INTERNACIONAL
Gavin Newsom wipes out California’s death row in historic mass commutation
California Gov. Gavin Newsom announced Thursday that he will spare the lives of 548 inmates currently on the state’s death row, effectively clearing capital punishment in the state years after issuing an executive moratorium on executions.
In a letter to constituents, Newsom, a Democrat, declared the state’s capital punishment system fundamentally flawed, error-prone, and morally incompatible with California’s core values.
«After nearly 30 years in public office, I have come to understand the limits of what government can justly accomplish,» Newsom wrote. «I take this action because I firmly believe that state-sanctioned killing is incompatible with California’s values, undermines the foundations of our legal system, and diminishes each of us.»
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Under the executive action, all death sentences will be converted to life imprisonment without the possibility of parole. The move comes amid renewed national conversations surrounding capital punishment following a botched execution in Tennessee involving death row inmate Christa Pike.
California has not carried out an execution since 2006. Shortly after taking office in 2019, Newsom placed an official moratorium on executions and ordered the dismantling of the execution chamber at San Quentin State Prison.
The decision drew immediate criticism from victims’ rights advocates, including Marc Klaas, whose 12-year-old daughter, Polly, was kidnapped and murdered in 1993.
Her killer, Richard Allen Davis, remains on death row.
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«He just gave the gift of life to [hundreds of] people who took the gift of life from their victims,» Klaas told Digital, expressing disappointment over the decision. «I don’t understand his rationale behind it… but it’s probably the same old tired stuff that he said when he did his moratorium.»
«He has definitely secured the serial killer vote now,» he added.
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Conversely, anti-death penalty advocates strongly praised the move.
«The silence after the very breath of a human is violently wrestled out of them is deafening,» Rev. Jeff Hood, a spiritual adviser to death row inmates, said in a statement reported by The Sacramento Bee.
«I’ve heard it 14 times. Today, Governor Newsom has courageously chosen to break that silence. These commutations represent the height of moral leadership,» he added. «Cruelty laid down. Now, I’m left with one prayer: God, don’t let any of the governors in the other executing states get any sleep until they find the ethical stamina to follow Newsom’s lead.»
Despite the move, Los Angeles County District Attorney Nathan Hochman noted that it doesn’t eliminate the death penalty.
«Only the Legislature or the voters can do that,» he said in a statement. «Californians have been asked on two separate ballot initiatives to abolish the death penalty and both times they have chosen to keep it for the most serious crimes.»
«Until the law is changed, my office will continue to evaluate every death penalty-eligible case with the rigor, care and restraint these decisions demand. As always, we will be guided by the facts, the law and the evidence. If the Legislature or the voters remove the death penalty, we will follow that law just as faithfully,» he added, noting that his thoughts «are with the families of victims, who deserve a justice system that honors the law as it is written and pursues it with fairness and due process.»
Dan Dow, the district attorney for San Luis Obispo County, said framed Newsom’s order as an insult to murder victims.
«Governor Newsom just told the families of Rachel Newhouse, Aundria Crawford, Kesha Gurke and every other innocent victim of California’s 548 condemned killers that the killers’ lives matter more,» he said. «Juries chose justice case by case, voters chose it five times, and one outgoing governor tried to erase it all with a pen.
California voters have consistently supported the death penalty.
In 2016, voters rejected Proposition 62, which sought to repeal the death penalty, while narrowly approving Proposition 66 to expedite the appeals process.
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Dos personas fueron sorprendidas presuntamente realizando actividades de minería ilegal dentro del Parque Nacional Sierra Llorona, en la provincia de Colón, durante operativos de vigilancia desarrollados por las autoridades ambientales.
En el lugar encontraron evidencias de intervención en un cauce, herramientas artesanales de extracción y campamentos instalados irregularmente.
El hallazgo ocurrió durante los patrullajes realizados por las Fiestas Patrias, cuando guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), acompañados por unidades de la Policía Ambiental, Rural y Turística, detectaron a los sospechosos. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar sus posibles responsabilidades.
Entre los implementos encontrados había coladores y bateas utilizados para separar minerales de los sedimentos, además de señales de dragado en el lecho y las orillas del río. Los funcionarios también identificaron indicios del posible uso de sustancias químicas, cuya presencia podría comprometer la calidad del agua.
