El oficialismo aceptó introducir cambios sustanciales al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei envió al Congreso. Para conseguir el respaldo de sus aliados, acotó las prohibiciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas, reformuló el delito de “desinformación masiva” y concedió al Congreso mayores facultades de control sobre las decisiones del Poder Ejecutivo.

La intención de Martín Menem es dejar el proyecto listo para llevarlo al recinto cuanto antes. Este martes, a las 16, está convocado un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, en el que expondrán especialistas invitados. “Si no es mañana, será el miércoles, y si no es el miércoles, será el jueves. Esta semana se dictamina”, aseguró a un referente del bloque libertario.

Las modificaciones ya circulan por los despachos oficialistas, aunque podrían incorporarse nuevos ajustes durante el debate en comisiones.

El proyecto fue anunciado por Milei a principios de septiembre, en cadena nacional, después de que Donald Trump manifestara su disposición a revisar la histórica posición norteamericana sobre Malvinas, en medio de sus diferencias con el gobierno británico por la falta de respaldo militar en Medio Oriente.

La iniciativa fue impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo. De hecho, fue su mano derecha, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, quien presentó el proyecto en el Congreso, sin el acompañamiento de ningún representante de la Cancillería, pese a sus fuertes implicancias diplomáticas.

La semana pasada, el tema también formó parte de las conversaciones con el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, y el responsable del Hemisferio Occidental, Juan Carlos Segura, durante su visita a Buenos Aires. El viernes, Ibarzabal terminó de puntear los cambios con la diputada libertaria Silvana Giudici, encargada de reunir los votos junto con Menem.

Prohibiciones mejor definidas

Uno de los capítulos centrales del proyecto establece sanciones económicas y penales contra las empresas que participen, sin autorización argentina, de la explotación de recursos naturales en Malvinas y la plataforma continental.

En la versión negociada, el oficialismo aceptó limitar las prohibiciones sobre proveedores y accionistas. El texto original alcanzaba de manera amplia a quienes mantuvieran vínculos económicos con las empresas infractoras.

Ahora, para sancionar a un proveedor, se exige que los bienes o servicios sean indispensables para la actividad ilegal y que este conozca, o no pueda razonablemente desconocer, su destino.

También quedan exceptuados determinados accionistas minoritarios, con participaciones de hasta el 2%, y fondos de inversión que no tengan poder de decisión sobre los activos.

Las multas fueron recalculadas, aunque no necesariamente reducidas. Para quienes celebren nuevos contratos con empresas sancionadas, se establece una multa de entre dos y cuatro veces el beneficio indebido obtenido. Si no puede determinarse ese monto, la sanción será de entre 2000 y 40.000 barriles de petróleo, el doble de la escala original.

En cambio, la pena mínima de prisión para proveedores de bienes o servicios esenciales baja de cinco a dos años. También se incorpora un agravante para los delitos que provoquen daños ambientales graves.

El dinero recaudado por las multas deberá destinarse al Ministerio de Defensa para el reequipamiento militar y el desarrollo de infraestructura estratégica.

Más controles y una exclusión política

Otro de los cambios centrales afecta al Consejo de Seguridad Nacional, el organismo que presidirá Milei y que tendrá amplias facultades para coordinar decisiones estratégicas en materia de defensa y seguridad nacional.

El nuevo texto crea una Comisión Bicameral de Seguimiento, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores. El Consejo deberá informarle dentro de las 48 horas las sanciones y medidas urgentes que adopte, así como el rechazo de inversiones extranjeras y decisiones extremas, como impedir el vuelo de aeronaves o hundir embarcaciones.

En caso de medidas que impliquen un riesgo de guerra o represalias, el Congreso intervendrá sus atribuciones constitucionales.

En la integración del Consejo aparece, además, una picardía política que refleja la interna del Gobierno. Entre las autoridades que podrán ser convocadas figuran el presidente provisional del Senado, el presidente de Diputados y los gobernadores, pero no Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular del Senado. La hija de un veterano de Malvinas, enfrentada con el entorno presidencial, queda fuera de la nómina expresa de invitados y solo tiene asegurado un lugar cuando deba reemplazar constitucionalmente a Milei.

El texto también prohíbe expresamente que el Consejo intervenga en asuntos de seguridad interior, salvo para resguardar la infraestructura crítica y en la protección marítima.

De la “desinformación masiva” a la “injerencia extranjera”

Uno de los cambios más sensibles aparece en el artículo 129 del nuevo borrador, que reformula un delito cuestionado por sus posibles consecuencias sobre la libertad de expresión.

El proyecto original contemplaba penas de cinco a doce años de prisión para quienes, bajo financiamiento o instrucciones de un Estado extranjero, desarrollaran campañas de “desinformación masiva” destinadas a alterar elecciones o manipular la opinión pública.

La nueva versión elimina ese concepto y lo reemplaza por el de “campaña de injerencia extranjera”, que exige actuaciones clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas y el ocultamiento del vínculo con un agente extranjero.

Además, aclara expresamente que no constituyen ese delito “el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica”, ni la actividad diplomática, la expresión pública de opiniones de Estados extranjeros o la representación abierta de intereses.

“Trabajamos en los cambios del título de injerencia para que quede claro que no afecta a la libertad de expresión. Lo sostuve durante la primera reunión del plenario y lo cumplimos”, sostuvo un referente libertario ante . Las penas de cinco a doce años de prisión se mantienen, aunque la nueva redacción busca precisar las conductas alcanzadas por el delito.

