POLITICA
La Corte se declaró competente para analizar la demanda bonaerense por subsidios al transporte

La Corte Suprema de la Nación admitió la demanda de la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País y le otorgó a la administración nacional 60 días para responder. El planteo busca que se declare inconstitucional la supresión de un mecanismo creado por ley para financiar el transporte urbano y suburbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Esta causa se convirtió en el antecedente inmediato de otros reclamos provinciales por el financiamiento del transporte, donde este jueves la Corte Suprema también se declaró competente. Se trata de planteos similares interpuestos por las provincias de La Rioja y La Pampa. Los fallos llevan las firmas de los tres jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La provincia de Buenos Aires sostuvo que no recibió transferencias durante 2024 y reclamó los recursos correspondientes a 2023 y al primer trimestre de ese año, junto con los intereses. A partir de la medida cautelar planteada, la Corte analizará si corresponde ordenar el pago inmediato de esas sumas una vez que la Nación conteste la demanda o venza el plazo fijado.
El conflicto se originó el 8 de febrero de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei comunicó que dejaría sin efecto los aportes. Días después, el artículo 18 del decreto de necesidad y urgencia 280/2024 formalizó la medida.
Frente a este hecho, la Provincia de Buenos Aires inició una acción contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo. También pidió que el Gobierno se abstenga de dictar normas o adoptar medidas que contradigan esa ley.
El fondo eliminado y el reclamo por las tarifas
El Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, conocido como FCI, fue creado por el artículo 125 de la ley 27.467 para sostener subsidios al transporte de pasajeros en las ciudades del interior.

Buenos Aires argumentó que el mecanismo seguía vigente cuando fue eliminado. La ley 27.701 lo había prorrogado durante 2023 y el decreto 88/23 extendió su vigencia para 2024.
La continuidad también estaba contemplada en la resolución 86/23 del Ministerio de Transporte, que fijó la distribución de recursos para los primeros cuatro meses de 2023. La provincia señaló, además, que había suscripto convenios con la Nación que confirmaban la persistencia del beneficio.
La demanda fue presentada por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Rodolfo Gómez, y Jorge Mario Bru. Los representantes provinciales cuestionaron que el Poder Ejecutivo Nacional derogara el fondo a través de un decreto de necesidad y urgencia.
La provincia denunció una afectación del principio de legalidad, de la división de poderes y de la lealtad federal, entendida como el deber de cooperación y coordinación entre la Nación y las provincias. La quita del FCI impactó sobre los usuarios del transporte urbano y suburbano de los municipios que recibían compensaciones. Según el planteo bonaerense, la supresión derivó en aumentos de tarifas.
La procuradora fiscal había emitido el 14 de mayo de 2024 un dictamen favorable para que la Corte interviniera. El tribunal adoptó ese criterio y ordenó notificar el traslado de la demanda al Ministerio de Economía de la Nación.
La Rioja y La Pampa, bajo el mismo criterio procesal
La Rioja también obtuvo el reconocimiento de la competencia originaria de la Corte en su demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional y la Secretaría de Transporte. Sin embargo, deberá presentar un nuevo escrito inicial en 10 días para que el conflicto continúe por la vía de un juicio ordinario.

La provincia había promovido una medida autosatisfactiva, un mecanismo de urgencia que procura resolver un conflicto de manera inmediata y sin un juicio posterior. El tribunal consideró que el caso requiere más etapas de discusión entre las partes.
La resolución adoptó tres decisiones: asumió la competencia originaria, fijó el plazo para reformular la presentación y ordenó notificar a la Procuración del Tesoro de la Nación.
La Corte no desarrolló fundamentos propios para el caso riojano y remitió a lo resuelto en el expediente de Buenos Aires. Consideró que ambas controversias eran “sustancialmente análogas”, una fórmula que permite aplicar un criterio jurídico definido recientemente sin reiterar toda la argumentación.
La provincia de La Rioja está representada por el fiscal de Estado Segundo Rodríguez, con el patrocinio de las abogadas Vilma Ghiano y Leticia Juárez Manfredini. El Estado Nacional tampoco se había presentado en ese expediente al momento de la decisión.
La demanda de La Pampa seguirá el mismo recorrido procesal que la causa bonaerense. El tribunal asumió la competencia originaria y dispuso que el expediente tramite como juicio ordinario, con plazos y posibilidades de prueba más amplios que los de un amparo.
