POLITICA
Bloqueos sindicales: tras la absolución de 7 imputados, otra jueza de San Nicolás condenó a un dirigente de Camioneros
Un mes después de que el juez Alejandro López absolvió a un sindicalista y otros 6 imputados en el bloqueo a Rey Distribución, la jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás condenó al dirigente del Sindicato de Camioneros Fernando Espíndola a cuatro años de prisión por la misma protesta y por extorsionar a los dueños de esa pyme de San Pedro durante al menos dos episodios documentados en 2021.
La sentencia, dictada este viernes, puso fin a una causa que se extendió por cinco años y acumuló 21 cuerpos de expediente, y se dio dentro del juicio abreviado que se acordó a comienzos de septiembre, modalidad procesal en la que las partes acuerdan una calificación y pena sin que ello implique confesión de culpabilidad.
Sin embargo, Espíndola fue hallado coautor penalmente responsable de turbación de la posesión en concurso ideal con amenazas coactivas en tentativa —dos hechos— y de amenazas coactivas consumadas, aunque se estima que seguirá en libertad luego de que fue excarcelado el 23 de octubre pasado, una vez que el juez López, en un polémico fallo, absolvió al titular del Sindicato de Camioneros local, Maximiliano Cabaleyro, y otros 6 imputados por el bloqueo a Rey Distribución.
En su momento, según el diario El Norte, de San Nicolás, el fundamento jurídico de Baquedano para liberar a Espíndola se basó en el artículo 169, inciso 6, del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que habilita la excarcelación cuando el tiempo cumplido en detención permitiría acceder a una libertad condicional o asistida ante una eventual condena.
El 14 de octubre pasado, el juez López absolvió a Cabaleyro y desestimó el pedido de la fiscalía de que el dirigente sea condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, la inhabilitación por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos y la revocación del arresto domiciliaria y tampoco se aceptó la solicitud de los abogados de la familia Rey, que plantearon que la pena de prisión se elevara a 15 años.
La sentencia eximió de culpa a los responsables de esa protesta extorsiva, que se extendió durante cinco días e incluyó amenazas y hostigamiento, con fundamentos cargados de controversia: el juez dio por probado que existió un bloqueo que impidió el acceso a la empresa y que le ocasionó pérdidas millonarias, pero lo consideró como el “legítimo ejercicio de un derecho”.
El caso involucra a Rey Distribución, empresa familiar de San Pedro cuyos propietarios, los hermanos Gustavo y Ariel Rey, denunciaron haber pagado mensualmente sumas equivalentes al sueldo de un empleado —que hacia 2021 rondaban los $ 20.000— para evitar que el sindicato les paralizara la actividad desde 2017.
Los hechos probados por la magistrada son tres. El primero ocurrió el 15 de enero de 2021, a las 5 de la madrugada, cuando Espíndola y un grupo de personas vinculadas al sindicato bloquearon el portón de ingreso y egreso de camiones en la sede de Bonorino 175, impidiendo toda operación comercial hasta las 14 horas.
El detonante inmediato había sido la suspensión disciplinaria del empleado Edgardo Di Mayo, presentado por el sindicato como delegado electo —aunque la jueza comprobó que esa designación nunca fue comunicada al empleador en tiempo y forma, tal como exige la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales—. Días antes, Espíndola ya había advertido a Gustavo Rey: “Se pudre todo”.
El segundo hecho abarcó del 22 al 25 de febrero de 2021. Antes del amanecer, el sindicato apostó frente a la misma distribuidora un colectivo motorhome —con patente a nombre de la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros— que bloqueó durante cuatro días el único acceso vehicular del predio.
Las cámaras de seguridad registraron cómo, a las 12.53 horas del 23 de febrero, el vehículo fue desplazado apenas unos metros pero los manifestantes continuaron obstaculizando el paso en reposeras. El colectivo recién se retiró definitivamente el 25 de febrero a las 15. Una pericia contable estableció que esos cuatro días generaron una pérdida de $ 12.583.887,29 en facturación, calculada sobre la semana previa. Un cliente —la bodega Peñaflor— rescindió su contrato por no querer verse involucrado en el conflicto.
Un audio incorporado como prueba resume la dinámica del segundo bloqueo con precisión: Ariel Rey le gritó a Espíndola “Fernando, ya está, sácame la gente, boludo”, a lo que el sindicalista respondió que esperaba la llegada de otro dirigente. Rey replicó: “Olvídate de las 20 lucas”.