Infraestructura crítica

El oficialismo también incorporó un capítulo que no figuraba en el proyecto original: un sistema de control sobre inversiones realizadas por Estados extranjeros o empresas bajo su dominio en sectores estratégicos, entre ellos defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería e infraestructura crítica.

Esta última categoría comprende instalaciones y servicios esenciales cuyo funcionamiento resulta estratégico para el país. El Consejo de Seguridad Nacional podrá revisar estas inversiones, mientras que el Presidente tendrá la facultad de rechazarlas o exigir su desinversión mediante un decreto fundado.

La nueva regulación incluye una excepción para proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que hubieran solicitado su adhesión antes de la entrada en vigor de la ley. También se incorporó una garantía para evitar que las facultades de protección de infraestructura crítica se utilicen para monitorear, restringir o bloquear contenidos de internet.

Con estas concesiones, el oficialismo espera superar las resistencias de sus aliados y conseguir el dictamen esta semana. La negociación coincide con un evento político de relevancia: las elecciones de medio término en Estados Unidos previstas para la próxima semana. Los libertarios evalúan enviar una comitiva de diputados para respaldar a Trump.

Al caer la tarde de este lunes, en el que Javier Milei mantenía un prolongado silencio sobre el resultado de las elecciones en Brasil, en las que se impuso Lula Da Silva sobre su aliado Flavio Bolsonaro, en el Gobierno aseguraban que “en principio” no se esperaba que hubiera un pronunciamiento oficial al respecto, según dijeron a en la Casa Rosada.

De hecho, en la sede del gobierno argentino imperaba un forzado hermetismo, dado que Milei era el único presidente de la región sudamericana que no había enviado un mensaje de felicitaciones por el acto electoral en Brasil.

En medio de un silencio oficial que ya acumulaba 24 horas, las declaraciones de Donald Trump, que habló de un “resultado amañado” y apuntó que la extensión del horario de votación pedida por Lula “fue muy extraña”, no pasaron inadvertidas en la Casa Rosada.

El mandatario está en plena sintonía con Washington, por lo que la mira estaba puesta en lo que podría pasar después. Sin embargo, al cierre de esta nota, en Balcarce 50 insistieron en que no estaba en agenda, al menos de momento, la posibilidad de que el Gobierno se exprese sobre el tema.

Por lo pronto, a diferencia de lo que pasó luego de la primera vuelta, en la que Milei felicitó por su cuenta de la red social X a Flavio Bolsonaro poco después de conocida su victoria e incluso llevó el tema al día siguiente, a la reunión con su Gabinete, esta vez no usó sus redes sociales, ni tampoco ningún canal diplomático para felicitar a Lula, con quien no tiene diálogo alguno.

Se transformó así en el único presidente de la región que no hizo llegar su saludo, ni el reconocimiento de la victoria del brasileño, que gobernará el país por cuarta vez. Sí lo hicieron mandatarios con los que Milei tiene excelente sintonía, como Keiko Fujimori, de Perú; Abelardo della Espriella, de Colombia; José Antonio Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay y Rodrigo Paz, de Bolivia.

Durante este lunes, Milei llegó a la Casa Rosada a las 9.15 y poco después volvió a tener agenda pública. Fue primero con un encuentro el Príncipe y Gran Maestre de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, Frey John Dunlap. De esa reunión también participaron el canciller Pablo Quirno y el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.

Sin embargo, no trascendió que Milei haya analizado con Quirno la derrota de su aliado Bolsonaro en Brasil. Si lo hicieron, la conversación quedó entre ellos y la Cancillería también se mantuvo en silencio, contra las habituales prácticas diplomáticas.

Poco después, el Presidente encabezó la reunión de Gabinete, en la que si bien se comunicó que se abordó la agenda internacional, no se tocó la situación de Brasil, principal socio comercial de la Argentina, de acuerdo a las fuentes consultadas por .

En la previa del Gabinete salió al balcón de la Casa Rosada y de frente a la Plaza de Mayo, efusivo, y acompañado por su hermana Karina Milei y varios miembros de su equipo, el Presidente movió sus manos imitando el saludo “six seven” ante un grupo de estudiantes, que lo vivaban.

Ya en la reunión, el escenario fue diametralmente opuesto a lo que pasó tres semanas atrás, el pasado lunes 5 de octubre, al día siguiente de la primera vuelta en las elecciones de Brasil, en las que Bolsonaro se impuso sobre Lula. En esa ocasión, al término del cónclave, la Casa Rosada comunicó que “se analizaron distintos temas de la agenda nacional e internacional, entre ellos, el escenario político en Brasil”.

También entonces, a diferencia de esta jornada, Milei se mostró muy satisfecho con el resultado de las elecciones en Brasil. Habló de “un gran triunfo” y, según una fuente al tanto del contenido de la reunión, señaló que “durante el último tramo de la campaña, Lula desplegó un plan platita que no tuvo el efecto esperado”.

En la antesala de esa reunión, el mismo domingo 4, apenas pasadas las 21, el presidente argentino también había celebrado la victoria de Bolsonaro en sus redes. “La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flavio Bolsonaro por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad”, consignó Milei, que siguió los resultados desde la quinta presidencial de Olivos.

Tres semanas después, el escenario fue completamente distinto tanto en Brasil, como en la Argentina.