POLITICA
Frente a Karina Milei, Santilli y Caputo, los gobernadores mineros se mostraron alineados con la Casa Rosada
Los gobernadores de las provincias mineras fueron las estrellas de la ronda de negocios RIGI que se hizo en Rosario, con la presencia de unas 1800 pymes, y se mostraron alineados y como aliados del gobierno de Javier Milei. En medio de un clima alentador por las inversiones en ese sector, que impuso la agenda del evento en La Fluvial de Rosario, los mandatarios de Jujuy, Mendoza, Catamarca y San Juan buscaron bendecir los “beneficios” y “ventajas” de las inversiones para “generar trabajo” y “desarrollo local”.
El encuentro, que se realizó en La Fluvial y fue encabezado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, reunió a representantes de 43 grandes proyectos de inversión con proveedores de todo el país. Participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Caputo estimó que los proyectos bajo el régimen suman unos 210.000 millones de dólares y aseguró que esas inversiones garantizan que el país “ya no va a tener problemas de tipo de cambio”.
Pero en los paneles, la minería ocupó el centro de la escena. El sanjuanino Marcelo Orrego abrió con una descripción de su provincia: “Más del 83% de nuestro territorio son montañas”. Desde ahí construyó su argumento. “El litio y el cobre son más que relevantes para mejorar el medio ambiente. Hoy hablar de minería es hablar de medio ambiente por el impacto de las energías renovables”, sostuvo.
Orrego puso el acento en la infraestructura al señalar que la provincia pidió a la Nación la jurisdicción sobre la ruta nacional 40 norte para avanzar con su licitación, y repasó la emisión del primer bono internacional de San Juan, presentado en Gran Bretaña y Estados Unidos. No hubo un solo cuestionamiento a la falta de obra pública nacional, sino todo lo contrario, elogios por haber transferido la jurisdicción de una ruta nacional que será arreglada con fondos provinciales. Algo similar ocurrió en Santa Fe con la ruta A012, que une los puertos y está siendo repavimentada con fondos provinciales.
“San Juan nunca había emitido un bono. No había antecedentes ni reputación”, admitió. La colocación se hizo a una tasa del 9,5% y, según el gobernador, permite acceder a 650 millones de dólares que se destinarán a obras como la ruta 20 y la autopista hasta Caucete. “Van a transitar por nuestras rutas 13 millones de camiones”, anticipó.
También defendió la ley de desarrollo minero aprobada en la provincia, que otorga incentivos como beneficios en impuestos provinciales. “La ley no es restrictiva, sino progresiva, por ejemplo, con el empleo, para que sea en su mayoría de origen local”, explicó. Y planteó que las empresas proveedoras deberán asociarse en UTE para competir. “El Estado tiene que generar las condiciones de negocios. Queremos una minería a largo plazo y que todos seamos parte”, dijo.
El catamarqueño Raúl Jalil, uno de los gobernadores peronistas más cercanos a la Casa Rosada, llegó a Rosario después de la visita oficial a su provincia del día anterior. “Después de Carlos Menem, ningún presidente había visitado nuestra provincia”, recordó. Jalil defendió el RIGI como una herramienta federal.
“Las oportunidades que da la minería son impresionantes”, afirmó y advirtió que la pregunta que más escucha es si el rumbo va a sostenerse. “La política de mantener las cuentas ordenadas va a seguir. Los gobernadores lo único que queremos es generar empleo”, aclaró. Y lanzó una frase que buscó responder a las críticas ambientales: “Una minera gasta menos agua que un country”. Según Jalil, las empresas “están cambiando la mentalidad” a partir del diálogo con los gobernadores, y las comunidades cercanas a los proyectos mejoraron su calidad de vida y su educación.
El mendocino Alfredo Cornejo apuntó a la historia. “La Argentina tiene un potencial minero desde hace muchos años y no lo desarrolló por falta de reglas claras”, señaló. Para el gobernador radical, la responsabilidad no fue de las provincias: “Si no se hizo minería en calidad y cantidad fue por las condiciones nacionales, no por las provinciales. Lo que faltaba era estabilidad macro”.
