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POLITICA

Una peligrosa escalada de intolerancia y negación

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El involucramiento directo del gobierno de Javier Milei en el proceso político-electoral de Brasil no parece destinado a quedar confinado en la dinámica de las tumultuosas y singulares relaciones externas que cultiva su gestión.

Por el contrario, todo lo sucedido y actuado alimenta interrogantes por la posible deriva en la política nacional que eso pudiera tener, como parte de un patrón de acción, de dudoso apego a la institucionalidad y enojo con la realidad, adoptado por el oficialismo.

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La falta de reconocimiento explícito del resultado del balotaje brasileño (lo que ni siquiera ha hecho el partido del vencido) y, sobre todo, la crucial asistencia al candidato derrotado Flávio Bolsonaro para que lograra su huida (no su fuga) a los Estados Unidos asoma como un llamado de atención para el futuro inmediato argentino. Un panorama que empieza a activar a la dirigencia opositora y a preocupar a aliados, integrantes de la sociedad civil y hasta algunos sectores del empresariado.

El inminente comienzo del proceso electoral nacional asoma así marcado por trazos sombríos, agravado por la escalada de intolerancia hacia los críticos y contradictores en la que se ha zambullido Milei con más más virulencia y menos frenos inhibitorios que nunca. Lo que es mucho decir. La hoguera fue encendida y despierta prevenciones, incluso entre los propios, como lo explicitó la jefa del bloque libertario de senadores, Patricia Bullrich.

Hace dos semanas, durante la cena de recaudación de fondos para becas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), un respetado y agudo académico sorprendió a sus interlocutores con una pregunta, en apariencia meramente hipotética, que parecía fuera de contexto, pero que no ha dejado de cobrar sentido, desde entonces.

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“¿Aceptará Milei un resultado electoral adverso?”, preguntó el reconocido profesor para sorpresa de quienes compartían la mesa, entre los que había otros catedráticos, empresarios y periodistas.

El enrolamiento sin límites de Milei y su gobierno con mandatarios y políticos, como Donald Trump y la familia Bolsonaro, que acumulan tristes y graves antecedentes en materia de admisión de derrotas, ratificados en estos días con sus polémicas y coincidentes acciones y declaraciones, parece otorgarle significación a la duda del catedrático.

Aunque si quisiera el oficialismo, podría empezar a despejar esa incertidumbre con una urgente reafirmación de compromiso democrático e imprimiéndole la mayor transparencia y búsqueda de consensos amplios en el proceso de reforma electoral en curso. Para empezar.

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Conspiranoia

Sin embargo, la sucesión de acciones y declaraciones de Milei y sus principales colaboradores, solo en las últimas semanas, no ayuda a despejar interrogantes. Ahí aparecen la manipulación de hechos, construcciones narrativas victimizantes y denuncias de supuestas conspiraciones.

A eso se suma el trámite de la pendiente reforma de la ley y del calendario electoral envuelta en una opaca discusión transaccional con gobernadores y legisladores amigables o aliados. Nadie sabe, a menos de un año para las elecciones, cómo y con qué reglas de juego se disputarán.

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Para completar el cuadro llegó la flamante participación de colaboradores presidenciales y agentes del Estado en operaciones rayanas con la ilegalidad en un proceso político-electoral en otro país, en coordinación o bajo órdenes de agentes de otra potencia extranjera, como es el caso del funcionario trumpista Jason Miller, según revelaron los diarios estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times.

En ese plano descuella la actuación directa y personal del asesor presidencial Santiago Caputo en el operativo de huida de Bolsonaro de su país, luego de que el (muy polémico) juez de la Corte Alexandre de Moraes se lo prohibiera apenas terminada la elección en la que fue derrotado. Y vale aclar el matiz semántico: el candidato derrotado no se fugó de ningún cautiverio, sino que huyó ante la amenaza de una detención que no tenía posibilidades de concretarse al menos hasta dentro de tres meses, cuando perderá la inmunidad de arresto que le concede su condición de senador. Detalles no tan menores.

