El fiscal federal Gerardo Pollicita sostuvo hoy que no existen pruebas para creer que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni se enriqueció ilícitamente durante su paso por la función pública. Para el fiscal, no hay elemento alguno para seguir investigando al exfuncionario por corrupción.

Según informaron fuentes judiciales, Pollicita sostuvo esto en un dictamen presentado en el juzgado federal de Ariel Lijo con el que alegó que no tiene fundamentos para rebatir la versión del exfuncionario; es decir, que Adorni tenía el dinero utilizado en compras de inmuebles, reformas y viajes -más de medio millón de dólares- desde antes de llegar a la función pública, escondido del fisco.

El fiscal sostuvo que su investigación no pudo hacer caer esa versión y, con ese argumento, pidió que el caso pase al fuero penal económico para que se determine si hubo evasión.

Si Lijo hace lugar al pedido de Pollicita, Adorni no será sobreseído, pero los números del exfuncionario pasarían a ser revisados por ese fuero.

El dictamen del Pollicita se adecúa a la versión de los hechos del propio Adorni una vez que en la causa por presunto enriquecimiento ilícito quedó a la vista el salto en los bienes y el tren de vida que él y su familia experimentaron desde su llegada al poder.

Según Adorni, el dinero con el que justificó todos sus gastos durante el tiempo que fue funcionario de Javier Milei provenía de una apuesta por la moneda digital Bitcoin y lo tenía desde antes del inicio de gestión, solo que no había sido declarado ante el fisco. Tampoco, en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

“Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error -sostuvo en una entrevista en LN+ hizo pública su defensa- Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error”.

En los tribunales de Comodoro Py, el eje de la investigación fue determinar si el crecimiento patrimonial exponencial que reflejaban los viajes, las compras inmobiliarias y otros gastos del exfuncionario podían justificarse con sus ingresos y los de su esposa, Bettina Angeletti.

Con la causa penal muy avanzada en su contra, el exfuncionario hizo el movimiento que el fiscal no pudo refutar: introdujo modificaciones en sus declaraciones juradas e incorporó más 565.000 dólares a su patrimonio bajo el rótulo de “venta de activos”; una cifra que salvaba los agujeros que la investigación había ido destapando.

El escrito de Pollicita sostiene que la explicación de Adorni es “poco verosimil” y que su comportamiento es incompatible con la “transperencia” que exige la función pública, pero también que la investigación judicial no pudo probar otra cosa.

“La tenencia de moneda extranjera que Manuel Adorni exteriorizó mediante las declaraciones rectificativas bajo el concepto de ‘venta de activos’ —USD 565.000 al inicio de 2023—, cuyo origen la defensa sitúa en la operatoria con Bitcoin desarrollada entre 2014 y 2018, no pudo ser desvirtuada por esta Fiscalía”, dice el dictamen.

Las billeteras

La clave del dictamen gira en torno a ocho billeteras virtuales en las cuales se realizaron operaciones entre 2014 y 2018. En ellas, Adorni fundó su versión de los bitcoins. Dijo que eran suyas y facilitó la llave de acceso a las mismas.

Con ellas, la investigación pudo comprobar que Adorni tiene acceso a las billeteras, pero no que haya sido su dueño al momento en que se realizaron las operaciones.

Es decir, que el fiscal no pudo verificar la versión de Adorni, pero tampoco refutarla y por eso consideró agotada la pesquisa.

“Este es el punto central de la valoración, porque de ella depende que la operatoria con Bitcoin pueda ser considerada como la fuente, previa a la asunción del cargo, de la tenencia de moneda extranjera que el requerido exteriorizó tardíamente”, dice el texto.

“Sin embargo, la prueba reunida no permite descartar que Manuel Adorni haya tenido el dominio de las ocho direcciones durante el período en que operaron”, afirmó el fiscal.

La fiscalía también analizó si Adorni y su esposa tenían capacidad económica para realizar la inversión inicial de unos 200.000 dólares en Bitcoin que el exfuncionario dijo haber hecho. Para ello, reconstruyó los ingresos del matrimonio anteriores a su llegada al Gobierno y concluyó que la inversión era compatible con su situación económica.