Cornejo destacó que Mendoza aprobó 65 proyectos de exploración, lo que a su juicio da seguridad jurídica, y anticipó que para fines de 2027 la provincia tendrá su primer proyecto de cobre en marcha. “Todos estos proyectos dan una oportunidad a nuestras pymes, pero también nos obligan a integrarnos con empresas de otras provincias para mejorar los costos”, dijo, en un mensaje dirigido a los proveedores santafesinos.
El jujeño Carlos Sadir describió a la minería como “un jugador importantísimo” de la economía provincial. Jujuy tiene dos proyectos de litio aprobados en el RIGI que, según el gobernador, permitirán triplicar la capacidad instalada. Sadir insistió en el rol de los proveedores locales en emprendimientos que operan a 4200 metros de altura, lejos de los centros urbanos. “Conocen el territorio y conocen a la gente del lugar. Si no atendemos eso no lo podríamos hacer”, afirmó.
Fue el único que se refirió de manera explícita a las comunidades originarias. “Muchas de las áreas donde se desarrollan los proyectos mineros están en tierras indígenas. Ellos son los dueños de la tierra”, reconoció. Y agregó: “Si el desarrollo de la minería no se derrama sobre las poblaciones locales, es imposible”.
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, retomó una idea de Jalil para presentar al RIGI como “creador de federalismo”, no solo porque las provincias son dueñas de los recursos naturales, sino por el interés internacional en ellos. Informó que desde agosto de 2024 la Argentina firmó acuerdos de cooperación con países como Alemania, Canadá, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos.
Rosario fue elegida como sede por su entramado industrial vinculado a la minería y los hidrocarburos, y por el peso de su complejo portuario, desde donde ya sale litio de Salta. Detrás de los discursos quedó planteada la pregunta que se hacían muchos de los empresarios presentes: cuánto de ese flujo de inversiones se traducirá en contratos concretos para una industria que atraviesa un año de demanda débil.
Germán de los Santos,Conforme a
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Quiénes son los dos empleados de Yacyretá que ayudaron a Santiago Caputo en Misiones para el operativo Bolsonaro
En medio de la trama que confirmó la presencia del asesor Santiago Caputo en la provincia de Misiones durante la fuga del excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro sobresalieron dos nombres: Jorge Omar Waisman y Orlando Ignacio Palacio. Ambos estaban junto al asesor de Javier Milei cuando fueron interceptados por un control policial, en los dos vehículos de Entidad Bilateral Yaciretá (EBY) en la que ambos se desempeñan.
A Waisman lo llaman “Jorguito”. En las redes mostró un perfil activo cuando era policía en la ciudad de Miami, Estados Unidos, lo que se dio hasta el año pasado. Fue allí también donde ambos se conocieron y trabaron una amistad. A diferencia de Waisman, Palacios allí habría tenido actividades vinculadas al automovilismo.
De acuerdo a distintas fuentes del propio oficialismo consultadas por , ambos fueron señalados como personas cercanas a Caputo. El entorno del asesor también así lo reconoció.
El operativo que alcanzó a los tres se produjo en la madrugada de este miércoles, cuando la policía frenó a una camioneta Ford Ranger, color blanco, por la ruta 12 proveniente de Puerto Iguazú, desde donde despegó Bolsonaro rumbo a Miami. El vehículo lo conducía Waisman, quien fue identificado como “jefe de seguridad” de la Entidad Binacional Yacyretá.
El convoy también estaba integrado por una Toyota Hiace, color blanco, que conducía Palacios, a quien el control ubicó como asesor de la Secretaría General de la Entidad Binacional. Caputo iba con él.
Según pudo reconstruir , Waisman fue designado en el segundo trimestre de este año como Jefe de Seguridad e Informaciones de la Entidad Binacional Yacyretá, que Argentina comparte con Paraguay.
