La Cámara de Casación pospuso para las “próximas semanas” resolver si evalúa o desestima el pedido de un grupo de damnificados por el desplome de la criptomoneda $LIBRA que buscan reincorporarse como querellantes en la causa, un rol que permite proponer pruebas y cuestionar resoluciones judiciales.

Se trata de una decisión de gran trascendencia para el expediente, puesto que los damnificados son los únicos que pujan por mantener abierta una investigación que, tras los sobreseimientos de Javier Milei —quien promocionó la criptomoneda en sus redes sociales el 14 de febrero de 2025— y del resto de los imputados, se encamina hacia su cierre definitivo.

El pedido de los damnificados de reingresar al caso como acusadores se encuentra en manos de Casación desde mediados del mes pasado, pero cobró una relevancia decisiva el viernes, luego de que el juez Marcelo Martínez de Giorgi dictara los sobreseimientos.

Si Casación desestimara el recurso, la causa quedaría definitivamente sin acusadores, puesto que fue el fiscal Eduardo Taiano quien solicitó los sobreseimientos.

La resolución se esperaba para esta semana, pero fuentes judiciales indicaron que el tribunal acordó que el asunto no revestía la urgencia que reclaman los damnificados y decidió postergarla por al menos dos semanas más.

El planteo está en manos de la Sala II de Casación, integrada por los jueces Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma. Según pudo reconstruir , existe un desacuerdo entre los camaristas que es anterior a la resolución del viernes pasado por parte del juez Martínez de Giorgi.

Un dato biográfico del tribunal agrega otro elemento al panorama judicial. La jueza Ledesma cumplirá 74 años en diciembre. A partir de entonces, si desea permanecer en el cargo más allá de los 75 años, tendrá 12 meses para solicitar al Gobierno un nuevo nombramiento. El Poder Ejecutivo podrá decidir si propone su continuidad para someterla al acuerdo del Senado, tal como ocurrió con el camarista Carlos “Coco” Mahiques.

La decisión

Lo que debe resolver la Sala II de Casación es si admite o desestima los recursos presentados por los damnificados para evaluar su reclamo. Se trata de un paso previo a la discusión de fondo: si corresponde o no reincorporarlos a la investigación.

Su apartamiento del caso, dispuesto por Martínez de Giorgi, tuvo lugar antes de que se dictaran los sobreseimientos solicitados por el fiscal Taiano, el viernes pasado. Los damnificados no pudieron entonces cuestionar esa decisión desde el rol de querellantes.

Lo hicieron de todos modos, entre el lunes y el martes de esta semana, como pretensos querellantes, alegando que estaban en condiciones de hacerlo porque la decisión de apartarlos todavía no había quedado firme.

Uno de ellos, Martín Romeo, resaltó en su escrito que la primera decisión de aceptarlo como querellante estaba confirmada por la Casación, mientras que la segunda, que fue la de removerlo, no lo estaba.

Ambos grupos de damnificados dirigieron duras críticas contra el fiscal Taiano, a quien acusan de actuar como abogado de los imputados, y contra el juez, a quien acusan de hacer una valoración “fragmentaria” de las pruebas. Entre ellas, marcan, hay reuniones y transferencias millonarias y comunicaciones telefónicas que no fueron relacionadas.

Al remover a los querellantes, en julio de este año, el juez aceptó un planteo de uno de los investigados, el trader Mauricio Novelli, quien habría sido uno de los articuladores entre Milei y Davis para el lanzamiento de la moneda.

En sus escritos, los damnificados señalaron que la relación de Novelli con Milei se remontaba hasta mucho antes del lanzamiento de la moneda, que el trader intervino en la reunión del Presidente con Hayden Davis en la Casa Rosada, el 30 de enero de 2025, y que ambos mantuvieron numerosas comunicaciones el día del lanzamiento de $LIBRA.

Si Casación admite sus recursos, los damnificados no recuperarán de manera automática su condición de querellantes. El tribunal deberá entonces examinar el fondo del planteo y determinar si revocan la decisión que los apartó de la causa o si, por el contrario, la confirman y deja el expediente tal como está, rumbo a su cierre definitivo.

En caso de que los admita y finalmente los reincorpore como querellantes, los damnificados podrían impulsar sus apelaciones contra los sobreseimientos, pero todavía tendrían camino cuesta arriba.

Una sala reconfigurada

La revisión quedaría en manos de la Sala de la Cámara Federal que el Gobierno reconfiguró con la salida de Leopoldo Bruglia y la revalidación de Pablo Bertuzzi.

Al confirmar la salida de los querellantes, en septiembre, esa misma Sala sostuvo que la causa se había “debilitado” y la hipótesis inicial terminó “diluida”.

