POLITICA
El Senado aprobó cambios en la ley de salud mental: se modifican criterios de internaciones y equipos médicos

El Senado aprobó esta madrugada y giró a Diputados una nueva la ley de salud mental que dista de la de 2010, en su momento empujada por el kirchnerismo y que, con el correr de los años, generó quejas varias y desesperados reclamos de cambios. La iniciativa, que obtuvo 42 adhesiones y 21 rechazos durante la votación en general, modifica criterios en internaciones involuntarias, adicciones y equipos médicos a cargo de tomar decisiones complejas relacionadas con la temática, entre otros puntos.
La iniciativa le da prioridad a psiquiatras, aunque en las últimas horas se consensuó el aporte de psicólogos en grupos interdisciplinarios, tras presiones desde provincias y algunas universidades. También hubo aportes para reprimir inquietudes por fondos extra.
Como miembro informante, la libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis), primero destacó las exposiciones de “más de 70 representantes de instituciones, asociaciones civiles y del derecho”, y fue rápido hacia la ley vigente. “La internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa y familia”, manifestó.

La puntana dio cifras de los casi 16 años de la norma actual y habló de resultados “insuficientes para asegurar la efectividad de derechos y dotar de herramientas nuevas”, más “avances dispares en distintas jurisdicciones”. Apuntó a un articulado “desactualizado” y cifras alarmantes de hospitalizaciones públicas -suba de 70%- post pandemia. Y finalizó: “Llegar a tiempo es pasar del riesgo inminente al riesgo grave”.
No pensó lo mismo el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), quien defendió y criticó, al mismo tiempo, las pautas actuales de salud mental. Llamó la atención, sobre todo, desde su profesión de médico. Como se esperaba, fue directo a la “falta de recursos”. Y agregó: “No podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir”. Para el -de nuevo- justicialista, “no le dieron la oportunidad a una muy buena ley de poder ser efectiva”.

Otro doctor, el silvestre misionero Carlos Arce, leyó entera su alocución, algo que suele ser mal visto y no está permitido en el recinto, salvo pedido expreso a quien comande en ese momento la sesión. Su colega de bancada, Elizabeth Rojas Decut, hizo lo mismo durante la discusión previa sobre el mercado de carbono. Suelen manejarse en espejo. No fallaron. También se quejaron por las partidas involucradas, aunque libertarios aceptaron la incorporación del “financiamiento federal”.
Después de las protestas de Andrada y Arce, tuvo que ser una contadora la que bajó a tierra ejemplos pedagógicos para pincelar el delicado panorama que enfrentan familias en el interior del país. Fue la radical y ex vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider. “Hoy, el médico en el pueblo no tiene el respaldo legal para proteger a una persona en riesgo”, advirtió. En la misma línea fue la oficialista fueguina Belén Monte de Oca, quien expresó: “Se confundió libertad con abandono”.
“Vamos a promover leyes sin discutir cómo se financia la salud mental”, enfatizó desde el Frente Cívico el ex gobernador de Santiago del Estero y filo K Gerardo Zamora, quien lamentó que no se haya tenido “a la vista” un proyecto presentado tiempo atrás. “Error de enfoque”, añadió. Coincidió, por el cristinismo, la médica y ex mandataria catamarqueña, Lucía Corpacci.
El cierre estuvo a cargo de la líder libertaria, Patricia Bullrich: describió la “contradicción” que se generó entre “dos profesiones que atienden a la salud mental”, con una injusta acusación contra los psiquiatras “como violadores de los derechos humanos sin ningún sentido”.
“Son dos miradas o formas de encarar el problema -en la comparación con psicólogos-, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, indicó, y dejó en claro que “hoy no se puede actuar ante situaciones” que llevan a “muertes” o “violencia familiar”.
“Se dejó un tema sin resolver”, puntualizó la porteña, y subrayó la necesidad de “intervenir a tiempo” para “cuidar a las personas”. Y repitió un número contado semanas atrás por Infobae: 100.000 psicólogos versus casi 4.000 psiquiatras.
Detalles del proyecto
En las internaciones, se reemplaza la exigencia del psiquiatra por médico -aunque con preferencia hacia la mencionada especialidad- o con formación en salud mental, con otro firmante -se apunta a que sea psicólogo-, quien tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta. Como para el último caso también estaba escrita la palabra “preferentemente”, se negoció quitarla para que no haya margen a interpretaciones y debido a que no existe un reemplazo de dicha profesión.

