POLITICA
El gobierno de Kicillof ratificó que si se sostienen las PASO no habrá desdoblamiento en Buenos Aires
En vista de las elecciones del año que viene, la administración de Axel Kicillof volvió a plantear la necesidad de sostener el esquema de elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir candidaturas y ordenar “la vida interna de los partidos”, y rechazó así la estrategia del gobierno nacional de eliminarlas. Apuntalar esa condición también tiene implicancias en el calendario electoral bonaerense. Principalmente porque, de sostenerse las PASO nacionales, también seguirían vigentes las Elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias (EPAOS), que rigen para las candidaturas de orden provincial, seccional y municipal, y con PASO nacional y paso provincial, todos los caminos conducen a una elección unificada en territorio bonaerense.
Lo enfatizó el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, quien, en el marco de su participación en la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, considero que si se sostienen las PASO a nivel nacional, “difícilmente se pueda pensar en una modificación de las fechas de las generales”.
“Si no se eliminan las PASO nacionales, por cuestiones organizativas y logísticas que hemos discutido, hablado y coordinado muchas veces con varios de los actores intervinientes en el proceso de organización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, difícilmente se pueda pensar en una modificación de las fechas de las generales, cuando las PASO nacionales están atadas a las PASO provinciales. Eso requiere de tiempos que no están, que no es posible cumplir para organizar un proceso, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, conociendo la magnitud de un proceso eleccionario en la provincia de Buenos Aires”, dijo Bianco. A su lado escuchaban el Fiscal de Estado de la provincia, Hernán Gómez; la ministra de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, quienes también participaron del panel “Repensar la Organización Electoral en la Provincia de Buenos Aires: Un diálogo interinstitucional necesario”. Un encuentro organizado por el Centro de Estudios en Derecho Electoral, que dirige el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla.
Además, el ministro a cargo de la participación del Poder Ejecutivo en los procesos electorales bonaerenses también indicó que la indefinición sobre la cuestión electoral a nivel nacional obliga a “enfriar un poco la discusión”.
También dijo que “es una facultad indelegable y constitucional del gobernador de la Provincia de Buenos Aires” establecer el calendario en la Provincia. “El gobernador, como lo ha hecho en las elecciones anteriores, lo hará de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia para los bonaerenses y definirá ambas fechas”, planteó.
Kogan, por su parte, coincidió con Bianco al exponer la magnitud de una elección en la provincia. Reconoció que “la magnitud del electorado bonaerense exige calendarios más amplios y procedimientos más eficientes”, ya que “el marco normativo vigente fue concebido durante la década de 1940, cuando el cuerpo electoral apenas superaba el millón y medio de electores”. Detalló que “tal como se expuso ante la Legislatura provincial el año pasado, resulta materialmente imposible desarrollar un proceso electoral de las dimensiones actuales respetando los plazos previstos por la legislación vigente”.
“La elección provincial de septiembre de 2025 puso a prueba todos los mecanismos de administración electoral y permitió demostrar la solidez institucional necesaria para garantizar comicios íntegros y transparentes en un padrón que representa aproximadamente el 38 % del electorado de la República Argentina”, sumó Kogan.
La definición de si habrá desdoblamiento en PBA o una elección concurrente el mismo día, con boleta única para cargos nacionales y boleta partidaria para la tira de gobernador, legislador e intendente, llegará el año que viene. Sin embargo, el análisis de los distintos escenarios es una realidad.
En el gobierno bonaerense admiten que la ejecución de un desdoblamiento electoral es meramente una definición técnica. Sin embargo, también asoman factores políticos que merodean la virtual candidatura presidencial de Kicillof.
Así, la discusión sobre las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires quedó atada a la definición que adopte el Congreso sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales para 2027. Kicillof sostiene, junto con otros sectores del peronismo, la conveniencia de preservar esa instancia como mecanismo para ordenar candidaturas y ampliar la coalición opositora. El Gobierno nacional impulsa su eliminación o suspensión, aunque todavía no reúne un consenso legislativo definitivo. Mientras persista la normativa vigente, las PASO nacionales están previstas para el 8 de agosto de 2027 y la elección general para el 24 de octubre.
