La industria manufacturera pyme acumuló 14 trimestres consecutivos de caída interanual, con un retroceso de 11,9% en la producción durante el tercer trimestre de 2026. Un relevamiento de la Fundación Observatorio Pyme también registró una baja de 5,6% en el empleo y advirtió sobre una mayor presión financiera para las firmas. “La industria pyme atraviesa un escenario de creciente tensión financiera con una de cada siete empresas alcanzadas por embargos de ARCA”, indicó la entidad. La encuesta fue realizada entre el 28 de septiembre y el 16 de octubre sobre una muestra de 400 compañías manufactureras de todo el país.
La actividad de las pymes industriales descendió 11,9% respecto del mismo período del año anterior y 4,7% en comparación con el segundo trimestre. Con ese resultado, el sector acentuó su evolución en terreno negativo. “La producción y el empleo pyme industrial consolidaron su sesgo contractivo con 14 trimestres consecutivos en baja interanual”, señaló la Fundación Observatorio Pyme. Según el informe, la persistencia de esa tendencia se combina con indicadores de expectativas que todavía no anticipan una recuperación próxima.
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El Índice Anticipatorio del Ciclo de Actividad Pyme (PMI) se mantuvo en 44 puntos, mientras que el Índice de Confianza Empresarial (ICE) cayó a 40. Ambos registros permanecen por debajo de los 50 puntos, umbral que el Observatorio Pyme usa para distinguir expectativas pesimistas de las optimistas.
La contracción de la producción tuvo correlato en el mercado laboral del sector. La cantidad de trabajadores en las pymes industriales bajó 5,6 % frente al tercer trimestre de 2025 y 1,8% en la comparación trimestral, de acuerdo con la encuesta de la Fundación Observatorio Pyme.
La debilidad de la demanda interna aparece como la principal limitación para esas compañías. “Ocho de cada diez industrias pyme presentan a la debilidad de la demanda interna como la principal preocupación, por tercer relevamiento consecutivo”, indicó la entidad.
A ese factor se suman “la suba de costos de las materias primas, el retraso de pago de los clientes, el costo salarial y la competencia de productos importados”. El costo laboral fue el problema que más aumentó su incidencia en el trimestre, al pasar de 45% a 56% de las respuestas. Además, tres de cada cuatro empresas afirmaron que sus costos subieron por encima de sus precios de venta.
En el marco de esa contracción, una de cada siete pymes industriales fue alcanzada por embargos de ARCA. El porcentaje llegó al 15% del total relevado y ascendió al 18% entre las firmas más pequeñas. Las empresas consultadas asociaron esas medidas, principalmente, con atrasos en obligaciones corrientes —IVA, Ganancias y contribuciones patronales— y con la pérdida de vigencia de planes de pago.
El informe también señaló la rapidez de las comunicaciones de ARCA posteriores al vencimiento impositivo. “La notificación fue dentro de los 30 días para el 70 % de las empresas embargadas”, precisó la Fundación Observatorio Pyme.
Casi la mitad de las empresas relevadas informó que debió extender los plazos de cobro a sus clientes. El promedio alcanzó los 49 días, diez más que en 2025, una demora que añadió tensión a la cadena de pagos en un contexto de menores ventas y mayores costos.
La entidad vinculó la extensión de los cobros con las dificultades financieras que enfrentan las compañías. Pese a ese escenario, un tercio de los industriales pyme consideró que es un buen momento para invertir en maquinaria y equipos.
El universo relevado por el Observatorio Pyme comprende unas 16.000 pymes manufactureras argentinas, con dotaciones de entre 10 y 250 empleados. Según la Fundación, esas empresas generan más de 560.000 puestos de trabajo formales.
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La fuerte caída del mercado brasileño tras la sorpresiva victoria de Lula Da Silva en el balotaje del domingo sigue pasando factura también a los activos argentinos. Luego de tres jornadas queda claro que el efecto negativo se sintió mucho más sobre los bonos en dólares y por consiguiente el riesgo país que en el tipo de cambio.
Un informe de Delphos Investment resaltó que “con el GD35 rindiendo 10,8% anual en dólares, la deuda soberana argentina continúa operando con tasas superiores a las de comparables de igual o peor calificación crediticia, como Ecuador, Egipto y Bolivia”.
