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Desde Santa Fe- Durante la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se llevó a cabo este jueves en La Fluvial de Rosario, gobernadores de provincias no mineras pusieron el foco en el potencial de sus industrias para integrarse a las cadenas de valor de los grandes proyectos del sector, y reclamaron mejoras en infraestructura, financiamiento e incentivos para fortalecer la participación de las empresas locales.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó la oportunidad de que las pymes metalmecánicas y tecnológicas argentinas se conviertan en proveedoras de las empresas mineras y energéticas, sectores que actualmente importan buena parte de sus servicios e insumos.

En ese sentido, sugirió replicar la experiencia de la agroindustria y la automotriz para desarrollar una cadena de valor nacional y aprovechar la competitividad de las industrias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, entre otras.

El mandatario apuntó que el RIGI representa una oportunidad para impulsar nuevos motores productivos, pero remarcó que las grandes empresas deben comprometerse con el desarrollo de proveedores locales. Para ello, propuso generar condiciones que faciliten el ingreso de las pymes, mediante acuerdos, capacitación y financiamiento.

En tanto, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, manifestó que la provincia quiere integrarse al desarrollo minero a través de sus industrias y, principalmente, de la logística. Para ello, impulsa mejoras en su infraestructura portuaria con el objetivo de reducir costos y ganar competitividad.

A los puertos de la capital e Ituzaingó se sumará el de Lavalle, más cercano a la hidrovía, que permitirá ofrecer nuevas alternativas de transporte a las compañías mineras. Ya se realizaron pruebas logísticas con la industria del litio, que arrojaron un ahorro cercano a USD 400 por contenedor.

El gobernador también aludió a las perspectivas vinculadas a los recursos minerales: Corrientes cuenta con 20 pedidos de autorización para buscar tierras raras y otros tres para explorar arena de fractura, iniciativas que podrían facilitar su incorporación a la cadena de valor minera.

En paralelo, la provincia avanza con la compra de dragas para mejorar la navegabilidad de sus canales y reducir los costos de transporte.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, afirmó que el país está cerca de superar dos de sus principales restricciones macroeconómicas históricas: el déficit fiscal y la escasez de dólares. Sin embargo, advirtió que la estabilidad no alcanza por sí sola para crear empleo y que será imprescindible coordinar políticas entre Nación y provincias para conectar las inversiones con el entramado productivo local.

A su vez, destacó el potencial de las empresas entrerrianas para convertirse en proveedoras de la minería, a partir de su capacidad metalúrgica, metalmecánica y logística.

El mandatario también resaltó la necesidad de ampliar la infraestructura de transporte para acompañar el crecimiento de la actividad. “No hay competencia entre jurisdicciones por los puertos. Vamos a necesitar los puertos de Santa Fe, los de Corrientes y los de Entre Ríos”, expresó, y reclamó inversiones en rutas y ferrocarriles para trasladar la producción.

Por último, remarcó la importancia de los incentivos fiscales. Contó que la provincia exime de impuestos provinciales y locales durante 20 años a las nuevas inversiones y ampliaciones, como parte de una estrategia para impulsar la actividad privada y la creación de puestos de trabajo.

El Secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, les preguntó a los gobernadores qué necesitan en la actualidad del Gobierno Nacional. Pidieron medidas para reducir el riesgo país y facilitar el acceso al crédito para las empresas y pymes, además de impulsar la incorporación de tecnología.

Adicionalmente, solicitaron que se eliminen las retenciones al campo para fomentar la inversión e incrementar la producción agroindustrial. El trabajo conjunto entre Nación y las provincias, más allá de las diferencias políticas, constituye otro de los pilares.

Tal como estaba previsto, noviembre comenzará con nuevos aumentos en servicios, a partir de las actualizaciones tarifarias y de precios que impactarán en los gastos de hogares, comercios e industrias. En el caso de los combustibles, volvieron a diferir la suba prevista en impuesto.

