peronismo que busca reorganizarse, Bariloche se convierte en un escenario de prueba para las estrategias políticas que comenzarán a definirse en los próximos meses.

alberto weretilneck,raúl jalil

El Tribunal Oral Federal N°5 reanuda la lectura de acusaciones de la fiscalía a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo y diputado nacional K, Máximo Kirchner, en el juicio Hotesur y Los Sauces, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

Las claves del proceso a la expresidenta y su hijo y diputado nacional pasan por el mecanismo que habrían usado la empresa hotelera y la inmobiliaria para blanquear retornos de la obra pública.

El proceso empezó el viernes, está a cargo de los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, y tiene unificadas las dos causas, por orden de la Cámara de Casación Penal.

Cristina y Máximo Kirchner, al igual que otros imputados, obtuvieron el beneficio y participaron de forma virtual de esta primera audiencia. Aunque el presidente del tribunal aclaró que se trata de una situación “excepcional”, por lo que deberán presentarse de forma presencial para las indagatorias.

Las claves de las acusaciones a Cristina y Máximo Kirchner en el juicio Hotesur y Los Sauces, por asociación ilícita y lavado de dinero

En la lectura del resumen de la elevación a juicio la Fiscalía apuntó que los hechos que se imputan a los acusados “habrían sido organizados y desplegados desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional” durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, junto con funcionarios y empresarios, con la finalidad de “sustraer y apropiarse de fondos públicos”.

Según la acusación de la fiscalía “la asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado nacional a través de la obra pública vial mediante el pago de dádivas” a los expresidentes y su núcleo familiar.

Para la fiscalía hubo una “asociación ilícita de carácter estable y permanente” entre mayo de 2003 y diciembre de 2016 liderada por los expresidentes, con “roles definidos dentro y fuera de la estructura del Estado”.

Advirtieron que según la investigación, “los planes criminales no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de empresarios amigos”, como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, sino que luego “elaboraron un sistema dedicado a transferir y disimular parte de las ganancias” a la familia Kirchner con préstamos, compra de propiedades, alquiler de los complejos hoteleros de su propiedad, mejorar en los establecimientos y alquiler de propiedades.

La causa judicial iniciada contra un hombre que amenazó al legislador porteño Waldo Wolff y a su familia con mensajes antisemitas a través de Instagram llegó a su fin tras una mediación penal en la que el acusado reconoció el delito, expresó su arrepentimiento y aceptó cumplir una serie de compromisos que incluyen visitas al Museo Ana Frank y al Museo del Holocausto de Buenos Aires.

El caso se remonta a marzo de este año, cuando Santiago Peralta, de 29 años, envió una serie de mensajes intimidatorios a la cuenta privada de la red social del diputado, en los que dirigió insultos antisemitas y amenazas contra su esposa e hijos. Wolff presentó la denuncia el 6 de marzo, lo que activó el trabajo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, que rastreó el origen de las comunicaciones.

Las tareas de investigación digital permitieron vincular los mensajes a un domicilio ubicado en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Con la intervención de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del fiscal Miguel Kessler y la autorización del Juzgado PCyF N° 12, bajo la titularidad del juez Juan Neumann, se concretó un allanamiento en la vivienda del sospechoso. Durante el operativo, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares que fueron sometidos a peritaje.

Una vez avanzada la instrucción, el proceso derivó en una instancia de mediación penal. Allí, Peralta reconoció la autoría de los hechos y formalizó su arrepentimiento en un testimonio grabado. Como parte del acuerdo, aceptó cumplir una probation que contempla la visita a dos espacios de memoria vinculados con el Holocausto.

En una carta dirigida al legislador y a su familia, el acusado escribió: “Quiero expresar mis más sinceras disculpas por las expresiones inoportunadas vertidas en la red social Instagram”.

En el mismo texto, Peralta señaló que ya había concurrido al Museo de Ana Frank y al Museo del Holocausto durante el mes de octubre, y admitió que “esas expresiones son totalmente inaceptables y que las posiciones políticas nunca pueden justificar un insulto y mucho menos agravios y amenazas hacia nadie”.

Wolff valoró el desenlace del proceso y aceptó las disculpas. “Acepto su arrepentimiento y espero que su experiencia sirva para que otros entiendan que se puede y debe discutir de política sin pasar límites inaceptables. Toda acción trae sus consecuencias”, expresó el legislador porteño.

El caso no es un hecho aislado en la trayectoria judicial del diputado frente al antisemitismo en plataformas digitales. En mayo, la justicia porteña resolvió otra causa iniciada por Wolff contra un usuario de la red social X que le había escrito “gordo jabón” en el marco de una discusión política. Esa expresión constituye una referencia directa a una de las prácticas del régimen nazi durante el genocidio: la fabricación de jabón con los restos de los cuerpos de las víctimas asesinadas en los campos de exterminio.

En aquella oportunidad, el propio legislador lo explicó: “Saben lo que es el término jabón. Es lo que hacían los nazis con los judíos después de pasarlos por la cámara de gas”. La causa fue encuadrada en el artículo 71 del Código Contravencional porteño y tramitada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 13, especializada en discriminación, a cargo de la fiscal Andrea Scanga, bajo la conducción del fiscal general Martín López Zabaleta.

También en ese caso, el agresor —identificado como Marcelo Fredes— reconoció los hechos, pidió disculpas y se comprometió a participar de una jornada de reflexión en el Museo del Holocausto.

Con ambas resoluciones, Wolff subrayó que este tipo de procesos judiciales marca un antes y un después en el tratamiento de los discursos de odio en Argentina. “Esto sienta un precedente enorme en la Argentina. Tenés que saber que a partir de ahora que alguien te diga jabón es un delito”, afirmó el diputado en referencia al caso de la plataforma X, una advertencia que cobra mayor dimensión a la luz del cierre de la causa por las amenazas recibidas a través de Instagram.

La resolución de ambos expedientes dejó en evidencia que las herramientas de investigación digital disponibles permiten identificar a los responsables de mensajes de odio y amenazas, incluso cuando operan desde cuentas anónimas o privadas. En el caso de Peralta, la denuncia presentada ante la Policía de la Ciudad fue suficiente para que los especialistas en ciberdelitos rastrearan la dirección IP vinculada a la cuenta utilizada y determinaran el domicilio desde el que se enviaron los mensajes.