Axel Kicillof pone el foco en el interior del país en el tramo final del año parado sobre una lógica de construcción territorial que sostenga su candidatura presidencial en el 2027. En ese contexto se inscribe si visita a Jujuy de este viernes, con una parada institucional con el gobernador Carlos Sadir, y la organización de su viaje a Santa Fe, que fue uno de los temas que se trató en la reunión que tuvo el miércoles con algunos dirigentes del justicialismo santafesino.

El gobernador bonaerense mantiene el ritmo de sus visitas a otras provincias y, de esa forma, pasa por encima de los conflictivos internos que sobreviven en el peronismo y que mantienen una tensión incesante en la convivencia que se da durante este proceso de reorganización nacional que atraviesa la fuerza política.

A media mañana Kicillof va a poner un pie en San Salvador de Jujuy donde firmará una serie de convenios de cooperación entre las provincias de Buenos Aires y Jujuy con el gobernador Sadir. Serán convenios en materia de empleo, deportes, minería, seguridad y desarrollo agrario. Habrá fotos y una muestra implícita de que tiene la flexibilidad necesaria para negociar con todos los sectores de la política, desde las corrientes internas del peronismo hasta el radicalismo.

A la tarde visitará el Centro De Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu) y se reunirá con el intendente de Palpalá, Rubén Rivarola. Allí también habrá una firma de convenios. El pico de la rosca política llegará al atardecer, cuando Kicillof hable en Club Altos Hornos Zapla y vuelva dejar en claro su voluntad de competir el año que viene. “Cuenten conmigo”, es la frase que más entidad tiene en su boca por estos tiempos preelectorales.

Rivarola padre, que es uno de los referentes históricos del peronismo jujeño, jugó fuerte por el gobernador bonaerense antes de su llegada a la provincia. Durante una entrevista con una radio local, aseguró que Kicillof es la “alternativa que el país demanda” y afirmó: “Axel será el próximo presidente de la Argentina ya que representa una figura esperanzadora frente a la crisis actual”.

Antes de la visita a Jujuy, Kicillof, y sus ministros como Andrés “Cuervo” Larroque, Carlos Bianco, Javier Rodríguez, Javier Alonso y Walter Correa, estuvieron reunidos con algunos dirigentes del peronismo de Santa Fe, provincia en la que quiere desembarcar antes de fin de año y que está en pleno proceso de ordenamiento para lograr una síntesis de unidad el año que viene.

En el encuentro, que se llevó a cabo en la sede del Banco Provincia en la Ciudad de Buenos Aires, estuvo con Lucila De Ponti y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita; Juan Monteverde, de Ciudad Futura; y el intendente de Funes, Roly Santacroce, junto a otros jefes comunales; y Leandro “Kiko” Busatto, de Comunidad, tuvo como objetivo concretar un acercamiento de Kicilof con algunas de las vertientes del diverso mundo del peronismo santafesino.

Se habló de la realidad de la provincia y cómo perfil un proceso de construcción de Santa Fe. Ahí los dirigentes plantearon como ven ellos la etapa electoral en una provincia donde no hay un liderazgo único, existe la voluntad de encontrar un acuerdo de unidad mayoritario, pero las discusiones aún están muy verdes.

Kicillof no va a meterse en la interna del peronismo santafesino. Tal es así que uno de los temas que estuvo presente en la conversación es el respeto a las identidades territoriales para evitar cualquier tipo de roce y seguir sumando adhesiones en el interior del país. Además, es una forma concreta de mostrarle a los dirigentes provinciales que la voluntad y la convicción de ser candidato se mantienen inquebrantables.

La intención de esquema político del mandatario bonaerense es avanzar en los armados provinciales y que eso ayude a consolidar una construcción nacional. Poco a poco, pero hacia adelante. En definitiva, el gobernador bonaerense se diferencia de cualquier discusión interna del peronismo y se mantiene en la línea de su estrategia, anclada en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que sigue una lógica distinta a la de otras vertientes justicialistas.

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El Senado aprobó esta madrugada y giró a Diputados una nueva la ley de salud mental que dista de la de 2010, en su momento empujada por el kirchnerismo y que, con el correr de los años, generó quejas varias y desesperados reclamos de cambios. La iniciativa, que obtuvo 42 adhesiones y 21 rechazos durante la votación en general, modifica criterios en internaciones involuntarias, adicciones y equipos médicos a cargo de tomar decisiones complejas relacionadas con la temática, entre otros puntos.

La iniciativa le da prioridad a psiquiatras, aunque en las últimas horas se consensuó el aporte de psicólogos en grupos interdisciplinarios, tras presiones desde provincias y algunas universidades. También hubo aportes para reprimir inquietudes por fondos extra.

Como miembro informante, la libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis), primero destacó las exposiciones de “más de 70 representantes de instituciones, asociaciones civiles y del derecho”, y fue rápido hacia la ley vigente. “La internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa y familia”, manifestó.

La puntana dio cifras de los casi 16 años de la norma actual y habló de resultados “insuficientes para asegurar la efectividad de derechos y dotar de herramientas nuevas”, más “avances dispares en distintas jurisdicciones”. Apuntó a un articulado “desactualizado” y cifras alarmantes de hospitalizaciones públicas -suba de 70%- post pandemia. Y finalizó: “Llegar a tiempo es pasar del riesgo inminente al riesgo grave”.