La trifulca por esta cuestión fue una de las tantas entre Nación y provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Mismo caso para las quejas por fondos, por lo que el oficialismo hizo más taxativo el articulado, con el fin de despejar dudas restantes. Y se permitirá la ventana de tele consulta donde haya menor presencia de personal dedicado a la temática.
Por otra parte, se considera un concepto más amplio a la hora de hablar de adicciones -para incluir a la ludopatía, por caso-, se activa una delimitación de familiares en representación de pacientes, se imponen diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y queda prohibida la práctica de manicomios. También hay un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.
En cuanto a familiares, se limita la intervención a padres o hijos y se mantienen los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.
Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una eventual internación en unidades de adultos, la misma queda restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.
En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.
Senado de la Nación Argentina,ley de salud mental,votación legislativa
POLITICA
Reelecciones, PASO bonaerenses y construcción propia: qué dejó la reunión de Kicillof con sus intendentes

Axel Kicillof reunió este jueves a los intendentes que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para plantear un cuadro de situación política del peronismo en vistas a las elecciones del año que viene. Los intendentes pidieron por las reelecciones y el mandatario transmitió lo que viene diciendo públicamente: que está a favor de las mismas y que hay que reunir los acuerdos políticos y legislativos necesarios para que la restitución de las reelecciones indefinidas se vote antes de fin de año. El temario también alcanzó la defensa discursiva de las PASO no solo a nivel nacional, sino también en la esfera provincial. Además sobrevoló la posibilidad latente de que la provincia de Buenos Aires no desdoble la elección del año que viene y se encamine a un proceso de concurrencia. Una definición que sigue atada a lo que suceda con las elecciones Primarias en el orden nacional.
El encuentro se realizó en el Salón Francés de la Gobernación y reunió a más de 40 jefes comunales que integran el MDF, junto a ministros con participación en la mesa política bonaerense, como Carlos Bianco (Gobierno), Cristina Álvarez Rodríguez (Jefa de Asesores), Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad). Una de las expectativas con las que llegaron los intendentes se centraba en la posibilidad de modificar la ley que les impide competir por un nuevo mandato tras completar dos períodos consecutivos.
“Hice más de 500 kilómetros para venir. Vine solamente a esto. Termina y me vuelvo”, expresó antes de ingresar a la reunión un intendente del interior bonaerense que forma parte del espacio político del gobernador. La frase expuso el nivel de interés que generó una discusión que afecta de manera directa las proyecciones electorales de decenas de distritos.