Las consecuencias del cinematográfico operativo liderado por Caputo, con actuaciones que difícilmente estén destinadas a llevarse algún Óscar, todavía están por verse en varios planos. Para el asesor no habrá ningún riesgo de haber incumplido deberes de funcionarios, ya que por causas como estas y muchas otras se le ha permitido no serlo.

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Habrá que determinar, entonces, si, al margen de otros hechos legal y éticamente reprochables (acá y en el exterior) no hay derivaciones judiciales por el uso de recursos públicos por parte de meros prestadores de servicios del Estado y en operaciones no relacionadas con el destino administrativamente asignado. En la Casa Rosada reconocen que el Presidente habilitó las acciones requeridas por los agentes trumpistas, ejecutadas por Caputo junior. De tal manera, las responsabilidades competen a lo más alto del poder.

Por eso, el gurú mileísta se permitió jactarse públicamente de su operación de desinformación tanto como gozó de la concreción y participación en el operativo encubierto de traslado del derrotado candidato brasileño, como si se tratara de un perseguido político por parte de una dictadura. Pocas acciones parece haber disfrutado más en su no tan extensa carrera de estratega político. Más que entendible, dada su juvenil vocación de espía, así como la atracción que suele ejercer en esos caracteres el contraespionaje, la especialidad más creativa (o fantasiosa) de la inteligencia.

Soberanía y negocios

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De todas maneras, la oposición ha encontrado en este caso un resquicio para cuestionar al Gobierno y ya se han presentado proyectos para requerir explicaciones del canciller Pablo Quirno, cada vez más cómodo en la provocación verbal y la intolerancia contra quienes difunden informaciones críticas de su gestión. Se vio con la prohibición de acceso a la periodista de Clarín Natasha Niebieskikwiat a la conferencia de prensa que dio junto con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau.

El motivo era que el funcionario trumpista derribaría, como efectivamente lo hizo, la airada desmentida de Quirno a la publicación de ese medio, que anticipó que la administración estadounidense reclamaba cambios en la llamada ley Malvinas, en defensa de empresas de ese país que podían ser alcanzadas por las sanciones previstas en ese proyecto, nacido de la usina del gurú Caputo.

La realidad se ocupó de confirmar todo lo negado, el proyecto fue sensiblemente atenuado en ese sentido, así como luego se supo que el yerno de Trump, Jared Kushner, tiene participación en la empresa petrolera israelí Navitas, que opera la concesión ortorgada por el gobierno británico en el área de Malvinas. Negocios son negocios. Aunque la soberanía sea la nueva bandera mileísta.

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Por otra parte, la oposición busca interpelar por el operativo Bolsonaro al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que se vio obligado a hacer declaraciones y aclaraciones alejadas de su habitual radio de acción, que es la política interna, en defensa de la legalidad de la admisión del ingreso de Flávio Bolsonaro y su familia al país para abordar el avión de la empresa Baires Fly, muy requerida por el poder real, que lo llevaría a los Estados Unidos y en cuya contratación también intervino directa o indirectamente el círculo caputista.

En este escenario convulso, el Presidente ha insistido últimamente con un relato persecutorio, en el que insiste con la existencia de fuerzas oscuras internas y externas coaligadas para provocar su fracaso, apalancadas con la afirmación de que desde que asumió ha sido víctima de siete intentos de golpes de Estado, en referencia a otros tantos pedidos de juicio que carecieron de cualquier viabilidad y, por lo tanto, murieron antes de dar siquiera los pasos más elementales.

Por otro lado, desde el oficialismo empezó a instalarse la alarma por eventuales maniobras fraudulentas para perjudicar las chances de reelección presidencial el año próximo, una estrategia ya utilizada por el entonces candidato libertario en 2023, en las mismas elecciones que casi sin estructura política propia terminó ganando ampliamente. Sería una curiosa demostración de ineficiencia que ahora, con la administración del Estado en sus manos y con el control de los organismos de seguridad e inteligencia, no pudiera evitar maniobras de este estilo y asegurar un proceso impoluto.

