POLITICA
Bullrich lleva al límite la interna con Menem y Karina: incómodos y leales en LLA

Por ahora, el “Plan B” de Patricia Bullrich parece centrarse en diferenciarse del Gobierno. A toda costa. No solo por sus declaraciones en sentido opuesto a la Casa Rosada, sino también por los últimos desmarques legislativos. La foto que se sacó junto a 15 diputados desató la furia del Ejecutivo y llevó al límite la interna con Martín Menem por el control de una parte de los legisladores libertarios. De los que todavía se definen como “bullrichistas”: una tropa de incómodos y leales.
Mientras tanto, en la Cámara baja no faltan quienes fogonean la disputa con el ladero de Karina Milei y ya tildan a Bullrich de “traicionera”. Cerca de la exministra, en cambio, buscan mostrarse inmutables y juran y perjuran que “ella no va a romper nada”. Con especial énfasis en el “por ahora”.
La aclaración llega después de que la Casa Rosada dejara trascender que la senadora había “cruzado un límite”, una expresión que también replican los sectores más karinistas del bloque libertario. Sin ocultar su preocupación, esas mismas fuentes se animan a marcar un “hasta acá”, pese a que vaticinan que los desplantes de la ex-PRO “van a terminar mal”.
Es que la imagen de Bullrich acompañada por los legisladores y algunos dirigentes de su entorno en sus oficinas de la calle Bulnes cayó pésimo en el Gobierno. Fue interpretada como una exhibición de su poder de daño en el último tramo del período ordinario legislativo, cuando el Senado mantiene trabada la discusión por las PASO. Aunque este último punto no parece ser un reproche, dado que dentro del oficialismo reconocen abiertamente que las negociaciones con los gobernadores por la cuestión electoral están en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Consultada por sobre los cuestionamientos que surgieron de un sector del Gobierno tras el mitin con 15 diputados libertarios, respondió tajante: “Yo no crucé ningún límite, me junté con mi gente”. Acto seguido, trató de bajarle el tono a la discusión al asegurar que nadie se había comunicado con ella y que, hasta el momento, se trata solo de “supuestos”.
Pero la foto, de todos modos, no pasó inadvertida. De mínima es una demostración de peso político. Cuestión en la que coinciden de un lado y del otro.
No es menor que sean 15 diputados. Un número suficiente para trabar cualquier iniciativa o, al menos, complicarle los planes al Ejecutivo. Una muestra del poder de fuego que Bullrich pretende conservar sobre quienes alguna vez fueron exclusivamente de su partida. Legisladores que, en su gran mayoría, ingresaron a la Cámara con el sello de Pro, y luego impulsados por la exministra se sumaron a las filas de LLA.
Además, crecen las suspicacias sobre el respaldo político que podría reunir la senadora ante un eventual escenario electoral, en momentos en que empiezan a circular versiones sobre conversaciones con un grupo de gobernadores y cierto interés de sectores del círculo rojo. Todo ello mientras las encuestas muestran a Milei y Bullrich prácticamente empatados, con diferencias de apenas uno o dos puntos a favor de uno u otro, según la medición. La legisladora, no obstante, registra una imagen negativa menor que la del jefe de Estado.
De acuerdo con la última encuesta de Proyección Consultores, que lidera el sociólogo Manuel Zunino, la empatía aparece como uno de los principales flancos débiles del mandatario. Un terreno sobre el que Bullrich ensaya sus propios desmarques, con especial atención a los problemas de la micro y a cuestiones sensibles como la discapacidad y la libertad de expresión.
En cualquier caso, una imagen vale más que mil palabras. Y fue precisamente la foto de su tropa la que marcó un punto de inflexión en su relación con la Casa Rosada.
Detrás de esa disputa opera otra interna. Dentro de las huestes bullrichistas conviven, al menos, dos sectores: quienes se mueven con mayor holgura y aquellos que miden cada paso frente a Karina Milei y rinden cuentas a Martín Menem. Hay un grupo que se juega la renovación de sus mandatos a fines del año próximo y el escenario de lealtades está lejos de definirse.
Entre los diputados que se acercaron a las oficinas de la exministra figuran Damián Arabia, Silvana Giudici, Sabrina Ajmechet, Patricia Vásquez, María Luisa González Estevarena, Belén Avico, Alejandro Bongiovanni, Verónica Razzini, Carlos Almena, Mariano Campero, Martín Matzkin y Lorena Petrovich. También fueron de la partida el senador bonaerense Diego Valenzuela, el legislador porteño Juan Pablo Arenaza y el exdiputado Gerardo Milman.