La intervención adquiere relevancia por la ubicación del Parque Nacional Sierra Llorona, establecido en marzo de 2026 entre los distritos de Colón y Portobelo, específicamente en los corregimientos de Salamanca y Puerto Pilón. El área protegida abarca aproximadamente 16,436 hectáreas de ecosistemas naturales, principalmente bosques tropicales.
Esta reserva constituye un refugio para especies como el jaguar, el tapir, el puma y el ocelote, además de proteger numerosos cursos de agua. La extracción irregular de minerales puede incrementar la sedimentación y alterar los hábitats acuáticos, con consecuencias para la fauna y las comunidades cercanas.
La remoción del material del río modifica las condiciones naturales de los cauces y sus márgenes, mientras que determinadas sustancias utilizadas en procesos extractivos pueden provocar contaminación. Durante el operativo también fueron desmantelados pequeños campamentos clandestinos, como parte de las medidas para impedir nuevas intervenciones.
La legislación panameña establece penas de tres a seis años de prisión por destruir, extraer, contaminar o degradar ilícitamente recursos naturales, según el artículo 399 del Código Penal. La sanción puede aumentar cuando los hechos afectan áreas protegidas o cuencas hidrográficas, dependiendo de las circunstancias acreditadas judicialmente.
La vigilancia ambiental durante las Fiestas Patrias también permitió detectar irregularidades en Chiriquí, donde las autoridades realizaron dos intervenciones en los distritos de Boquete y Dolega.
Los procedimientos, relacionados con movimientos de tierra y aprovechamiento forestal sin las autorizaciones correspondientes, terminaron con la paralización de trabajos y la retención de madera de roble y una motosierra.
En Alto Boquete, ubicado en las tierras altas chiricanas, al norte de la ciudad de David, los inspectores identificaron labores de corte, relleno y nivelación sobre aproximadamente 5,000 metros cuadrados. Aunque existía un permiso de limpieza del terreno, este no autorizaba las modificaciones ejecutadas.
Los responsables continuaron las labores pese a las advertencias de los funcionarios ambientales, por lo que se ordenó la paralización con apoyo municipal y policial. Estas actividades están sujetas a regulaciones de evaluación de impacto ambiental, destinadas a prevenir afectaciones al suelo, la vegetación y el drenaje.
La segunda actuación ocurrió en Dos Ríos, comunidad del distrito de Dolega, situado en la región centrooccidental de Chiriquí, entre los ríos Cochea y Majagua. Allí fueron retenidas 15 tablas, dos bloques y una troza de roble, junto con una motosierra STIHL modelo MS 661.
Aunque el operador tenía carné de motosierrista, carecía de permisos de tala y aprovechamiento forestal, por lo que MiAMBIENTE abrió un expediente administrativo. La protección de la cobertura arbórea en esta zona resulta importante para conservar los suelos y regular la escorrentía, especialmente en terrenos intervenidos.
El artículo 406 del Código Penal contempla penas de tres a siete años de prisión por tala o degradación no autorizada de vegetación protegida, cuando concurren las condiciones establecidas en la norma. Sin embargo, la retención administrativa no equivale a una condena penal, y corresponde determinar si los hechos configuran ese delito.
Como contexto, el Ministerio Público registró 502 hechos criminales por delitos ambientales y contra el ordenamiento territorial entre enero y septiembre de 2026, frente a 430 durante igual período de 2025, lo que representa un incremento del 17%. Las denuncias por destrucción de recursos naturales aumentaron de 154 a 187, equivalente a un crecimiento del 21%.
Las estadísticas también muestran 52 denuncias relacionadas con la tala o destrucción de vegetación en áreas especiales, frente a 75 un año antes, una reducción del 31%. Por provincias, Chiriquí acumuló 91 registros y Colón otros 37, con incrementos respectivos del 82% y 118% en el conjunto de delitos ambientales.
corresponsal:Desde Panamá
Más de 50 altares navideños están previstos para instalarse en la Avenida Bolívar de Managua, de acuerdo con una planificación de instituciones y empresas públicas para las celebraciones de La Purísima, la Navidad y el nacimiento de Jesús.
Nueve entidades incluyeron partidas por un total de 8,340,000 córdobas (USD 225,180) en sus Planes Anuales de Contrataciones (PAC) 2026. Según la revisión de Diario La Prensa, los documentos contemplan servicios de diseño, elaboración, instalación y compra de materiales.