El riesgo país viene reflejando la debilidad de los bonos. Ayer rebotó más de 2% y finalizó en 763 puntos básicos. La deuda argentina viene sufriendo un contexto internacional más adverso, marcado por subas de tasas en Estados Unidos y el aumento del precio del petróleo. Ahora se agregó el “efecto Lula”.
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Pero en realidad los bonos ya venían golpeados de antes. Aunque todavía falta un año los inversores se ponen más cautelosos de cara a las elecciones presidenciales. La victoria de Lula en Brasil también aumentó el nerviosismo sobre un posible regreso del populismo a la Argentina entre los inversores.
El informe de Delphos advirtió que el aumento del riesgo país se produce a pesar de que Argentina tiene mejores fundamentos fiscales que Brasil. “En los últimos 12 meses, Brasil registró un déficit primario del 0,62% del PBI y un déficit financiero del 9,48%, frente a superávits del 1,4% y 0,1% en Argentina, respectivamente. Esto implica un gasto en intereses de 8,9% del PBI en Brasil, frente al 1,3% en Argentina”, explicaron.
“Consideramos —agregaron en Delphos— que existe margen para una compresión de spreads, aunque el riesgo electoral continúa siendo uno de los principales factores a monitorear.”
El tipo de cambio tuvo un comportamiento mucho más estable. Se trata de un importante test, porque el impacto de lo sucedido en Brasil resultó significativo, bastante parecido a un “shock externo”.
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Sin embargo, la cotización del dólar oficial subió apenas 10 pesos en estos tres días. El único costo que hubo que pagar es un leve aumento de la brecha cambiaria, que pasó a niveles cercanos al 7,5%, reflejando una mayor presión dolarizadora por parte de público y empresas.
El Tesoro habría vendido cerca de USD 100 millones el lunes para amortiguar la tendencia al alza del dólar, pero entre martes y miércoles habría recomprado al menos una parte. Y aún así el nivel de intervención para evitar saltos mayores del mercado cambiario fue mínimo. El nivel de reservas, de hecho, se mantuvo en niveles de USD 50.600 millones. Además el FMI comprometió un nuevo desembolso de USD 900 millones que también fortalecerá las reservas.
El equipo económico se mantiene, por otra parte, muy cuidadoso en materia monetaria y evitar que se produzcan excesos de liquidez en el mercado. Controlando la cantidad de pesos logra que no haya presión excesiva sobre el tipo de cambio. Lo sucedido en los últimos días refleja que la estrategia está funcionando.
En la licitación de bonos de ayer, el Tesoro continuó sin expandir la cantidad de pesos. Es más, absorbió liquidez porque la refinanciación (o “rollover” en la jerga financiera) fue de 105%. Esto significa que colocó más deuda de la que vencía, quitando pesos del mercado.
“El Tesoro superó una prueba exigente de vencimientos por casi 11 billones de pesos al adjudicar un valor efectivo total de 11,56 billones”, indicaron desde Puente.
“El resultado —agregaron— le permitió cumplir holgadamente con su programa de refinanciación sin tensionar la liquidez del sistema ni recurrir a sus depósitos en el Banco Central, en un contexto donde las condiciones de corto plazo se mantenían normalizadas pero con la curva larga de pesos todavía bajo cautela”.
La estrategia oficial volvió a apoyarse en extender vencimientos hacia el próximo mandato presidencial, aunque convalidando la preferencia de los inversores por plazos más cortos e instrumentos de cobertura indexada.
El grueso de la colocación se concentró en la nueva LECAP a febrero de 2027 y en el tramo dual CER/TAMAR a 2028, lo que ratifica que, en un clima donde el mercado se muestra más selectivo respecto al riesgo post-2027, la diversificación del menú contribuyó a alcanzar el objetivo de refinanciar los pasivos sin presionar las tasas en el mercado secundario.
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El verdadero límite para enfrentar crisis cambiarias depende de la liquidez disponible y del acceso real a herramientas en poder del sector oficial
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Desde Santa Fe – El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno tiene como meta devolver al sector privado unos USD 500.000 millones para 2031 mediante la baja de impuestos. Además, afirmó que los proyectos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) generarán 250.000 puestos de trabajo.