El mensaje que Kicillof transmitió durante el encuentro fue que el asunto deberá resolverse por la vía política. La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense intervenga y declare inconstitucional la normativa vigente había circulado entre dirigentes del oficialismo, pero esa alternativa perdió fuerza ante la postura del tribunal de no involucrarse en una controversia que considera propia de la dirigencia política. Se acordó impulsar el tema desde el PJ bonaerense que preside Kicillof, así como también en el territorio a partir de los PJ locales.
Así, una de las conclusiones básicas fue que el tratamiento deberá pasar por la Legislatura bonaerense. El desafío para el gobernador será construir una mayoría que hoy no tiene garantizada en ninguna de las dos cámaras. Además, se planteó la defensa de las PASO no solo en el orden nacional sino también para definir candidaturas por la sucesión a la gobernación bonaerense.
Reelecciones
La normativa vigente establece que los intendentes solo pueden acceder a una reelección consecutiva. Tras dos mandatos, deben dejar el cargo y no pueden presentarse de manera inmediata para un tercer período. La discusión también abarca a legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.
La iniciativa que promueve el sector de Kicillof busca eliminar esa restricción. El proyecto fue presentado por la senadora provincial Ayelén Durán, integrante del espacio del gobernador, pero aún no avanzó hacia una instancia de tratamiento en el recinto.
La Ley 14.836 fue sancionada en 2016, durante la administración de María Eugenia Vidal, y fijó el límite para los cargos electivos bonaerenses. Su vigencia podría dejar sin posibilidad de competir en 2027 a 81 intendentes. De ese total, 52 pertenecen al peronismo y 28 están alineados con el Movimiento Derecho al Futuro.
Esa distribución explica por qué el reclamo tiene peso dentro del armado del gobernador. Varios de los intendentes que respaldan a Kicillof dependen de una modificación legislativa para sostener sus candidaturas locales en la próxima elección provincial. Pero también afecta a una posible candidatura nacional de Kicillof. De darse, el gobernador se apoyará fuertemente en la tracción que haga la provincia de Buenos Aires en una elección nacional.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había reiterado en la previa del encuentro la posición del Ejecutivo. Sostuvo que el límite no surge de la Constitución de la provincia y cuestionó que una ley impida a los votantes elegir a determinados candidatos.
Bianco planteó que la limitación resulta proscriptiva porque restringe la posibilidad de que los vecinos definan en las urnas si un intendente debe continuar o no al frente de su distrito. El funcionario hizo esas declaraciones durante una jornada sobre justicia electoral realizada en La Plata, de la que participó la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan.
Los intendentes reconocen que la decisión política del gobernador no alcanza para garantizar la aprobación de la reforma. Fuerza Patria tiene quórum propio en el Senado bonaerense, pero Kicillof no dispone de una mayoría automática que responda a su conducción. En Diputados, el escenario es todavía más fragmentado y exige acuerdos con distintos sectores internos y externos al oficialismo.
La reforma dependerá de una negociación con el kirchnerismo, el Frente Renovador que conduce Sergio Massa y bloques de la oposición. La Libertad Avanza y el PRO mantienen posiciones contrarias a restituir las reelecciones indefinidas, mientras que dentro de la Unión Cívica Radical hay matices entre los dirigentes legislativos y los intendentes.
En el kirchnerismo, el planteo es que la conversación no se limite a los mandatos municipales. La línea que transmitió Máximo Kirchner a los negociadores legislativos de ese sector apunta a incorporar otros asuntos de la agenda institucional bonaerense.
Entre ellos aparecen la cobertura de las cuatro vacantes en la Suprema Corte de Justicia provincial, la definición del cronograma electoral de 2027 y el tratamiento de iniciativas propias, como un proyecto de regulación integral de las apuestas online. El jefe del bloque de Fuerza Patria en Diputados, Facundo Tignanelli, es uno de los interlocutores centrales en esas conversaciones.
Un dirigente que participó del encuentro aclaró, sin embargo, que “la guerra no es ni contra Máximo ni contra Cristina; tenemos que cagarnos a palos todos los días con Milei y convencernos de que vamos a ganar, porque vamos a ganar”.

Otra discusión que sobrevoló la charla fue la forma en que se organizarán los próximos comicios. El gobierno bonaerense mantiene su respaldo a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, mientras analiza la posibilidad de elecciones concurrentes: votar el mismo día para cargos nacionales y provinciales, aunque con sistemas distintos. Una idea que se sostiene mientras sigan vigentes las PASO en Nación.
En ese escenario, que está sujeto a modificaciones, la provincia debería combinar la Boleta Única de Papel para las categorías nacionales con el mecanismo que defina para las candidaturas bonaerenses. Kicillof conserva la potestad constitucional de establecer las fechas electorales en el distrito, aunque cualquier definición quedará atravesada por las negociaciones internas del peronismo.
El encuentro con los intendentes excedió el debate sobre las reelecciones. Kicillof repasó los escenarios políticos de corto y mediano plazo y pidió fortalecer la organización territorial del Movimiento Derecho al Futuro, un espacio que reúne a intendentes, ministros, legisladores, sindicatos y dirigentes sociales cercanos a su conducción.
Los jefes comunales llegaron con la necesidad de conocer cuál será la estrategia del gobernador frente a la interna del peronismo y cómo se articulará el vínculo con los sectores de Cristina Kirchner y Massa. En las últimas semanas, el acercamiento entre el kirchnerismo y el Frente Renovador volvió a ganar visibilidad en actos y conversaciones legislativas.
El Movimiento Derecho al Futuro busca sostener una estructura propia dentro del peronismo, con presencia en las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Los intendentes constituyen una pieza central de ese esquema por su capacidad territorial, sus recursos de gestión y su incidencia en la definición de listas.

