La Corte Suprema de Justicia de la Nación frustró este jueves un intento del expresidente Alberto Fernández para que la causa por violencia de género, amenazas y lesiones que radicó en su contra su expareja, Fabiola Yañez, dejara de instruirse en los tribunales federales de Comodoro Py y se mudara a la justicia porteña.

En sintonía con la opinión de la Procuración General, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que debe intervenir el juzgado federal Nº 10.

La investigación se originó a raíz de mensajes y fotografías que aparecían en el teléfono de la secretaria de Alberto Fernández en sus comunicaciones con Yañez, encontrados en el marco de la causa que investiga al expresidente, a su secretaria, a su marido y a distintos empresarios por presunta corrupción en el negocio de los seguros.

En ese contexto, el juez Ercolini y el fiscal Ramiro González abrieron una investigación en la que Yañez terminó denunciando abusos y lesiones.

En distintos tramos del proceso, la defensa de Fernández cuestionó la competencia de Comodoro Py. Primero buscó que el caso pasara a la justicia de San Isidro, con el argumento de que los hechos habrían ocurrido cuando compartían la residencia de Olivos. Luego intentó llevarlo al fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, Alberto Fernández radicó una denuncia en un juzgado porteño por presunto hostigamiento de Yañez hacia su persona desde España. En octubre de 2025, la Cámara de Casación Contravencional y de Faltas ordenó el pedido de inhibición a Ercolini.

Frente a ese conflicto, el caso llegó a la Corte Suprema, que entendió que la causa debía continuar ante el juzgado federal N.º 10.

Actualmente, la investigación está a cargo del juez federal Daniel Rafecas, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal decidiera apartar a Ercolini ante un planteo de recusación del expresidente, quien sostuvo que había sido amigo del juez y que ahora estaban enemistados.

Qué dice la acusación

Según la investigación, Fernández habría ejercido durante años distintos tipos de violencia contra Yañez, en un vínculo marcado por una fuerte asimetría de poder. El expediente sostiene que existió un patrón sostenido de violencia psicológica —incluyendo hostigamiento, control, insultos y destrato— junto con episodios de violencia física.

La acusación abarca un período amplio, que se extiende desde al menos 2016 hasta 2024, incluyendo tanto etapas previas a su llegada a la Presidencia como durante su gestión y después de dejar el cargo.

A pocos días de que el papa León XIV pise suelo argentino, Amnistía Internacional (AI) le dirigió una carta abierta en la que le pidió que, durante sus encuentros con las autoridades y la sociedad del país, haga un llamado a garantizar los derechos de los sectores más vulnerables. El documento, difundido este jueves, abarca desde la situación de las personas con discapacidad hasta la criminalización de la protesta, e interpela directamente al pontífice en cada una de las paradas que tiene previstas entre el 8 y el 11 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El Papa llegará a la Argentina el próximo domingo. Su agenda incluye un encuentro con el presidente Javier Milei, visitas a comunidades religiosas y sociales, misas multitudinarias en Buenos Aires y Córdoba, y un recorrido por el complejo penitenciario federal el último día de su estadía, el martes 11, antes de continuar su gira latinoamericana hacia Perú. Es en ese marco donde AI construyó su carta: cada sección del documento se apoya en uno de los lugares o encuentros programados por el pontífice para introducir una preocupación concreta sobre la situación de los derechos humanos en el país.

La organización abrió el texto con una bienvenida al Santo Padre y con el reconocimiento de que su visita “representa una oportunidad especialmente significativa para poner en el centro del debate público la dignidad humana, la solidaridad y la responsabilidad de los Estados de proteger los derechos de todas las personas”. Desde ese punto de partida, AI trazó un recorrido por lo que describió como un proceso de retroceso en la protección social y en las garantías civiles bajo la actual administración, aunque aclaró que reconoce los desafíos económicos que enfrenta el país y la necesidad de que las autoridades tomen decisiones para superarlos.

La carta sostiene, sin embargo, que “ninguna política económica puede desentenderse de sus consecuencias sobre los derechos humanos”.

Uno de los primeros puntos específicos de la carta se apoya en la visita que León XIV realizará al Cottolengo Don Orione de Claypole, en el conurbano bonaerense. AI señaló que ese encuentro tendrá lugar en un contexto de “profunda preocupación” por la sostenibilidad de las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad. Las demoras en los pagos estatales, las dificultades de financiamiento de las instituciones y las controversias en torno a la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad generaron, según el documento, incertidumbre para miles de personas y sus familias. La propia Conferencia Episcopal Argentina ya había advertido públicamente sobre la gravedad de esa situación.