Las declaraciones se dieron en el marco de la primera Ronda de Negocios del RIGI, llevada a cabo este jueves en La Fluvial de Rosario. El evento reúne a representantes de 43 iniciativas estratégicas de minería, energía e infraestructura y a cerca de 1.800 pymes y proveedores de todo el país
Caputo destacó que el objetivo de la jornada es vincular a los proveedores locales con los proyectos de inversión. “Tenemos más de 2.500 pymes exportadoras inscriptas, 2.100 reuniones organizadas y 50 rondas. Es un evento totalmente federal, con la participación de empresas de prácticamente todas las provincias, incluida Buenos Aires que no adhirió al RIGI. Tenemos que seguir por este camino”.
En ese sentido, sostuvo que las inversiones se distribuyen a lo largo del territorio nacional y que esto permitirá avanzar hacia un desarrollo más equilibrado.
Al referirse a la llegada de grandes inversiones, que estimó en USD 210.000 millones, el ministro explicó que el proceso responde a cuatro factores: el liderazgo del presidente Javier Milei, la estabilidad económica, el RIGI y la previsibilidad.
En primer lugar, destacó la figura del mandatario y su proyección internacional. “Hoy es un faro en el mundo por todo lo que está haciendo a nivel económico y por la batalla cultural que está dando. Hay un enorme interés por venir a invertir en la Argentina, entre otras cosas, por esto que estoy diciendo. Tener un presidente argentino entre los tres líderes mundiales no es algo fácil de lograr. La Argentina perdió mucho prestigio durante las últimas décadas. Recuperar esa representación es un logro que no tenemos que subestimar”.
Como segundo factor, señaló la estabilidad económica y resaltó que ningún inversor apuesta por un país que carece de ella. “Todavía queda un largo camino por recorrer, pero al menos dejamos atrás la idea de que el camino es el déficit fiscal financiado con deuda o con emisión monetaria. Esto se traduce en inflación por el lado de los bienes y devaluación por el lado de la moneda”.
Caputo consideró que existe un mayor convencimiento, tanto entre la población como entre los dirigentes, acerca de la necesidad de mantener el rumbo económico. “No podemos movernos de este camino ni un centímetro. Todavía tenemos una trayectoria negativa y un historial muy desfavorable, que hace que ante el primer tropiezo el mundo empiece a preguntarse si la Argentina no volvió a ser un país de segunda categoría. No tenemos margen para tomar atajos”.
El tercer elemento que mencionó fue el RIGI, al que atribuyó un papel clave para atraer los USD 210.000 millones en inversiones anunciadas. Según explicó, la historia económica argentina, marcada por crisis institucionales, incumplimientos contractuales y medidas que afectaron la propiedad privada, deterioró la confianza de los inversores.
“Argentina es un país que, además de atravesar crisis, se las ingenió para que también fueran institucionales. Avasalló constantemente la propiedad privada y rompió contratos. Eso es lo peor que se puede hacer, porque elimina toda credibilidad como país”, afirmó.
Caputo recordó que los antecedentes de medidas como los planes Bonex, las reestructuraciones de deuda, los corralitos, los corralones, las pesificaciones asimétricas y las expropiaciones generaron un historial negativo que dificultaba la llegada de capitales a la economía real. Por ese motivo, sostuvo que era necesario ofrecer un régimen especial que garantizara no solo beneficios económicos, sino también seguridad jurídica.
El ministro hizo hincapié en la previsibilidad como una condición necesaria para sostener las inversiones en el tiempo.
“Hubo momentos puntuales de nuestra historia en los que vimos cierta estabilidad, pero nunca duraron porque no existía la convicción política de sostener el orden macroeconómico. En algunos casos, ese orden aparecía después de una crisis, cuando el mercado hacía el ajuste y destruía salarios, jubilaciones y crecimiento. A partir de ahí, siempre había cuatro o cinco años de rebote. Pero, si no existe la convicción política de buscar y mantener ese orden por las razones correctas, se pierde rápidamente”, apuntó.
Caputo también destacó el contexto geopolítico como un factor que favorece la llegada de inversiones a la Argentina. Según explicó, la necesidad de diversificar las relaciones comerciales y reducir la dependencia de determinados proveedores se volvió una prioridad para numerosos países.