La provincia está representada por el gobernador Sergio Ziliotto, la fiscal de Estado Romina Schmidt y el procurador de Rentas Araldo Arriola. El patrocinio letrado quedó a cargo de Raúl Reyes, Carlos Caasetta, Gerardo Amadeo y Esteban Conte Grand.
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POLITICA
Una peligrosa escalada de intolerancia y negación

El involucramiento directo del gobierno de Javier Milei en el proceso político-electoral de Brasil no parece destinado a quedar confinado en la dinámica de las tumultuosas y singulares relaciones externas que cultiva su gestión.
Por el contrario, todo lo sucedido y actuado alimenta interrogantes por la posible deriva en la política nacional que eso pudiera tener, como parte de un patrón de acción, de dudoso apego a la institucionalidad y enojo con la realidad, adoptado por el oficialismo.
La falta de reconocimiento explícito del resultado del balotaje brasileño (lo que ni siquiera ha hecho el partido del vencido) y, sobre todo, la crucial asistencia al candidato derrotado Flávio Bolsonaro para que lograra su huida (no su fuga) a los Estados Unidos asoma como un llamado de atención para el futuro inmediato argentino. Un panorama que empieza a activar a la dirigencia opositora y a preocupar a aliados, integrantes de la sociedad civil y hasta algunos sectores del empresariado.
El inminente comienzo del proceso electoral nacional asoma así marcado por trazos sombríos, agravado por la escalada de intolerancia hacia los críticos y contradictores en la que se ha zambullido Milei con más más virulencia y menos frenos inhibitorios que nunca. Lo que es mucho decir. La hoguera fue encendida y despierta prevenciones, incluso entre los propios, como lo explicitó la jefa del bloque libertario de senadores, Patricia Bullrich.
Hace dos semanas, durante la cena de recaudación de fondos para becas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), un respetado y agudo académico sorprendió a sus interlocutores con una pregunta, en apariencia meramente hipotética, que parecía fuera de contexto, pero que no ha dejado de cobrar sentido, desde entonces.
“¿Aceptará Milei un resultado electoral adverso?”, preguntó el reconocido profesor para sorpresa de quienes compartían la mesa, entre los que había otros catedráticos, empresarios y periodistas.
El enrolamiento sin límites de Milei y su gobierno con mandatarios y políticos, como Donald Trump y la familia Bolsonaro, que acumulan tristes y graves antecedentes en materia de admisión de derrotas, ratificados en estos días con sus polémicas y coincidentes acciones y declaraciones, parece otorgarle significación a la duda del catedrático.
Aunque si quisiera el oficialismo, podría empezar a despejar esa incertidumbre con una urgente reafirmación de compromiso democrático e imprimiéndole la mayor transparencia y búsqueda de consensos amplios en el proceso de reforma electoral en curso. Para empezar.
Conspiranoia
Sin embargo, la sucesión de acciones y declaraciones de Milei y sus principales colaboradores, solo en las últimas semanas, no ayuda a despejar interrogantes. Ahí aparecen la manipulación de hechos, construcciones narrativas victimizantes y denuncias de supuestas conspiraciones.
A eso se suma el trámite de la pendiente reforma de la ley y del calendario electoral envuelta en una opaca discusión transaccional con gobernadores y legisladores amigables o aliados. Nadie sabe, a menos de un año para las elecciones, cómo y con qué reglas de juego se disputarán.
Para completar el cuadro llegó la flamante participación de colaboradores presidenciales y agentes del Estado en operaciones rayanas con la ilegalidad en un proceso político-electoral en otro país, en coordinación o bajo órdenes de agentes de otra potencia extranjera, como es el caso del funcionario trumpista Jason Miller, según revelaron los diarios estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times.
En ese plano descuella la actuación directa y personal del asesor presidencial Santiago Caputo en el operativo de huida de Bolsonaro de su país, luego de que el (muy polémico) juez de la Corte Alexandre de Moraes se lo prohibiera apenas terminada la elección en la que fue derrotado. Y vale aclar el matiz semántico: el candidato derrotado no se fugó de ningún cautiverio, sino que huyó ante la amenaza de una detención que no tenía posibilidades de concretarse al menos hasta dentro de tres meses, cuando perderá la inmunidad de arresto que le concede su condición de senador. Detalles no tan menores.
