POLITICA
La Cámara Federal dejó al borde del cierre otra causa que investigaba al Gobierno
La Cámara Federal apartó a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, como querellantes en una causa por presuntas irregularidades en el manejo del Sistema Vial Integrado (SisVial), un fondo público destinado a obras viales durante el gobierno de Javier Milei.
La decisión dejó al expediente sin acusadores y al borde del cierre.
Se trata de la Sala que el Gobierno reconfiguró con el nombramiento de dos jueces y que allanó el camino hacia los sobreseimientos en el caso $LIBRA, al confirmar la exclusión de los querellantes.
La causa, que ahora se encamina al archivo, nació a partir de una denuncia de Tolosa Paz, en respuesta a una publicación de que revelaba que el Gobierno había recaudado más de 1,5 billones de pesos a través de un fideicomiso creado para financiar obras viales, pero había destinado a ese fin solo una cuarta parte de los recursos.
El fiscal Carlos Stornelli, a cargo del caso, desistió de impulsar la acción, pero Tolosa Paza y Quintela se presentaron como damnificados particulares y fueron aceptados por el juez Ariel Lijo, que puso en marcha las primeras medidas.
Stornelli apeló la incorporación de ambos a la causa y la Sala I de la Cámara Federal, con las firmas de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, le dio la razón.
Los camaristas consideraron que ni la diputada ni el gobernador habían acreditado un perjuicio directo que justificara su intervención como acusadores particulares. Además, dejaron sin efecto, al menos hasta que la decisión quede firme, las medidas de prueba ordenadas por Lijo.
Los fondos bajo sospecha corresponden a SisVial, un fideicomiso creado en 2001 que recibe una porción de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.
La normativa establece que el dinero recaudado por el SisVial debe destinarse exclusivamente a obras viales. Fue creado por exigencia del Banco Mundial, como condición para otorgar un préstamo a la Argentina, con el objetivo de impedir que esos fondos se utilizaran para financiar gastos corrientes del Estado.
Fuentes que trabajan en la apelación que Tolosa Paz presentará ante la Casación, sostienen que la resolución de la Cámara no tuvo en cuenta un dictamen de la Fiscalía Federal N.º 2 de La Plata, que en el marco de otras conclusiones, concluyó Tolosa Paz presentaba “afectación directa y sustancial” una “legitimación individual” como usuaria de la red vial federal.
La Sala I también ratificó el archivo de la investigación por el crédito que la Argentina tomó del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri. Esa causa involucraba, entre otros, a dos actuales funcionarios del gobierno de Javier Milei: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
publicación de LA NACION,Obra pública,Conforme a
POLITICA
Fuerte gesto a Trump: Argentina aprobó nuevos requisitos de contratación en un sector clave que podrían perjudicar a China
El Gobierno publicó nuevos requisitos técnicos de referencia que todos los organismos, empresas o sociedades del Estado nacional deberán empezar a cumplir a la hora de comprar, contratar, instalar u operar equipamiento para infraestructuras críticas de telecomunicaciones.
A través de la Disposición 7/2026 publicada el viernes en el Boletín Oficial se estableció que, de ahora en adelante, las adquisiciones públicas del sector solo pueden ser homologadas en la Argentina si cuentan con el certificado SCS 9001 emitido por la Telecommunications Industry Association (TIA), una asociación comercial de Estados Unidos que representa a fabricantes y proveedores de tecnología y equipos de telecomunicaciones.
Distintas fuentes oficiales consultadas por TN esgrimieron que, si bien hay una búsqueda de elevar los estándares de seguridad en la instalación de infraestructura estratégica, los cambios aplicados responden a un expreso pedido de la Casa Blanca para limitar el acceso de empresas chinas a un área sensible y crucial para Washington.
La TIA no es un ente público de los Estados Unidos, sino que funciona como una cámara empresarial que busca preservar los intereses de las empresas que la componen ante el Congreso norteamericano, gobiernos y reguladores. Busca tener un poder de lobby, que muchas veces se utiliza en tándem con políticas del Departamento de Estado.
En pocas palabras, tal como indica la disposición firmada por el recién asumido director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), Walter Fabián Agüero, dependiente de Jefatura de Gabinete, no se podrán hacer compras o contrataciones si no cuentan con el certificado SCS 9001.