El juez federal Julián Ercolini citó hoy a indagatoria al extitular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Abel Furlán, a María Soledad Calle, la “vecina” de Cristina Kirchner en San José 1111, y a otras cuatro personas por el contrato con la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), que recibió al menos $2466 millones por parte del gremio.

Calle era empleada del sindicato desde junio de 2021. En diciembre de 2022 creó la empresa USEM y 82 días más tarde comenzó a administrar los fondos del gremio y los aportes de los afiliados.

Según un informe reservado que elaboró la actual intervención, USEM recibió $2.466.334.995 en concepto de honorarios. En 2024 fueron $698 millones, en 2025 la cifra alcanzó los $1086 millones y durante este año, hasta julio inclusive, $681 millones.

Furlán fue citado para el 17 de noviembre, mientras que Calle, para el 24. También deberán declarar Esteban Lobato, Adalberto Braconi (socio de Calle en USEM), Naldo Brunelli y José Ortíz.

“Cabe destacar que ambos contratos fueron celebrados con una sociedad constituida el 7 de diciembre de 2022, esto es, aproximadamente ochenta y dos días antes de su suscripción, que contaba con una estructura operativa reducida y respecto de la cual no se identificó actividad comercial adicional relevante distinta de los vínculos contractuales mantenidos con UOMRA y OSUOMRA”, destaca el fallo al que tuvo acceso .

El 18 de marzo de este año, Furlán obtuvo su reelección en la conducción nacional de la UOM con el apoyo de 48 de las 53 seccionales. Sin embargo, un fallo judicial anuló los comicios y dispuso la intervención del gremio tras advertir presuntas anomalías en el proceso eleccionario de la seccional de Zárate-Campana, donde históricamente mandó Furlán.

Desde fines de mayo, la UOM quedó bajo la conducción del interventor Alberto Biglieri, un abogado vinculado al radicalismo porteño, cercano a Daniel Angelici y al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, según contaron a fuentes de su entorno.

Además del llamado a indagatoria, Ercolini dispuso al inhibición general de bienes de todos los imputados y el bloqueo de las cajas de seguridad.

En febrero de 2023, el gremio que lideraba en ese entonces Furlán le cedió a la empresa de Calle la administración del 80 por ciento de los aportes de sus 200.000 afiliados. A partir de ese momento, USEM se quedó con el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores de la UOM. Un negocio que habría significado una ganancia de unos $100 millones mensuales.

Calle estaba “de los dos lados del mostrador”. La Justicia confirmó que tuvo una relación laboral con UOMRA entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, simultáneamente, fue directora suplente y accionista titular del 50% de USEM SA. “La celebración y posterior ejecución de los contratos habría importado un ejercicio abusivo e infiel de las facultades de administración de los intereses patrimoniales de UOMRA y OSUOMRA”, destacó Ercolini en su fallo.

Una sindicalista ligada a La Cámpora que compró un departamento en San José 111

reveló en agosto pasado que la sindicalista María Soledad Calle había comprado el primer piso de San José 1111. La operación se concretó el 20 agosto de 2025, apenas dos meses después que el Tribunal Oral Federal 2 le otorgó la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Kirchner.

Calle desembolsó US$189.000 por esa propiedad de 252 m2, según un documento del Registro de la Propiedad. Serían unos 750 dólares el metro cuadrado, por debajo del valor de mercado.

¿Para qué lo compró? Durante la negociación previa, la joven mencionó que ese inmueble se utilizaría “como sede de una Fundación”.

Agosto de 2025 fue un mes especial para Calle. El 8, según un documento oficial, adquirió el 50 por ciento de un BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en US$ 70.000. Decidió registrarlo en la ciudad de Buenos Aires aunque sigue teniendo domicilio en Campana. Calle ya tenía el 100 por ciento de un Peugeot 3008, modelo 2023.

También en el mes de agosto de año pasado, Calle creó su segunda empresa, Grupo Vertice Global, junto a Federico Darío Monzón, un comerciante de Campana. La firma se dedica a los servicios financieros, según consta en el edicto publicado ese mes en el Boletín Oficial, y declaró un domicilio en el barrio de Villa Urquiza.

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