Las consecuencias del cinematográfico operativo liderado por Caputo, con actuaciones que difícilmente estén destinadas a llevarse algún Óscar, todavía están por verse en varios planos. Para el asesor no habrá ningún riesgo de haber incumplido deberes de funcionarios, ya que por causas como estas y muchas otras se le ha permitido no serlo.
Habrá que determinar, entonces, si, al margen de otros hechos legal y éticamente reprochables (acá y en el exterior) no hay derivaciones judiciales por el uso de recursos públicos por parte de meros prestadores de servicios del Estado y en operaciones no relacionadas con el destino administrativamente asignado. En la Casa Rosada reconocen que el Presidente habilitó las acciones requeridas por los agentes trumpistas, ejecutadas por Caputo junior. De tal manera, las responsabilidades competen a lo más alto del poder.
Por eso, el gurú mileísta se permitió jactarse públicamente de su operación de desinformación tanto como gozó de la concreción y participación en el operativo encubierto de traslado del derrotado candidato brasileño, como si se tratara de un perseguido político por parte de una dictadura. Pocas acciones parece haber disfrutado más en su no tan extensa carrera de estratega político. Más que entendible, dada su juvenil vocación de espía, así como la atracción que suele ejercer en esos caracteres el contraespionaje, la especialidad más creativa (o fantasiosa) de la inteligencia.
Soberanía y negocios
De todas maneras, la oposición ha encontrado en este caso un resquicio para cuestionar al Gobierno y ya se han presentado proyectos para requerir explicaciones del canciller Pablo Quirno, cada vez más cómodo en la provocación verbal y la intolerancia contra quienes difunden informaciones críticas de su gestión. Se vio con la prohibición de acceso a la periodista de Clarín Natasha Niebieskikwiat a la conferencia de prensa que dio junto con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau.
El motivo era que el funcionario trumpista derribaría, como efectivamente lo hizo, la airada desmentida de Quirno a la publicación de ese medio, que anticipó que la administración estadounidense reclamaba cambios en la llamada ley Malvinas, en defensa de empresas de ese país que podían ser alcanzadas por las sanciones previstas en ese proyecto, nacido de la usina del gurú Caputo.
La realidad se ocupó de confirmar todo lo negado, el proyecto fue sensiblemente atenuado en ese sentido, así como luego se supo que el yerno de Trump, Jared Kushner, tiene participación en la empresa petrolera israelí Navitas, que opera la concesión ortorgada por el gobierno británico en el área de Malvinas. Negocios son negocios. Aunque la soberanía sea la nueva bandera mileísta.
Por otra parte, la oposición busca interpelar por el operativo Bolsonaro al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que se vio obligado a hacer declaraciones y aclaraciones alejadas de su habitual radio de acción, que es la política interna, en defensa de la legalidad de la admisión del ingreso de Flávio Bolsonaro y su familia al país para abordar el avión de la empresa Baires Fly, muy requerida por el poder real, que lo llevaría a los Estados Unidos y en cuya contratación también intervino directa o indirectamente el círculo caputista.
En este escenario convulso, el Presidente ha insistido últimamente con un relato persecutorio, en el que insiste con la existencia de fuerzas oscuras internas y externas coaligadas para provocar su fracaso, apalancadas con la afirmación de que desde que asumió ha sido víctima de siete intentos de golpes de Estado, en referencia a otros tantos pedidos de juicio que carecieron de cualquier viabilidad y, por lo tanto, murieron antes de dar siquiera los pasos más elementales.
Por otro lado, desde el oficialismo empezó a instalarse la alarma por eventuales maniobras fraudulentas para perjudicar las chances de reelección presidencial el año próximo, una estrategia ya utilizada por el entonces candidato libertario en 2023, en las mismas elecciones que casi sin estructura política propia terminó ganando ampliamente. Sería una curiosa demostración de ineficiencia que ahora, con la administración del Estado en sus manos y con el control de los organismos de seguridad e inteligencia, no pudiera evitar maniobras de este estilo y asegurar un proceso impoluto.