El hecho identificado como número 5 en la acusación es el que revela el mecanismo de presión económica más sofisticado. El 20 de abril de 2021, el contador de la empresa fue citado a la sede del sindicato en San Pedro, donde Espíndola y otro sujeto no sometido a proceso le dijeron: “Si no arreglan vamos a volver a paralizar la empresa con un bloqueo total”. Bajo esa amenaza, el contador —con la anuencia de los hermanos Rey— suscribió un convenio de pago por una supuesta deuda de diferencias salariales, aportes sindicales y obra social por un total de $805.383,03. El primer tramo, $203.838,29 en efectivo más un cheque de $102.999,91, fue entregado dentro de una caja de galletitas. El resto se abonó en dos cheques por $355.583,03.
Un audio del 13 de abril de 2022 capturó la voz de Espíndola recibiendo el pago y discutiendo con el contador los montos. En ese intercambio se escucha al contador advertirle: “Ahí tenés los 550 que me dieron los muchachos de Rey. Espero que se solucionen todos los problemas”.
La jueza Baquedano absolvió a Espíndola por el hecho 3, que imputaba el cobro mensual de sumas extorsivas desde 2017. La razón: un audio aportado por la defensa, fechado el 7 de mayo de 2020, en el que Gustavo Rey le dice a Espíndola: “Fernando, vos nunca me pediste nada”. Ese registro no fue cuestionado por los hermanos Rey, lo que impidió a la magistrada la certeza necesaria para un veredicto condenatorio. “No puedo alcanzar la certeza más allá de toda duda razonable”, escribió.
La sentencia también introdujo una rebaja significativa respecto de lo acordado por las partes. Fiscalía, defensores particulares y el propio Espíndola habían consensuado una pena de seis años. La jueza la redujo a cuatro años, con dos argumentos: la carencia de antecedentes penales condenatorios del imputado —única atenuante admitida— y una reclasificación del hecho 5. La magistrada consideró que ese episodio no configuraba extorsión —delito contra la propiedad— sino amenazas coactivas consumadas —delito contra la libertad— porque las sumas exigidas respondían a supuestas deudas laborales y no a un beneficio patrimonial ilegítimo en sentido estricto.
La jueza explícitamente rechazó que el sometimiento al juicio abreviado pudiera computarse como atenuante, como habían pedido las defensas. Señaló que ese instituto, a diferencia de lo previsto en el Código Procesal Penal de la Nación, en el ordenamiento bonaerense “no implica confesión de la participación en el hecho sino solamente un acuerdo sobre calificación y pena”, y que, por tanto, no equivale a arrepentimiento ni conlleva reparación del perjuicio a las víctimas.
La sentencia también contiene una derivación de oficio de enorme peso institucional. La magistrada ordenó remitir copias a la Fiscalía General departamental para que evalúe si funcionarias del Ministerio de Trabajo incurrieron en delitos de acción pública. Las escuchas telefónicas incorporadas a la causa muestran a una persona identificada como Natalia, de la Subsecretaría de Trabajo, diciéndole al secretario general del gremio que no dictó la conciliación obligatoria “porque fue una forma de ganar tiempo para que ustedes se puedan manifestar”.
A su vez, la propia delegada regional de Trabajo, Sofía Rotundo, declaró que cuando concurrió al establecimiento el 22 de febrero de 2021 vio el motorhome “al costado del portón”, no obstruyendo el acceso —versión contradicha por los empleados, los agentes policiales y las filmaciones—. La jueza lo caracterizó como “una picardía de quienes conducían el colectivo-motorhome, que lo corrieron al enterarse de que el Ministerio de Trabajo se haría presente”.
Otros dos audios aportados por la fiscalía revelan el alcance de la presión ejercida por Espíndola sobre actores fuera del ámbito empresarial. En uno del 24 de febrero de 2021, el sindicalista le refiere a un interlocutor que el comisario mayor Catalano le había notificado una cédula judicial para desalojar el lugar, y que él le respondió: “Mirá, te conozco hace un montón de años, vos querés venir, vení y hacé el acta, yo te saco la firma adelante, no me sacás un camión, no me sacás nada”. En otro tramo de la misma conversación, Espíndola dice haber hablado con quien entonces era intendente de San Pedro, Cecilio Salazar —a quien identificó como “Cecilio”—, y haberle advertido: “Mirá que mañana no tenés barrido. Y si viene y les retiene la gente paran todo”. Según el relato, el intendente le respondió que “se quedara tranquilo, que ya se ocupaba”.