La normativa provincial tiene su ordenamiento. La Constitución provincial, en su artículo 144 inciso 7, otorga al gobernador la facultad de convocar a elecciones; la Ley 14.086 establece que las primarias provinciales deben realizarse el mismo día en que la Nación convoque a PASO para presidente, diputados nacionales u otros cargos federales. La norma también exige que el llamado provincial se realice entre 120 y 150 días antes de la votación.
Si las PASO nacionales continúan, Kicillof puede convocar las primarias bonaerenses en la misma fecha y luego optar por una elección general concurrente con dos instrumentos de votación —Boleta Única de Papel para cargos nacionales y boleta partidaria para categorías provinciales y municipales— o intentar separar la general, una decisión que abriría desafíos políticos y logísticos. Si el Congreso elimina o suspende las PASO nacionales, tendrá mayor margen para fijar el calendario provincial. Es algo que un grupo de intendentes busca poner sobre la mesa. Allí podría repetir el desdoblamiento de 2025, cuando la Legislatura suspendió por única vez las primarias bonaerenses y la elección legislativa provincial se realizó el 7 de septiembre
La definición también atraviesa la interna del peronismo. El antecedente de 2025 dejó reproches desde el kirchnerismo por el desdoblamiento decidido por Kicillof, mientras el Movimiento Derecho al Futuro lo reivindica como una señal de autonomía política. Hoy, el gobernador, Máximo Kirchner y Sergio Massa exhiben una posición común en defensa de las PASO, pero mantienen diferencias sobre la estrategia electoral, la conducción del espacio y la relación entre la campaña bonaerense y la disputa presidencial. Para el kicillofismo, la concurrencia podría reforzar el peso de Buenos Aires en la elección nacional y, a la par, intervenir ante la proyección de un posible ausentismo. Otro factor que también juega. De momento, con PASO vigente no habría desdoblamiento y se votaría todo “en un mismo día”.
POLITICA
Una nueva diferencia política por Brasil: el trasfondo de la ausencia de Patricia Bullrich en la reunión de gabinete
Cuando Javier Milei salió al balcón de la Casa Rosada esta mañana con sus ministros antes de una nueva reunión de Gabinete, no pasó desapercibida una de las dos ausencias del encuentro: la de Patricia Bullrich, que mantiene su papel de voz disonante en el Gobierno y suma un nuevo foco de diferenciación: el reconocimiento a los resultados en Brasil.
Consultados por TN, en Casa Rosada aseguraron rápidamente que la propia Bullrich se encontraba de camino al encuentro cuando debió cancelar su participación por motivos personales. “No tiene lectura política”, aseguraron.
La versión fue convalidada en el entorno de la exministra de Seguridad sin entrar en mayores detalles, aunque una fuente de su confianza admitió que el faltazo fue una combinación de dos factores: “Un tema personal y pocas ganas de ir”.
La jefa de la bancada oficialista en el Senado es una de las pocas figuras en La Libertad Avanza con margen de acción propio por encima de los hermanos Milei. En ese sentido, también es una de las primeras en expresar, puertas adentro y públicamente, sus diferencias de criterio cuando una decisión del Ejecutivo confronta con sus principios o los de su base electoral.
El ejemplo más reciente llegó este domingo, cuando cuestionó los dichos del Presidente del viernes en la gala de la Fundación Faro sobre “quemar en la hoguera” a periodistas a los que acusó de difundir información falsa sobre la causa $LIBRA que lo tenía como protagonista.
“Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo, es comentado. Si luego la justicia da la razón, es mejor. Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera”, sostuvo Bullrich en LN+.
Un nuevo foco de diferenciación por las elecciones en Brasil
A esa diferenciación pública, este lunes se sumó otro episodio vinculado a la jornada electoral en Brasil. Mientras Milei demora el pronunciamiento oficial para reconocer el triunfo de Lula da Silva, Bullrich rechaza alimentar las versiones de un supuesto fraude electoral en el país vecino, que es el principal socio comercial de la Argentina.
