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Magistratura: Rejal vuelve con los K en el Senado y complica a libertarios en una eventual puja por butacas

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Las ocho sillas que le corresponden al Congreso, de cara a la renovación del Consejo de la Magistratura del próximo mes -cuatro para Diputados y cuatro para el Senado-, suelen empujar batallas ante enroques ágiles y uniones pasajeras, siempre con el fin de ganar poder en el organismo clave para la elección de candidatos judiciales. En la Cámara alta, el primer movimiento ya se activó: tras varias volteretas entre 2025 y el corriente año, el riojano Fernando Rejal regresó al kirchnerismo y dejó a la bancada de José Mayans (Formosa) con un legislador más que La Libertad Avanza.

En realidad, el bloque que preside Patricia Bullrich hoy cuenta 20, tras la muerte del riojano Juan Carlos Pagotto. Su suplente, Claudia López -cercana a los Menem-, tendrá que jurar en la próxima sesión y, de esa manera, continuará con 21 integrantes. Uno menos que la tribu justicialista, que ahora llega a 22. Al ser cuatro butacas por el Senado, se estima que ambos espacios reclamarán dos lugares para el Consejo.

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La disputa en ciernes se dará debido a que los radicales también exigirían un lugar. Suman 10 legisladores. Entonces, cinco nombres para cuatro butacas. ¿Quién define esto? Tras la presentación de notas, la resolución tendrá que ser firmada nada menos que por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

Según pudo saber Infobae, tras el deceso de Pagotto hubo un diálogo entre oficialismo y cristinismo para dejar en claro que las dos bancadas agrupaban 21 senadores y que, ante una solicitud de radicales por un espacio en el Consejo, todo sería dirimido por Villarruel. Ahora, con 22 soldados, las cuentas cambian y las sospechas, también. Por eso es que libertarios ya se preparan para un potencial terreno judicial, a sabiendas del poco tiempo que resta -mediados de noviembre- y otro capítulo no placentero sobre una cuestión que dejaría, como siempre, mucho que desear.

El jefe del kirchnerismo en la Cámara alta, José Mayans

Las piruetas de Rejal comenzaron en 2025, cuando se fue de forma parcial del kirchnerismo. No obstante, Convicción Federal quedó dentro de dicho interbloque -Unión por la Patria, para esa época-, al igual que Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Fernando Salino (San Luis). Meses atrás, la jujeña y el catamarqueño se despojaron del cristinismo que les quedaba y se dividieron con el mismo nombre -se unió la tucumana Sandra Mendoza-, mientras que el puntano y el riojano crearon Justicia Social Federal. En un abrir y cerrar de ojos, Rejal cambió otra vez de camiseta.

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Para el Consejo de la Magistratura serán considerados los bloques y no los interbloques, aunque esto ya ha generado discordias en el pasado. El kirchnerismo se especializó en este tipo de triquiñuelas, cuando dividió a su bancada de Unión por la Patria en Nacional y Popular, presidido por Mayans, y Unidad Ciudadana, conducido por Juliana Di Tullio (Buenos Aires).

Con la firma de Cristina Kirchner como entonces titular de la Cámara alta, le fue arrebatado el lugar de la segunda minoría al supuesto macrista —hoy semivioláceo— Luis Juez (Córdoba). La guerra llegó a la Corte Suprema de Justicia, que en noviembre de 2022 falló a favor del último y corrió al rionegrino Martín Doñate.

Mientras la semilla de esta pelea empieza a germinar, el oficialismo ya pidió una reunión de Labor Parlamentaria para pasado mañana, a partir de las 14, para definir si se sesiona o no el jueves. Los proyectos sobre el mercado de huella de carbono -implica plata- y la iniciativa de la UCR para beneficios fiscales en inversiones desde los USD 12 millones aparecen como las más seguras.

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En tanto, se aguarda la resolución, en caso de consenso, sobre el texto relacionado con salud mental. Y ya se ubicó para dictaminar, pasado mañana, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que volvió en segunda revisión de Diputados y que incluye el capítulo de tierras, con el límite -15% a extranjeros- de la norma kirchnerista que generó un capítulo de ida y vuelta en la Corte Suprema.