El impacto sobre la familia Rey quedó documentado en el informe victimológico elaborado por la perito Juana Flores. Gustavo Rey describió meses de insomnio, discusiones conyugales y gastos imprevistos en abogados. Su esposa llegó a plantearle abandonar el negocio. Ariel Rey relató que durante enero de 2021 sus hijos dejaron de concurrir a la colonia de vacaciones del club al que asistían habitualmente por razones de seguridad, y que él y su esposa llegaban al establecimiento a las 4.30 de la madrugada sin saber qué encontrarían. Ambos hermanos quedaron incorporados al Área de Asistencia a la Víctima del tribunal.
Como medida cautelar vigente hasta que la sentencia quede firme, la jueza impuso a Espíndola una prohibición de acercamiento a Gustavo y Ariel Rey, a sus respectivos grupos familiares —por cualquier medio, incluidas terceras personas— y a los establecimientos de Rey Distribución, así como a los domicilios particulares de los damnificados en San Pedro.
POLITICA
Los negocios de “El Tío” Lázaro Báez y la conexión narco: dólares, una financiera y otra investigación por lavado
La investigación comenzó con una sospecha sobre el tráfico de cocaína en Santa Cruz, pero terminó en los negocios de Lázaro Báez, el empresario que hizo una fortuna con la obra pública, fue condenado por corrupción en el caso Vialidad y cumple una pena de prisión de 15 años. Los investigadores seguían los movimientos de una presunta organización narco cuando detectaron transferencias de dinero, una financiera en El Calafate que recibiría hasta USD 50.000 semanales y una red de personas que mantenía vínculos económicos con el dueño del quebrado Grupo Austral.
El descubrimiento abrió una segunda investigación judicial, esta vez por lavado de activos, asociación ilícita y otras maniobras presuntamente destinadas a mantener bajo el control de Báez propiedades que estaban embargadas o sujetas a decomiso. La conexión entre ambos expedientes tiene un protagonista central: Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”, un hombre con antecedentes penales investigado por su participación en el negocio del narcotráfico y que, al mismo tiempo, era uno de los principales operadores económicos del empresario.
En las comunicaciones que mantenían, Ibáñez llamaba a Báez “el Tío”. El apodo también identificaba a quien, según la hipótesis de los fiscales, continuaba impartiendo instrucciones desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza para administrar establecimientos agropecuarios, cobrar alquileres y realizar operaciones comerciales con bienes que debían encontrarse sometidos al control judicial.
Infobae accedió a información de la investigación que se encuentra en sede judicial y que permite reconstruir cómo se desarrolló la pesquisa, desde las primeras averiguaciones sobre una banda dedicada al transporte de cocaína hasta el descubrimiento de las conexiones financieras con el patrimonio del empresario condenado por corrupción.
La investigación que estuvo a cargo de fuerzas federales que dependen del Ministerio de Seguridad tiene otra protagonista relevante: Claudia Insaurralde, pareja de Báez y señalada por los investigadores como una virtual lugarteniente en la estructura que administraba sus bienes. Fue detenida el lunes 9 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, junto con Ibáñez y Valentina Micaela Devetac, pareja de este último. La Justicia sospecha que Insaurralde desempeñaba un papel decisivo en la ejecución de las instrucciones impartidas por el empresario desde la cárcel.
Las condenas de Báez y el patrimonio bajo control judicial
La nueva causa vuelve a colocar bajo examen el destino de la fortuna que Báez acumuló a través de Austral Construcciones, la empresa fundada en mayo de 2003 que se convirtió en una de las principales contratistas de obras viales financiadas por el Estado nacional en Santa Cruz. Entre 2003 y 2015, su grupo recibió 51 contratos de obra pública en esa provincia, en el marco de un esquema de adjudicaciones que posteriormente fue investigado y juzgado por la Justicia federal.
Ese proceso terminó con su condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el caso Vialidad, que quedó firme en junio de 2025. El empresario también fue condenado por lavado de activos en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Ambas sentencias dieron lugar a una pena unificada de 15 años de prisión y a medidas patrimoniales destinadas a recuperar bienes relacionados con los delitos.
La expansión económica de Báez no se había limitado a la construcción. Incluyó establecimientos agropecuarios, hoteles, inmuebles, sociedades comerciales, vehículos y maquinaria. Parte de ese patrimonio quedó embargado, sujeto a decomiso o sometido a otras restricciones judiciales.
