POLITICA
Los metrodelegados volverán a liberar los molinetes en la línea A y advierten que las medidas podrían afectar el servicio
Los metrodelegados volverán a liberar los molinetes del subte este miércoles desde las 8 en la estación San Pedrito de la línea A y amenazaron con nuevas medidas que podrían afectar el servicio en los próximos días. La protesta se realizará en reclamo por descuentos salariales de la concesionaria Emova, en medio de un conflicto que el 20 de octubre terminó con dirigentes gremiales detenidos y un paro en las seis líneas y el Premetro.
Según denunció el gremio, las quitas son ilegales e injustificadas y se mantienen pese a la existencia de fallos judiciales que ordenan ponerles fin.
“No descartamos incrementar las medidas con acciones que puedan afectar el servicio en los próximos días si la empresa no cumple con el compromiso adquirido y deposita los salarios descontados de manera ilegítima”, advirtieron los metrodelegados en un comunicado, en el que condicionaron la continuidad de las protestas a que la compañía reintegre el dinero reclamado.
El sindicato también rechazó las acusaciones de la concesionaria sobre incumplimientos de las jornadas laborales.
“El salario tiene carácter alimentario y la concesionaria no tiene potestad, ni fundamento para intentar sancionar a los trabajadores con la privación del mismo mediante la sustracción fraudulenta de haberes”, denunció el gremio.
La última liberación de molinetes terminó con detenidos y un paro
El 20 de octubre, una protesta similar en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B terminó con la detención de dirigentes gremiales y una paralización total del servicio que se extendió durante seis horas y afectó a las seis líneas y el Premetro.
El conflicto comenzó cuando un trabajador abrió una puerta de emergencia para permitir que los pasajeros ingresaran sin pagar boleto. Tras una denuncia, la Justicia ordenó interrumpir la medida y dispuso su detención por desobediencia. Durante el procedimiento también intervinieron otros dirigentes gremiales, que fueron alcanzados por las órdenes judiciales.
Las detenciones provocaron una respuesta inmediata del sindicato, que decidió paralizar el servicio. “La medida de fuerza nace cuando nos detienen”, sostuvo entonces el metrodelegado Facundo Heredia en diálogo con TN.
El Gobierno porteño respaldó el operativo policial y cuestionó la protesta. “Pocas personas tuvieron de rehén a 500.000 personas”, afirmó el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, quien calificó la medida de intempestiva e injustificada.
Jorge Macri también defendió las detenciones y advirtió que no aceptaría “extorsiones mafiosas”. “El que bloquea un servicio esencial va preso”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño.
Subte, Metrodelegados
El Gobierno amplió las Reglas de Protección Aeroespacial para reforzar la seguridad durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La medida habilita, como último recurso y bajo condiciones específicas, el derribo de aeronaves de origen externo declaradas hostiles en sectores del espacio aéreo de Buenos Aires y Córdoba que quedarán sujetos a restricciones especiales.
La decisión quedó establecida mediante el decreto 1334/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Defensa, Carlos Presti. La norma también delegó en el titular de este último Ministerio la facultad de aprobar el uso de la fuerza durante ese período, una atribución que no podrá transferir a otra autoridad.
El Ejecutivo fundamentó las medidas en la concurrencia de autoridades nacionales y extranjeras y en las concentraciones masivas previstas durante las actividades del pontífice en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Según los considerandos, ese escenario exige reforzar la protección de las personas y de los objetivos de valor estratégico.
La autorización de derribo no se activa por el solo incumplimiento de las instrucciones de los controles aéreos. Antes de recurrir a las armas, deberán agotarse los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y orden de aterrizaje, además de confirmarse un acto hostil.
El decreto define esa situación como un ataque armado o el uso -o la amenaza inminente de uso- de una aeronave u otro medio aéreo como arma contra personas, intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos. Para determinarlo, exige indicios objetivos, como el empleo de armamento o la persistencia, después de las advertencias, de una trayectoria, altitud o velocidad compatibles con un ataque a un blanco determinado.
La declaración de hostilidad quedará a cargo del comandante conjunto aeroespacial, Almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, quien deberá comunicarla de inmediato al ministro de Defensa y a los medios que intervengan en el operativo. La aplicación de la fuerza requerirá luego la aprobación del ministro y deberá ejecutarse con medios militares bajo el comando o control operacional de esa autoridad militar. También deberán adoptarse precauciones para evitar o reducir los daños a personas y bienes en la superficie.
La disposición establece condiciones adicionales para las aeronaves civiles: solo podrán ser alcanzadas por esa medida ante un “ataque armado o una amenaza inminente y cierta contra la vida de las personas que no pueda ser neutralizada por otros medios”. Si únicamente desobedecen las instrucciones, la respuesta deberá limitarse a la interceptación y la orden de aterrizaje.