De hecho, en la reunión se resaltó la construcción del MDF en cada distrito y el crecimiento en todo el país. “Nada de esto ocurrió espontáneamente ni por casualidad, es el resultado del trabajo político que venimos haciendo entre todos” resaltó Kicillof y destacó el rol fundamental de la mesa de intendentes bonaerenses: “son la columna vertebral de este movimiento”, dijo.
Coincidieron en señalar que se tiene por delante una tarea fundamental: ganarle a Milei, porque 4 años más de este modelo de exclusión, desempleo, salarios bajos y desindustrialización serían terribles para los argentinos.
“Tenemos que entender la responsabilidad histórica que nos toca”, destacaron los presentes.
La reunión también incluyó referencias a la agenda de gestión. Según reconstruyó Infobae, Kicillof hizo mención al proyecto del Presupuesto 2027. Ese debate puede abrir una nueva etapa de conversaciones con los bloques opositores y con los demás sectores que integran Fuerza Patria.
Para los intendentes, la definición sobre las reelecciones sigue siendo el punto más urgente. Si la ley no cambia antes de la inscripción de candidaturas de 2027, los dirigentes alcanzados por la restricción deberán dejar sus municipios o buscar otros cargos electivos. Kicillof busca llevar esa discusión a la mesa política. De máxima, la expectativa es que la Legislatura resuelva el tema antes del cierre del año.
POLITICA
Malvinas: la Justicia mantiene frenado el proyecto Sea Lion y sumó a Tierra del Fuego a la causa contra las petroleras

La jueza Mariel Borruto formalizó la participación de la provincia de Tierra del Fuego en la demanda contra el proyecto petrolero Sea Lion y ratificó la vigencia de la medida cautelar que desde septiembre impide a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum iniciar o continuar obras.
La decisión del Juzgado Federal de Río Grande rechazó, además, la convocatoria del Estado nacional al expediente.
La causa fue impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) junto a la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas. La cautelar dictada el 16 de septiembre prohíbe a las compañías realizar perforaciones, instalar infraestructura submarina, unidades flotantes de producción o ejecutar obras terrestres y portuarias de apoyo, hasta que se concrete una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina competente.
Según la jueza, esa medida sigue en pie porque aún no se incorporaron los informes ordenados ni se notificó a las empresas demandadas, condiciones necesarias para revisar su alcance.
Tierra del Fuego ingresó al proceso a través de su Fiscalía de Estado, pero la jueza admitió su intervención de manera acotada. La provincia actuará de manera accesoria y subordinada a la parte actora. Podrá formular alegaciones, aportar elementos de juicio y promover prueba, pero no ampliar el objeto de la demanda ni introducir pretensiones autónomas.
Borruto fundamentó la limitación en que la Fiscalía no presentó una posición material diferenciada y comparte el propósito de prevenir el daño ambiental de incidencia colectiva.
El tribunal rechazó también el pedido de incorporar recaudos adicionales para revisar la cautelar y de ordenar a Rockhopper y Navitas la presentación de pólizas de seguros y garantías ambientales.
También se desestimó la convocatoria del Estado nacional, al considerar que ya se ordenaron informes a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, a la Secretaría de Energía y a la Cancillería, cuya incorporación al expediente sigue pendiente.
El proyecto Sea Lion
Sea Lion es un yacimiento offshore ubicado en el Atlántico sur, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y a 450 metros de profundidad. De avanzar según lo previsto, sería el primer desarrollo de crudo en aguas cercanas al archipiélago.
El proyecto es impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
El hallazgo del yacimiento se remonta a mayo de 2010, cuando Rockhopper anunció el descubrimiento de crudo en la zona. Tras años de estudios, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025, lo que implica que el proyecto es considerado viable desde el punto de vista técnico y económico.
Según datos de Navitas, al 31 de julio pasado el yacimiento contaba con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables. La primera fase apunta a una producción de 50.000 barriles diarios, con el primer petróleo previsto para marzo de 2028.
La inversión inicial será de USD 1.800 millones hasta la obtención del primer crudo, a los que se sumarán otros USD 2.100 millones para el resto de la explotación, que se proyecta a 30 años.
POLITICA
Kicillof sigue con recorridas en clave electoral: desembarca en Jujuy y prepara su viaje a Santa Fe