La nueva investigación busca determinar si el empresario consiguió mantener el control efectivo de algunos de esos bienes mediante una organización de colaboradores y cómo esa estructura terminó relacionada con personas investigadas por narcotráfico.
La financiera de El Calafate y el circuito del dinero sospechoso
La primera causa, identificada con el número 80825/2026, se inició a partir de sospechas sobre una organización que habría utilizado camiones de una empresa transportista para trasladar cocaína en Santa Cruz, al menos desde diciembre de 2025.
La hipótesis de los investigadores indicaba que dos hombres cumplían funciones relevantes en la distribución de los estupefacientes. Uno de ellos habría utilizado un lavadero como lugar de entrega de la droga. La organización también mantenía conexiones con personas radicadas en otros puntos del país.
Las averiguaciones permitieron identificar un establecimiento denominado Esperanza Trucks, en Río Gallegos, donde también funcionaban un lubricentro y un taller de mecánica ligera. Los investigadores comenzaron a reconstruir las relaciones personales, comerciales y financieras de quienes aparecían vinculados con ese lugar.
Pero el avance más significativo se produjo cuando la pesquisa comenzó a seguir el recorrido del dinero.
Entre la información incorporada a la investigación surgió la existencia de una presunta financiera ubicada en avenida del Libertador 1359, en El Calafate, hacia donde los integrantes de la organización trasladarían semanalmente sumas de hasta USD 50.000.
Los fondos serían posteriormente destinados a una persona identificada como “el número uno”, que se encontraría en Buenos Aires. Esa referencia abrió interrogantes sobre quién recibía el dinero, cuál era su procedencia y qué relaciones económicas existían entre los involucrados.
El 29 de mayo de 2026 se realizó una constatación que permitió localizar el establecimiento. En ese momento estaba cerrado al público por refacciones.
La información conocida de la causa no establece la identidad del denominado “número uno” ni acredita que las entregas semanales se hayan realizado efectivamente por esos montos. Tampoco permite afirmar que ese destinatario fuera Báez. Se trata de una de las hipótesis que los investigadores procuran esclarecer.
El 13 de junio, la Unidad Fiscal de Río Gallegos impulsó nuevas medidas para determinar el funcionamiento de la presunta organización narco y sus conexiones con personas de otras provincias.
Las tareas permitieron detectar movimientos financieros sospechosos, acreditaciones y transferencias de dinero, además de la utilización de vehículos de alta gama por parte de algunos investigados. Los investigadores consideraron que existía una posible desproporción entre el nivel de actividad económica observado y los ingresos declarados.
El siguiente paso fue examinar las operaciones financieras.
El 20 de julio, la Fiscalía incorporó información sobre movimientos realizados mediante billeteras virtuales y transferencias de dinero. El objetivo era determinar cómo circulaban los fondos entre los sospechosos, quiénes eran sus beneficiarios y si existían maniobras destinadas a otorgar apariencia legal a recursos provenientes de actividades delictivas.
El análisis de las operaciones permitió identificar transferencias entre distintas personas bajo investigación, movimientos por cifras millonarias y posibles conexiones con otros expedientes judiciales relacionados con el narcotráfico.
Entre los vínculos examinados aparecen personas relacionadas con Luis Agustín Alcaina, detenido desde agosto en otra investigación en la que se habían secuestrado 36 kilos de cocaína.
La investigación también reconstruyó episodios concretos de presunta comercialización de estupefacientes. El 22 de diciembre de 2025 se encontraron 66,43 gramos de cocaína durante un allanamiento. El 9 de abril de 2026 se hallaron otros 439,88 gramos en una inspección judicial realizada después de que una persona fuera encontrada sin vida.
En los procedimientos del 10 de noviembre se secuestraron además 725 gramos de cocaína y 1.305 gramos de cannabis que, según la hipótesis fiscal, estaban destinados a su comercialización.
Pero mientras los investigadores avanzaban sobre los movimientos de dinero y las relaciones entre los sospechosos, encontraron una conexión que amplió considerablemente el alcance de la pesquisa.
Cristian Ibáñez, uno de los principales investigados por narcotráfico, también intervenía en operaciones relacionadas con bienes y empresas de Lázaro Báez.
La vinculación no se limitaba a una relación personal. Los investigadores identificaron su participación en la administración de propiedades, establecimientos agropecuarios y movimientos de bienes que habían pertenecido al empresario y que estaban alcanzados por decisiones judiciales.