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El Gobierno está en alerta por los conflictos en Europa: el doble impacto económico y el modelo Milei

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Las imágenes de la intifada francesa, con casi 500 mil personas en las calles y movilizaciones en París, Lyon, Marsella, Burdeos, Toulouse y Estrasburgo, son seguidas de cerca en distintos despachos de la Casa Rosada. El diagnóstico libertario es amplio: no solo limitan la compleja situación a Francia, sino que hablan de una Europa marcada por una creciente conflictividad social, producto de lo que consideran las consecuencias de una crisis económica que se extiende por el continente.

“Francia, pero sobre todo Europa, están complicadas a nivel fiscal, monetario y previsional. No les dan las cuentas por ningún lado. Francia está afrontando la crisis digna de un país emergente”, planteó ante Infobae una fuente con acceso al despacho presidencial.

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Las manifestaciones masivas también alcanzaron ciudades de otros países europeos, como Milán, Roma, Madrid, Lisboa y Tirana, cuyas calles se transformaron en epicentro de reclamos vinculados con las pensiones, el acceso a la vivienda y la educación, la inflación, las denuncias de corrupción y la oposición a la guerra.

A la conflictividad social europea, los libertarios suman la preocupación por el impacto de las disputas bélicas sobre la economía regional y mundial, en particular el enfrentamiento por el estrecho de Ormuz -que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán- y la guerra entre Rusia y Ucrania. “La economía del mundo frena. El mundo parece a punto de explotar”, detectó una fuente de Balcarce 50. En ese contexto, el ala de la mesa política -los Caputo- que plantea la necesidad de cerrar cuánto antes acuerdos con los gobernadores, insiste en su reclamo.

Postal de los disturbios en París (EFE)

El presidente Javier Milei también se refirió a esa inquietud durante la reunión de Gabinete del lunes pasado. Durante el intercambio sostuvo que el escenario internacional repercute directamente sobre la oferta global y el precio del petróleo, que registró fuertes subas en las últimas semanas, y advirtió sobre las presiones alcistas sobre los precios y las tasas de interés.

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A su vez, el oficialismo sostiene que la inestabilidad internacional golpea a los mercados emergentes y afecta la cotización de los bonos argentinos. “La crisis que atraviesa Europa impacta y la Argentina no está exenta. Esto pega en los mercados y los países emergentes tienen impacto en indicadores como el riesgo país”, argumentaron ante este medio.

Sin embargo, en las filas libertarias destacan la existencia de lo que definen como un “hedge natural”: la suba del petróleo y las commodities tiene un efecto dual sobre la economía argentina. Por un lado, presiona sobre los precios internos y puede repercutir en la actividad económica; por el otro, por el otro, mejora los ingresos por exportaciones de petróleo y gas.

El propio Milei hizo referencia al tema durante el fin de semana, cuando sostuvo que las perspectivas económicas para 2027, año electoral, estarán condicionadas por el escenario mundial. “El petróleo pasó de 60 dólares a 100 dólares el barril. Eso a nosotros nos genera un hedge natural porque los dólares que no nos entran de la cuenta financiera nos salen hasta por las orejas de la cuenta comercial”, sostuvo en una entrevista con Radio Mitre.

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Estudiantes protestan en Albania (REUTERS)

Asimismo, en la Casa Rosada identifican un cambio de escenario global: anticipan una creciente conflictividad social y el agotamiento del orden económico que caracterizó buena parte del siglo XX. Pese a la ola de protestas, en Balcarce 50 descartan que ese escenario se replique en la Argentina. Lo atribuyen al ordenamiento macroeconómico y a la disponibilidad de divisas que, aseguran, tiene el país.

“En ese mundo conflictivo, la Argentina es una especie de paraíso. Alejado de todos los conflictos. Ordenada, con un Presidente pro mercado, pro capitalista”, expresó un integrante del Gabinete.