“Que el presidente diga lo que quiera. La elección ya se definió. No va a entrar en la locura del fraude”, sintetizaron cerca de la legisladora. La postura de Bullrich coincide con la de los principales socios legislativos del oficialismo, como el PRO o la Unión Cívica Radical, que publicaron propios comunicados celebrando el transcurso de una jornada electoral en paz y felicitaron al líder del Partido de los Trabajadores por un nuevo mandato.
A diferencia de la Casa Rosada, también se expresaron públicamente todos los líderes de la derecha latinoamericana, salvo Nayib Bukele en El Salvador, entre ellos Santiago Peña (Paraguay); Rodrigo Paz (Bolivia); José Antonio Kast (Chile); Daniel Noboa (Ecuador); Keiko Fujimori (Perú); y Abelardo De La Espriella (Colombia).
Sin embargo, según pudo saber este medio, el Presidente decidió que no se pronunciará sobre los resultados en Brasil hasta que Bolsonaro, que había pedido anular los comicios, reconociera la validez de los mismos. “El Presidente ha sido claro en su posicionamiento frente a esta elección. Si nos expresamos reconociendo la elección, de alguna manera debilitamos la línea de Bolsonaro”, explicó un funcionario al tanto de la postura oficial a TN.
La postura se espeja con la de la de Donald Trump, que fue más allá y declaró esta tarde en rueda de prensa que la elección en Brasil le pareció “arreglada”. “Las elecciones tienen que ser indiscutibles. Y lució muy mal para mí. Yo no respaldé a nadie, pero miré la elección y lució tan corrupta, tan terrible”, cuestionó el republicano antes de subirse al avión presidencial. Sin embargo, el jefe de Estado aclaró que él no respaldó a ninguno de los candidatos y afirmó que incluso “se lleva bien” con Lula da Silva.
En la última hora, el Partido Liberal (PL), fuerza política brasileña por la que se presentó Bolsonaro, reconoció los resultados declarados por el Tribunal Superior Electoral, aunque insistió en su reclamo de aclarar los cuestionamientos del hijo del expresidente, que había apuntado contra la prórroga del cierre de la votación otorgada por un magistrado designado por Lula.
Los tironeos de Patricia Bullrich y la advertencia hacia el futuro
En ese contexto, mientras el Gobierno todavía define sus próximos pasos sobre Brasil, la figura de Patricia Bullrich continúa en un lugar incómodo para la Casa Rosada. Mientras en privado Karina Milei le ha pedido que no exprese sus diferencias públicamente, el Presidente descartó en varias entrevistas que su exministra de Seguridad pueda competir en su contra el próximo año.
“Eso es una operación de los medios que me desprecian a mí. Está claro que a mí no me quieren. Entonces, tienen a los delincuentes que se disfrazan de periodistas para instalar y transmitir el odio que tienen hacia mí. Como por ejemplo, quieren instalar esa idea estúpida del mileísmo sin Milei”, sintetizó el sábado en una entrevista con Radio Mitre.
Sin embargo, la legisladora mantiene la tensión y siembra dudas sobre su futuro político, como cuando la semana pasada compartió un video musicalizado con una versión instrumental de “Es un secreto”, del dúo puertorriqueño Plan B. La producción audiovisual, focalizada en su papel en el Congreso, finalizó con un mensaje en tono proselitista: “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”.
POLITICA
Quilmes: Mayra Mendoza convocó a un homenaje a Néstor Kirchner tras la muerte de un bebé de 12 días – Nexofin
El Partido Justicialista de Quilmes y la intendenta Mayra Mendoza difundieron una convocatoria militante para trasladarse en micros hacia Lanús con el fin de homenajear a Néstor Kirchner. La iniciativa partidaria busca conmemorar a 16 años de la muerte del expresidente.