Entre los elementos que conectaron ambas investigaciones aparecieron un Ford Mondeo vinculado con Báez, referencias a maquinaria del grupo empresario y un camión Scania interceptado el 24 de septiembre en el control de Güer Aike, en el acceso a Río Gallegos, con documentación presuntamente apócrifa.
La coincidencia de personas, actividades comerciales y movimientos patrimoniales llevó a la apertura de una segunda causa, registrada como 169831/2026, que se originó el 25 de septiembre.
La nueva investigación buscó determinar si existía una organización estable dedicada a administrar, explotar y disponer de bienes embargados o sujetos a decomiso, con la participación del propio Báez desde la cárcel.
La hipótesis fiscal sostiene que, a diferencia de otros mecanismos de lavado de activos que utilizan sociedades nuevas, los involucrados habrían operado sobre un patrimonio ya existente, formado por propiedades rurales, inmuebles urbanos, empresas y vehículos del grupo.
Entre los establecimientos investigados aparecen las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, además de inmuebles en Río Gallegos y El Calafate, galpones y bienes vinculados con Austral Agro SA y Kank y Costilla SA.
El dato más relevante es que esos activos estaban relacionados con el patrimonio acumulado por Báez durante su expansión empresarial y algunos se encontraban alcanzados por medidas judiciales derivadas de sus condenas por corrupción y lavado de activos.
De acuerdo con los datos expuestos durante las audiencias judiciales, la estructura investigada habría movilizado aproximadamente $ 390 millones durante ocho meses. Esa cifra corresponde al flujo financiero examinado por los fiscales y no significa que la totalidad de esos fondos haya sido acreditada como producto de lavado.
La pareja de Báez, las detenciones y los bienes bajo investigación
La nueva causa tiene en el centro a Claudia Insaurralde y Cristian Ibáñez, señalados como los principales operadores de Báez para mantener en funcionamiento sus negocios.
Como informó este viernes Infobae, la Justicia investiga si el empresario lideraba desde la cárcel una organización que explotaba bienes embargados a espaldas de los tribunales. La acusación sostiene que impartía instrucciones desde Ezeiza y que sus colaboradores intervenían en la administración de propiedades, contratos de alquiler, establecimientos agropecuarios y movimientos de fondos.
Insaurralde habría desempeñado una función central dentro de esa estructura. Según la hipótesis de los investigadores, su papel excedía el vínculo personal con Báez y comprendía la ejecución de decisiones comerciales, el contacto con administradores y la coordinación de actividades relacionadas con el patrimonio del empresario.
En las últimas horas trascendieron escuchas judiciales que revelaron las comunicaciones que Báez mantenía desde prisión con sus colaboradores, incluidos algunos de los detenidos en las causas vinculadas con el narcotráfico y el lavado de activos. Las conversaciones permitieron conocer las instrucciones que impartía sobre alquileres, establecimientos rurales, operaciones comerciales y personas encargadas de sus propiedades.
Para los fiscales, esas comunicaciones constituyen uno de los elementos que respaldan la hipótesis de que Báez habría conservado una posición de conducción sobre la organización, pese a su condición de detenido y a las restricciones judiciales que pesaban sobre sus bienes.
Desde el entorno del empresario, según publicó Infobae, sostienen que las propiedades y empresas que continúan en actividad cuentan con administradores designados y que las operaciones económicas se encuentran formalmente registradas. La Fiscalía, en cambio, investiga si parte de esos movimientos se realizaban fuera del control de los tribunales.
El lunes 9 de noviembre, Insaurralde, Ibáñez y Devetac fueron detenidos después de arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo procedente de Río Gallegos.
Los investigadores habían detectado su desplazamiento hacia Buenos Aires y la Fiscalía dispuso las detenciones ante la sospecha de que pudieran intentar abandonar el país. Entre sus pertenencias se encontró documentación vinculada con empresas de Báez.
Insaurralde e Ibáñez quedaron sometidos a medidas de prisión preventiva. Devetac, que viajaba con su bebé, recuperó posteriormente la libertad, aunque continúa vinculada con la investigación.
Las detenciones fueron seguidas por una serie de allanamientos simultáneos relacionados con las dos causas, realizados en Santa Cruz, Buenos Aires y otros puntos del país.