La visión contrasta con los reclamos de buena parte de la sociedad, que espera que el ordenamiento de las cuentas públicas se traduzca en una mejora de sus ingresos. Frente a esas demandas, los libertarios, con Milei a la cabeza, ratifican la continuidad del rumbo económico.

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El Gobierno busca avanzar con el Presupuesto 2027 y la ley de soberanía, pero enfrenta reclamos de gobernadores y aliados

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La Libertad Avanza enfrenta una semana decisiva en la Cámara de Diputados, donde intentará conseguir los dictámenes de dos proyectos centrales para la administración de Javier Milei: el Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Sin embargo, las negociaciones con los bloques aliados y los gobernadores siguen abiertas y las diferencias por el reparto de fondos podrían obligar al oficialismo a postergar sus planes.

Los libertarios mantienen conversaciones contrarreloj para reunir los respaldos necesarios. Este martes será el turno del proyecto de soberanía nacional, mientras que entre el martes y el miércoles se definirá si existen condiciones para dictaminar el Presupuesto.

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Los principales obstáculos están vinculados con el financiamiento universitario, los recursos para obras de infraestructura y las deudas de la Nación con las cajas jubilatorias provinciales. Los mandatarios provinciales buscan cerrar compromisos concretos antes de respaldar la iniciativa oficial.

Eduardo Falcone, diputado del MID. (Foto Cámara de Diputados).

El Gobierno negocia cambios en el proyecto sobre Malvinas para conseguir el apoyo de sus aliados

El oficialismo convocó para este martes, a las 16, a un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de Diputados para avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por Milei.

La iniciativa será modificada a partir de los planteos de los bloques dialoguistas y de las advertencias de Estados Unidos sobre el impacto que podría tener la normativa en sus empresas.

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El encuentro estará encabezado por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, presidentes de las respectivas comisiones. También están convocados Martín D’Alessandro y Norma Morandini, presidente y vicepresidenta de Poder Ciudadano.

María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de presidencia en el plenario de comisiones junto a los diputados  libertarios Laura Rodríguez Machado y Carlos Zapata. Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino.
María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de presidencia en el plenario de comisiones junto a los diputados libertarios Laura Rodríguez Machado y Carlos Zapata. Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino.

Tras las exposiciones, Zapata evaluará si existen los votos necesarios para poner los dictámenes a consideración. Si el oficialismo no consigue los respaldos, la definición podría postergarse otra semana.

Desde el Congreso y la Casa Rosada sostienen que las negociaciones continúan y que la diputada Silvana Giudici está encargada de acercar posiciones con los bloques aliados.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las facultades militares que contempla el proyecto.

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El diputado Eduardo Falcone, del MID, advirtió: “El proyecto incluye un protocolo militar por el cual el Presidente podría disponer eventuales actos bélicos contra buques o aviones hostiles. El MID reclama que esos actos deben ser autorizados por el Congreso, tal como lo dispone la Constitución Nacional. Ya sufrimos un drama nacional cuando el Congreso estaba cerrado. Ahora está funcionando”.

Según las negociaciones en curso, el Poder Ejecutivo estaría dispuesto a aceptar modificaciones e incorporar un plazo de 48 horas para comunicar las novedades a la comisión bicameral que se crearía para supervisar al Consejo de Seguridad.

La iniciativa también establece un nuevo régimen de sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

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Entre sus disposiciones contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para personas y empresas que desarrollen actividades sin autorización argentina.

Los sancionados podrían quedar impedidos de contratar con el Estado, realizar determinadas actividades económicas o acceder a beneficios fiscales y previsionales.

Además, el texto propone modificaciones en la estructura de seguridad nacional y en distintos aspectos de la legislación de inteligencia.

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Plenario Comisión de Presupuesto, diputado nacional Bertie Benegas Lynch (LLA) y secretario de Educación Carlos Torrendell. Foto: Cámara de Diputados.
Plenario Comisión de Presupuesto, diputado nacional Bertie Benegas Lynch (LLA) y secretario de Educación Carlos Torrendell. Foto: Cámara de Diputados.