Las prevenciones en este plano resaltan ante el aval del oficialismo a las denuncias de fraude del bolsonarismo, lo que hace juego con la nueva oleada trumpista de alertas sobre posible irregularidades en su contra en las cruciales elecciones estadounidenses de medio término del partes próximo. Al igual que el cuestionamiento por parte del premier israelí Benjamin Netanyahu al resultado electoral que acaba de serle adverso y lo pone al borde de la pérdida del poder. Si no es una estrategia coordinada de la internacional de la nueva derecha para negar fracasos, se le parece mucho.
El riesgo para la salud democrática de esa deriva parece demasiado elevado, así como problemático para los intereses nacionales de la Argentina. La estrategia de desconocimiento del resultado electoral de Brasil por parte del clan Bolsonaro, con el apoyo efectivo de Trump y la adhesión y colaboración del mileísmo, abre interrogantes sobra la estabilidad institucional y amenaza la gobernabilidad brasileña.
A nadie escapa que eso tendría inevitables consecuencias económicas locales y fuertes efectos negativos para la Argentina, dada la crucial interrelación comercial con ese país. El viejo axioma que dice que “si se Brasil estornuda, la Argentina se resfría” no ha perdido vigencia.
“A los argentinos nos conviene que a los brasileños les vaya bien; un vecino grande, en crisis, dificulta las exportaciones e inunda nuestro mercado local con sus productos a precio vil. (…) Muchas decisiones que adoptan los argentinos dependen de lo que ocurra allá”, escribió en Juan Carlos de Pablo, el economista más amigo del Presidente.
Antes también había afirmado que nada modificará la mala relación existente entre Milei y el triunfante Luiz Inácio Lula da Silva, profundizada en las últimas horas.
En ese sentido, sobresale la ironía y sutileza con que el presidente brasileño agradeció la felicitación de Mauricio Macri y añoró viejos tiempos en los que las diferencias “se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”. Dos adjetivos muy cuidadosa e hirientemente elegidos para aludir al actual no vínculo con Milei.
Ese mensaje, además, subraya una nueva diferenciación de los aliados del oficialismo respecto de la deriva mileísta.
Son demasiados motivos para activar la irascibilidad del Presidente. Cada vez más enojado con una realidad que se empeña en no acompañar siempre sus deseos y llevarlo a una escalada de intolerancia y negación de la realidad cuando le es adversa. Acá o en el exterior.
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POLITICA
El Senado aprobó la amortización anticipada en Ganancias para inversiones desde los USD 12 millones

El Senado aprobó esta tarde la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) que activa beneficios fiscales -amortización en Ganancias, por caso- para planes desde los USD 12 millones y será girado en las próximas horas a Diputados, que definirá una eventual sanción. El proyecto, empujado desde el inicio de su trámite por el jefe de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes), recibió 60 adhesiones en la votación en general y sólo dos rechazos -que impidieron la unanimidad-, que fueron los santacruceños Elena Gadano y José María Carambia.
Las áreas que alcanzaría el texto en cuestión apuntan a “la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las Ganancias, así como a la realización de obras” en “actividades industriales”, o las “relacionadas con sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario”.
También se incorporan los “bienes semovientes incluyendo a las terneras retenidas para reposición y las vinculadas con buques, embarcaciones pesqueras nuevas y/o en equipos nuevos destinados directamente a la captura, conservación, procesamiento y almacenamiento de productos pesqueros y en bienes, maquinarias y equipos nuevos destinados directamente a la transformación e industrialización de la madera y al aprovechamiento productivo de residuos y subproductos forestales”. Quedan “expresamente excluidos del presente régimen” lo relacionado con “activos financieros, de portfolio y bienes de cambio”.
Para que avance el articulado fue necesaria la incorporación sugerida por el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires); el líder del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling (Misiones); y el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), en referencia a un plan de desarrollo que “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores nacionales respecto de bienes transables” equivalente, “como mínimo, al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores de bienes transables”, siempre “y cuando la oferta de proveedores nacionales se encuentre disponible y en condiciones de mercado”.

“Cuando haya circunstancias objetivas que lo justifiquen, la autoridad de aplicación podrá darle intervención a la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) a fin de que se expida acerca de si el precio de los bienes importados, excluidos del cómputo del Plan de Desarrollo de Proveedores Nacionales bajo el argumento de que la oferta local de los mismos no era competitiva, refleja condiciones de mercado”, se enfatiza en el proyecto.