Las medidas fueron ordenadas por el juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez, a pedido de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, encabezada por Julio Zárate, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal Diego Velasco, las áreas de Narcocriminalidad de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Infobae accedió a información judicial que permite conocer el resultado de los procedimientos y los bienes encontrados en distintos establecimientos vinculados con los investigados.
En la estancia Alquinta, situada a unos 80 kilómetros de Río Gallegos, se secuestraron un camión Ford Cargo, un tractor agrícola, otros vehículos, una minipala, un tractor cortacésped, dos grupos electrógenos, un compresor y dos armas de fuego.
En La Entrerriana, a unos 120 kilómetros de El Calafate, los investigadores incautaron teléfonos celulares, armas, municiones, documentación, motocicletas, generadores y un camión Iveco que tenía un pedido de secuestro vinculado con una investigación anterior por lavado de activos.
Otros procedimientos alcanzaron domicilios relacionados con personas que habrían participado en la administración económica del grupo.
En una propiedad vinculada con Diego Ernesto Navarro, contador y colaborador de Báez, se secuestraron dos armas de fuego, una camioneta Nissan Frontier, teléfonos celulares, ocho dispositivos de almacenamiento portátil, dos tabletas, siete discos rígidos, un iPad y documentación.
También se encontraron sumas de dinero en efectivo, vehículos, registros societarios y dispositivos electrónicos en otros domicilios vinculados con los investigados. Entre los secuestros figuran $ 6.250.910 en uno de los procedimientos, además de USD 4.000, $ 112.000 y $ 30.000 chilenos en otro.
Se realizaron además diligencias en tres domicilios particulares y una inmobiliaria, en Río Gallegos y Luis Beltrán, provincia de Río Negro, donde se obtuvo documentación sobre contratos de alquiler y movimientos de pagos.
El avalúo estimado de los bienes y elementos secuestrados en un conjunto de procedimientos alcanzó los $ 377,5 millones, según la información de la investigación a la que accedió Infobae. Esa cifra es independiente de los aproximadamente $ 390 millones correspondientes a movimientos financieros bajo análisis.
La cantidad de dispositivos electrónicos, documentación societaria y registros comerciales secuestrados resulta relevante para una investigación que busca determinar quiénes administraban los bienes de Báez, cómo se cobraban los ingresos y qué operaciones se realizaron a través de personas vinculadas con las dos causas.
Los procedimientos también alcanzaron la celda del empresario en el penal de Ezeiza, donde se secuestraron cuadernos y anotaciones sobre operaciones económicas, alquileres y propiedades, según la información judicial que trascendió durante la semana.
En las audiencias de formalización se atribuyeron provisoriamente delitos de lavado de activos, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación en el expediente relacionado con Báez. La causa por narcotráfico comprende acusaciones por comercialización de estupefacientes, asociación ilícita y lavado de dinero.
La investigación también motivó medidas cautelares patrimoniales, embargos, inhibiciones y restricciones destinadas a impedir nuevos movimientos de bienes y fondos mientras se intenta reconstruir el alcance de las operaciones.
La dimensión del caso excede las actividades de una organización sospechada de comercializar drogas. Los investigadores buscan determinar si los mismos operadores que intervenían en el circuito del narcotráfico mantenían relaciones económicas con la estructura que administraba propiedades procedentes del patrimonio de un empresario condenado por corrupción.
Por ahora, no está acreditado que Báez haya participado directamente en el transporte o la comercialización de cocaína. Las acusaciones que lo involucran en esta nueva investigación están relacionadas con la administración y presunta puesta en circulación de activos que se encontraban alcanzados por medidas judiciales.
Pero el hallazgo de conexiones entre Ibáñez, la organización investigada por narcotráfico y los negocios de Báez abrió una nueva línea judicial sobre el destino de los fondos y las relaciones entre los involucrados.
La investigación que comenzó con camiones sospechados de transportar cocaína permitió identificar una presunta financiera en El Calafate, movimientos de dinero sin justificación aparente y una estructura de colaboradores que actuaba sobre bienes vinculados con el empresario que hizo una fortuna con la obra pública.
El recorrido llevó desde una banda narco hasta los negocios de “el Tío”, el hombre que, a pesar de estar condenado y detenido, habría continuado tomando decisiones sobre una parte de su patrimonio. Ahora la Justicia intenta establecer hasta dónde llegaban esas conexiones, quiénes se beneficiaban de las operaciones y cómo circulaba el dinero entre las personas investigadas.