Waisman tiene un perfil activo en las redes. Por Instagram, por ejemplo, ofrecía asesoramiento en cuestiones migratorias en la ciudad de Miami, donde trabajaba como policía. Lo hacía uniformado, con su apellido bordado en la remera. También, en otras de las historias o videos, se lo ve en la playa de Bal Harbour.
Llegó al organismo binacional a través de Palacios. Ambos se conocieron y trabaron amistad mientras vivían en Estados Unidos, según contaron fuentes al tanto de sus llegadas y vínculos internos.
Además de Palacios y Waisman, en el organismo también mencionan a Manuel Chavarría como una tercera persona que responde al asesor de Milei. Chavarría es consejero en el organismo y fue nombrado por decreto presidencial.
A diferencia de Waisman y Palacios, que están en Misiones, Chavarría reside en Buenos Aires y no participó del operativo.
Palacios, según cuentan en Gobierno, llegó a Caputo a través del legislador bonaerense Agustín Romo, uno de los leales del estratega.
Según cuentan en el oficialismo, Palacios vivía precisamente en Miami cuando le llegó la oferta para sumarse a la estratégica entidad ubicada en la frontera con Paraguay. En Miami se habría dedicado al negocio del automovilismo.
Después de su desembarco, sumó a sus filas a Waisman, quien dejó entonces sus días de policía en Florida.
“A Palacios lo puso Santiago y fue Nacho el que trajo a Waisman por sus conocimientos como policía”, dijo un vocero del oficialismo. “Pero ninguno es una piedra fundamental. Nacho es asesor y Waisman es un personaje peculiar”, añadió otro de los consultados.
Sus comienzos en el organismo se hicieron públicos en mayo, cuando la propia cuenta de la red social X del organismo, en la que se lo nombraba como “nuevo Jefe de Seguridad e Informaciones”. Desde entonces, cuentan distintas voces del oficialismo, que “no bajó el perfil.
interceptados por un control policial,pic.twitter.com/eptljHSFND,May 15, 2026,Cecilia Devanna,Santiago Caputo,Conforme a
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La Legislatura porteña aprobó la "Ley Turco García", que establece el Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos de Sustancias
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó por unanimidad, con 53 votos afirmativos y ninguno en contra, el proyecto de ley que instituye el 26 de junio de cada año como el “Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos de Sustancias” en el territorio porteño. La iniciativa, conocida como la “Ley Turco García”, fue impulsada por el exfutbolista Claudio “Turco” García a partir de su experiencia personal con las adicciones y su trabajo territorial en distintos barrios de la Ciudad, y tomada para su tratamiento legislativo por la diputada Claudia Negri.
El recorrido que culminó con la aprobación de la norma comenzó mucho antes del recinto. García venía desarrollando charlas de prevención en clubes de barrio, escuelas y centros de tratamiento de adicciones, con la convicción de que su historia podía ser una herramienta de prevención concreta. El proyecto fue elaborado junto al Partido Integrar, espacio presidido por Daniel Amoroso, y tiene como antecedente directo la exposición del ex jugador ante la Comisión de Salud de la Legislatura en septiembre de 2026, donde relató su vínculo con las adicciones y reclamó políticas públicas de prevención con mayor alcance y continuidad. Tras aquella presentación, la comisión emitió dictamen favorable y el proyecto quedó habilitado para su tratamiento en el recinto.
“Para mí, esto es mucho más que una ley. Es demostrar que la política puede servir para mejorarle la vida a la gente. Yo sufrí mucho por las adicciones, mi familia también, y hace años decidí contar mi historia para tratar de que otros no pasen por lo mismo. Hoy siento que mi historia y todo ese esfuerzo valieron la pena”, expresó García tras la votación.