En materia laboral, AI recordó que el encuentro del Papa con representantes del mundo del trabajo evoca el legado de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, que reconoció la dignidad del trabajo y el derecho de los trabajadores a organizarse. En el presente, la organización advirtió que una de cada cinco personas con empleo vivía en un hogar pobre durante el primer semestre de 2026, y cuestionó la reforma laboral aprobada en febrero por considerar que debilita las condiciones de trabajo, restringe la negociación colectiva y limita el ejercicio del derecho de huelga.

El documento también señaló la situación de los jubilados, quienes enfrentan dificultades para acceder a ingresos suficientes y, en muchos casos, se manifiestan pacíficamente para reclamar mejores condiciones de vida. Según AI, esas protestas recibieron en ocasiones respuestas policiales desproporcionadas.

El tercer bloque de la carta está orientado al encuentro del pontífice con jóvenes. AI describió a esa generación como la que enfrenta “importantes obstáculos para estudiar, trabajar y construir un proyecto de vida”, con dificultades concretas en el financiamiento de las universidades públicas y en materia de salud mental. Pero el eje central de esa sección fue el deterioro del clima de debate público: la organización documentó el uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones pacíficas, así como ataques y hostigamiento contra periodistas y organizaciones sociales.

AI también advirtió sobre la expansión de herramientas estatales de vigilancia basadas en reconocimiento facial e inteligencia artificial, que, a su criterio, plantean interrogantes sobre la privacidad y la libertad de expresión. El documento citó la encíclica Magnifica Humanitas del propio León XIV para señalar que esas tecnologías deben estar sujetas a controles democráticos y garantías efectivas para los derechos humanos.

La visita al establecimiento penitenciario federal el 11 de noviembre fue otro de los puntos de apoyo del documento. AI recordó que esa actividad se producirá en un contexto en el que el Gobierno acaba de reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, una medida que la organización rechaza por considerar que prioriza el castigo sobre la protección de adolescentes. También señaló que la Procuración Penitenciaria —el organismo encargado de controlar las condiciones de detención en las cárceles federales— sigue sin titular designado.

La carta reclamó atención del Estado sobre las condiciones de detención, el acceso a la salud dentro de los establecimientos, la prevención de la violencia institucional y las posibilidades de reinserción social para las personas privadas de libertad.

En el tramo final, AI amplió su planteo hacia colectivos que, aunque no forman parte del itinerario oficial del Papa, atraviesan situaciones que el documento considera críticas. La organización denunció los recortes presupuestarios en políticas de prevención y atención de la violencia de género, el debilitamiento de la Educación Sexual Integral (ESI) y la reducción de programas de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. También expresó preocupación por los discursos que estigmatizan a las personas LGBTI+ y por las restricciones al acceso a derechos de las personas migrantes.

En el cierre de la carta, AI le pidió al pontífice que aproveche sus encuentros con las autoridades y la sociedad argentina para promover el trabajo digno, la justicia social, la protección de los sectores vulnerables, la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, y para “rechazar toda forma de violencia, discriminación y exclusión”.

León XIV comenzará su visita apostólica a la Argentina el próximo 8 de noviembre.

La carta completa de Amnistía Internacional a León XIV

Su Santidad, Papa León XIV:

Desde Amnistía Internacional queremos darle una cálida bienvenida a nuestro país. Su visita representa una oportunidad especialmente significativa para poner en el centro del debate público la dignidad humana, la solidaridad y la responsabilidad de los Estados de proteger los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas que enfrentan mayores situaciones de vulnerabilidad.

La Argentina atraviesa un momento de profundas transformaciones económicas, sociales e institucionales. En los últimos años hemos documentado y expresado nuestra preocupación por decisiones gubernamentales que afectan el ejercicio de derechos fundamentales, debilitan mecanismos de protección social y restringen el espacio para la participación y el disenso.

Reconocemos los desafíos económicos que enfrenta nuestro país y la necesidad de que las autoridades adopten decisiones para superarlos. Sin embargo, ninguna política económica puede desentenderse de sus consecuencias sobre los derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de garantizar niveles esenciales de protección, evitar medidas discriminatorias y evaluar especialmente sus impactos sobre quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Los lugares que usted ha elegido visitar durante su estadía en la Argentina ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre algunos de estos desafíos.

La dignidad y los derechos de las personas con discapacidad

Su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole tendrá lugar en un contexto de profunda preocupación por la sostenibilidad de las prestaciones y los apoyos destinados a las personas con discapacidad.

Las demoras en los pagos estatales, las dificultades de financiamiento de las instituciones y las controversias en torno a la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad han generado incertidumbre para miles de personas y sus familias.