No pensó lo mismo el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), quien defendió y criticó, al mismo tiempo, las pautas actuales de salud mental. Llamó la atención, sobre todo, desde su profesión de médico. Como se esperaba, fue directo a la “falta de recursos”. Y agregó: “No podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir”. Para el -de nuevo- justicialista, “no le dieron la oportunidad a una muy buena ley de poder ser efectiva”.

Otro doctor, el silvestre misionero Carlos Arce, leyó entera su alocución, algo que suele ser mal visto y no está permitido en el recinto, salvo pedido expreso a quien comande en ese momento la sesión. Su colega de bancada, Elizabeth Rojas Decut, hizo lo mismo durante la discusión previa sobre el mercado de carbono. Suelen manejarse en espejo. No fallaron. También se quejaron por las partidas involucradas, aunque libertarios aceptaron la incorporación del “financiamiento federal”.

Después de las protestas de Andrada y Arce, tuvo que ser una contadora la que bajó a tierra ejemplos pedagógicos para pincelar el delicado panorama que enfrentan familias en el interior del país. Fue la radical y ex vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider. “Hoy, el médico en el pueblo no tiene el respaldo legal para proteger a una persona en riesgo”, advirtió. En la misma línea fue la oficialista fueguina Belén Monte de Oca, quien expresó: “Se confundió libertad con abandono”.

“Vamos a promover leyes sin discutir cómo se financia la salud mental”, enfatizó desde el Frente Cívico el ex gobernador de Santiago del Estero y filo K Gerardo Zamora, quien lamentó que no se haya tenido “a la vista” un proyecto presentado tiempo atrás. “Error de enfoque”, añadió. Coincidió, por el cristinismo, la médica y ex mandataria catamarqueña, Lucía Corpacci.

El cierre estuvo a cargo de la líder libertaria, Patricia Bullrich: describió la “contradicción” que se generó entre “dos profesiones que atienden a la salud mental”, con una injusta acusación contra los psiquiatras “como violadores de los derechos humanos sin ningún sentido”.

“Son dos miradas o formas de encarar el problema -en la comparación con psicólogos-, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, indicó, y dejó en claro que “hoy no se puede actuar ante situaciones” que llevan a “muertes” o “violencia familiar”.

“Se dejó un tema sin resolver”, puntualizó la porteña, y subrayó la necesidad de “intervenir a tiempo” para “cuidar a las personas”. Y repitió un número contado semanas atrás por Infobae: 100.000 psicólogos versus casi 4.000 psiquiatras.

Detalles del proyecto

En las internaciones, se reemplaza la exigencia del psiquiatra por médico -aunque con preferencia hacia la mencionada especialidad- o con formación en salud mental, con otro firmante -se apunta a que sea psicólogo-, quien tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta. Como para el último caso también estaba escrita la palabra “preferentemente”, se negoció quitarla para que no haya margen a interpretaciones y debido a que no existe un reemplazo de dicha profesión.

La trifulca por esta cuestión fue una de las tantas entre Nación y provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Mismo caso para las quejas por fondos, por lo que el oficialismo hizo más taxativo el articulado, con el fin de despejar dudas restantes. Y se permitirá la ventana de tele consulta donde haya menor presencia de personal dedicado a la temática.

Por otra parte, se considera un concepto más amplio a la hora de hablar de adicciones -para incluir a la ludopatía, por caso-, se activa una delimitación de familiares en representación de pacientes, se imponen diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y queda prohibida la práctica de manicomios. También hay un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.

En cuanto a familiares, se limita la intervención a padres o hijos y se mantienen los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.

Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una eventual internación en unidades de adultos, la misma queda restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.

En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.

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La Corte Suprema de la Nación se declaró competente para analizar la demanda de la provincia de Buenos Aires contra el Estado nacional por la supresión del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País.

El máximo tribunal le otorgó a Nación 60 días para responder y analizará la medida cautelar una vez que llegue esa contestación o venza el plazo.

El planteo busca que se declare inconstitucional la eliminación de un mecanismo creado por ley para financiar el transporte urbano y suburbano fuera del AMBA. La causa se convirtió en el antecedente inmediato de otros reclamos provinciales por el financiamiento del transporte.

Este jueves la Corte también se declaró competente en planteos similares interpuestos por La Rioja y La Pampa. Los fallos llevan las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La provincia de Buenos Aires sostuvo que no recibió transferencias durante 2024 y reclamó los recursos correspondientes a 2023 y al primer trimestre de ese año, junto con los intereses. A partir de la medida cautelar planteada, el tribunal analizará si corresponde ordenar el pago inmediato de esas sumas.

El conflicto se originó el 8 de febrero de 2024, cuando el Gobierno nacional comunicó que dejaría sin efecto los aportes. Días después, el artículo 18 del DNU 280/2024 formalizó la medida. Frente a ello, la provincia inició una acción para que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo y para que el Poder Ejecutivo se abstenga de dictar normas o adoptar medidas que contradigan la ley.

El Fondo de Compensación, conocido como FCI, fue creado por el artículo 125 de la ley 27.467 para sostener subsidios al transporte de pasajeros en las ciudades del interior.

Buenos Aires argumentó que el mecanismo seguía vigente cuando fue eliminado: la ley 27.701 lo había prorrogado durante 2023 y el decreto 88/23 extendió su vigencia para 2024. La continuidad también estaba contemplada en la resolución 86/23 del Ministerio de Transporte y en convenios suscriptos con la Nación.