La información disponible corresponde a montos planificados. Hasta la publicación del reporte, las instituciones mencionadas no habían divulgado contrataciones ni compras vinculadas con esas partidas, por lo que no se conocían los valores finalmente pagados ni los proveedores seleccionados.
El Inatec previó 2.2 millones de córdobas para dos altares
El Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) contempló dos contrataciones por un total de 2.2 millones de córdobas (USD 59,400). Una corresponde a un altar en honor a la Virgen María y la otra a una estructura dedicada al nacimiento del niño Jesús.
La partida para el altar de la Virgen María fue calculada en 1 millón de córdobas (USD 27,000). El segundo servicio, destinado al nacimiento, fue presupuestado en 1.1 millones de córdobas (USD 29,700).
El Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) incluyó 1.5 millones de córdobas (USD 40,500) para la elaboración de altares relacionados con la Purísima Concepción de María.
El Ministerio de Salud (Minsa) programó dos contrataciones por 1.3 millones de córdobas (USD 35,100). El organismo asignó 500,000 córdobas (USD 13,500) al diseño de un altar del niño Dios y 800,000 córdobas (USD 21,600) a la elaboración de otro dedicado a la Virgen María.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) también incorporó una previsión de 1 millón de córdobas (USD 27,000) para un servicio de diseño y elaboración de altares.
Otras cinco instituciones incorporaron partidas menores
La Dirección General de Ingresos (DGI) programó 300,000 córdobas (USD 8,100) para la adquisición de materiales. El Ministerio del Trabajo (Mitrab) incluyó 850,000 córdobas (USD 22,950) para servicios de diseño y obras civiles vinculadas con altares.
La Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas) proyectó 340,000 córdobas (USD 9,180) para la compra de materiales y la contratación del servicio de instalación.
El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) planificó 600,000 córdobas (USD 16,200) para elementos decorativos de un altar de la Virgen y del nacimiento.
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) previó 250,000 córdobas (USD 6,750) para servicios de instalación de un altar de la Purísima y el nacimiento.
Diario La Prensa indicó que las previsiones aparecen en los PAC 2026 de las nueve entidades. Esos documentos reflejan la planificación anual de las instituciones, aunque no permiten establecer por sí solos el resultado de los procesos de contratación.
La instalación está prevista para el 25 de noviembre
Rosario Murillo afirmó en medios oficialistas que los altares dedicados a La Purísima estarán listos el 25 de noviembre. También señaló que la iluminación navideña se inaugurará el 15 de noviembre en los municipios del país.
“El día 25 estarán instalados los altares de nuestra gran fiesta de La Purísima”, expresó Murillo, según la cita publicada por Diario La Prensa.
La colocación de las estructuras coincide con las actividades previas a la Gritería, una celebración tradicional nicaragüense que tiene lugar el 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada Concepción de María.
Los altares instalados en la Avenida Bolívar suelen aludir a distintas fechas y símbolos religiosos de la temporada. El contenido de las contrataciones revisadas incluye referencias a la Virgen María, la Purísima, la Navidad y el nacimiento de Jesús.
Una estimación para 51 altares supera los 47.26 millones de córdobas
El reporte señala que el año anterior se instalaron 51 altares en la Avenida Bolívar: 28 en un costado de la vía y 23 en el otro. En esa ocasión participaron ministerios, empresas estatales, medios oficialistas, la alcaldía, el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y la Asamblea Nacional.
A partir del promedio de las partidas presupuestadas por las nueve instituciones analizadas, el medio estimó que el costo de 51 estructuras podría alcanzar 47.26 millones de córdobas (USD 1,276,020).
Esa proyección equivale a cerca de USD 1.28 millones. Se trata de un cálculo basado en los montos previstos en los PAC y no de una cifra confirmada mediante contratos públicos ya divulgados.
INTERNACIONAL
Child molester’s looming prison release reignites sanctuary showdown in wake of Dem election sweep
A convicted child molester and illegal alien from Venezuela could soon be back on the streets unless authorities in Seattle ditch their sanctuary city policies and cooperate with federal immigration enforcement.
Immigration and Customs Enforcement (ICE) has sent a detainer request to the liberal Pacific Northwest enclave for Leomar Alexander Lopez Zambrano, asking that he be turned over rather than be released back into the U.S. after his prison sentence concludes.
