El oficialismo avanzó este miércoles en la Cámara de Diputados con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, al conseguir un dictamen de mayoría que ratifica los cambios introducidos en el Senado, donde Patricia Bullrich contempló el reclamo del peronismo de modificar el mecanismo de remoción de los integrantes del directorio de la entidad. Esto, pese a que Martín Menem había dejado trascender su intención de revisar lo acordado para darle también participación a Diputados en esa instancia, una posibilidad que finalmente no prosperó.

En un plenario exprés de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, que se extendió por menos de media hora, el oficialismo consiguió emitir un dictamen de mayoría con 44 firmas de los 69 legisladores presentes.

Así, Diputados convalidó los cambios introducidos en el Senado y dejó el proyecto en condiciones de llegar al recinto para su sanción definitiva el próximo 18 de noviembre. Para esa fecha, una después de la visita del Papa León XIV, también se prevé incluir en el temario la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional, más conocida como “Ley Malvinas”. El tratamiento del Presupuesto 2027, en tanto, quedaría para el último tramo de sesiones ordinarias, el 25 de noviembre.

La iniciativa, que busca concentrar las funciones del Banco Central en preservar el valor de la moneda, prohibir la emisión sin respaldo y el financiamiento al Tesoro, obtuvo su primera aprobación en Diputados a fines de agosto, con 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones.

Sin embargo, su paso por el Senado obligó al oficialismo a introducir una serie de modificaciones para conseguir el respaldo de la oposición y algunos bloques aliados. El principal foco de discusión fue el mecanismo previsto para remover al presidente y a los integrantes del directorio de la entidad, que el Gobierno pretendía supeditar al aval de una mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

La exigencia despertó cuestionamientos incluso dentro del universo oficialista, donde algunos la consideraron desmedida por su similitud con las mayorías requeridas para impulsar por ejemplo una reforma constitucional o destituir, mediante juicio político, al presidente de la Nación o a los jueces de la Corte Suprema.

Fue así que, tras una negociación encabezada por Bullrich, se acordó excluir a Diputados de ese procedimiento y establecer como único requisito el respaldo de la mayoría absoluta del Senado, equivalente a 37 votos afirmativos, para desplazar a las autoridades del Banco Central.

Como contrapartida, también se elevaron las exigencias para designar a los miembros del directorio, cuyos nombramientos deberán contar con respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara alta, en lugar de la mayoría simple prevista hasta ahora.

Aun así, en los días posteriores al tratamiento del proyecto en comisiones, Menem dejó entrever su intención de negociar con la bancada que conduce Germán Martínez la posibilidad de darle también intervención a la Cámara baja en la remoción de las autoridades del BCRA.

La alternativa suponía introducir una nueva modificación al texto, una posibilidad que suscita todo tipo de reparos por cuestiones de técnica parlamentaria. Sin embargo, el riojano no habría conseguido el respaldo del peronismo para avanzar en esa dirección.

Tras ello, fue la diputada Silvana Giudici quien explicitó durante el plenario el objetivo del bloque libertario de llevar al recinto la corrección que viene de la Cámara revisora, a fines de “darle sanción definitiva a la reforma del Banco Central, que plantea como objetivo primario preservar el valor de la moneda”.

La reforma también apunta a restringir las posibilidades de financiamiento del sector público a través del Banco Central. Para ello, elimina los denominados “adelantos transitorios”, que habilitaban a la entidad a transferir recursos al Tesoro, y prohíbe la concesión de préstamos tanto al Estado nacional como a las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.

A estas restricciones se suma la prohibición de adquirir títulos de deuda pública en el mercado primario, con lo que se busca impedir que el déficit fiscal sea financiado mediante emisión monetaria.

A partir de estos cambios, el proyecto consiguió a fin de septiembre la aprobación del Senado por 46 votos a favor y 22 en contra, y regresó a Diputados para su segunda revisión y espera ahora ser tratado en el recinto para su sanción definitiva.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, admitió problemas para el funcionamiento del máximo tribunal debido a las cuatro vacantes existentes. La Corte provincial se maneja con solo tres integrantes desde 2024.

“Tenemos cuatro vacantes sobre siete jueces. Estamos abajo del mínimo requerido para sesionar. Eso nos complica, y mucho, el trabajo diario, y afecta el servicio de Justicia”, afirmó Torres en declaraciones al medio La Brújula 24, de Bahía Blanca.

“En el último mes, firmé más de 1700 sentencias y resoluciones, entre Presidencia y mi rol jurisdiccional”, calculó el presidente de la Suprema Corte bonaerense, tribunal que comparte con Hilda Kogan y Daniel Soria.

En 2024, cuando renunció el juez Luis Genoud (fallecido el año pasado), la Corte provincial quedó con tres integrantes, sobre siete. Para funcionar, debe convocar a un cuarto juez.

En abril, Torres encabezó la presentación de un proyecto de ley de autarquía y reclamó la cobertura de las vacantes en el máximo tribunal provincial. En esa ocasión, en el Palacio de Tribunales provincial, señaló que “la cobertura de las vacantes en la Corte no es una cuestión de política menor”, y remarcó que se trata de “una condición constitucional básica para garantizar el gobierno del Poder Judicial y el ejercicio pleno de las competencias de la Constitución”.

Al referirse a las vacantes en todo el Poder Judicial provincial, el presidente de la Suprema Corte bonaerense afirmó: “Tenemos necesidad de cobertura de muchos cargos. Sin ser una situación de colapso, afecta el sistema de Justicia. Desde la Corte, hemos exhortado a los poderes constitucionales, el Ejecutivo y el Legislativo, a la cobertura de las vacantes”.

Según los últimos datos relevados por el máximo tribunal provincial, 17% de los cargos de jueces bonaerenses están vacantes. El fuero con más puestos sin cubrir es el penal juvenil, con 33% por designar. En el fuero civil y comercial, la vacancia es de 13%; en el penal, de 15%; en el laboral, de 19%, al igual que en el de familia; en el comercial, de 22%, y en la Justicia de Paz, del 16%.