POLITICA
Café en el ACA, chapa diplomática y un McDonald’s: las misteriosas horas de Santiago Caputo en Misiones durante el operativo Bolsonaro

El plan era rápido y sin testigos. Santiago Caputo, el asesor más influyente del presidente Javier Milei, llegaría a Puerto Iguazú el lunes a la noche. El operativo para sacar del país a la familia Bolsonaro se haría a las 2 de la mañana del martes y, antes del amanecer, todo habría terminado. Pero no salió así.
El operativo se demoró casi un día y Caputo tuvo que quedarse en Misiones, donde lo vieron tomando café, cruzándose con viejos conocidos y, hasta disfrutó de una hamburguesa de McDonald’s de Posadas.
En principio, Caputo llegó a Puerto Iguazú el lunes a la noche. Lo que no está claro es cómo. Ese día, a las 20, despegó del aeropuerto de San Fernando un avión privado de la empresa Sundown Jet SA, matrícula LV-JZQ, que aterrizó en el aeropuerto internacional de Iguazú a las 21.25.
Algunas fuentes dicen que el asesor viajaba en ese vuelo. Otras dicen que llegó en un vuelo regular de Aerolíneas Argentinas. El martes, el LV-JZQ despegó de Iguazú a las 10.58 y aterrizó en San Fernando a las 12.33. Todo indica que volvió sin Caputo.
Pero hay una tercera versión. En Posadas se habla de que en la noche del lunes hubo otro misterioso vuelo. Se trata de un avión privado que aterrizó en Encarnación, en el flamante Agua Vista Airport, una lujosa estación ejecutiva que se inauguró hace poco tiempo. En esas instalaciones lo habrían esperado las camionetas del Ente Binacional Yacyretá (EBY).
El asesor se alojó en el hotel Meliá de Puerto Iguazú, a pocos metros de las Cataratas. Había tres habitaciones reservadas a nombre de Orlando Ignacio “Nacho” Palacios, asesor de la Secretaría General de la EBY. No se sabe quiénes ocuparon las otras dos habitaciones. El nombre de Palacios volvería a aparecer horas después, en un acta policial.
Esa noche llegó a Puerto Iguazú un avión Gulfstream G400 matrícula LV-JQW que había salido de Buenos Aires con una misión: trasladar a una “familia brasileña” desde ese lugar hasta un aeropuerto de la Florida, en los Estados Unidos. Iba a partir unas pocas horas después, en la madrugada del miércoles.
Como el operativo de la madrugada nunca se concretó, el martes Caputo tuvo tiempo libre en Iguazú. Lo vieron en el café del ACA de la ciudad. No solo se bajó de la camioneta: también saludó y charló un rato con un exfuncionario de Yacyretá que trabajó en la entidad durante el gobierno de Alberto Fernández.
Esa misma tarde, una de las camionetas de Yacyretá que usó Caputo fue vista en Bernardo de Irigoyen, en el límite con Brasil. No se sabe si el asesor iba a bordo ni qué fue a buscar la camioneta. Tampoco si tuvo algo que ver con los Bolsonaro o con algún equipaje. Lo cierto es que circuló el martes por una de las zonas más permeables del país.
Frontera seca
Bernardo de Irigoyen es el extremo oriental de la Argentina continental y uno de los pocos lugares de esa zona del país donde el límite no lo marca un río. Entre San Antonio y Pepirí Guazú se extiende la llamada frontera seca, de unos 30 kilómetros, según el Instituto Geográfico Nacional.
En el pueblo, la vereda par es argentina y la impar, brasileña: del otro lado de la avenida ya es Dionísio Cerqueira. Para cambiar de país alcanza con bajar el cordón. Los vecinos hablan portuñol, tienen familia de los dos lados y cruzan sin dejar registro. A pocos kilómetros, del lado brasileño, pasa una ruta que comunica con las principales ciudades del sur de Brasil.
El martes a la noche, Flavio Bolsonaro, el candidato presidencial brasileño que el domingo perdió el balotaje frente a Lula da Silva y que tiene prohibido salir de su país por orden de la Justicia brasileña, junto a su familia, entró a la Argentina por el puente Tancredo Neves, que une Foz do Iguazú con Puerto Iguazú.