Presupuesto 2027: los gobernadores exigen fondos y las universidades reclaman $11 billones

El segundo frente de negociación del Gobierno está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde La Libertad Avanza pretende conseguir un dictamen esta semana.

El principal obstáculo es la falta de acuerdos sobre los recursos destinados a las provincias y el financiamiento de las universidades nacionales.

Los gobernadores reclaman partidas para obras de infraestructura y el pago de las deudas que mantiene la Nación con las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la ANSES.

El proyecto oficial contempla más de $500.000 millones para las cajas jubilatorias, aunque todavía no está definido cómo se distribuirán esos recursos entre los 13 sistemas provinciales involucrados.

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Las negociaciones también están condicionadas por el calendario parlamentario. Varios legisladores viajarán a Estados Unidos para seguir las elecciones de medio término y la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, incluirá feriados que afectarán la actividad legislativa.

Pese a estas dificultades, el oficialismo busca mantener el 18 de noviembre como fecha para debatir el Presupuesto en el recinto.

“De esa manera le damos tiempo al Senado para que lo apruebe”, explican desde el bloque libertario.

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Este martes, a las 11, está prevista la exposición de dos funcionarios del Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger: Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y Maximiliano Fariña, secretario de Transformación.

Según fuentes cercanas a Bertie Benegas Lynch, serían los últimos funcionarios en presentarse ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda antes de intentar avanzar con los dictámenes.

Otro de los puntos más conflictivos es el financiamiento universitario.

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Mientras el proyecto del Poder Ejecutivo contempla $7,7 billones para las universidades nacionales en 2027, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones, una diferencia de $3,3 billones.

Durante sus exposiciones ante los diputados, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendieron la propuesta oficial y cuestionaron las demandas de los rectores.

“Durante décadas prevaleció la premisa de que incrementar el gasto aseguraba un mejor resultado educativo. La evidencia demostró lo contrario: aumentaban las partidas y el aprendizaje se deterioraba. Ahora el Ministerio de Capital Humano busca establecer un nuevo paradigma, pasando de un gasto centralizado e ineficiente hacia una inversión educativa transparente y enfocada en el aprendizaje”, planteó Torrendell.

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La interna del oficialismo cambia de foco y de terreno: tensión con Patricia Bullrich en el acelerado camino electoral

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Un cuestionamiento y una ausencia terminaron de exponer que la interna del oficialismo cambió dramáticamente de foco y de terreno. Patricia Bullrich criticó abiertamente la última escalada de Javier Milei contra el periodismo -que dejó la alarmante y oscurantista referencia a la “hoguera” para quienes considera enemigos– y decidió no participar de la reunión de Gabinete nacional en el arranque de la semana, horas después del impactante triunfo de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro. Son los dos capítulos más recientes de una historia abierta, pero suficiente para desplazar de la cartelera libertaria a la serie protagonizada por Karina Milei y Santiago Caputo. Y para destacar que el tema pasa por las elecciones. Una combinación inquietante.

Las reuniones de gabinete ampliado incluyen habitualmente a Martín Menem por Diputados, en su condición de presidente de la Cámara y no del bloque, y a Bullrich, como jefa de bancada y no como autoridad del Senado. Es decir, se trata hasta ahora de asistentes por su lugar político y no por el cargo. Martín Menem responde a Karina Milei y, en cambio, la senadora juega por sí sola. Eso ya venía generando tensión, pero creció a tal punto que desde el círculo presidencial dejan trascender la orden de no confrontar ni darle vidriera de exposición a la ex ministra.

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En ese contexto, no asomaron esfuerzos para negar el sentido político de la última decisión de Bullrich, más allá de la frase de ocasión sobre “motivos personales” para justificar la inasistencia al encuentro de Gabinete. Al revés, fueron destacadas al menos tres cuestiones. La primera, el oleaje producido por su rechazo a la última carga presidencial contra periodistas y medios. La segunda, el recelo sobre la actitud a tomar frente al resultado electoral de Brasil, que descoló al Gobierno, encerrado en el silencio. Y la tercera, la decisión de evitar una foto de ocasión en la Casa Rosada. Eso último sonó más a picardía posterior que a previsión de la puesta en escena realizada en el balcón de la Casa Rosada.