El texto encuadra el operativo en la defensa nacional frente a agresiones de origen externo. Las situaciones que involucren aeronaves de origen interno, en cambio, permanecerán sujetas a la Ley de Seguridad Interior, que contempla el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas solo de manera excepcional y con una declaración previa del estado de sitio.
El Comando Conjunto Aeroespacial coordinará con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) las restricciones necesarias para las dos zonas alcanzadas. El organismo civil deberá instrumentarlas y brindar el apoyo que requiera la conducción militar.
Ante irregularidades, el comandante podrá establecer distintos niveles de control según la gravedad de la situación. El primero contempla coordinar con los servicios de navegación aérea y desviar, cuando sea posible, los vuelos civiles fuera del área afectada. Un segundo nivel permite mantener esos servicios bajo subordinación directa del Comando Conjunto Aeroespacial.
La instancia de mayor control prevé despejar el espacio aéreo de aeronaves civiles para permitir la actuación exclusiva de los medios militares. En ese supuesto, las autorizaciones de vuelo quedarán sujetas al control de tránsito aéreo militar y a las restricciones que establezca el comando.
Las disposiciones tendrán vigencia desde el 8 hasta el 11 de noviembre, inclusive. En el texto de la normativa se indica que los gastos del operativo se cubrirán con partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa correspondientes al Ejército, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Papa León XIV,Conforme a
POLITICA
La Iglesia redobló la presión sobre el Senado para que apruebe la ley contra la ludopatía y evite que sea archivada
La Iglesia argentina intensificó este martes su reclamo al Senado para que avance con la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, que tiene media sanción de Diputados desde noviembre de 2024. La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) lanzó una campaña de recolección de firmas y pidió a los legisladores que traten la iniciativa antes del cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre, ante el riesgo de que termine archivada.
La presión se produce a pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina y después de que la Cámara alta aprobara una moción de preferencia para tratar el proyecto, que lleva casi dos años sin conseguir su sanción definitiva.
La organización eclesiástica impulsó una petición en Change.org bajo la consigna: “Sres. Senadores: legislen hoy, protejan a los niños argentinos de las apuestas online”. Según los datos difundidos por los organizadores, la iniciativa reunió cerca de 1.400 adhesiones, con más de 500 nuevas firmas en una sola jornada.
El reclamo retoma una carta enviada en octubre a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a todos los senadores, en la que la Pastoral Social advirtió sobre las consecuencias del juego compulsivo, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes.
“La ludopatía es un atentado contra la vida”, recordó la entidad, que cuestionó los intereses económicos vinculados a las apuestas y reclamó una intervención más firme del Estado.
La advertencia de la Iglesia por el avance de las apuestas online entre los adolescentes
La Comisión Episcopal de Pastoral Social sostiene que la expansión de las plataformas digitales de apuestas genera consecuencias sobre la salud mental, la economía familiar y la vida escolar.
En su presentación, reclamó que los legisladores asuman la responsabilidad de proteger a los sectores más vulnerables y cuestionó la demora en el tratamiento parlamentario.
“No hacer nada” también es una decisión, advirtió la entidad, que señaló que la falta de regulación podría profundizar los daños sociales y sanitarios asociados a la ludopatía.
Los datos disponibles reflejan la dimensión del problema. Según el estudio Kids Online Argentina, elaborado por UNICEF y UNESCO, el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años apostó dinero por Internet al menos una vez.
La investigación también reveló que más del 60% de los chicos de entre 9 y 17 años conoce a alguien que realizó apuestas online.
Por su parte, un relevamiento del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina indicó que seis de cada diez adolescentes están expuestos a estas plataformas y que aproximadamente uno de cada ocho menores que apuesta contrajo deudas.
Entre los colaboradores de la Pastoral Social se encuentra el psicólogo y exjugador de Los Pumas Matías Dalla Fontana, quien participó de reuniones sobre la problemática con legisladores nacionales.
Dalla Fontana vinculó la protección de los menores con la soberanía y la salud pública. “Cuidar la vida es Soberanía: No habrá futuro posible sin un debido resguardo, sin un debido cuidado de los más pequeños, de los más débiles”, sostuvo.
Qué establece la ley contra la ludopatía y por qué corre riesgo de quedar archivada
El proyecto obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024, con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. Desde entonces permanece pendiente de tratamiento en el Senado.
La semana pasada, la senadora peronista Lucía Corpacci solicitó una moción de preferencia para acelerar su debate. La propuesta fue aprobada, aunque eso no garantiza que la iniciativa llegue a convertirse en ley.
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, una de las impulsoras del proyecto, cuestionó las demoras y advirtió sobre la posibilidad de que el oficialismo permita que la iniciativa pierda vigencia.
El texto aprobado en Diputados contempla distintas medidas para limitar el acceso de menores a las apuestas y reducir los riesgos asociados al juego compulsivo:
- Prohibición de publicidad y patrocinio: impide que las plataformas promocionen sus servicios en medios de comunicación, redes sociales, camisetas deportivas y eventos, incluso mediante influencers y figuras públicas.