Si bien el documento del Gobierno argentino no menciona empresas específicas, sí lo hacen las publicaciones de la TIA. Allí se indica que Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI, entre otras empresas chinas, no cumplen con los estándares para recibir las certificaciones pertinentes.
De esta manera, en caso de que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) también apruebe las disposiciones publicadas en el boletín oficial para los licenciatarios de servicios, las empresas mencionadas quedarán imposibilitadas de participar en compras, contrataciones o instalaciones de equipamiento para infraestructuras de telecomunicaciones. Cabe recordar que el ENACOM está intervenido por el Gobierno desde enero de 2024.
Durante su visita a la Argentina hace dos semanas, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, anunció que Washington financiará un programa de 15 millones de dólares para “ayudar a la Argentina a establecer un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad”, dentro del paraguas del Centro Nacional de Ciberseguridad. Fue la expresión de una preocupación que la Casa Blanca viene repitiendo desde hace meses en público y en privado.
De hecho, un documento oficial del Departamento de Estado norteamericano titulado “Informe al Congreso sobre la protección de la infraestructura digital en los países en desarrollo” indica abiertamente que el estándar SCS 9001 se aplicó en Paraguay durante el proceso de licitación de las redes 5G para “impedir, en la práctica, que las empresas chinas compitan en las licitaciones, sin necesidad de excluirlas explícitamente”.
El embajador estadounidense, Peter Lamelas, celebró la decisión del Gobierno nacional en un mensaje en X publicado en su cuenta personal: “Es alentador ver a la Argentina dar un paso firme y técnico para proteger su infraestructura crítica de telecomunicaciones. Un mercado libre no debe ser un mercado ciego: la seguridad de las cadenas de suministro y la adopción de estándares internacionales brindan la certidumbre que el capital privado necesita para invertir a largo plazo”.
TN supo que la figura de Santiago Caputo volvió a ser central para mediar entre la Casa Rosada y Washington. El asesor presidencial absorbió el control de áreas estratégicas y de prioridad para la Casa Blanca como represas, el plan nuclear –principalmente Atucha-, y cuestiones relativas a ciberseguridad y telecomunicaciones.
Donald Trump, TELECOMUNICACIONES
POLITICA
AFA: La sugestiva reunión de Tapia y Toviggino con el hombre de la máquina de contar billetes
La puesta en escena estaba prevista hace semanas. La excusa fue el centenario de la Liga Rionegrina de Fútbol. A la sede improvisada de la AFA Pilar llegaron Juan Pablo Beacon, que supo ser la mano derecha de Juan Pablo Toviggino, su padre, Alberto Beacon, y otros dirigentes de esa provincia. Tapia y Toviggino lograron mostrar la foto que buscaban hace tiempo, justo una hora que la Corte Suprema publicara un fallo muy adverso para los intereses de la AFA.
Beacon había interrumpido su relación con el tesorero de la AFA en octubre del año pasado. Toviggino lo acusaba de filtrar información sensible en su contra.
Durante años, el abogado había gestionado problemas judiciales de Toviggino y el manejo del dinero que supuestamente provenía de los desvíos en Miami. En marzo, publicó videos y fotos que revelaban cómo se movía dinero en efectivo en cajas, bolsas y mochilas. Nunca fue citado a declarar.
El circuito, a plena luz del día, arrancaba en financieras de la city porteña y terminaba en al menos dos domicilios vinculados a Toviggino.
Antes, había una parada intermedia en Lavalle 1718, donde trabajaban, al menos durante 2021 y 2022, Beacon, y uno de sus laderos, Cristian Brian Prendes, quien oficiaba como “secretario” o “cadete” y terminó como vocal del Comité Ejecutivo de la AFA.
Prendes también fue parte del encuentro en la sede de Pilar. Se lo vio sonriente a un costado de Toviggino.
En las oficinas de Beacon se hacía el recuento del dinero y salían los paquetes rumbo a “Montevideo y Quintana” o al “departamento de Belgrano”. “Llevale a PT a Montevideo”, o “llevale a Pablo a Montevideo”, son algunas de las instrucciones que presuntamente aludían a Toviggino, según el testimonio de una fuente con conocimiento del movimiento de fondos y la documentación.
