Cincuenta y dos penitenciarios de la cárcel de Ezeiza, incluidos los jefes de la unidad y dos médicos, fueron elevados a juicio oral y público por torturar presos durante un motín ocurrido en 2019, durante el cual apilaron a los detenidos en una “montaña humana”, gasearon a nueve reclusos por la mirilla de una celda individual y los dejaron cuatro días sin comer.

La decisión a la que accedió fue tomada por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y el fiscal general Alberto Gentili, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), y de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que es querellante.

Además, ordenó la inhibición general de bienes de todos los acusados.

Los sucesos comenzaron en la tarde del domingo 9 de junio de 2019, cuando un grupo de presos del Pabellón B de la Unidad Residencial III del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza protestó por un cambio en el horario de visitas.

Los presos insultaron a los celadores, tiraron objetos contra el acrílico de la celaduría y prendieron fuego colchones de goma espuma. Lo que pasó en las cuatro horas siguientes y en los cuatro días posteriores llegará ahora a un juicio oral.

El juez Rodríguez Ponte cerró la instrucción y envió el expediente a un Tribunal Oral Federal de La Plata que se sorteará.

Ante el incendio, el jefe de turno pidió la intervención de grupos operativos para entrar al pabellón y “restablecer el orden”.

Se armó entonces un “cuerpo de requisa extraordinario” con agentes de la División Registros y del Grupo Especial para la Resolución de Incidentes (GERI), equipados con escudos, cascos, tonfas, aerosoles de gas pimienta y escopetas con munición antitumulto.

Según la acusación, los integrantes del GERI dispararon desde la puerta hacia el interior “en algunas ocasiones apuntando directamente al cuerpo de los internos” y no en forma disuasiva.

Una vez dentro, empujaron a los presos hacia un rincón, en el ángulo entre las celdas 9 y 10, donde cayeron unos sobre otros y formaron lo que el expediente llama una “montaña humana”.

Allí, ya reducidos y sin posibilidad de resistir, los golpearon, les tiraron gas pimienta en la cara y les dispararon a corta distancia. En el pabellón había 32 detenidos. El Cuerpo Médico Forense constató lesiones en 15 de ellos, dos con fracturas de cúbito.

Mientras tanto, nueve presos se habían refugiado en la celda 10, que es individual, y cerraron la puerta. Según la acusación, un grupo de agentes les roció gas pimienta por la mirilla y otros lo hicieron desde el patio, por la ventana, mientras los insultaban.

La agresión se prolongó pese a los gritos de auxilio. Uno de los detenidos llegó a meter la cabeza en el inodoro, desesperado porque no podía respirar.

Terminada la requisa, cada preso fue obligado a desnudarse frente a su celda y a dar cuenta de sus lesiones ante los mismos agentes que acababan de participar del operativo.

Uno de ellos registró en video las imágenes y el audio de las conversaciones en la celaduría. Esas filmaciones resultaron una prueba clave.

Los dos médicos de guardia, Martín Perisset y Fernando Troisi, miraron el operativo desde el pasillo. Según la causa, cuando entraron no examinaron a los presos: los observaron a distancia, ubicados detrás de los agentes, y anotaron solo parte de lo que los internos les decían.

La Cámara Federal de La Plata, a partir de las filmaciones, señaló que certificaron la ausencia de lesiones en diez detenidos que en exámenes posteriores presentaron heridas. Irán a juicio por falsedad ideológica y por omisión de denunciar torturas.

Al día siguiente, el Comité de Seguridad de la unidad propuso un régimen de “sectorización”, que dispuso el director de la Unidad Residencial III, Benedicto Rafael Aguilar, y aplicaron los jefes de turno entre el 10 y el 13 de junio.

Formalmente era una medida preventiva, pero funcionó en la práctica como una sanción colectiva, que prohíbe la ley.

Durante esos días, según la acusación, las cuatro raciones diarias se dejaban en el piso del pabellón, fuera del alcance de los presos encerrados.

Las bandejas tampoco entraban por la mirilla. Desde sus celdas, los internos veían cómo las ratas se comían sus alimentos. El pabellón no tenía luz, los inodoros y lavatorios estaban tapados y las ventanas no tenían cerramiento, en pleno invierno.

El régimen terminó el 13 de junio a las 16:30, cuando llegó una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. La comitiva encontró a los detenidos gritando por comida y agua y las viandas tiradas en el suelo.

Irán a juicio por torturas unos 29 agentes de la División Registros, 6 del GERI y 3 jefes de turno. El delito prevé penas de 8 a 25 años de prisión.

Están acusados de tortura, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, el director Aguilar y seis integrantes del Comité de Seguridad. Y está acusado de omisión de evitar torturas Pedro Avelino Insaurralde, jefe de día y máxima autoridad del complejo esa jornada. Llegó a la unidad a las 22:45 y se fue a las 0:20.

Los médicos irán a juicio por falsedad ideológica y omisión de denunciar torturas, y dos celadores, un inspector y un auxiliar, por falsear actas

Las defensas sostuvieron que la requisa fue necesaria ante el incendio y la resistencia de los presos, que según ellas usaron elementos punzocortantes.

Afirmaron que la sectorización fue un aislamiento provisorio previsto en la reglamentación para evitar peleas entre internos. Además, cuestionaron los episodios de la “torre humana”, la mirilla y el inodoro porque, dijeron, no tienen respaldo en constancias médicas objetivas.

El juez respondió que eran sustancialmente los mismos argumentos que ya había evaluado la Sala II de la Cámara Federal de La Plata cuando confirmó los procesamientos, el 18 de julio de 2025, y que desde entonces no se incorporó prueba nueva. Recordó también que en esta etapa alcanza con un juicio de probabilidad y que la certeza queda reservada al juicio oral.

En la misma resolución, a pedido de la fiscalía y de la querella, el juez sobreseyó a dos integrantes del Grupo Operativo Anti Siniestros (GOAS), que solo apagaron el fuego y ventilaron el pabellón.