La propia Conferencia Episcopal Argentina ha advertido sobre la gravedad de esta situación.

Garantizar los derechos de las personas con discapacidad no constituye una concesión ni un acto de caridad: es una obligación del Estado. Supone asegurar los apoyos necesarios para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida con autonomía, igualdad y dignidad.

El derecho al trabajo digno y a la protección social

El encuentro que mantendrá con el mundo del trabajo evoca especialmente el legado de León XIII y su encíclica Rerum Novarum, que reconoció la dignidad del trabajo, la importancia de un salario justo y el derecho de las personas trabajadoras a organizarse.

En la Argentina actual, tener empleo no siempre alcanza para superar la pobreza. Al mismo tiempo, las transformaciones en la legislación laboral generan preocupaciones sobre la desprotección frente al despido, las condiciones de trabajo, la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga.

También las personas mayores enfrentan dificultades crecientes para acceder a ingresos suficientes que les permitan vivir dignamente. Muchas de ellas se manifiestan pacíficamente para reclamar mejores condiciones de vida y han enfrentado respuestas policiales desproporcionadas.

Creemos que su palabra puede contribuir a recordar que el trabajo, la protección social y el derecho a reclamar pacíficamente son componentes fundamentales de una sociedad que reconoce la dignidad de todas las personas.

Las juventudes, la libertad de expresión y el derecho a participar

Durante su encuentro con jóvenes, usted estará frente a una generación que enfrenta importantes obstáculos para estudiar, trabajar y construir un proyecto de vida.

La situación de las universidades públicas, las dificultades económicas y los desafíos de salud mental requieren políticas sostenidas que garanticen oportunidades y acompañamiento.

Al mismo tiempo, observamos con preocupación un deterioro del clima de debate público, expresado en ataques y hostigamiento contra periodistas, organizaciones sociales y personas que ejercen su derecho a manifestarse.

Amnistía Internacional ha documentado el uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones pacíficas, así como la expansión de herramientas estatales de vigilancia que plantean serios interrogantes sobre la privacidad, la libertad de expresión y la participación ciudadana.

La tecnología y la inteligencia artificial ofrecen oportunidades extraordinarias, pero su utilización por parte del Estado debe estar sujeta a controles democráticos, transparencia y garantías efectivas para los derechos humanos, tal como lo retoma en su encíclica Magnifica Humanitas.

Las personas jóvenes deben poder expresarse, organizarse, disentir y participar en la construcción del futuro sin temor a represalias.

La dignidad de las personas privadas de libertad y la protección de las infancias

Su visita a un establecimiento penitenciario constituye una oportunidad para recordar que la privación de libertad nunca puede significar la pérdida de la dignidad humana.

Las condiciones de detención, el acceso a la salud, la prevención de la violencia institucional y las posibilidades de reinserción social requieren una atención permanente del Estado y mecanismos independientes de supervisión.

Nos preocupa especialmente la reducción de la edad de imputabilidad penal, en un contexto en el que resulta indispensable fortalecer las políticas de prevención, inclusión y protección integral de niños, niñas y adolescentes.

Una sociedad comprometida con los derechos humanos debe garantizar justicia y seguridad sin renunciar a la protección de las personas, especialmente durante la infancia.

Los derechos de las mujeres, niñas, personas LGBTI+ y migrantes

Finalmente, queremos llamar su atención sobre situaciones que, aunque no formen parte de los lugares previstos en su recorrido, afectan profundamente la vida de millones de personas.

Los recortes presupuestarios en políticas de prevención y atención de la violencia de género, el debilitamiento de la Educación Sexual Integral y de programas de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia comprometen herramientas fundamentales para proteger a mujeres, niñas y adolescentes.

También nos preocupan los discursos que estigmatizan a las personas LGBTI+ y las restricciones al acceso a derechos de las personas migrantes.

En todos estos casos, el principio debe ser el mismo: ninguna persona puede ser privada de sus derechos o tratada como menos digna por su género, orientación sexual, identidad, nacionalidad o situación social.

Su Santidad:

En un tiempo en el que las sociedades enfrentan profundas divisiones, creemos que su visita puede contribuir a recuperar un principio esencial: la dignidad humana debe estar por encima de cualquier diferencia política, económica o social.

Por ello, le pedimos respetuosamente que, en sus encuentros con las autoridades y con la sociedad argentina, haga un llamado a garantizar los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, proteger el trabajo digno y la justicia social, respetar la libertad de expresión y la protesta pacífica, y rechazar toda forma de violencia, discriminación y exclusión.