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Las prevenciones en este plano resaltan ante el aval del oficialismo a las denuncias de fraude del bolsonarismo, lo que hace juego con la nueva oleada trumpista de alertas sobre posible irregularidades en su contra en las cruciales elecciones estadounidenses de medio término del partes próximo. Al igual que el cuestionamiento por parte del premier israelí Benjamin Netanyahu al resultado electoral que acaba de serle adverso y lo pone al borde de la pérdida del poder. Si no es una estrategia coordinada de la internacional de la nueva derecha para negar fracasos, se le parece mucho.

El riesgo para la salud democrática de esa deriva parece demasiado elevado, así como problemático para los intereses nacionales de la Argentina. La estrategia de desconocimiento del resultado electoral de Brasil por parte del clan Bolsonaro, con el apoyo efectivo de Trump y la adhesión y colaboración del mileísmo, abre interrogantes sobra la estabilidad institucional y amenaza la gobernabilidad brasileña.

A nadie escapa que eso tendría inevitables consecuencias económicas locales y fuertes efectos negativos para la Argentina, dada la crucial interrelación comercial con ese país. El viejo axioma que dice que “si se Brasil estornuda, la Argentina se resfría” no ha perdido vigencia.

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“A los argentinos nos conviene que a los brasileños les vaya bien; un vecino grande, en crisis, dificulta las exportaciones e inunda nuestro mercado local con sus productos a precio vil. (…) Muchas decisiones que adoptan los argentinos dependen de lo que ocurra allá”, escribió en Juan Carlos de Pablo, el economista más amigo del Presidente.

Antes también había afirmado que nada modificará la mala relación existente entre Milei y el triunfante Luiz Inácio Lula da Silva, profundizada en las últimas horas.

En ese sentido, sobresale la ironía y sutileza con que el presidente brasileño agradeció la felicitación de Mauricio Macri y añoró viejos tiempos en los que las diferencias “se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”. Dos adjetivos muy cuidadosa e hirientemente elegidos para aludir al actual no vínculo con Milei.

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Ese mensaje, además, subraya una nueva diferenciación de los aliados del oficialismo respecto de la deriva mileísta.

Son demasiados motivos para activar la irascibilidad del Presidente. Cada vez más enojado con una realidad que se empeña en no acompañar siempre sus deseos y llevarlo a una escalada de intolerancia y negación de la realidad cuando le es adversa. Acá o en el exterior.



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Pese a que la ONU descartó una resolución inmediata, en el PJ esperan que trate las cautelares sobre la candidatura de Cristina y sus condiciones de detención

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El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) descartó una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena de la expresidenta, Cristina Kirchner, y sostuvo que la decisión sobre el caso “no es inminente”.

“Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años”, se pudo leer en el documento que compartió el organismo, según consignó la agencia de noticias EFE.

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La declaración de la ONU no amilanó al entorno de la expresidenta. “No comunicó nada formalmente. Respondió a una requisitoria periodística de la agencia EFE. Lo que dice la ONU en esa respuesta periodística es que la cuestión de fondo va a llevar muchos años. Sabemos que la cuestión de fondo, que [Cristina] está mal juzgada, va a durar mucho tiempo”, indicaron cerca de la expresidenta.

De todos modos, sumaron: “Ahora bien, las cautelares, sobre todo la vinculada a la recuperación de sus derechos políticos y a morigerar sus condiciones de detención, pueden salir en cualquier momento”, afirmó una fuente de trato cercano con la expresidenta y su equipo de abogados.

Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchnermayrasolmendoza

Dentro del Movimiento Derecho al Futuro, espacio interno del gobernador Axel Kicillof, enfrentado con el cristinismo en del PJ, remarcaron que desean una rápida resolución de la ONU contra la condena de la exmandataria.

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“Nosotros queremos que el dictamen, informe o fallo salga cuanto antes, porque Cristina está injustamente presa”, dijo a una fuente del campamento del gobernador bonaerense.