Según pudo reconstruir , se trató de una reunión política, como las que Bullrich suele encabezar cada un par de meses con legisladores y dirigentes de su entorno, aunque esta vez la agenda legislativa también se coló en la conversación. Fue allí donde surgieron los primeros reproches de al menos dos diputadas contra el manejo del bloque por parte de Silvana Giudici, una de las espadas legislativas de Menem e integrante de la mesa parlamentaria junto con Gabriel Bornoroni, Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.
Uno de los contrapuntos surgió cuando Ajmechet cuestionó el capítulo sobre injerencia extranjera de la “Ley Malvinas”. Pese a los cambios introducidos por Giudici, en su negociación con los aliados, las objeciones en torno a la libertad de prensa persisten. O al menos eso es lo que dejan trascender los propios oficialistas.
Pero el asunto dejó al descubierto un malestar más profundo: la falta de comunicación sobre los dictámenes y las negociaciones legislativas, concentradas principalmente en manos de Giudici y Rodríguez Machado, esta última involucrada en el proyecto de ley de discapacidad. Del ida y vuelta también habría formado parte Vázquez.
“Se quejan y después no van a las reuniones de bloque”, retruca un diputado, en línea con lo planteado por Giudici durante el encuentro. Pese a los cruces, la reunión estuvo atravesada por los intentos de diferenciación de Bullrich.
Incluso los bandos más conciliadores admiten tensiones con el Gobierno, aunque, a diferencia de los “halcones”, no creen que se esté hablando de “conflictos terminales” y valoran sus desmarques, sobre todo porque consideran que el Ejecutivo tomó nota de algunas de sus propuestas, como la suspensión de embargos a pymes hasta mayo de 2027 o las vinculadas con discapacidad.
En este grupo se mueven, por ejemplo, Ajmechet, fiel a Bullrich pero con cercanía no solo a Menem sino de llegada directa a Milei y Bongiovanni, que también responde a la senadora, pero moderado y sin intenciones de involucrarse en la guerra con Menem.
La cuestión electoral y el futuro de las PASO también sobrevolaron el encuentro, aunque sin abordarse directamente. Desde el entorno de Bullrich descartan, por ahora, una ruptura o una eventual interna con Milei si el Congreso no logra suspender las primarias antes de fin de año. Eso no impidió que al menos un diputado expresara su deseo de verla competir.
En ese clima se gestó la foto que terminó por desbordar la interna. Muchos atribuyen su difusión a Damián Arabia, ladero de Bullrich y de buen vínculo con Menem, lo que podría explicar que luego relativizara su peso político.
La jugada irritó a un par que se sintieron utilizados, pero entre las cuerdas. Fue el caso de Giudici. “Es de Martín”, resumen bullrichistas y cercanos al riojano, pese a que la legisladora se jacta de tener vuelo propio. Lo cierto es que hoy es una de las figuras oficialista a cargo del poroteo y la letra chica parlamentaria y de buenas migas con los Milei, en especial Karina.
En los despachos del riñón karinista también buscan hacer valer su poder de fuego. Aseguran que, llegado el caso, al menos diez de los quince diputados no estarían dispuestos a votar contra el oficialismo. En ese sector ya descartan una recomposición con Bullrich y relativizan su influencia sobre los legisladores, al advertir que seguirla en una eventual ruptura equivaldría a una “muerte política”. Aun así, la Casa Rosada ya prepara un nuevo “cara a cara” tras la partida del Papa, en el que los más suspicaces creen ninguno le dará al al otro el gusto de romper. Por ahora.
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POLITICA
El Ejecutivo retiró del Congreso el proyecto que restablecía Ganancias para los CEDEARs

El Poder Ejecutivo giró un proyecto de ley a Diputados que retiró en menos de 24 horas. El ambicioso texto modificaba más de una decena de normas y creaba un nuevo sistema federal de garantías. La iniciativa habilita la tokenización de activos, incorpora activos digitales como garantías, moderniza pagarés, cheques y warrants, flexibiliza el mercado de capitales, reforma fideicomisos y fondos comunes de inversión, y busca ampliar el acceso al financiamiento para empresas y productores. Pero también creaba impuestos.
Un inversor se dio cuenta de que en medio de una gran cantidad de artículos aparecía mayor presión impositiva y, menos de 24 horas de esa presentación, el Ejecutivo pidió retirar el proyecto de ley que había llegado a Diputados con la firma del Jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y la ministra de Seguridad, Sandra Monteoliva; los mismos ministros firmaron la nota pidiendo su retiro.