En un trámite que busco ser exprés, un plenario de comisiones del Senado discutió este miércoles el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que aprobó en revisión la Cámara de Diputados la semana pasada, con la restitución de la vigencia plena de la ley 26.737 de tierras rurales sancionada por el kirchnerismo en 2011.

Al término de la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que duró cinco minutos, el proyecto no había conseguido el total de las firmas necesarias.

En ese sentido, resultaba llamativo que el kirchnerismo, que en Diputados forzó la restitución de la ley de tierras, no quiera apoyar el despacho.

Según afirmó el libertario Agustín Coto (Tierra del Fuego), el despacho acepta los dos cambios introducidos por la Cámara de Diputados, los que fueron aprobados casi por unanimidad. Esta abrumadora mayoría blindó las modificaciones ante cualquier intento del oficialismo por revertirlas y volver a la versión que aprobó el Senado, como cámara de origen, el pasado 7 de agosto.

El proyecto fue impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y tenía entre sus objetivos principales la derogación lisa y llana de la ley de tierras para permitir la habilitación a los extranjeros, tantos personas humanas como físicas, para adquirir predios rurales sin ningún tipo de límite.

Sin apoyos políticos para sostener esa postura, la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), debió ceder y terminó eliminando el capítulo que liberaba la venta de tierras a extranjeros. Así fue como el proyecto consiguió los votos para alcanzar la aprobación del Senado en la primera semana de agosto.

La derrota oficialista terminó de consolidarse en la Cámara baja, donde las huestes que responden al presidente de la cuerpo, Martín Menem (La Rioja), terminaron cediendo ante la presión opositora, que logró imponer en el texto del proyecto la restitución de la plena vigencia de la ley de tierras como forma de despejar cualquier tipo de duda.

El proyecto es más amplio en sus alcances. Así, propone cambios en el régimen de expropiaciones, en los desalojos judiciales y en la regulación de los registros inmobiliarios.

En materia de expropiaciones, el texto establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva e identificar en forma específica y concreta el fin perseguido. Además, exige que la expropiación sea idónea, necesaria y proporcional para alcanzar ese objetivo: no elimina la potestad estatal de expropiar, pero incorpora condiciones expresas para su ejercicio.

La indemnización deberá contemplar el valor objetivo del bien, tomando su precio de mercado cuando sea determinado o determinable, y los daños directos e inmediatos de la expropiación. También podrá incluir el lucro cesante si se acredita con prueba objetiva, concreta y suficiente y no duplica otros conceptos. Ese rubro tendrá un límite equivalente al 30% del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior.

Para calcular la compensación, se tomará el valor del inmueble o del bien inmediatamente anterior a cualquier medida o anuncio público vinculado con la expropiación. El monto se actualizará por el Índice de Precios al Consumidor y sumará, desde la mora hasta el pago efectivo, una tasa de interés nominal anual para plazo fijo tradicional del Banco Nación.

En materia de regularización dominial, el expediente fija como requisito una posesión con causa lícita, pacífica, ostensible y continua durante los diez años anteriores a la solicitud. El régimen comprenderá inmuebles edificados urbanos, o aquellos que la autoridad local defina como tales, destinados principalmente a vivienda única y permanente y que cumplan las condiciones reglamentarias. En iguales condiciones, podrán acceder los agricultores familiares respecto del inmueble rural donde residan y produzcan.

Los desalojos de inmuebles urbanos y rurales pasarán a tramitar por el procedimiento sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La iniciativa permite que reclame quien invoque un derecho o interés legítimo afectado y habilita, a pedido del actor, la entrega inmediata del inmueble cuando el derecho resulte verosímil.

Para los reclamos por falta de pago o vencimiento del contrato, prevé la desocupación l procedimiento y plazo pactados o, en su defecto, mediante un juicio en el que solo se admitirán pruebas documentales y periciales.

El capítulo sobre desalojos incorpora resguardos para situaciones de vulnerabilidad: antes de ordenar la los ocupantes a entrega del inmueble, deberán intervenir los organismos locales de protección y el Ministerio Público Tutelar, con un plazo prudencial de hasta diez días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, sin detener la continuidad del proceso.

Alquileres

En viviendas alquiladas, antes de demandar por falta de pago el propietario deberá intimar al inquilino y darle al menos diez días corridos para cancelar la deuda.

La reforma de los registros de la propiedad abre la presentación de documentos digitales con firma digital y fija un máximo de 30 días para su calificación. Los sistemas deberán garantizar la inalterabilidad, permanencia, integridad, autenticidad y trazabilidad de la información.

El texto prevé un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble para coordinar a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, crea una Red Federal Digital de Publicidad de Inhibiciones y encomienda al Consejo promover una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria. Ese portal permitiría solicitar, pagar y recibir informes, certificados y copias de cualquier registro del país, de acuerdo con la reglamentación.