Vischi fue el miembro informante y direccionó la lupa hacia la “estabilidad fiscal y legal”, junto a la propuesta de “adhesión de las jurisdicciones locales” para que no tengan “la posibilidad de crear nuevos impuestos, como Sellos o regalías”. Y agregó. “Esto no es un privilegio tributario, sino una herramienta para movilizar el capital productivo a través de proveedores”. En la misma línea fue la mendocina Mariana Juri (Mendoza), otra de las que se colgó la ley al hombro.
“El gran debate que tenemos hoy en el país es cuál es la dimensión del Estado, para qué cumple funciones y qué financiamiento debe tener”, manifestó Vischi, y advirtió sobre épocas con “impuestos mayores” para fondear administraciones públicas que se convierten en “préstamos al fisco para sostener un Estado que, a veces, ha demostrado ser insuficiente”.
Desde el kirchnerismo, Jorge Capitanich (Chaco) adelantó al apoyo en general, aunque realizó varias observaciones en lo particular. Habló de otros sistemas y una realidad “inconexa”, más “regímenes con asimetrías con impacto sin contemplar el cupo fiscal dentro de los presupuestos”. Criticó los saldos técnicos que empresas no cobran y ejecuciones tributarias en simultáneo.

El cierre quedó en manos de la líder libertaria, Patricia Bullrich (Capital Federal). Primero, resaltó que “ordenar economía y generar estabilidad fue fundamental” y que, ahora, “tenemos que dar un paso: convertir ese orden en inversión, producción y salarios”.
Bullrich luego dijo que “el que arriesga su capital tiene que encontrar quién lo acompañe”, y que “cada nueva máquina o planta que se amplía abre oportunidades al trabajo argentino”. La porteña no olvidó mencionar la importancia de la competitividad en relación con los países vecinos y observó impuestos en la Buenos Aires de Axel Kicillof. Tras la definición en general, el kirchnerismo se opuso -sin éxito- a varios artículos durante la votación en particular.
Invitación al Papa
El pleno votó un proyecto de resolución para encomendar “a la Presidencia de este Honorable Senado que, en caso de ser aceptada la invitación” al Papa León XIV, se “acuerde con la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y con el Poder Ejecutivo nacional la convocatoria de la Asamblea Legislativa o la modalidad de recepción que corresponda”. Difícil por la voluminosa agenda ya fijada para el máximo responsable de la iglesia católica.
Por ese motivo, el texto también impone la solicitud hacia “el Poder Ejecutivo nacional” para “que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, arbitre los medios necesarios para asegurar la participación institucional de este Honorable Senado, encabezado por su Presidente, en el encuentro de Su Santidad con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático previsto en el Palacio Libertad”. Es decir, con Victoria Villarruel, quien lideró la sesión de hoy, en dicho evento.

Informe
El pleno también confirmó que para la última semana de noviembre -al filo de la finalización del período ordinario de sesiones- asistirá a dar cuenta del estado de la gestión el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien era reclamado por la oposición. Se estima que lo haría el miércoles 25, para dejar el jueves 26 ante una potencial reunión para tratar proyectos de ley.
Jura y homenajes
Al comienzo de la sesión asumió Claudia López en reemplazo del ex senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja), quien murió hace un mes y sobre el cual se realizó un homenaje desde varias bancadas. En tanto, el kirchnerismo hizo algo similar con el ex titular del gremio APL, Norberto Di Próspero, cuyo deceso ocurrió días atrás. En tanto, el cristinismo sumó un recordatorio por un nuevo aniversario de la partida del ex presidente Néstor Kirchner.
mario mosca / comunicación institucional senado.-
POLITICA
La principal agrupación empresaria rechazó las agresiones a periodistas y pidió un debate con “respeto democrático”

La Asociación Empresarial Argentina (AEA) emitió un comunicado en el que rechazó las “descalificaciones personales” contra periodistas, cuatro días después de las expresiones del presidente Javier Milei donde cuestionó la cobertura del caso $LIBRA y lanzó su frase sobre “quemar en la hoguera”.
“La libertad de prensa y el respeto institucional Pilares fundamentales de la República” es el título del comunicado
AEA manifestó que “el libre accionar de los medios de prensa constituyen condiciones indispensables para la legitimidad democrática y el desarrollo económico y social del país”. Incluso, dedicó una parte para sentar postura contra las agresiones: “Las descalificaciones personales erosionan la convivencia social y desestimulan el ambiente de confianza necesario para el progreso de la Nación”.