La eliminación del beneficio de Zonas Frías en varias ciudades del país será un factor a tener en cuenta, ya que no podrán acceder al 50% de descuento. A pesar de esto, sí podrán acceder al 20% si forman parte del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Las nuevas tarifas de luz dispuestas por Edenor y Edesur

En el caso de la electricidad, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó los cuadros tarifarios que Edenor y Edesur comenzarán a aplicar desde el 1° de noviembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De esta manera, se actualizó el Costo Propio de Distribución (CPD), uno de los componentes que definen la tarifa de las boletas de luz. Para Edenor, el ajuste en ese concepto será de 3,18% respecto de octubre, mientras que para Edesur alcanzará el 2,94 %.

Las resoluciones 886/2026 y 887/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial vinculan la suba con los mecanismos de actualización mensual de las revisiones tarifarias quinquenales. La fórmula toma las variaciones de septiembre del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que fue de 3,16%, y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que marcó 1,93%.

Para los usuarios residenciales que mantienen la asistencia estatal, el esquema prevé tarifas bonificadas para los primeros 200 kWh mensuales durante noviembre. En este sentido, el consumo que exceda ese tope se cobrará sin subsidio. Además, la Secretaría de Energía dispuso para noviembre una bonificación extraordinaria adicional de 25% para este sector.

Los aumentos que aplicarán Metrogas y Naturgy desde noviembre

Las facturas de gas de Metrogas y Naturgy BAN también incorporarán los nuevos cuadros tarifarios desde el 1° de noviembre. Mientras que para los usuarios de Metrogas domiciliados en la Ciudad de Buenos Aires el incremento representará un 2,95%, para los del Conurbano bonaerense será del 3,65%. Además, para los clientes de Naturgy será del 2,96%.

Según la resolución N° 304/2026, la Secretaría de Energía dispuso para noviembre una bonificación general de 50% sobre el Precio Anual Uniforme (PAU) para los hogares alcanzados por el régimen del SEF. A ese descuento se le sumará otra rebaja extraordinaria del 24,25%.

De esta forma, los beneficiarios de la ayuda estatal tendrán una reducción total de 74,25% sobre el PAU, aunque el descuento no se aplica sobre la totalidad de la factura. Los cargos de distribución, transporte, impuestos y otros conceptos se mantendrán, de acuerdo con los valores expresados en el cuadro tarifario de cada empresa.

Cabe recordar que las bonificaciones también alcanzarán a los clubes de barrio, las entidades de bien público y otras organizaciones sin fines de lucro asimilables. Las distribuidoras deberán reflejar en las facturas el valor del PAU y aplicar los descuentos correspondientes.

La subsa de impuestos a los combustibles se postergó para diciembre

Por otro lado, el Gobierno nacional decidió volver a diferir hasta el 1° de diciembre la actualización pendiente de los impuestos a los combustibles, que estaba prevista para noviembre. La medida afectará a los precios de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Por medio de la publicación del Decreto N° 1305/2026, se modificó el cronograma de incrementos anunciado. Así, se extendió hasta el 30 de noviembre el aplazamiento de los ajustes remanentes correspondientes a 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026.

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Los impuestos sobre los combustibles se actualizan de manera trimestral, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Desde 2024, el Gobierno fue prorrogando en forma sucesiva la aplicación plena de esas actualizaciones.

Esos aumentos impactan sobre el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono. Según explicaron las autoridades, era necesario frenar las subas para poder sostener un “sendero fiscal sostenible” y estimular la actividad económica.

Aunque la postergación evita que en noviembre se sume al precio de los combustibles el componente tributario pendiente, el decreto no fija ni congela los precios de venta al público. Cabe destacar que estos también dependen de las decisiones comerciales de las petroleras y de la evolución de otros costos, como el valor del crudo, el tipo de cambio, los biocombustibles y la logística.

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