En otros sectores del peronismo, en tanto, advirtieron que la expresidenta quedó “entrampada” por su propia decisión de acudir a la ONU, luego de que el comité de Derechos Humanos anticipara que la resolución de fondo -sobre si está bien o mal condenada- tardará “años” en ser adoptada.

Antecedentes

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En julio, Cristina Kirchner llevó su caso ante la ONU, para intentar que se revise su condena por el caso Vialidad (cumple en prisión domiciliaria una pena de seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos). Sus abogados solicitaron una revisión total del fallo confirmado en la Argentina por la Corte Suprema de Justicia, basados en lo que consideraron un alto nivel de “arbitrariedades”.

Los letrados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego argumentaron que en la condena contra la exvicepresidenta de Alberto Fernández existió manipulación en la asignación de la causa y lazos entre jueces, fiscales y dirigentes opositores, además de una violación de la garantía contra el doble juzgamiento por un mismo hecho y vulneración de la presunción de inocencia.

Los abogados que llevaron la presentación de Cristina a la ONU, Javier Borrego, Alberto Beraldi y Rafael ValimSoledad Aznarez

Los abogados presentaron tres cautelares; una, destinada a que se suspenda la inhabilitación perpetua que pesa contra Cristina; otra, con el pedido de que se modifique su régimen de prisión domiciliaria (entre otras medidas, que se le quite la tobillera electrónica y se eliminen las restricciones para las visitas); la tercera, con el objetivo de que se disponga un restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema.

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El 29 de septiembre, los abogados de la exmandataria introdujeron una adenda del caso ante el Comité de Derechos Humanos para pedir la suspensión de la pena de inhabilitación para ejercer cargos. Denunciaron actos de “intimidación”, en particular por la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de Cristina Kirchner, en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del comité, según indicaron.

En el agregado a la presentación original, los abogados de Cristina añadieron un nuevo elemento probatorio que consideraron “decisivo” para la causa Vialidad. “La condena sostuvo que el Decreto 54/2009 había permitido utilizar recursos del fideicomiso vial Sisvial (Fuente 14) para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez. La defensa había solicitado durante el proceso prueba sobre el destino efectivo de esos recursos, pero su producción fue rechazada por las distintas instancias judiciales”, indicaron los letrados.



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Un fiscal de Misiones pidió desestimar la denuncia contra el Gobierno por el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina

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El fiscal federal de Puerto Iguazú, Aníbal Fabián Martínez, pidió este jueves desestimar la denuncia radicada en Misiones por el presunto ingreso irregular de Flávio Bolsonaro a la Argentina por considerar que no hubo ningún delito.

Según el dictamen al que pudo acceder TN, Martínez consideró que “no existe ingreso ilegal alguno ni ilícito penal imputable, puesto que el causante contaba con plena aptitud legal y documental para ingresar, transitar y egresar del territorio argentino”.

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La determinación del fiscal responde a dos denuncias presentadas este miércoles, una de ellas impulsadas por la diputada nacional Marcela Pagano, que pidieron investigar si existió un ingreso irregular de Bolsonaro “o su entorno”, la evasión de controles y la posible complicidad de una empresa de transporte terrestre y de Baires Fly S.A.

“Desde el Gobierno nacional están apretando a la justicia y a los funcionarios de Misiones para que no salgan a la luz las pruebas (fotos y videos) que involucran a funcionarios del Ejecutivo apoyando la fuga de Bolsonaro. Por eso, como imaginé que esto iba a pasar les aviso algo: la denuncia también la radiqué en los tribunales federales de Brasil”, remarcó Pagano esta tarde en X.

El fiscal general de Puerto Iguazú sostuvo que no hubo delito alguno en el ingreso de Flávio Bolsonaro al país. (Foto: AP – Marta Lavandier)

Entre sus argumentos, la fiscalía se apoyó en dos informes. El primero, de INTERPOL, que indicó que en sus bases “no se registran restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes” contra Bolsonaro, ni constan antecedentes de restricciones previas a nivel internacional.