Axel Kicillof pone el foco en el interior del país en el tramo final del año parado sobre una lógica de construcción territorial que sostenga su candidatura presidencial en el 2027. En ese contexto se inscribe si visita a Jujuy de este viernes, con una parada institucional con el gobernador Carlos Sadir, y la organización de su viaje a Santa Fe, que fue uno de los temas que se trató en la reunión que tuvo el miércoles con algunos dirigentes del justicialismo santafesino.
El gobernador bonaerense mantiene el ritmo de sus visitas a otras provincias y, de esa forma, pasa por encima de los conflictivos internos que sobreviven en el peronismo y que mantienen una tensión incesante en la convivencia que se da durante este proceso de reorganización nacional que atraviesa la fuerza política.
A media mañana Kicillof va a poner un pie en San Salvador de Jujuy donde firmará una serie de convenios de cooperación entre las provincias de Buenos Aires y Jujuy con el gobernador Sadir. Serán convenios en materia de empleo, deportes, minería, seguridad y desarrollo agrario. Habrá fotos y una muestra implícita de que tiene la flexibilidad necesaria para negociar con todos los sectores de la política, desde las corrientes internas del peronismo hasta el radicalismo.

A la tarde visitará el Centro De Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu) y se reunirá con el intendente de Palpalá, Rubén Rivarola. Allí también habrá una firma de convenios. El pico de la rosca política llegará al atardecer, cuando Kicillof hable en Club Altos Hornos Zapla y vuelva dejar en claro su voluntad de competir el año que viene. “Cuenten conmigo”, es la frase que más entidad tiene en su boca por estos tiempos preelectorales.
Rivarola padre, que es uno de los referentes históricos del peronismo jujeño, jugó fuerte por el gobernador bonaerense antes de su llegada a la provincia. Durante una entrevista con una radio local, aseguró que Kicillof es la “alternativa que el país demanda” y afirmó: “Axel será el próximo presidente de la Argentina ya que representa una figura esperanzadora frente a la crisis actual”.
Antes de la visita a Jujuy, Kicillof, y sus ministros como Andrés “Cuervo” Larroque, Carlos Bianco, Javier Rodríguez, Javier Alonso y Walter Correa, estuvieron reunidos con algunos dirigentes del peronismo de Santa Fe, provincia en la que quiere desembarcar antes de fin de año y que está en pleno proceso de ordenamiento para lograr una síntesis de unidad el año que viene.

En el encuentro, que se llevó a cabo en la sede del Banco Provincia en la Ciudad de Buenos Aires, estuvo con Lucila De Ponti y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita; Juan Monteverde, de Ciudad Futura; y el intendente de Funes, Roly Santacroce, junto a otros jefes comunales; y Leandro “Kiko” Busatto, de Comunidad, tuvo como objetivo concretar un acercamiento de Kicilof con algunas de las vertientes del diverso mundo del peronismo santafesino.
Se habló de la realidad de la provincia y cómo perfil un proceso de construcción de Santa Fe. Ahí los dirigentes plantearon como ven ellos la etapa electoral en una provincia donde no hay un liderazgo único, existe la voluntad de encontrar un acuerdo de unidad mayoritario, pero las discusiones aún están muy verdes.
Kicillof no va a meterse en la interna del peronismo santafesino. Tal es así que uno de los temas que estuvo presente en la conversación es el respeto a las identidades territoriales para evitar cualquier tipo de roce y seguir sumando adhesiones en el interior del país. Además, es una forma concreta de mostrarle a los dirigentes provinciales que la voluntad y la convicción de ser candidato se mantienen inquebrantables.
La intención de esquema político del mandatario bonaerense es avanzar en los armados provinciales y que eso ayude a consolidar una construcción nacional. Poco a poco, pero hacia adelante. En definitiva, el gobernador bonaerense se diferencia de cualquier discusión interna del peronismo y se mantiene en la línea de su estrategia, anclada en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que sigue una lógica distinta a la de otras vertientes justicialistas.
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