Hace un año, recorrió ese puente y comprobó que del lado brasileño no había controles: los únicos están del lado argentino.
Desde el puente hasta el avión no se conoce cómo y en qué circuló el político brasileño en suelo argentino. Pese a que la idea era irse en pocas horas, en la noche del martes, un día después de arribado, Caputo seguía en la zona cuando la familia subió al vuelo de Baires Fly, aunque no está confirmado que haya estado en el aeropuerto.
En ese momento, y por disposición de las autoridades argentinas, la guardia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se había reducido al mínimo. Sin embargo, hubo tiempo para un reclamo a un testigo que sacó una foto del momento. De inmediato, los agentes argentinos del operativo lo increparon para que la borre. Así lo hizo.
Control a las 2.50
Terminado el operativo, Caputo salió de Iguazú hacia Posadas por la ruta nacional 12. Viajaba en una Ford Ranger blanca de Yacyretá con patente diplomática, manejada por Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad de la entidad, que llegó al cargo propuesto por Caputo y que tiene pasado en la DEA de Estados Unidos.
A la Policía le llamó la atención que la camioneta venía en tándem con otra, una Toyota Hiace blanca, conducida por Palacios. Ese vehículo fue comprado hace un tiempo por Ignacio Barrios Arrechea, un exdirector de la empresa durante la gestión de Alberto Fernández que no quería viajar a Buenos Aires en avión. Según trascendió, uno de los ocupantes se presentó como agente de la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. Y aunque no hay documentación que lo confirme, pues habría sido Waisman.
En la ruta, la policía paró al convoy dos veces. El primer control fue a las 2.50 del miércoles, en Capioví. Según el acta, Caputo se bajó e hizo gala de todas las credenciales políticas. Además, les dijo a los policías que se trataba de un operativo de la SIDE. En el segundo control, los dejaron pasar sin problemas. Consultado por , Caputo negó haber sido identificado en el control. Ante más preguntas sobre el operativo, respondió con una sola palabra: “Misterio”.
En esas horas de vorágine, la comitiva paró en uno de los dos McDonald’s de la ciudad. Hubo muchos testigos, y en Posadas, donde se ubica el local de comidas, dicen que en algún celular está la foto de Caputo esa noche.
En Buenos Aires, en las oficinas cercanas a Caputo, circula un memo del gobierno de Misiones. Dice que, en los puntos de la ruta donde los pararon, las camionetas las manejaban Waisman y Palacios. Nada explica sobre si iban solos o no y tampoco menciona a otros pasajeros. Esa omisión no aclara si Caputo iba en alguna de las dos camionetas.
Cómo volvió a Buenos Aires es la última incógnita. Algunos dicen que regresó por tierra, en la camioneta. Otros, que tomó un vuelo de Aerolíneas Argentinas. ¿Acaso es posible volar en Aerolíneas Argentinas con un nombre de fantasía? Preguntas que dejan las horas de vorágine en la frontera misionera.
Mientras tanto, en el Gobierno intentan que se hable lo menos posible del asesor presidencial.
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POLITICA
La principal agrupación empresaria rechazó las agresiones a periodistas y pidió un debate con “respeto democrático”

La Asociación Empresarial Argentina (AEA) emitió un comunicado en el que rechazó las “descalificaciones personales” contra periodistas, cuatro días después de las expresiones del presidente Javier Milei donde cuestionó la cobertura del caso $LIBRA y lanzó su frase sobre “quemar en la hoguera”.
“La libertad de prensa y el respeto institucional Pilares fundamentales de la República” es el título del comunicado
AEA manifestó que “el libre accionar de los medios de prensa constituyen condiciones indispensables para la legitimidad democrática y el desarrollo económico y social del país”. Incluso, dedicó una parte para sentar postura contra las agresiones: “Las descalificaciones personales erosionan la convivencia social y desestimulan el ambiente de confianza necesario para el progreso de la Nación”.
