POLITICA
La interna entre Javier Milei y Patricia Bullrich amenaza con complicar la estrategia electoral del Gobierno para 2027 – Nexofin
A un año de las elecciones presidenciales, Javier Milei enfrenta un escenario político cada vez más complejo. La relación con Patricia Bullrich, las diferencias por el futuro de las PASO y los datos económicos que muestran dificultades en el consumo y el empleo aparecen entre los principales desafíos del oficialismo para sostener sus aspiraciones de reelección.
Uno de los focos de conflicto está puesto en la exministra de Seguridad. La senadora no descarta desafiar al Presidente en una interna para definir las candidaturas de 2027. Según el análisis del periodista Adrián Ventura en TN, la dirigente tiene una intención de voto más baja para una primera vuelta, pero algunos estudios la muestran más competitiva que Milei en un eventual balotaje.
La disputa también se trasladó al Congreso. El Gobierno busca avanzar con la suspensión o eliminación de las PASO, una iniciativa impulsada por Diego Santilli que encuentra resistencia en el peronismo y tampoco cuenta con el respaldo de Bullrich. Mientras el ministro del Interior asegura que están los votos para aprobarla, la senadora sostiene que no están dadas las condiciones.
Tras la visita del Papa, una publicación de Milei reactivó la interna con Bullrich: “Hay gente dispuesta a hundir el barco”
En paralelo, la tensión con Karina Milei suma otro capítulo. La secretaria general de la Presidencia desconfía de Bullrich y pretende desplazarla de la jefatura del bloque libertario en el Senado. La legisladora, por su parte, está dispuesta a resistir y cuestiona también el posible avance de Nadia Vázquez sobre espacios de poder dentro de la Cámara alta.
La visita del papa León XIV dejó además otra figura fortalecida dentro del oficialismo: Victoria Villarruel. El saludo del Pontífice a la vicepresidenta y su posterior reclamo para derogar la ley del aborto le permitieron ganar visibilidad entre sectores conservadores y católicos que hasta ahora acompañan electoralmente a Milei.
La economía, otro frente de preocupación para Milei
Más allá de las disputas políticas, los indicadores económicos también suman presión sobre el Gobierno. La inflación de octubre fue del 2,2%, por encima de las expectativas de varias consultoras, y acumuló un 26,3% en los primeros diez meses del año. Los alimentos subieron un 2%, mientras que los precios regulados avanzaron un 2,9%.
A ese escenario se agrega el aumento de las canastas básicas. La Canasta Básica Total, que establece la línea de pobreza, registró una suba del 3,5% y llegó a $1,7 millones para una familia tipo. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria, que determina el umbral de indigencia, alcanzó los $761.000.
El consumo también muestra señales de debilidad. El Cyber Monday cerró con una caída del 20% en la facturación y un 7,1% menos de órdenes de compra frente al año anterior. Además, los créditos personales retrocedieron un 8,3% y los prendarios, un 10,4%, mientras que el uso de tarjetas de crédito perdió terreno frente a las transferencias.
En la actividad productiva, la industria manufacturera registró una caída interanual del 1,8% en septiembre y acumuló una contracción del 2,6% en lo que va del año. La construcción, en cambio, mostró una recuperación mensual del 7,8% y un crecimiento interanual del 5,1%.
Por qué la inflación de octubre cerró por encima de lo esperado: la explicación de los especialistas y de Luis Caputo
La agenda del Congreso y las negociaciones para diciembre
El oficialismo cuenta con apenas quince días de sesiones ordinarias para avanzar con sus principales iniciativas. Martín Menem anticipó que Milei convocará a sesiones extraordinarias en diciembre, lo que le permitirá definir qué proyectos buscará llevar al recinto.
Entre las prioridades aparecen el Presupuesto 2027, la reforma electoral para suspender las PASO, la Ley de Malvinas, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. También siguen pendientes las iniciativas sobre discapacidad y ludopatía.
Martín Menem reclamó que se acelere la suspensión de las PASO en Diputados
La discusión electoral será uno de los principales desafíos para el Gobierno, que necesita ordenar su frente interno mientras busca acuerdos con los gobernadores aliados. En ese contexto, el riesgo país terminó la semana por encima de los 800 puntos, luego de haber alcanzado los 939 durante la semana anterior.