La publicación en la red social Instagram invitó a los militantes expresando: “Mañana 27 de octubre, a 16 años de su paso a la inmortalidad, Quilmes va a Lanús a homenajear a Néstor”. El mensaje partidario añadió: “nos devolvió la dignidad arrebatada por el neoliberalismo”.
La publicación de Mayra Mendoza
La actividad política del oficialismo local coincide temporalmente con la conmoción por el fallecimiento de Lucas, un bebé de 12 días. El recién nacido murió tras ser impactado por una palta que cayó de un árbol en la vía pública frente al Jardín de Infantes N.º 949.
La madre de la víctima, Giuliana, relató que el establecimiento educativo solicitó la poda del arbolado mediante expedientes oficiales que no obtuvieron respuesta oportuna. Tras la cirugía e internación en el Sanatorio de la Trinidad, el niño falleció debido a las lesiones producidas.
Un bebé de 12 días falleció por una palta que le cayó encima: Quilmes había ignorado pedidos de poda
En medio del dolor familiar, la madre del menor confirmó que tras el hecho agentes comunales acudieron al lugar de la tragedia. La progenitora declaró ante los medios que las autoridades “se acercaron a escondidas a podar los árboles”.
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POLITICA
Malvinas: el gobierno aceptó limitar las prohibiciones a empresas que operan en las islas y reformuló el polémico delito de “desinformación masiva”
El oficialismo aceptó introducir cambios sustanciales al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei envió al Congreso. Para conseguir el respaldo de sus aliados, acotó las prohibiciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas, reformuló el delito de “desinformación masiva” y concedió al Congreso mayores facultades de control sobre las decisiones del Poder Ejecutivo.
La intención de Martín Menem es dejar el proyecto listo para llevarlo al recinto cuanto antes. Este martes, a las 16, está convocado un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, en el que expondrán especialistas invitados. “Si no es mañana, será el miércoles, y si no es el miércoles, será el jueves. Esta semana se dictamina”, aseguró a un referente del bloque libertario.
Las modificaciones ya circulan por los despachos oficialistas, aunque podrían incorporarse nuevos ajustes durante el debate en comisiones.
El proyecto fue anunciado por Milei a principios de septiembre, en cadena nacional, después de que Donald Trump manifestara su disposición a revisar la histórica posición norteamericana sobre Malvinas, en medio de sus diferencias con el gobierno británico por la falta de respaldo militar en Medio Oriente.
La iniciativa fue impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo. De hecho, fue su mano derecha, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, quien presentó el proyecto en el Congreso, sin el acompañamiento de ningún representante de la Cancillería, pese a sus fuertes implicancias diplomáticas.
La semana pasada, el tema también formó parte de las conversaciones con el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, y el responsable del Hemisferio Occidental, Juan Carlos Segura, durante su visita a Buenos Aires. El viernes, Ibarzabal terminó de puntear los cambios con la diputada libertaria Silvana Giudici, encargada de reunir los votos junto con Menem.
Prohibiciones mejor definidas
Uno de los capítulos centrales del proyecto establece sanciones económicas y penales contra las empresas que participen, sin autorización argentina, de la explotación de recursos naturales en Malvinas y la plataforma continental.
En la versión negociada, el oficialismo aceptó limitar las prohibiciones sobre proveedores y accionistas. El texto original alcanzaba de manera amplia a quienes mantuvieran vínculos económicos con las empresas infractoras.
Ahora, para sancionar a un proveedor, se exige que los bienes o servicios sean indispensables para la actividad ilegal y que este conozca, o no pueda razonablemente desconocer, su destino.
También quedan exceptuados determinados accionistas minoritarios, con participaciones de hasta el 2%, y fondos de inversión que no tengan poder de decisión sobre los activos.
Las multas fueron recalculadas, aunque no necesariamente reducidas. Para quienes celebren nuevos contratos con empresas sancionadas, se establece una multa de entre dos y cuatro veces el beneficio indebido obtenido. Si no puede determinarse ese monto, la sanción será de entre 2000 y 40.000 barriles de petróleo, el doble de la escala original.