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Una empresa norteamericana que fue proveedora de la AFA pagó el vuelo del escape de Flavio Bolsonaro
Una sociedad de Miami de un piloto argentino, que es proveedor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pagó el vuelo del senador brasileño Flavio Bolsonaro desde Puerto Iguazú a los Estados Unidos cuando la justicia de su país lo investigaba por supuestas maniobras de lavado de dinero.
La firma es Emerald Aviation Inc., que es proveedora de la AFA, pues le facturó servicios por 1.120.300 dólares, según los comprobantes que aparecieron entre la documentación secuestrada en la sede de la calle Viamonte.
La empresa Baires Fly, cuyo dueño es Luis Grande y que operó el vuelo privado en el que Flavio Bolsonaro dejó la Argentina, informó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que el viaje fue facturado a Emerald Aviation Inc. Se trata de una sociedad registrada en Florida a nombre de Fernando Martín Boye, un piloto argentino radicado en esa ciudad.
Según el registro de sociedades de Florida consultado por , Emerald Aviation Inc. se constituyó el 17 de agosto de 2015 y sigue activa. Boye es su único directivo, figura como presidente y como agente registrado, y no aparecen otros socios ni directores. La empresa presentó sus informes anuales de 2024, 2025 y 2026, de modo que está al día con el Estado de Florida.
El domicilio de Emerald es 880 NE 72nd Street, en el Upper East Side de Miami, desde marzo de 2022. Según el catastro del condado de Miami-Dade, es una casa que Boye compró en agosto de 2021 por US$915.000 y donde vive. Su otra sociedad en Florida, Huracan USA LLC, sigue activa y funciona en la misma dirección.
Boye y Grande ya habían hecho negocios con aviones. En marzo de 2015, Huracan USA LLC compró en Estados Unidos un Learjet 60 con matrícula N645MD y a las tres semanas lo transfirió a otra sociedad, Huracan USA Aircorp Inc. En abril, el avión se exportó a la Argentina y en mayo quedó inscripto a nombre de Baires Fly con la matrícula LV-FVZ.
La factura de Baires Fly es de US$150.000 y está fechada el 28 de octubre, el mismo día en que el senador brasileño aterrizó en Miami. El pago se acreditó dos días después, el 30 de octubre, en el Banco Macro, dijeron fuentes judiciales a .
La apoderada de Baires Fly respondió al requerimiento de la jueza Capuchetti. Acompañó tres documentos, el registro de “la operación comercial” con la factura E N° 00010-00000084, emitida el 28 de octubre a nombre de Emerald Aviation Inc.; el comprobante de una transferencia recibida el 30 de octubre en el Banco Macro, y la liquidación N° 3445454 de ese mismo banco.
La factura tipo E es la que se usa en la Argentina para cobrar exportaciones de servicios a clientes del exterior; es decir, que el pago llegó desde una cuenta en Estados Unidos.
La factura confirma lo que el dueño de Baires Fly, Luis Grande, dijo a la agencia AFP cuando contó que el dinero no lo puso un cliente directo, sino un intermediario desde el extranjero. Grande dijo que lo contrató un “broker” que vende vuelos, vive en ese país y al que conoce desde hace diez años.
Según su versión, recibió 150.000 dólares en una cuenta bancaria argentina, girados desde una cuenta estadounidense de una sociedad del intermediario. Grande se negó a identificarlo y dijo desconocer quién estaba detrás del encargo.
Según Migraciones, Bolsonaro cruzó el puente Tancredo Neves con su esposa y sus dos hijas cerca de las 22:50 del 27 de octubre. A las 23:30 abordaron el Gulfstream G400 matrícula LV-JQW, con plan de vuelo a Guayaquil. Desde Ecuador, el avión siguió hasta el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en Miami.
¿Quién la contrató?
Nadie informó aún quién contrató a Emerald Aviation Inc, quién le dio el dinero para pagar el viaje cuyo pago fue triangulado.
A comienzos de noviembre, una fuente que participó de la operación le dijo a AFP que el intermediario de la operación que depositó el dinero a Baires Fly era Fernando Martín Boye, piloto y empresario argentino que vive en Miami desde hace más de una década.
Dos fuentes del sector aeronáutico agregaron que Boye y Grande son amigos y ya hicieron negocios juntos.
En el registro de sociedades de Florida, Boye figura como presidente y agente registrado de Emerald Aviation Inc., constituida el 17 de agosto de 2015 y todavía activa. En el mismo domicilio funciona Huracan USA LLC, otra sociedad suya, creada en octubre de 2006.