La incógnita del líder libertario será cómo evitar que las diferencias con Bullrich y Villarruel terminen fragmentando el espacio libertario y afecten sus posibilidades de conseguir los votos necesarios para una eventual segunda vuelta.
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POLITICA
Bariloche: un convencional denunciado por reivindicar a Videla respondió con insultos y gestos obscenos a militantes de izquierda
Uno de los quince convencionales elegidos para reformar la Carta Orgánica de Bariloche protagonizó un incidente durante el acto de asunción de la Convención Constituyente. Se trata de Adrián Marcelo Grau, quien había quedado en el centro de la polémica por publicaciones en redes sociales que reivindicaban la última dictadura militar y al expresidente de facto Jorge Rafael Videla.
Grau, que integró la lista oficialista de candidatos para revisar y reformar la Carta Magna de la ciudad cordillerana, fue abucheado este jueves por organizaciones de izquierda que participaban de la ceremonia. Su reacción incluyó gestos obscenos e insultos dirigidos a quienes lo cuestionaban.
La proclamación y posterior jura del convencional estuvieron atravesadas por la controversia que generaron publicaciones atribuidas a su cuenta de Facebook. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) lo denunció penalmente por presunta apología del delito, mientras que sectores de la oposición intentaron, sin éxito, postergar su asunción.
Durante el acto, militantes de izquierda exhibieron pañuelos con leyendas como “fueron 30.000” y otros mensajes alusivos a la última dictadura militar. Antes de recibir su diploma, Grau respondió a los abucheos con gestos obscenos y una actitud desafiante.
Luego, el intendente municipal Wálter Cortés le tomó juramento. Desde el escenario, junto a los demás convencionales que ya habían asumido, Grau continuó gesticulando e incluso profirió insultos contra sus detractores, pese a los intentos de otros integrantes de la Convención por evitar que la confrontación escalara.
Las publicaciones que desataron la polémica
A pocos días de las elecciones del 1 de noviembre, comenzaron a circular capturas de publicaciones fechadas el 22 de marzo —la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia— en un perfil de Facebook identificado con el nombre de Grau.
En los mensajes se le atribuían elogios a Videla, expresiones que relativizaban los crímenes de la dictadura y cuestionamientos a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Una de las frases difundidas decía: “Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia”. También circularon consignas negacionistas sobre los desaparecidos y referencias a los vuelos de la muerte. Tras la repercusión pública, la cuenta de Facebook dejó de estar disponible.
La APDH Regional Bariloche presentó una denuncia el 23 de octubre ante el Ministerio Público Fiscal. El organismo consideró que las publicaciones reivindicaban delitos de lesa humanidad y solicitó que se investigara la posible comisión del delito de apología del delito, previsto en el artículo 213 del Código Penal.
La presentación judicial no implica una condena. La investigación deberá establecer quién fue el autor de los mensajes y si su contenido configura el delito denunciado. Hasta el momento, la causa permanece en manos de la fiscalía.
Cuando realizó las publicaciones, Grau estaba alineado con un fragmento libertario – representado por el partido Primero Río Negro – que propuso al ex legislador rionegrino Ariel Rivero como candidato a gobernador.
Incluso, durante la campaña previa a los comicios, el cuestionado participó de actos junto al presidente Javier Milei.
La defensa de Grau y el intento de frenar su proclamación
Desde el oficialismo, Grau sostuvo que su cuenta había sido hackeada. El intendente Wálter Cortés, referente de la alianza Estamos Haciendo Bariloche, minimizó inicialmente el episodio y afirmó que no quería “darle trascendencia” a una situación que atribuyó a la campaña electoral.
La alianza oficialista reúne al Partido Unión y Libertad, de Cortés, y a Juntos Somos Río Negro, la fuerza del gobernador Alberto Weretilneck. Grau ocupaba el sexto lugar en la lista de candidatos a convencionales constituyentes.