El cuestionamiento a la escalada discursiva de Milei tendría un antecedente, según la versión que circuló en el Senado. Lo público fue la declaración de la senadora advirtiendo que el Presidente “cruzó un límite” con aquella frase sobre la hoguera. Pero antes, habría existido una conversación reservada con Milei sobre la necesidad de bajar la intensidad y frecuencia de las declaraciones o discursos descalificadores.

Por supuesto, nadie en el oficialismo y tampoco fuera de los límites libertarios -incluso, más allá de la política- tiene una mirada ingenua sobre este episodio, entre otras razones porque no es un hecho aislado. Un par de día antes, había sido el turno de un nuevo video, esta vez significativo por los autores de la música: Plan B. Las señales se venían sumando desde la etapa de mayor desgaste del Gobierno por el caso Adorni. Y la más notoria apuntó a la realidad económica. Todo, con el añadido de los costos provocados por proyectos adjudicados a la visión más cerrada del Ejecutivo: el más reciente, el impulso y retroceso con la ley de Tierras, que acaba de volver a la Cámara alta como consecuencia de las concesiones hechas por LLA en Diputados frente a la ofensiva opositora.

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Patricia Bullrich, en uno de sus videos para marcar juego propio

De todos modos, el dato político más notable es el giro que expone esta tensión en el interior del oficialismo. Son diferentes las características. Las disputas entre Karina Milei y Santiago Caputo siempre tuvieron, y tienen, relación con el manejo del poder. Se trata de una pelea en el círculo más estrecho de Olivos, que involucra gestión, cargos, relación con la Justicia, negociaciones con aliados, entre los principales renglones. En cambio, Bullrich no es parte de ese núcleo y la interna está centrada en el plano electoral.

Las especulaciones sobre la actitud del Presidente frente al triunfo de Lula da Silva suman pinceladas al cuadro. Bullrich, que respaldó a Bolsonaro con un aporte solicitado en el final de la campaña, habría trasmitido prevenciones frente a la posibilidad de que el Gobierno saliera formalmente a cuestionar el resultado electoral. Milei guardó silencio durante el día posterior al balotaje.

El domingo por la noche, se especulaba con que el impacto del triunfo electoral de Lula da Silva constituiría el tema principal de la reunión de Gabinete. El primer reflejo público fue el intento de restarle trascendencia al hecho. El saludo a un grupo de estudiantes desde un balcón de la Casa Rosada tuvo esa intención, aunque jugó en sentido inverso. Resultó llamativo el “six seven” que actuó el Presidente.

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Desde el Gobierno dijeron que el tema Brasil no fue tratado en la reunión. Y que la intervención de Milei apuntó exclusivamente a ratificar la política económica. El mensaje tuvo otra vez sentido interno, y no únicamente por el planteo público de Bullrich. Pero además, expuso el malestar sino el desconcierto por la derrota de Bolsonaro, después de días de trasmitir expectativas por su triunfo como continuidad y ampliación de los números de la primera vuelta electoral.

La reacción de Donald Trump -que dejó frases descalificadoras de la elección, pero sin atacar a Lula da Silva- tampoco había gatillado hasta anoche un pronunciamiento de Milei o de la Cancillería. Se sumó el viraje en la posición inicial de Bolsonaro, según medios brasileños por falta de sostén para pedir la anulación de los comicios y por planteos de algunos aliados políticos, al punto que su propio espacio, el PL, reconoció el resultado. Para completar, presidentes de la región alineados con matices en la derecha -Chile, Paraguay, Colombia, Perú, Bolivia- expresaron sus saludos al presidente reelecto.

En el frente local, se anotaron las celebraciones de la oposición dura y también los mensajes de aliados y dialoguistas. Fue el caso de Mauricio Macri y el PRO, de la UCR y de algunos provinciales. En ese contexto, las prevenciones de Bullrich añadieron un ingrediente interno frente al sacudón que provoca la diplomacia libertaria, absolutamente dominada por el factor ideológico sectario.

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