Baires Fly aparece mencionada en la causa por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En el procesamiento que firmó el 16 de octubre, el juez Ariel Lijo describió cómo el intermediario Sergio Mastropietro habría producido facturas de Baires Fly a droguerías proveedoras del Estado, por la supuesta compra de “kilómetros” de vuelo. Grande negó cualquier vínculo de su compañía con esa maniobra.
Antes de cobrar la salida de Bolsonaro, Emerald le había facturado a la AFA US$1.120.300 en cuatro comprobantes. Los papeles fueron secuestrados en la sede de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, y los reveló el 2 de noviembre.
La causa que tramita en el juzgado de Capuchetti se originó por una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano.
La jueza busca determinar si el gobierno de Javier Milei facilitó o encubrió la salida de Bolsonaro, que tenía prohibido dejar Brasil. La jueza pidió las cámaras de ARCA, la Policía Federal, Gendarmería y Aeropuertos Argentina 2000, y requirió información a Baires Fly. La respuesta de la empresa es la que ahora pone a Emerald en el centro.
La fiscal Paloma Ochoa, por su parte, pidió investigar si se usaron recursos públicos para facilitar el vuelo.
Bolsonaro le dijo a The New York Times que hizo todo solo y que ningún gobierno lo ayudó. El mismo medio informó que Jason Miller, asesor de Donald Trump, colaboró para conseguir el avión. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que Estados Unidos no intervino “directamente”.
desde Puerto Iguazú a los Estados Unidos,aparece mencionada en la causa por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad,Hernán Cappiello,Flavio Bolsonaro,Conforme a
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Hotesur-Los Sauces: el tribunal acelera las audiencias y habilita un nuevo día para el desarrollo del juicio
El Tribunal Oral Federal 5 habilitó este viernes un nuevo día para avanzar con el juicio oral por el caso Hotesur-Los Sauces, en el que se investiga un presunto esquema de lavado de dinero a través de los hoteles y propiedades inmobiliarias de la familia Kirchner. El proceso tiene sentado por primera vez en el banquillo de los acusados al hijo de la expresidenta, Máximo.
Así, el debate, que comenzó hace tres semanas, tendrá por primera vez una jornada un día miércoles. Será para compensar el próximo lunes, que es feriado judicial, pero fundamentalmente para consolidar un nuevo día de audiencias y poder hacer avanzar el debate a un ritmo de tres sesiones por semana, tal como estaba previsto en la hoja de ruta inicial del tribunal.
Durante la audiencia de hoy, el tribunal que preside el juez Jose Michilini concluyó con la lectura de la acusación por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) correspondiente al tramo Los Sauces.
Ese segmento del juicio oral examina los alquileres de inmuebles de la familia Kirchner al Grupo Báez y al Grupo Indalo, bajo un arco de posibles delitos que incluyen la asociación ilícita, lavado y dádivas.
Entre las operaciones bajo sospecha figura la compra por parte de la sociedad Los Sauces del departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. Fue adquirido el 11 de junio de 2015 por US$370.000 en cuatro Cedines para que viviera allí Florencia Kirchner.
“La firma Los Sauces, en oportunidad de adquirir el inmueble de la calle San José 1111, unidad funcional 5 de esta ciudad, incorporó una serie de movimientos de fondos entre cuentas personales de los socios y cuentas de la propia sociedad, que a su vez se han querido mantener en el anonimato”, leyó hoy uno de los secretarios del Tribunal.
Tanto para la UIF como para el fiscal Diego Velasco, Los Sauces permitió dar un “ropaje de legalidad” a fondos de origen ilícito e incorporarlos al patrimonio de los Kirchner.
La maniobra, según la acusación, incluyó un encadenamiento de sociedades que habría permitido a la familia Kirchner disponer del dinero presuntamente blanqueado, ya fuera mediante retiros de fondos de la firma, la compra de propiedades para uso personal o el pago de salarios.
El miércoles de la semana próxima comenzará la lectura de la acusación fiscal correspondiente al tramo Hotesur, donde se revisa únicamente el alquiler de los hoteles de los Kirchner a la firma Valle Mitre, de Lázaro Báez.
La intención original del tribunal era realizar un juicio distinto para cada una de estas causas, que habían sido unificadas en instancia oral. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó esa posibilidad y ordenó que se desarrollara todo el trámite en un único debate.
Federico González del Solar,Conforme a
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