The clash between DHS and Seattle exacerbates longstanding tensions between President Donald Trump’s immigration officials and leaders in so-called sanctuary cities, which have thrown up roadblocks to law enforcement cooperating with federal enforcement authorities.
Going a step further, the outcome of Tuesday’s elections are putting even more of a microscope on the agency at the center of much controversy during Trump’s second term and is raising questions about which administration officials could face the wrath of a brand-new blue Congress.
DEMOCRATS SEIZE HOUSE CONTROL IN STUNNING BLUE TSUNAMI, VOW RETRIBUTION AGAINST TRUMP ADMIN
«Sanctuary politicians in Washington are refusing to honor the ICE detainer and hand this disgusting criminal over to us after he finishes his prison sentence,» Homeland Security Secretary Markwayne Mullin said in a statement.
«This illegal alien has been convicted on TWO counts of child molestation.»
After the 2026 midterms, the matter in Seattle raises new questions of whether sanctuary cities will feel emboldened to double down on their efforts to block Trump’s agenda as Democrats prepare to retake a majority in the U.S. Senate and House of Representatives.
To those like Hans von Spakovsky, an immigration expert with Advancing American Freedom (AAF), the political tide turning in Washington, D.C., might encourage Democrat-run cities to go even further in stonewalling immigration enforcement agencies and making it harder for officials to do their jobs.
«I have no doubt that sanctuary jurisdictions will feel emboldened,» Spakovsky told Digital in the days after the Republican bloodbath.
«I also would not put it past [Democrats] to try to impeach Tom Homan for imagined wrongs because he has been the most effective czar of immigration enforcement of any administration in the past 50 years,» he said.
«I don’t think they would be successful, but, again, that will embolden defiance of federal immigration enforcement in sanctuary jurisdictions.»
In many cases, sanctuary cities simply cut off communication with federal law enforcement, and DHS fears that will be the case with Zambrano, the convicted Venezuelan child molester.
Zambrano is now approaching the end of a 15-month sentence, the point at which he would normally face deportation. But Mullin noted DHS would have no way of knowing when he was out of jail without Seattle’s cooperation.
ICE ARRESTS ILLEGAL ALIEN ACCUSED OF SEXUALLY ASSAULTING CHILDREN AFTER FAIRFAX COUNTY RELEASE: DHS
«Sanctuary politicians care so much about illegal aliens that they’d rather release a convicted child molester than cooperate with federal law enforcement,» Mullin said.
When asked about Seattle’s cooperation with DHS, the agency responded by similarly emphasizing local-federal partnership.
«The safest way to arrest and remove criminal illegal aliens from our streets is by lodging arrest detainers. Because some sanctuary jurisdictions refuse to work with ICE law enforcement, criminal illegal aliens are released from jails into American communities to perpetuate more crimes. Seven of the top 10 safest cities in the United States cooperate with ICE,» the agency said in a statement.
In the wake of the election, some Republican onlookers believe similar concerns could emerge in other states, even red states like Texas.
Dan Bongino, a conservative commentator and podcast host, noted that the Lone Star State’s newly elected Democratic governor, Gina Hinojosa, voted against sanctuary city restrictions as a state legislator in 2017.
GOP SENATORS RALLY AROUND NEW DHS PROPOSAL TARGETING SANCTUARY CITIES: ‘SHOULD PAY A PRICE’
«Folks, Texas shares a border with Mexico. Do we need to ChatGPT this for people?» Bongino said in a recent podcast. «The only message [voters] are sending is you want your state to become a sanctuary, sitting on the border with Mexico for illegals who come into the United States.»
Spakovsky believes local resistance to immigration enforcement could coincide with congressional Democrats’ legislative efforts. He believes Democrats will attempt to target immigration enforcement resources through the congressional appropriations process, although he cast doubt on their effectiveness.
«Democrats will, no doubt, try to stop DHS from immigration enforcement and DOJ from prosecutions in the immigration area by trying to use the appropriations process to defund such enforcement at both agencies,» Spakovsky said.
«I am not sure they will be successful … especially if they tie such punitive measures with must-pass government funding that the president signs.»
Asked about whether DHS was concerned about an emboldened stance from sanctuary cities as Democrats retake control in the nation’s capital, DHS passed a statement along from Mullin.
«Deportations will continue,» the DHS chief said.
Officials from Seattle did not respond to requests for comment from Digital about Zambrano’s status.
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