Beacon se grababa a si mismo como un mecanismo para prevenir traiciones o desvíos.
En un video de casi diez minutos, Beacon mostró el conteo de los billetes para certificar la cantidad de dólares que le habían llegado. Son escenas similares a las que se vieron en “La Rosadita”, la financiera de Puerto Madero donde se contaba el dinero de Lázaro Báez.
En el medio le sirven un café y la grabación continúa hasta que encinta un sobre de papel madera. Al final le hace una marca específica con una birome negra y vuelve a encintar para resguardar ese “código interno”. “Queda la marca, así mismo lo llevo inmediatamente a la oficina”, dice mirando a la cámara. No aclara dónde estaba ni a quién le entregaría los US$115.600 que había contado. Sin embargo, otras imágenes a las que accedió , demuestran que estaba en su propia oficina, en Lavalle al 1700, y que el dinero fue enviado ese mismo día a un domicilio vinculado a Toviggino.
Esa semana se habían movilizado más de US$800.000. Beacon lo dejó por escrito: “Saldo al 16/5: 235K. Ingreso el 17/5 y 18/5: 598 (92% de 650K). Saldo al 19/5: 833 K. Entregado el 19/5 y el 20/5: 265.600. Saldo al 20/5: 567.400. (Quedan como objetivo para el martes: 234.400 (350 – 115.600 q entregue hoy 20/5)”.
En otra de las fotos reveladas por se pueden ver 39 fajos divididos en cuatro bloques. Dos de ellos tienen escrito en un papel amarillo que lleva escrito “C.C.”. Al costado quedaron otros billetes, que se encuentran doblados y agrupados con una gomita. Sólo se ven billetes de US$100. Si los fajos tenían US$10.000, tal como contabilizó Beacon en el video grabado, el monto acumulado en esa foto ascendería a 390.000 dólares.
Los protagonistas de esta trama también guardaron imágenes del delivery en la puerta de la AFA. El 7 de junio de 2022, Toviggino pidió que le lleven dinero en efectivo a “Chiqui” Tapia porque estaba en Pilar. “Para: Claudio Tapia. De: Pablo Toviggino”, decía la etiqueta pegada en una caja de vinos. La operatoria se repitió varias veces.
Se sospecha que todo ese dinero provenía de los desvíos del dinero que recaudaban las empresas “intermediarias” como TourProdEnter, de Javier Faroni. Esas firmas recaudaban los ingresos de la AFA en el exterior y luego la desviaban, en parte, a sociedades fantasma que emitían facturas truchas. Hay decenas de facturas que pasaron por las manos de Beacon y del propio Toviggino.
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POLITICA
Citaron a indagatoria a la sindicalista que compró un departamento en el edificio de Cristina Kirchner – Nexofin
El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria a Abel Furlán, extitular de la UOMRA, y a la dirigente Soledad Calle.
La Justicia investiga una supuesta maniobra irregular que perjudicó los patrimonios del gremio y su obra social.
La citación para la exautoridad sindical se fijó para el 17 de noviembre, mientras que la militante kirchnerista deberá presentarse el 24 de noviembre. Asimismo, el magistrado ordenó la inhibición general de bienes y el bloqueo de cajas de seguridad bancarias.
Carlos Bianco, Soledad Calle, Axel Kicillof y Abel Furlán
La investigación apunta a la firma de convenios celebrados en 2023 con la empresa USEM S.A., entidad constituida apenas días antes. Sobre la imputación formal, la resolución judicial remarcó que los acusados “habrían administrado infielmente los intereses patrimoniales” de las instituciones.
La causa expuso que la gremialista se desempeñaba como empleada del sindicato mientras poseía la mitad del capital social de la firma contratada.
Finalmente, el juzgado detectó sobrecostos y condiciones desfavorables en los contratos de administración con vigencia proyectada a diez años. Pese a las acusaciones, la defensa solicitó el sobreseimiento del dirigente para evitar una fishing expedition sobre el gremio.
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Abel Furlán,Cristina Kirchner,Soledad Calle,UOMRA
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