En cambio, la pena mínima de prisión para proveedores de bienes o servicios esenciales baja de cinco a dos años. También se incorpora un agravante para los delitos que provoquen daños ambientales graves.
El dinero recaudado por las multas deberá destinarse al Ministerio de Defensa para el reequipamiento militar y el desarrollo de infraestructura estratégica.
Más controles y una exclusión política
Otro de los cambios centrales afecta al Consejo de Seguridad Nacional, el organismo que presidirá Milei y que tendrá amplias facultades para coordinar decisiones estratégicas en materia de defensa y seguridad nacional.
El nuevo texto crea una Comisión Bicameral de Seguimiento, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores. El Consejo deberá informarle dentro de las 48 horas las sanciones y medidas urgentes que adopte, así como el rechazo de inversiones extranjeras y decisiones extremas, como impedir el vuelo de aeronaves o hundir embarcaciones.
En caso de medidas que impliquen un riesgo de guerra o represalias, el Congreso intervendrá sus atribuciones constitucionales.
En la integración del Consejo aparece, además, una picardía política que refleja la interna del Gobierno. Entre las autoridades que podrán ser convocadas figuran el presidente provisional del Senado, el presidente de Diputados y los gobernadores, pero no Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular del Senado. La hija de un veterano de Malvinas, enfrentada con el entorno presidencial, queda fuera de la nómina expresa de invitados y solo tiene asegurado un lugar cuando deba reemplazar constitucionalmente a Milei.
El texto también prohíbe expresamente que el Consejo intervenga en asuntos de seguridad interior, salvo para resguardar la infraestructura crítica y en la protección marítima.
De la “desinformación masiva” a la “injerencia extranjera”
Uno de los cambios más sensibles aparece en el artículo 129 del nuevo borrador, que reformula un delito cuestionado por sus posibles consecuencias sobre la libertad de expresión.
El proyecto original contemplaba penas de cinco a doce años de prisión para quienes, bajo financiamiento o instrucciones de un Estado extranjero, desarrollaran campañas de “desinformación masiva” destinadas a alterar elecciones o manipular la opinión pública.
La nueva versión elimina ese concepto y lo reemplaza por el de “campaña de injerencia extranjera”, que exige actuaciones clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas y el ocultamiento del vínculo con un agente extranjero.
Además, aclara expresamente que no constituyen ese delito “el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica”, ni la actividad diplomática, la expresión pública de opiniones de Estados extranjeros o la representación abierta de intereses.
“Trabajamos en los cambios del título de injerencia para que quede claro que no afecta a la libertad de expresión. Lo sostuve durante la primera reunión del plenario y lo cumplimos”, sostuvo un referente libertario ante . Las penas de cinco a doce años de prisión se mantienen, aunque la nueva redacción busca precisar las conductas alcanzadas por el delito.
Infraestructura crítica
El oficialismo también incorporó un capítulo que no figuraba en el proyecto original: un sistema de control sobre inversiones realizadas por Estados extranjeros o empresas bajo su dominio en sectores estratégicos, entre ellos defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería e infraestructura crítica.
Esta última categoría comprende instalaciones y servicios esenciales cuyo funcionamiento resulta estratégico para el país. El Consejo de Seguridad Nacional podrá revisar estas inversiones, mientras que el Presidente tendrá la facultad de rechazarlas o exigir su desinversión mediante un decreto fundado.
La nueva regulación incluye una excepción para proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que hubieran solicitado su adhesión antes de la entrada en vigor de la ley. También se incorporó una garantía para evitar que las facultades de protección de infraestructura crítica se utilicen para monitorear, restringir o bloquear contenidos de internet.
Con estas concesiones, el oficialismo espera superar las resistencias de sus aliados y conseguir el dictamen esta semana. La negociación coincide con un evento político de relevancia: las elecciones de medio término en Estados Unidos previstas para la próxima semana. Los libertarios evalúan enviar una comitiva de diputados para respaldar a Trump.
pic.twitter.com/27dpd8S96Y,October 26, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
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