El conflicto se generó porque el proyecto que tiene más de 240 artículos incluye uno que establece la vuelta del impuesto a las Ganancias del 15% para los certificados de depósito argentinos conocidos como CEDEARs. Se trata de los instrumentos que se negocian en el mercado local, pero representan acciones, bonos y otros activos que cotizan fuera del país.
La explicación que hicieron llegar desde la Casa Rosada a los referentes del bloque libertario de Diputados es que el articulado que proponía cobrar Ganancias a las inversiones en el extranjero “era un borrador viejo”.
Esa aclaración generó incluso mayor malestar en los propios y los socios que reclamaron que los ministros “firman sin leer. Es preocupante”. Pero no solo eso, sino que además de pasar por las áreas de legales de cada una de las cuatro carteras, lo revisó la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, María Ibarzábal Murphy, quien aseguran que advirtió sobre la vuelta del impuesto y que se avanzó con el visto bueno del Ministerio de Economía.
Obviamente esto generó la burla de diferentes diputados de la oposición. Pablo Juliano de Provincias Unidas escribió en su cuenta de X “El Gobierno mandó al Congreso un proyecto de 240 artículos, firmado por Milei, Caputo y Sturzenegger, que le cobraba 15% de Ganancias a las inversiones en CEDEARs. Saltó un inversor y esta fue la respuesta de un asesor de Caputo. Si nadie se quejaba, pasaba. Ahora en el Congreso nos toca leer los otros 239 artículos, porque parece que ellos no lo hicieron”.

“No sé qué es peor, que crean que somos bobos o que intentamos poner un impuesto. En el primero tenemos ministros que no leen lo que firman, en el segundo que no tenemos un peso y necesitamos incrementar la recaudación. En ambos casos la resolución es mala”, explicó un diputado libertario a Infobae.
Los que conocen el detalle de cómo se gestó el proyecto señalan que es la segunda opción y dicen que la decisión se tomó hace un mes en una reunión de la Mesa Política en la que participó Sturzenegger y en la que hubo contactos con el equipo de Santiago Bausilli, titular del Banco Central de la República Argentina.
El objetivo del apartado era que las operaciones con esos certificados tuvieran el mismo régimen impositivo que la compra directa del activo extranjero al que representan. De esa forma, las ganancias obtenidas con inversiones en compañías o instrumentos del exterior habrían quedado alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias.
El capítulo que generó controversia proponía reemplazar un inciso del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Bajo el criterio de “transparencia fiscal”, el tratamiento tributario habría dependido del activo subyacente y no del vehículo elegido para realizar la inversión.
En la práctica, una persona que invirtiera desde la Argentina en una empresa extranjera mediante un CEDEAR habría recibido el mismo trato fiscal que quien adquiriera esa acción de manera directa en el exterior.
POLITICA
Uno a uno, los puntos sensibles de la visita del Papa para el gobierno de Javier Milei

Las ansias por la recepción del papa León XIV tienen hiperactivo al gobierno de Javier Milei. Los funcionarios más encumbrados ultiman detalles para que, como gustan decir en el oficialismo, “todo marche acorde al plan”.
Sin embargo, dentro de la visita del Santo Padre hay una serie de puntos sensibles -entre ellos, la discapacidad y las apariciones en el conurbano- que emergen en la conversación oficialista respecto al viento en contra que pueden ocasionarle al Gobierno en el debate público.
“Esta visita es la más complicada para Milei, diga lo que diga el Papa, haga lo que haga. Posiciona en la agenda un tema incomodísimo para el Gobierno. Y todos los títulos de los medios van a ser negativos: si el Papa no dice nada; o con cualquier cosa que exprese. Va a ser difícil en la discusión pública, sumada la foto”, sintetiza una fuente del oficialismo a respecto del desembarco de León XIV en Don Orione.
En el Gobierno, por más que intentaron de todas formas bajarle el tono a la presencia del Santo Padre en el cottolengo de Claypole, muy en voz baja admiten que esta será la parte más incómoda de la gira.
La discapacidad fue uno de los grandes problemas de la gestión Milei. Desde su lugar vulnerable, pacientes, familias y prestadores encabezaron reiteradas y nutridas protestas para quejarse por los ajustes en el área.
La discusión se tornó aún más cuesta arriba para la Casa Rosada cuando, en 2025, estalló el escándalo por sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que comandaba Diego Spagnuolo.
Actores de la Iglesia remarcan que Don Orione fue uno de los centros que más “levantó las banderas” contra el recorte en discapacidad y “motorizó” así los reclamos. “Es LA institución”, comenta una fuente oficialista.