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El segundo, de la Dirección Nacional de Migraciones, indica que Bolsonaro ingresó desde Brasil el 27 de octubre a las 22.37 por el Puente Internacional Tancredo Neves y salió ese mismo día a las 23.52 desde el Aeropuerto Cataratas del Iguazú, en un vuelo particular hacia Ecuador.

En su dictamen, el fiscal explicó que “no se registran restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes” de Interpol sobre Flávio Bolsonaro. (Victor Moriyama/The New York Times)
En su dictamen, el fiscal explicó que “no se registran restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes” de Interpol sobre Flávio Bolsonaro. (Victor Moriyama/The New York Times)

Con esos datos, Martínez señaló que “ha quedado fehacientemente acreditado que el ciudadano Flávio Nantes Bolsonaro ingresó y egresó del territorio nacional en forma plenamente regular”. También dijo que se comprobó “la inexistencia de vicios o irregularidades en el procedimiento migratorio”, así como en la tarea del personal de los organismos de control.

Con esos argumentos, Martínez rechazó una serie de medidas solicitadas por una de las denuncias, que incluían pedidos de registros peatonales, vehiculares y cámaras del Centro de Frontera; bitácoras, manifiestos de pasajeros y comunicaciones de la PSA y la ANAC sobre la aeronave matrícula LV-JQW y Baires Fly; un oficio a la señal de noticias TN (Artear S.A.) para obtener material audiovisual y coberturas; y registros de la empresa de turismo Dallas Travel.

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A días de la visita del Papa y tras un embargo judicial, el Gobierno dice haber regularizado una deuda con el Cottolengo Don Orione

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Luego de que la justicia federal trabara un embargo de $828 millones sobre las cuentas del Ministerio de Salud de la Nación por una deuda con el Cottolengo Don Orione, desde el Gobierno afirman haber regularizado hoy los pagos a la institución que será visitada por el papa León XIV el próximo 9 de noviembre.

La medida judicial fue dictada por Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Auge. Y buscó subsanar la deuda que la cartera que comanda el ministro Mario Lugones mantiene con el Cottolengo en el período marzo-junio de este año.

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dio cuenta de que, pese a la aprobación el año pasado de la ley de emergencia en discapacidad, el Gobierno mantenía deudas de más de un año con el Cottolengo para la provisión de medicamentos, alimentos y pañales, entre otros elementos.

El ministro Lugones, en el Congreso de CardiologíaMinisterio de Salud de la Nación

Fuentes del oficialismo indicaron que este jueves, a las 15, se aprobó el pago por parte del Ministerio de Salud por los $828 millones que motivaron el embargo judicial.

Según dio cuenta la Agencia DIB tras entrevistar al abogado Pablo Días, el Gobierno en un principio negó la deuda. Aún pese a la inminencia de la visita del Papa. Luego, canceló compromisos por $750 millones, pero el Cottolengo reclamó un nuevo retraso en los pagos en la justicia y logró que el juez Auge le diera la razón.

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Salud comunicó que el 5 de octubre pasado se abrió una mesa de diálogo, junto con la Sedronar y autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, la Pastoral Social y la Obra Don Orione. “En ese encuentro se estableció un canal de diálogo continuo para abordar las demandas de los centros de atención”, indicaron.

El Cottolengo Don Orione de la localidad de ClaypoleRicardo Pristupluk

“Frente al reclamo presentado en diciembre de 2025, el Ministerio abonó $723.239.483″, agregaron, para señalar que en ese encuentro del 5 de octubre se asumió el compromiso de pagar los $828.708.195 correspondientes a prestaciones, medicamentos e insumos del primer semestre de 2026.

La dilación de ese pago motivó la presentación judicial que derivó esta semana en el embargo del juez Auge y, dos días después, el pago que el Gobierno afirma haber realizado hoy, a las 15, en medio de la cuenta regresiva para la visita de León XIV.

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