Al referirse al alcance del RIGI, el ministro precisó que se presentaron 48 proyectos por cerca de USD 210.000 millones, de los cuales 30 fueron aprobados, por un monto aproximado de USD 80.000 millones. Anticipó que se incorporarán nuevas iniciativas en los próximos meses y señaló que, además de petróleo, gas y energía eléctrica, hay proyectos en infraestructura, tecnología y siderurgia.
Caputo dijo que el flujo de capitales previsto para los próximos años contribuirá a dar previsibilidad a la economía y a reducir los problemas cambiarios que históricamente afectaron al país. “Si hacemos las cosas bien, inevitablemente vamos a converger hacia una inflación internacional. No tener déficit fiscal, darle independencia al Banco Central y mantener el orden monetario nos va a llevar en esa dirección. Pero la Argentina también tuvo siempre problemas con el tipo de cambio. Estas inversiones garantizan que ya no tengamos esas dificultades”.
En esa línea, cuestionó las políticas que limitaron el desarrollo de los sectores con mayor capacidad exportadora. “En la Argentina se castigaba justamente a los sectores en los que tenemos mayores ventajas comparativas y que generan dólares. De nada sirve tener a tus mejores jugadores en el banco de suplentes y después quejarte de que te falta juego. Nosotros les estamos dando a esos sectores los incentivos para que desarrollen todo su potencial, porque son los principales generadores de divisas y también van a generar empleo”.
El funcionario remarcó que los proyectos tendrán impacto en buena parte del territorio nacional y destacó la participación de proveedores locales. Según detalló, durante 2026 las inversiones vinculadas con el régimen alcanzarán los USD 7.700 millones, con casi 1.800 proveedores contratados en 20 jurisdicciones. Además, precisó que el 82% de las compras asociadas a esas iniciativas corresponde a empresas argentinas.
Estimó que los proyectos permitirán generar cerca de 250.000 puestos de trabajo formales y bien remunerados.
Caputo vinculó esa perspectiva con el desafío de reducir la informalidad laboral y ampliar los recursos disponibles para el Estado. “Eso nos va a permitir, junto con el crecimiento, seguir bajando impuestos”.
El ministro rechazó que la competitividad pueda alcanzarse mediante el déficit fiscal, la emisión monetaria o las devaluaciones. “Si la competitividad se lograra por esas vías, seríamos el país más competitivo del mundo. Sin embargo, ocurría exactamente lo contrario: éramos tan poco competitivos que teníamos que cerrar la economía y hacer que la gente pagara dos, tres, cuatro, cinco o hasta diez veces más por un bien que en otros países”.
Como ejemplo, recordó: “Llegamos a la locura de que la gente tuviera que agarrar el auto e irse a otro país para cambiar los neumáticos. Hasta hace tres años eso pasaba y se había normalizado. Si uno lo cuenta afuera, cuesta creerlo”.
En cuanto al potencial exportador, indicó que los proyectos aprobados bajo el RIGI permitirían generar USD 55.000 millones adicionales en exportaciones. También proyectó que las ventas externas de energía y minería alcanzarían los USD 50.000 millones anuales hacia 2030.
Caputo enumeró las medidas que considera necesarias para reducir el costo argentino: bajar impuestos, eliminar regulaciones y abaratar el financiamiento. Aseguró que el Gobierno ya redujo impuestos por el equivalente a tres puntos del PBI y anticipó nuevas quitas para el próximo año.
“Ya le devolvimos más de USD 100.000 millones al sector privado y apuntamos a que para 2031 hayamos devuelto al sector privado un total de USD 500.000 millones”, estimó.
Por último, planteó la necesidad de desarrollar el mercado de capitales para ampliar las alternativas de inversión y que los ciudadanos puedan participar del financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura.
La jornada contempla mesas de financiamiento y encuentros de networking con ejecutivos de Barrick Mining Corporation, Newmont Corporation, Glencore y Eramet Eramine, que compartirán aspectos estratégicos de sus proyectos y requisitos de contratación. En tanto, las operadoras mineras Vicuña y Rio Tinto expondrán sus experiencias en el desarrollo de proveedores y explicarán qué criterios utilizan para seleccionarlos.
De la apertura también participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el gobernador Maximiliano Pullaro.
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