El juez federal Daniel Rafecas, a cargo hasta el viernes del caso $LIBRA, le dio intervención al fiscal Eduardo Taiano para que opine sobre el planteo presentado en el expediente por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía especializada en corrupción que considera que todavía quedan pruebas por producir y busca tomar las riendas de una investigación al borde del cierre.

Se trata de un movimiento interno del expediente, pero que deja frente a frente a dos fiscales del mismo organismo público con posturas contrapuestas: por un lado, Taiano, que dio inicio a la investigación, la defendió ante las críticas y finalmente la abandonó al pedir los sobreseimientos; y por el otro, Sergio Rodríguez, titular de la PIA, que detectó señales de un posible fraude y pretende intervenir en el caso.

El desencuentro de criterios entre fiscales gira en torno al modo de analizar las pruebas recabadas en la investigación. Para Taiano, las llamadas entre Mauricio Novelli y Milei alrededor del tuit presidencial, las transferencias que hizo Hayden Davis antes del episodio por alrededor de cinco millones de dólares y una nota sobre un presunto acuerdo entre ambos por ese monto, entre otros elementos, no eran suficientes para sostener la pesquisa.

Rodríguez, en cambio, considera que esos y otros elementos del caso -como las visitas de la familia Novelli con bolsos a las cajas de seguridad de un banco antes y después del lanzamiento de la moneda- deberían llevar a “profundizar” la investigación, no a clausurarla. “Resultan indicios que refuerzan, en sentido contrario a la conclusión a la que llega el Sr. Juez [por Marcelo Martínez de Giorgi], la necesidad de profundizar en los hechos objeto de investigación”, dice su escrito con el que se presentó en el caso.

El titular de la PIA fue incluso más allá. Señaló que las pruebas reunidas eran señales de un posible fraude. “El estado actual del caso no se encuentra en el final de la investigación, sino en su etapa de recolección de pruebas, las cuales estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria”, sostuvo el fiscal.

Algunas de estas pruebas ya habían colocado a Taiano en el centro de una controversia. En marzo, la abogada Natalia Volosin publicó que el fiscal había ocultado elementos sensibles para el Gobierno, como una nota encontrada en el celular de Novelli sobre un presunto acuerdo millonario entre Milei y Davis. Una semana después, se conocieron las llamadas entre Milei y Novelli durante el lanzamiento de la criptomoneda, el 14 de febrero de 2025.

La situación llevó al fiscal Taiano a defenderse con un comunicado en el que reivindicaba el rumbo de su causa. “Quiero aclarar que la investigación avanza y eso es gracias a mi responsabilidad”, sostuvo. “Si yo secuestré los teléfonos y si yo ordené el análisis de los dispositivos electrónicos, ¿cómo se puede pensar que yo oculté pruebas? ¿Cómo haría eso si todo queda registrado en el expediente?”, razonaba. Meses después consideró que los elementos no merecían seguir siendo investigados y pidió los sobreseimientos que ahora cuestiona la PIA.

El movimiento

Lo que hizo el juez Rafecas fue habilitar a Taiano a que se exprese sobre el planteo de la PIA, en el que Rodríguez fue crítico de la postura de su colega.

En concreto, la fiscalía especializada en corrupción pide que se reabra el caso y asumir ella el ejercicio de la acción penal, en reemplazo de Taiano.

Es decir, que Taiano deberá pronunciarse sobre el intento de otro fiscal de asumir una investigación que él consideró agotada y cuyo cierre impulsó.

Será el juez Martínez de Giorgi (cuando vuelva de su licencia, la semana próxima) quien resolverá sobre el pedido de la PIA y, en definitiva, sobre el choque de criterios. La PIA pidió que el asunto pase directamente a la Cámara si Martínez de Giorgi fallaba en su contra.

Antecedentes

En tanto fiscales, Rodríguez y Taiano representan los mismos intereses en la causa. Por eso, sus posturas abren una grieta dentro del Ministerio Público Fiscal.

Fuentes de los tribunales recuerdan un antecedente similar, que tuvo al propio Rodríguez como protagonista. En 2017, Gustavo Arribas, entonces jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fue investigado por una serie de transferencias de dinero que había recibido. El funcionario fue sobreseído y el fiscal del caso, Federico Delgado, apeló esa decisión. El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, desistió de sostener la apelación, por lo que el sobreseimiento se encaminaba a quedar firme.

Del mismo modo que ahora en el caso $LIBRA, el fiscal Rodríguez buscó evitar el cierre de la investigación e intervino con un recurso. La disputa se trasladó a la Casación Penal, que rechazó el recurso del organismo especializado, y llegó finalmente hasta la Corte Suprema.

La escalada derivó también en la intervención del procurador general interino, Eduardo Casal, jefe de todos los fiscales, quien mantuvo un criterio amplio sobre las facultades de la PIA y dictaminó a favor de su intervención.

“La PIA se halla facultada para intervenir en todo proceso por hechos de corrupción en los que pudieran estar involucrados funcionarios nacionales, aunque éstos no se hallen aún individualizados, y que esa facultad se extiende a los particulares que pudieran haber intervenido en esa clase de hechos, en especial, aquellos que pudieran haber actuado en carácter de intermediarios”, sostuvo Casal en aquel dictamen.

La Corte Suprema, sin embargo, desestimó el recurso y no se pronunció sobre el fondo de la cuestión. De ese modo, quedó firme el criterio de la Casación. El máximo tribunal penal confirmó que la PIA podía intervenir en investigaciones de corrupción, pero rechazó el recurso porque consideró que Arribas no era funcionario al momento de los hechos investigados.