“El periodismo garantiza el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados con pluralidad y diversidad, y representa un reaseguro imprescindible para la transparencia y control”, agregó la entidad.
Finalmente, AEA subrayó que “el respeto a la ley y la preservación de un clima de concordia y consideración mutua son requisitos indispensables para la institucionalidad y el desarrollo económico”.
“AEA hace un llamado a mantener el debate público en un marco de respeto democrático, diálogo maduro y consideración por la tarea periodística, reafirmando que solo con instituciones fuertes y un periodismo libre será posible construir una Argentina con desarrollo sostenido y bienestar para todos sus ciudadanos”, concluyó.
El viernes pasado y a propósito del sobreseimiento en el caso $LIBRA, Milei sostuvo que la causa fue “utilizada políticamente por sectores de la oposición” y por “el grupo y sus secuaces para extorsionar al Gobierno y evadir impuestos”. A continuación enumeró a algunos de los periodistas que cubrieron el caso (Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio) y los trató de “ensobrados y corruptos”. En tono desafiante, agregó: “Que me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron”.
Segundos después, alzando la voz, advirtió: “¡Los vamos a combatir con mayor audacia! ¡Vamos a sacar a la Argentina de este pozo y eso implica ir contra todo el status quo y lo voy a hacer! Pero que sepan muy bien que los hijos de puta en la Argentina no van a tener piedad. Porque, como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos; y acá a los buenos les tiene que ir bien; los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.
La entidad empresaria está compuesta por las principales compañías del país. Los socios de AEA son: Alejandro Lastra (AEA); Luis A. Pagani (Grupo Arcor); Paolo Rocca (Organización Techint); Héctor Magnetto (Grupo Clarín); Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó); Alfredo Coto (Supermercados Coto); Federico Braun (La Anónima); Luis Perez Companc (Grupo Perez Companc); Alberto L. Grimoldi (Grimoldi); Alberto R. Hojman (BGH); Eduardo Elsztain (IRSA); Julio César Saguier (); Marcos Galperin (Mercado Libre); Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy Group); María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud); Martín Migoya (Globant); Mariano Bosch (Adecoagro); Claudia Álvarez Argüelles (Álvarez Argüelles Hoteles); Alejandro Butti (Santander Río); Cristiano Rattazzi (Gruppo Modena); Miguel A. Acevedo (Aceitera General Deheza); Pierpaolo Barbieri (Ualá); Martín Brandi (PCR – Petroquímica Comodoro Rivadavia); Martín Castelli (Blue Star Group); Eduardo Costantini (Consultatio); Enrique Duhau (AE Duhau S.A.); Julio Figueroa (Citi); Ignacio Lartirigoyen (Lartirigoyen); Roberto Nobile (Telecom); Pablo Roemmers (Roemmers); Aldo Roggio (Grupo Roggio); Patricio Supervielle (Supervielle); Miguel Urus (PwC); Sofía Vago (Accenture).
Otra agrupación empresaria, IDEA, también había emitido un comunicado sobre las expresiones presidenciales: “Quienes fueron elegidos para gobernar deben actuar con responsabilidad y contribuir a un debate público respetuoso. Los agravios a periodistas en el ejercicio de su función contradicen ese deber”, señalaron.
A la vez, la entidad periodística ADEPA rechazó la reacción del presidente ante el sobreseimiento dictado en la causa $LIBRA. En un tuit habló de una “escalada” de este tipo de agravios. “La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio en una sociedad democrática que tolera el disenso y la crítica”, agregó.
La Academia Nacional de Periodismo publicó un documento en el que dio cuenta de las repetidas veces en las que Milei insulta a periodistas, “además de las recientes amenazas de muerte”. El texto remarca que la “violencia institucional afecta a la democracia”.
Uno de los integrantes de la Academia Nacional de Periodismo, José Ignacio López, consideró: “Vaya mi solidaridad con los agraviados que también la integran y con todos los periodistas permanentemente insultados por ejercer con honestidad e independencia la libertad de expresión amparada por la Constitución Nacional”.
Las declaraciones del Presidente también desataron fuertes críticas de dirigentes de la oposición.