“El periodismo garantiza el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados con pluralidad y diversidad, y representa un reaseguro imprescindible para la transparencia y control”, agregó la entidad.
Finalmente, AEA subrayó que “el respeto a la ley y la preservación de un clima de concordia y consideración mutua son requisitos indispensables para la institucionalidad y el desarrollo económico”.
“AEA hace un llamado a mantener el debate público en un marco de respeto democrático, diálogo maduro y consideración por la tarea periodística, reafirmando que solo con instituciones fuertes y un periodismo libre será posible construir una Argentina con desarrollo sostenido y bienestar para todos sus ciudadanos”, concluyó.
El viernes pasado y a propósito del sobreseimiento en el caso $LIBRA, Milei sostuvo que la causa fue “utilizada políticamente por sectores de la oposición” y por “el grupo y sus secuaces para extorsionar al Gobierno y evadir impuestos”. A continuación enumeró a algunos de los periodistas que cubrieron el caso (Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio) y los trató de “ensobrados y corruptos”. En tono desafiante, agregó: “Que me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron”.
Segundos después, alzando la voz, advirtió: “¡Los vamos a combatir con mayor audacia! ¡Vamos a sacar a la Argentina de este pozo y eso implica ir contra todo el status quo y lo voy a hacer! Pero que sepan muy bien que los hijos de puta en la Argentina no van a tener piedad. Porque, como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos; y acá a los buenos les tiene que ir bien; los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.
La entidad empresaria está compuesta por las principales compañías del país. Los socios de AEA son: Alejandro Lastra (AEA); Luis A. Pagani (Grupo Arcor); Paolo Rocca (Organización Techint); Héctor Magnetto (Grupo Clarín); Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó); Alfredo Coto (Supermercados Coto); Federico Braun (La Anónima); Luis Perez Companc (Grupo Perez Companc); Alberto L. Grimoldi (Grimoldi); Alberto R. Hojman (BGH); Eduardo Elsztain (IRSA); Julio César Saguier (); Marcos Galperin (Mercado Libre); Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy Group); María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud); Martín Migoya (Globant); Mariano Bosch (Adecoagro); Claudia Álvarez Argüelles (Álvarez Argüelles Hoteles); Alejandro Butti (Santander Río); Cristiano Rattazzi (Gruppo Modena); Miguel A. Acevedo (Aceitera General Deheza); Pierpaolo Barbieri (Ualá); Martín Brandi (PCR – Petroquímica Comodoro Rivadavia); Martín Castelli (Blue Star Group); Eduardo Costantini (Consultatio); Enrique Duhau (AE Duhau S.A.); Julio Figueroa (Citi); Ignacio Lartirigoyen (Lartirigoyen); Roberto Nobile (Telecom); Pablo Roemmers (Roemmers); Aldo Roggio (Grupo Roggio); Patricio Supervielle (Supervielle); Miguel Urus (PwC); Sofía Vago (Accenture).
Otra agrupación empresaria, IDEA, también había emitido un comunicado sobre las expresiones presidenciales: “Quienes fueron elegidos para gobernar deben actuar con responsabilidad y contribuir a un debate público respetuoso. Los agravios a periodistas en el ejercicio de su función contradicen ese deber”, señalaron.
A la vez, la entidad periodística ADEPA rechazó la reacción del presidente ante el sobreseimiento dictado en la causa $LIBRA. En un tuit habló de una “escalada” de este tipo de agravios. “La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio en una sociedad democrática que tolera el disenso y la crítica”, agregó.
La Academia Nacional de Periodismo publicó un documento en el que dio cuenta de las repetidas veces en las que Milei insulta a periodistas, “además de las recientes amenazas de muerte”. El texto remarca que la “violencia institucional afecta a la democracia”.
Uno de los integrantes de la Academia Nacional de Periodismo, José Ignacio López, consideró: “Vaya mi solidaridad con los agraviados que también la integran y con todos los periodistas permanentemente insultados por ejercer con honestidad e independencia la libertad de expresión amparada por la Constitución Nacional”.
Las declaraciones del Presidente también desataron fuertes críticas de dirigentes de la oposición.
“ensobrados y corruptos”,Conforme a
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