La nueva normativa, sancionada mediante el Expediente N° 2015-P-2026, consta de tres artículos. El primero instituye el 26 de junio como fecha conmemorativa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). El segundo habilita al Poder Ejecutivo porteño a desarrollar campañas públicas de concientización y prevención basadas en evidencia científica, orientadas a la reducción de riesgos y daños, que incluyan tanto acciones de comunicación masiva como actividades presenciales en hospitales, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y espacios comunitarios del territorio. La fecha elegida no es arbitraria: el 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987, al que el Congreso de la Nación Argentina adhirió mediante la Ley N° 23.945 en 1991.
El proyecto de García fue presentado legislativamente por la diputada Negri, quien lo tomó como propio para impulsar su tratamiento en el cuerpo. El despacho de la Comisión de Salud lleva, además, las firmas de los legisladores Facundo Del Gaiso, Edgardo Alifraco, Pablo Donati, Andrea González, Berenice Iáñez, Silvia Lospennato, Francisco Loupias y Guillermo Suárez, lo que refleja el respaldo transversal que reunió la iniciativa.
Durante su exposición ante la comisión, el ex futbolista había descripto con crudeza las consecuencias del consumo problemático: “Quiero ayudar porque mi familia y mis amigos sufrieron mucho. Cuando uno es adicto parece que está todo bien, pero no es así: la droga te hace perder la dignidad y hacés sufrir a los que te quieren”, señaló García en aquella oportunidad.
La magnitud del problema que la ley busca atender queda reflejada en los datos disponibles a nivel nacional. Según la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado, elaborada conjuntamente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), el alcohol es la sustancia de mayor consumo: el 66,2% de la población declaró haberlo consumido en el último año y el 51,2% en el último mes. El tabaco alcanza al 25,6% de los encuestados en consumo anual, mientras que la marihuana llega al 13,8%. El consumo de cocaína, por su parte, mostró un crecimiento significativo en la última década. El despacho de la comisión advierte que el fenómeno afecta de modo desproporcionado a poblaciones jóvenes, con edades de inicio cada vez más tempranas, y que uno de los factores que impulsan esa expansión es la baja percepción del riesgo, en especial respecto del alcohol y el uso indebido de psicofármacos.
La CABA ya contaba con legislación vinculada a la temática —la Ley N° 2318, que establece una política integral para el abordaje de los consumos problemáticos; la Ley N° 5650, que incorpora la prevención en el sistema educativo; y la Ley N° 153, que consagra la promoción de la salud como principio rector del sistema sanitario local—, pero el propio despacho de la comisión reconoce que ese marco normativo no había garantizado acciones de prevención con la periodicidad y el alcance necesarios para producir un impacto sostenido.
Las experiencias en otras provincias respaldan la apuesta por la institucionalización. La Provincia de Misiones fue una de las primeras del país en establecer la Semana Provincial de la Prevención de las Adicciones mediante la Ley XVII N° 26, también anclada en el 26 de junio. Córdoba siguió ese camino en 2019 con la Ley N° 10.610, y los resultados documentados son concretos: cada edición generó un aumento de entre el 35% y el 37,5% en los primeros contactos para solicitar tratamiento, y un incremento del 345% en las visitas a los recursos digitales de prevención durante esa semana, en comparación con la anterior del mismo mes.
“Esta ley también es de las familias que tienen un hijo con problemas de consumo, de los padres que no saben cómo ayudarlo y de los clubes de barrio que todos los días hacen un esfuerzo enorme para sacar a los chicos de la calle. Yo siempre digo que un pibe que está en un club es un pibe que está más lejos de la droga. Ojalá esta ley sirva para que se hable mucho más del tema, porque la prevención salva vidas”, afirmó García. El ex jugador de Huracán, Racing Club y la Selección Argentina fue candidato a diputado nacional por el Partido Integrar en las elecciones legislativas de 2025.
Amoroso, por su parte, destacó el alcance político de la aprobación: “El Turco se involucró porque conoce el problema en primera persona, recorrió los barrios, escuchó a las familias y logró que todas las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo en un tema fundamental. Cuando la política deja de lado las diferencias y se concentra en resolver los problemas de la gente, demuestra para qué sirve”, sostuvo el dirigente.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti pidió al Gobierno que informe si el excandidato brasileño Flavio Bolsonaro tenía algún impedimento para entrar a la Argentina y mandó a preservar las filmaciones del puente internacional entre ambos países, de Migraciones y del aeropuerto de Puerto Iguazú.