Milei vetó la ley de emergencia en discapacidad, que fue ratificada de todas formas por el Senado.
Este año, en la mesa chica del Gobierno hubo altísimas fricciones por los fondos para la discapacidad del Presupuesto 2027, cuando ya se sabía que el Papa iba a ir al cottolengo.
Para calmar las aguas también ante los llamados de atención de la Iglesia, el Gobierno impulsó un proyecto que supera la emergencia, fija un monto para la pensión no contributiva y regulariza la deuda con los prestadores. Fue aprobado en Diputados y esta semana obtuvo aval en comisión del Senado.
La solvencia del operativo demostrará la capacidad de gestión del Gobierno.
Hay tres puntos importantes: los eventos masivos, los traslados y la visita a Don Orione, en el conurbano.
La ministra Alejandra Monteoliva tuvo alta preponderancia en la organización de la venida del Papa. En toda la gira, se prevé el despliegue de 10.000 federales.
Durante sus movimientos, León XIV tendrá una cápsula de la Guardia Suiza y la Policía Federal Argentina (PFA). “Todo el recorrido es sensible y en todos los traslados va a estar acompañado”, refieren en el Gobierno.
En los eventos masivos, además de la seguridad del Papa, será importante el cuidado de los asistentes. Para eso, la clave es la interacción con las dependencias de la Ciudad, Córdoba y Buenos Aires, encargadas de controlar el público.
Claypole es un punto del recorrido al que las autoridades le prestan especial atención. “No es un lugar por donde los jefes de Estado salen a recorrer”, exponen fuentes oficiales.
En el cottolengo estarán presentes, además de la PFA, la Prefectura, Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Grupo Antidisturbios de la Prefectura y de la Gendarmería, y la Montada de la Gendarmería, que se sumarán a la Policía provincial, para trabajar de manera “coordinada” en territorio.
“A las afueras de Don Orione va a estar la Policía de la Provincia; en el perímetro del cottolengo (accesos, egresos y todo el circuito), las fuerzas federales”, detallan fuentes oficiales.
Desde la Nunciatura, el Papa se trasladará por Posadas, Cerrito, 9 de Julio, la Autopista 25 de mayo, Dellepiane, la Avenida General Paz, Camino Juan Domingo Perón, Avenida Juan XXIII, Camino de Cintura, Avenida Monteverde y Avenida Lacaze. En la Avenida Monteverde, esquina Trípodi y Vilcapugio, León se pasará al papa móvil y hará unos 600/700 metros hasta el cottolengo.
La travesía durará una hora. En territorio porteño se plegarán motos de la Policía de la Ciudad, que en la Provincia serán de la bonaerense.
De las tres misas, la de Luján es la más engorrosa para el Gobierno. Primero, porque el peronismo mostrará su poder en su bastión histórico, gobernado ahora por Axel Kicillof, hasta el momento el principal candidato opositor a Milei.
Además, habrá un fuerte despliegue de movimientos sociales.
Actores eclesiásticos anticipan que el Papa podría hablar allí de los “excluidos” y los “descartados”, con ancla en la agenda social, que dista del discurso libertario.
Los Milei no participarán de este encuentro. Irá una comitiva encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que en 2027 quiere ser gobernador bonaerense.
“Es cierto que se pueden politizar el antes y el después de la misa, por los personajes que van”, asumen en la Rosada.
León XIV fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, día de la Virgen de Luján.
El Gobierno, poco acostumbrado a mostrarse con dirigentes que están en sus antípodas, se encontrará en el Palacio Libertad con detractores que tienen llegada a la Iglesia, como la vicepresidenta Victoria Villarruel o el diputado Juan Grabois.
Las hipótesis sobre dónde localizarían a Villarruel fueron parte de la comidilla en la Rosada por estos días. Según le dijeron a fuentes oficiales, ocupará un “lugar preponderante”.
En el oficialismo no esperan movimientos disruptivos en este evento. “Si hacen show, van a quedar mal”, se escuda una fuente. “Harán sus avivadas, pero nadie va a hacer locuras, por un tema de institucionalidad”, acota otra.
Actores de la Iglesia suponen que en el ex CCK el Papa puede hacer un llamado de atención a la política en general. “Los va a atender a todos. El Papa va al hueso, no anda a las vueltas”, comentan.
Fuentes al tanto de la organización creen que la reunión con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) puede ser tensa para el Gobierno porque el Papa podría abordar los despidos y los efectos de la IA.