Los derechos humanos no son un obstáculo para el desarrollo de un país. Son una condición indispensable para construir una sociedad democrática, justa y verdaderamente libre.

Confiamos en que su presencia y su palabra puedan contribuir a que las voces de quienes más necesitan ser escuchados ocupen un lugar central en el debate público argentino.

Con nuestro mayor respeto, Amnistía Internacional Argentina

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El financiamiento al sector energético argentino creció en los primeros nueve meses de 2026 y representó el 61,9% de las colocaciones totales del mercado de obligaciones negociables, que movilizó USD 15.498 millones en ese período, un 30% más que un año antes.

El dato se desprende de un informe de la consultora RICSA ALyC, que explica que las 294 series emitidas se comparan con los USD 11.934 millones colocados en los primeros nueve meses de 2025. Cada emisión promedió USD 52,7 millones, el 59% de las series se denominó en dólares y el 41% en pesos.

El tercer trimestre reunió USD 5.769 millones mediante 117 colocaciones, la mayor cantidad trimestral desde 2025 y un 89% por encima del volumen registrado entre julio y septiembre del año anterior. Septiembre fue el mes más activo, con USD 2.907 millones, después de colocaciones mensuales que oscilaron entre USD 463 millones en marzo y USD 2.446 millones en enero.

La energía emitió 53 series, equivalentes al 18% de las colocaciones del mercado, y concentró casi todo su financiamiento en moneda extranjera: el 99,7% se denominó en dólares. La tasa nominal anual ponderada de esas emisiones se mantuvo en 7,8%, sin cambios frente al período anterior. La participación sectorial avanzó desde el 52,3% registrado en igual lapso de 2025 hasta el 61,9% actual.

YPF encabezó las colocaciones del sector con cinco emisiones por USD 2.205 millones, incluidos USD 1.200 millones captados en septiembre. Edenor —cuyo nombre completo es Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.— realizó también cinco operaciones y reunió USD 1.053 millones.

Pampa Energía colocó USD 1.050 millones, seguida por Vista Energy Argentina S.A.U., con USD 842 millones, y Pluspetrol, con USD 617 millones. Las cinco compañías concentraron el 60% del financiamiento energético, y los 10 principales emisores reunieron el 82,9% del volumen sectorial.

Detrás de ese grupo quedaron Tecpetrol, con USD 550 millones; MSU Green Energy, con USD 530 millones; PCR y Luz de Tres Picos, con USD 400 millones cada una; Pan American Energy, con USD 375 millones, y CGC, con USD 339 millones. YPF, Edenor y Vista representaron por sí solas el 28% de todo el financiamiento corporativo del período.

Petróleo y gas concentró USD 6.269 millones —el 65% de las emisiones energéticas— en 25 operaciones, con el mayor plazo promedio del sector: 96,2 meses y una tasa nominal anual de 7,5%. YPF, Vista, Pampa y Pluspetrol explicaron tres de cada cuatro dólares colocados en ese subsector.

La generación eléctrica reunió USD 1.437 millones a una tasa promedio de 8,2% y con vencimientos a 84 meses. La distribución eléctrica captó USD 1.418 millones con la mayor tasa sectorial, el 9,2%, mientras que el transporte y procesamiento de hidrocarburos sumó USD 474 millones con el menor costo promedio, 6,5%, y un plazo de 48,1 meses.

Las tasas de las 49 colocaciones en dólares consideradas para el análisis de rendimientos variaron entre el 3,75% y el 12%, una diferencia de 825 puntos básicos. Vista consiguió la menor tasa con su Clase XXXII, emitida a 18 meses, mientras que Chamical Solar colocó tres series al 12%, con vencimientos de entre 35,3 y 36,5 meses.

La mitad de las emisiones energéticas quedó en una franja de entre el 7,5% y el 10% nominal anual, y la tasa del 8% fue la más frecuente, con 13 operaciones. CGC pagó el 11,88% por obligaciones negociables adicionales de la Clase 38, con vencimiento a 55,4 meses, y el 9,5% por la Clase 40, a 24,4 meses.

Edenor emitió deuda al 9,75% con plazo de 57,3 meses y realizó otras colocaciones al 9,5%, con vencimientos de 85,2 y 81,9 meses. Distribuidora Mendoza pagó el 9,75% a 85,2 meses, mientras que MSU Green Energy obtuvo esa tasa en dos series con plazos cercanos a los 10 años.

Los mayores plazos quedaron en manos de Vista, con 146,1 meses, y Pampa Energía, con 139,8 meses. Ambas compañías, junto con Pluspetrol, accedieron a financiamiento a más de 11 años sin superar una tasa nominal anual del 8%.

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