La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró hoy que la Argentina es responsable internacionalmente por haber violado la independencia judicial cuando, en 2003, el Senado destituyó por juicio político a Eduardo Moliné O’Connor como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El tribunal internacional se basó en que fue removido de su cargo por el contenido de sus sentencias. La decisión fue notificada este jueves en San José de Costa Rica, según un comunicado oficial.

Moliné O’Connor murió mientras el proceso estaba en trámite. Falleció el 20 de agosto de 2014 en su casa, a los 76 años, a causa de una grave enfermedad.

El exministro fue removido por el Senado durante el gobierno de Néstor Kirchner, que apuntó contra los cinco jueces de la “mayoría automática” de la Corte del menemismo.

Sólo Moliné y Antonio Boggiano fueron destituidos. Los otros tres renunciaron antes. Eran Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López.

A diferencia de Moliné, Boggiano quedó inhabilitado por tiempo indeterminado para ocupar cargos públicos. Fue removido por la misma causa Meller que justificó la destitución su excolega y este fallo del tribunal internacional puede ser usado ahora en su favor.

Moliné O’Connor fue el primero de los cinco jueces en llegar a juicio. El 31 de julio de 2003 la Comisión de Juicio Político aprobó el dictamen acusatorio, por 16 votos a 1. La acusación sostenía que el fallo en el caso Meller comprometió indebidamente al Estado en el pago de casi 400 millones de pesos a ese grupo económico por deudas de la exEntel en la confección de las guías telefónicas.

El 20 de agosto quedó constituido el tribunal de senadores, que lo suspendió. El 3 de diciembre lo destituyeron por 45 votos contra 19. Se necesitaban 43 votos. La definición quedó en manos de los senadores peronistas Antonio Cafiero, Oscar Lamberto, Marcelo López Arias, Carlos Verna y Liliana Negre de Alonso. Fue la primera vez en 50 años que el Senado destituía a un juez de la Corte.

Moliné O’ Connor fue removido por “mal desempeño” a raíz del criterio jurídico que había expresado en su voto del caso Meller.

El tribunal internacional sostuvo que varias decisiones adoptadas durante el juicio político no estuvieron debidamente fundadas y que los tribunales argentinos que revisaron los recursos del juez no respondieron a sus planteos.

La disputa por la pensión

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró además que revocarle la pensión vitalicia como consecuencia de una destitución arbitraria vulneró sus derechos.

Señaló también que el juicio que el exjuez inició para reclamar ese beneficio se demoró sin justificación durante más de una década.

En consecuencia, el tribunal internacional concluyó que el Estado violó las garantías judiciales, la protección judicial, los derechos políticos y los derechos a la propiedad, al trabajo y a la seguridad social, y que afectó el proyecto de vida de la víctima.

Ordenó regularizar el régimen de la pensión, publicar la sentencia y pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, además de costas y gastos. Todo eso llegó tarde, pues el juez, destituido hace 23 años, murió hace 16 años.

La Corte Interamericana también dispuso que las autoridades argentinas interpreten el artículo 53 de la Constitución, que regula el juicio político, de acuerdo con la Convención Americana y la jurisprudencia del tribunal.

Un antecedente importante

Este mandato es importante pues es un antecedente que de algún modo limita a futuro intentos de juicio político en el Congreso contra jueces de la Corte por el contenido de sus fallos.

La sentencia fue firmada por los jueces Rodrigo Mudrovitsch (presidente), Patricia Pérez Goldberg, Ricardo Pérez Manrique, Nancy Hernández López, Alberto Borea Odría y Diego Moreno Rodríguez.

Pérez Goldberg, Pérez Manrique y Borea Odría votaron en disidencia parcial. La jueza argentina Verónica Gómez no participó del caso.