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POLITICA
A días de la visita del papa, el arzobispo de Buenos Aires consideró “desafortunada” la expresión de Milei en contra de la prensa

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, consideró como “desafortunada” la declaración del presidente Javier Milei donde llamó a “quemar en la hoguera” a periodistas, tras ser sobreseído en la causa Libra. Si bien evitó confrontar con el Gobierno, el sacerdote subrayó el mensaje de paz que trae el papa León XIV con su visita a la Argentina.
“Yo el mensaje del Papa lo llevo primero a mi propia persona. ¿Cuáles son las actitudes de paz que tengo que poner yo en mi vocabulario y en mis gestos? Entiendo que todos tenemos que hacer lo mismo», planteó García Cuerva esta mañana tras un evento en la Universidad Católica Argentina (UCA).
Y agregó: “Creo que empezaríamos mal si lo que haríamos es estar pensando que el mensaje del Papa es para otro. El mensaje del Papa primero es para mí y a partir de ahí tenemos que lograr una conversión personal y después una conversión nacional”.
En ese sentido, en diálogo con Radio Mitre y otros medios, el arzobispo de Buenos Aires fue consultado por los recientes dichos del Presidente en la cena de la Fundación Faro, donde apuntó contra periodistas a los que acusó de difundir información falsa sobre la causa Libra.
“Creo que es una expresión es desafortunada, pero no me merece de mi parte darle mayor entidad”, planteó García Cuerva. Y ratificó: “Al contrario, yo creo que tenemos que seguir convocando, tener, como dijo también el Papa, palabras y vocabularios desarmados y desarmantes, que fue la invitación que hizo a todos en el mensaje de Cuaresma de este año”.
La postura del Gobierno antes de la visita del papa: “No viene a hacer política partidaria”
En paralelo, mientras la Iglesia busca bajar el tono de confrontación con el Gobierno en la previa de la llegada del sumo pontífice, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró que “no se espera” un discurso crítico de León XIV contra las políticas sociales del Ejecutivo.
“No se espera eso, porque ya lo dijo la Iglesia en reiteradas oportunidades, que el Papa viene en una misión pastoral, no viene a hacer política partidaria, ni de ningún tipo. Ni en Argentina, ni en ningún otro lugar del mundo”, enfatizó la funcionaria en diálogo con Radio Mitre y otros medios.
En ese sentido, Pettovello consideró que toda lectura política sobre la visita del Papa “va por cuenta de los periodistas o de cualquier otro actor de la sociedad que haga interpretaciones que no son válidas”.
Y concluyó: “Estamos muy esperanzados de que venga. Por suerte finalmente va a venir, nunca se había negado esa posibilidad, así que estamos contentos porque mejoró, porque está bien de salud, y porque lo vamos a recibir con los brazos abiertos, con una visita muy necesaria para toda la región, no solamente para la Argentina”.
Los dichos del Presidente que despertaron críticas internas y la explicación del Gobierno
En un discurso pronunciado el viernes pasado en la Fundación Faro, Milei apuntó contra una serie de periodistas a los que señaló por querer ensuciar su imagen. “Sepan muy bien que los hijos de p…en la Argentina no van a tener piedad. Porque, como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de p…s ser injusto con los buenos. Y acá a los buenos les tiene que ir bien. Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de p…”, sentenció.
El tono del discurso generó diferenciaciones dentro del Gobierno representadas por Patricia Bullrich, quien consideró que enfrentar a la prensa de esa manera era “cruzar un límite”.
POLITICA
La Corte se declaró competente para analizar la demanda bonaerense por subsidios al transporte

La Corte Suprema de la Nación admitió la demanda de la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País y le otorgó a la administración nacional 60 días para responder. El planteo busca que se declare inconstitucional la supresión de un mecanismo creado por ley para financiar el transporte urbano y suburbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Esta causa se convirtió en el antecedente inmediato de otros reclamos provinciales por el financiamiento del transporte, donde este jueves la Corte Suprema también se declaró competente. Se trata de planteos similares interpuestos por las provincias de La Rioja y La Pampa. Los fallos llevan las firmas de los tres jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La provincia de Buenos Aires sostuvo que no recibió transferencias durante 2024 y reclamó los recursos correspondientes a 2023 y al primer trimestre de ese año, junto con los intereses. A partir de la medida cautelar planteada, la Corte analizará si corresponde ordenar el pago inmediato de esas sumas una vez que la Nación conteste la demanda o venza el plazo fijado.