“Es el sucesor de León XIII”, refieren quienes saben de teología, sobre aquel Papa que habló de la situación de los obreros en el marco de la Revolución Industrial.
Milei es detractor del control de la IA y en su gestión, hasta julio de 2025, cerraron 32.290 empresas, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
“Luján y la UCA pueden ser adversos, pero nada como el cottolengo”, dice una fuente oficialista.
La decisión de qué se verá en la transmisión al mundo depende del Vaticano, pese a que el Gobierno ponga “los fierros”.
“El director de cámaras es de ellos”, informan en la Rosada.
Dentro del oficialismo no son pocos los preocupados por la falta de control del Gobierno sobre lo que saldrá al aire, con un Presidente quisquilloso de qué se muestra de él. También, respecto de qué se expondrá de la Argentina libertaria.
“En los últimos escenarios no controlados, Milei no salió ileso. Mirá la curita en España”, dice una fuente, que acota: “Entrás a jugar en terreno visitante”.
Entre aquello sobre lo que el Gobierno no tiene los hilos, y que puede ser sensible, se suman: si hay audiencias privadas con opositores (que por ahora no se harían); el mensaje general que el Papa dejará en la Argentina; y quién va a capitalizar la visita.
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El Senado dictaminó la ley “Joaquín”, que impone medidas de seguridad en espacios deportivos públicos y privados

La comisión de Deportes del Senado firmó esta tarde un dictamen de un proyecto ya aprobado por Diputados y de manera unánime -220 votos- que establece la “obligatoriedad de medidas de seguridad relativas a la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y todo otro elemento deportivo o juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados, destinados a prácticas deportivas y/o recreativas, para prevenir accidentes y resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes y de toda persona que haga uso de dichos elementos”.
El texto en cuestión lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía que murió el 5 de enero del corriente año en Junín de los Andes, Neuquén. Durante un campamento, un arco de fútbol sin fijación al piso cayó sobre él, provocándole lesiones que derivaron en muerte encefálica. Éste fue uno de los casos mencionados, con nombre y apellido, a pedido de la familia durante una reunión que comandó el radical y vice de la comisión, Maximiliano Abad (Buenos Aires).
Bajo este panorama, quienes queden dentro de la ley tendrán que “asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumplan con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves conforme a las especificaciones de anclaje, peso y protección para cada disciplina y/o juego de plaza que establezca el órgano coordinador, sin perjuicio de aquellas disposiciones complementarias que establezcan las jurisdicciones en el marco de su respectiva normativa de adhesión y reglamentación”.
Al contar con una preferencia solicitada tiempo atrás con dictamen de comisión, el articulado quedó en condiciones de aterrizar en la próxima sesión que realice el pleno de la Cámara alta. Como no se esperan encuentros para la semana próxima por la visita del Papa y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dará un informe de gestión el miércoles 25, la ley quedaría para una eventual reunión a realizarse el jueves 19 o el 26.

“Tenemos que evitar accidentes dañinos sin alejar a los chicos de prácticas tan sanas como lo es el deporte”, manifestó el libertario y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis). En tanto, el kirchnerista Marcelo Lewandowski, tras avalar la iniciativa, advirtió: “No nos tenemos que quedar en esto. Repasemos cómo está la situación de los clubes de barrio, los más humildes, quienes tienen mayores dificultades para sostenerse”.
En cuanto a responsabilidades, el articulado refiere a que “los controles, inspecciones y certificaciones” serán realizadas por la autoridad de aplicación -de cada distrito que adhiera a la ley- “en el marco de sus competencias, debiendo estas últimas exhibirse de forma permanente en las instituciones correspondientes, en lugar visible y de fácil acceso al público, conforme lo determine la reglamentación”.
Por otra parte, la “compañía de seguros, al momento de extender la cobertura a una institución de estas características, deberá requerir” a la misma “la acreditación del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas” en la normativa, las cuales “deberán encontrarse vigentes al momento de la contratación”. Esto fue destacado en la comisión por el peronista Fernando Salino (San Luis).
En tanto, en caso de provincias que se sumen al sistema, habrá un plazo máximo de un año contado desde la entrada en vigencia del mismo para reorganizar la seguridad del establecimiento deportivo, aunque se podrá “prorrogar” por “única vez” y “por igual período”. Antes que finalizara el convite, Abad recordó también la adhesión y el trabajo de la presidenta de la comisión de Deportes -de licencia por maternidad-, la cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), para que la iniciativa avance en el Senado. Así, quedó lista para su sanción en el recinto.
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