Así, dio los primeros pasos en la causa que investiga si funcionarios del gobierno de Javier Milei facilitaron de manera irregular la salida de Bolsonaro hacia los Estados Unidos por la Argentina.
Lo hizo a pedido de la fiscal Paloma Ochoa, que solicitó diez medidas de prueba como parte de una investigación preliminar, antes de decidir si impulsa finalmente la acción penal.
La jueza no aceptó todas las medidas y se limitó a pedir a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería que certifiquen si Bolsonaro tenía algún impedimento para entrar en la Argentina.
Además, pidió que se certifique en qué estado está la causa que se abrió por el mismo hecho en la Justicia Federal de Puerto Iguazú.
Capuchetti también ordenó preservar todos los registros fílmicos de Migraciones en el Puente Internacional Tancredo Neves y en el aeropuerto de Puerto Iguazú, incluidos los del avión en el que viajó Bolsonaro.
Así se busca evitar que se pierdan las imágenes que podrían mostrar cómo pasó el exsenador por los controles y quién lo acompañaba.
La causa empezó con una denuncia de Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, contra el Presidente y funcionarios de su gobierno.
Los acusa de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos.
El diputado Esteban Paulón presentó otra denuncia por encubrimiento agravado contra Milei, el canciller Pablo Quirno y el asesor Santiago Caputo. Esa denuncia quedó en el juzgado de Sebastián Ramos, y en tribunales esperan que se una al expediente de Capuchetti.
Según Migraciones, Bolsonaro entró a la Argentina a las 22:50 del 27 de octubre por el puente que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú.
Lo acompañaban su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas. Menos de dos horas después, a las 0:21 del 28, despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú un Gulfstream de la empresa Baires Fly.
El avión llevaba 24 horas esperando en la pista. Hizo una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, y siguió hacia el aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, en Miami. Según el manifiesto de vuelo, Bolsonaro viajó con pasaporte italiano.
En Brasil, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le había prohibido salir del país y había ordenado que entregara sus pasaportes.
Lo investigan por presunto lavado de dinero y evasión de divisas vinculados a plataformas de apuestas, y en otra causa por el supuesto desvío de fondos del banquero Daniel Vorcaro.
Migraciones confirmó el cruce y aclaró que Bolsonaro tenía la documentación en regla, que no había un impedimento legal para su ingreso y que no existía un pedido de captura.
En la Casa Rosada dijeron que se cumplieron todos los pasos legales y que la restricción que dictó la Justicia brasileña no tiene que ver con el control migratorio argentino.
Unas dos horas y media después del despegue del avión, a las 2:50, la policía de Misiones paró en la ruta 12 una caravana que venía de Puerto Iguazú.
Según el acta de la Unidad Regional IV, en una Toyota Hiace con patente diplomática de la Entidad Binacional Yacyretá viajaba el asesor presidencial Santiago Caputo.
Caputo se identificó como “consultor político” y asesor de Milei, y pidió que no lo demoraran para no retrasar su regreso.
Delante iba una Ford Ranger que manejaba Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad de Yacyretá y amigo de Caputo.
Consultado por , Caputo negó haber estado en ese control: “De ninguna manera, no sé de qué estás hablando”. Cuando le preguntaron por detalles del operativo, respondió: “Misterio”.
En la causa de Puerto Iguazú, iniciada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, el fiscal Fabián Martínez ya había pedido informes a organismos oficiales.
Pagano había reclamado que se preservaran las grabaciones y que se aclarara qué hacía Caputo en Misiones la noche en que despegó el avión. Cerca del asesor presidencial niegan que haya colaborado con la salida.
impedimento,Consultado por LA NACION, Caputo negó haber estado en ese control,Hernán Cappiello,Conforme a
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