El conflicto se originó el 8 de febrero de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei comunicó que dejaría sin efecto los aportes. Días después, el artículo 18 del decreto de necesidad y urgencia 280/2024 formalizó la medida.
Frente a este hecho, la Provincia de Buenos Aires inició una acción contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo. También pidió que el Gobierno se abstenga de dictar normas o adoptar medidas que contradigan esa ley.
El fondo eliminado y el reclamo por las tarifas
El Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, conocido como FCI, fue creado por el artículo 125 de la ley 27.467 para sostener subsidios al transporte de pasajeros en las ciudades del interior.

Buenos Aires argumentó que el mecanismo seguía vigente cuando fue eliminado. La ley 27.701 lo había prorrogado durante 2023 y el decreto 88/23 extendió su vigencia para 2024.
La continuidad también estaba contemplada en la resolución 86/23 del Ministerio de Transporte, que fijó la distribución de recursos para los primeros cuatro meses de 2023. La provincia señaló, además, que había suscripto convenios con la Nación que confirmaban la persistencia del beneficio.
La demanda fue presentada por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Rodolfo Gómez, y Jorge Mario Bru. Los representantes provinciales cuestionaron que el Poder Ejecutivo Nacional derogara el fondo a través de un decreto de necesidad y urgencia.
La provincia denunció una afectación del principio de legalidad, de la división de poderes y de la lealtad federal, entendida como el deber de cooperación y coordinación entre la Nación y las provincias. La quita del FCI impactó sobre los usuarios del transporte urbano y suburbano de los municipios que recibían compensaciones. Según el planteo bonaerense, la supresión derivó en aumentos de tarifas.
La procuradora fiscal había emitido el 14 de mayo de 2024 un dictamen favorable para que la Corte interviniera. El tribunal adoptó ese criterio y ordenó notificar el traslado de la demanda al Ministerio de Economía de la Nación.
La Rioja y La Pampa, bajo el mismo criterio procesal
La Rioja también obtuvo el reconocimiento de la competencia originaria de la Corte en su demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional y la Secretaría de Transporte. Sin embargo, deberá presentar un nuevo escrito inicial en 10 días para que el conflicto continúe por la vía de un juicio ordinario.

La provincia había promovido una medida autosatisfactiva, un mecanismo de urgencia que procura resolver un conflicto de manera inmediata y sin un juicio posterior. El tribunal consideró que el caso requiere más etapas de discusión entre las partes.
La resolución adoptó tres decisiones: asumió la competencia originaria, fijó el plazo para reformular la presentación y ordenó notificar a la Procuración del Tesoro de la Nación.
La Corte no desarrolló fundamentos propios para el caso riojano y remitió a lo resuelto en el expediente de Buenos Aires. Consideró que ambas controversias eran “sustancialmente análogas”, una fórmula que permite aplicar un criterio jurídico definido recientemente sin reiterar toda la argumentación.
La provincia de La Rioja está representada por el fiscal de Estado Segundo Rodríguez, con el patrocinio de las abogadas Vilma Ghiano y Leticia Juárez Manfredini. El Estado Nacional tampoco se había presentado en ese expediente al momento de la decisión.
La demanda de La Pampa seguirá el mismo recorrido procesal que la causa bonaerense. El tribunal asumió la competencia originaria y dispuso que el expediente tramite como juicio ordinario, con plazos y posibilidades de prueba más amplios que los de un amparo.
La provincia está representada por el gobernador Sergio Ziliotto, la fiscal de Estado Romina Schmidt y el procurador de Rentas Araldo Arriola. El patrocinio letrado quedó a cargo de Raúl Reyes, Carlos Caasetta, Gerardo Amadeo y Esteban Conte Grand.
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