- Controles biométricos: establece mecanismos de verificación de identidad y edad para impedir que menores ingresen a las plataformas utilizando datos de terceros.
- Sanciones al juego ilegal: prevé penas de prisión para operadores clandestinos, con agravantes cuando estén involucrados menores.
- Prevención y asistencia: incluye campañas educativas, herramientas de autoexclusión y límites para el uso de plataformas de apuestas.
- Restricciones a los medios de pago: prohíbe utilizar tarjetas de crédito y establece controles sobre las operaciones autorizadas.
El principal obstáculo es el calendario legislativo. Las sesiones ordinarias finalizan el 30 de noviembre, mientras que el proyecto conservaría formalmente estado parlamentario hasta el 1° de marzo de 2027.
Para tratarlo durante las sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo debería incorporarlo al temario. Además, si el Senado introduce modificaciones, el texto deberá regresar a Diputados.
POLITICA
Sindicatos del transporte y de la industria se diferencian de la estrategia de la CGT y deciden acciones propias
Como parte de su estrategia moderada ante el Gobierno, la CGT prevé luego de la visita del Papa y antes de fines de año un paro parcial de 2 o 4 horas y un acto en una cancha de fútbol para presionar al PJ. Pero, sin romper con la central obrera, otros sectores sindicales decidieron tomar la iniciativa por su cuenta para exteriorizar su rechazo a las políticas de la administración libertaria.
Por un lado, como anticipó Infobae, unos 50 sindicatos piloteados por Luis Barrionuevo (gastronómicos) harán una presentación conjunta ante la Justicia en reclamo de que el Ministerio de Economía libere unos 688 mil millones de dólares que tiene retenidos y de que los devuelva al sistema sindical de salud.
La decisión se convertirá, en los hechos, en un desafío a la CGT, que también está preocupada por la crisis “casi terminal” de las obras sociales, como la calificó la central obrera en un informe, pero aún no tomó ninguna medida para tratar de que el Gobierno restituya fondos que provienen de la seguridad social para revertir el agudo déficit financiero del sistema sindical de salud.
Pero ahora, además, los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) resolvieron sumarse este miércoles a la habitual marcha de los jubilados ante el Congreso sin esperar el aval de la CGT y no descartan adherir a otras movilizaciones contra el Gobierno.
Aunque la iniciativa surgió del titular de la CATT, Juan Carlos Schmid (CATT), enrolado en el ala dura, no hay ninguna intención de romper con la CGT. Todo lo contrario: este dirigente, así como sus colegas de Camioneros, aeronavegantes, pilotos, marítimos y fluviales, buscan una manera de que se visualice su oposición a las medidas de Javier Milei sin depender en un 100% de lo que decida la cúpula cegetista.
Por eso los gremios del transporte están organizándose para llevar una columna propia a la marcha de los jubilados, que, el 22 de julio pasado, fue la primera de las movilizaciones dispuesta por la CGT en su plan de lucha, donde, hasta ahora, se convocó a otras concentraciones callejeras y se desechó un paro general contra Milei
Por su parte, la Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA), que preside Ricardo Pignanelli (SMATA), también se diferenciará de la CGT con una medida inédita que no incluirá paros ni marchas sino una campaña de videos en las redes para “mostrar la producción argentina y defender el trabajo”.
La iniciativa, organizada junto con la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), consiste en una “jornada nacional” que comenzará este jueves 5, a las 12, en fábricas, talleres, comercios y empresas de todo el país con la consigna: ”Defender la producción nacional para defender tu trabajo”.
Los impulsores de esta acción procuran mostrar “qué se pierde cuando una empresa deja de producir y se destruye un empleo”. Y, a la vez, se proponen destacar “la importancia de sostener y defender a las pequeñas y medianas empresas, la industria y el comercio nacional”.
La idea de los sindicatos industriales es que trabajadores, emprendedores y empresarios filmen videos breves para contar quiénes son, dónde trabajan, qué producen y qué actividades desarrollan, imágenes que se compartirán ese mismo día y los siguientes en redes sociales, mediante cuentas personales, grupos digitales e instituciones, con el hashtag #QueremosTrabajar.
Además de SMATA, promueven esta campaña los sindicatos de metalúrgicos, alimentación, mineros, textiles, cerveceros, petroleros privados, químicos y petroquímicos, aceiteros, gráficos, personal de la carne, ceramistas, plásticos, empleados textiles, empleados del vidrio, curtidores, lecheros y papel, entre otros.
Este tipo de acciones confirma la tendencia sindical de protestar sin paralización de actividades, motivada por varios factores, como la propia renuencia de las bases a hacer huelgas que impliquen descuentos salariales o la pérdida del presentismo y, a la vez, el temor de los dirigentes a las sanciones previstas en caso de no ajustarse a los límites previstos en la Ley de Modernización Laboral para hacer paros en actividades consideradas esenciales y trascendentales, que deben garantizar un 50% o 75% de servicios mínimos.
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