En medio de la controversia, convencionales electos de Fuerza Bariloche y La Libertad Avanza presentaron un pedido formal ante la Junta Electoral Municipal para postergar por hasta diez días la proclamación de Grau y la entrega de su diploma. El objetivo era reunir antecedentes oficiales y contar con elementos para adoptar una decisión fundada.
El planteo fue rechazado. La Junta Electoral confirmó la proclamación de los quince convencionales, incluido Grau, y señaló que una eventual responsabilidad penal no era una cuestión que debiera resolverse en esa instancia electoral.
La oposición había reclamado que el dirigente fuera retirado de la lista o, al menos, que se postergara su proclamación. Referentes de Izquierda de los Trabajadores, Fuerza Patria, el Movimiento Vecinal por Bariloche y el Frente de Izquierda por el Socialismo repudiaron las expresiones atribuidas al convencional y cuestionaron que alguien con esas posturas participara de la reforma de la Carta Orgánica.
Con la jura de este jueves, Grau quedó formalmente incorporado a la Convención Constituyente. La controversia, sin embargo, continúa abierta en dos planos: el político, por los cuestionamientos que generó su designación, y el judicial, donde la denuncia de la APDH deberá determinar la autoría de las publicaciones y si existió apología del delito.
POLITICA
La salud privada, en alerta por sus deudas: “Si das de baja la emergencia sanitaria, ARCA ejecuta a más de cinco mil clínicas”
Durante más de dos décadas, la emergencia sanitaria funcionó como un marco de excepción para un sistema privado de salud que hoy acumula deudas, demora en los cobros y una brecha creciente entre los costos y lo que recibe por sus prestaciones. Mientras el Congreso analiza un proyecto para sustituir ese régimen, el diagnóstico que atraviesa a clínicas y sanatorios es que la crisis financiera amenaza con deteriorar la atención médica de manera gradual.
A partir de ese escenario, Enrique Camerlinckx, director del Sanatorio Mater Dei, reclamó que el debate legislativo reconozca al rubro como una actividad estratégica. “El sistema de salud es muy difícil de explicarlo”, planteó durante una entrevista en Infobae Al Mediodía, al describir una estructura que, según sostuvo, suele aparecer en la discusión pública por sus conflictos antes que por su peso económico y laboral.
Camerlinckx ubicó el origen de esa mirada en los temas que dominan la conversación sobre las prepagas y la cobertura. “Siempre que hablamos del sistema de salud hablamos de sus falencias, de sus problemas, de que aumenta la prepaga”, dijo. Para el directivo, esa agenda deja en segundo plano la situación de las instituciones que reciben y atienden a los pacientes.
“En definitiva, nosotros somos instituciones de enfermedad, porque convivimos con la enfermedad todo el tiempo”, afirmó el director del Sanatorio Mater Dei. La definición condensa su planteo: las clínicas, los sanatorios, los centros de diagnóstico y los laboratorios deben sostener servicios que requieren personal, medicamentos, tecnología e insumos, aun cuando sus ingresos no acompañen esa dinámica.
El proyecto busca reemplazar un régimen vigente desde 2001
La emergencia sanitaria rige desde 2001, según explicó Camerlinckx, y el proyecto que propone reemplazarla todavía no comenzó a debatirse. “Apunta a que se le ponga el foco a un sector estratégico de la Argentina”, señaló sobre la iniciativa, que busca revisar las condiciones bajo las cuales se desenvolvieron los prestadores privados durante ese período.
El director del Mater Dei dimensionó ese lugar con cifras de empleo. “El sector privado tiene una importancia estratégica preponderante”, sostuvo. De acuerdo con su exposición, clínicas, sanatorios, laboratorios y centros de diagnóstico reúnen entre 650.000 y 800.000 empleos formales, cerca del 10% de los seis millones de puestos registrados que mencionó.
Camerlinckx también remarcó que el sistema privado concentra más del 60% de las camas del país y atiende al 65% de quienes requieren prestaciones médicas. “Esto no es salud pública contra salud privada”, advirtió, al marcar que ambos subsistemas integran la respuesta sanitaria y que el debate, a su criterio, no debería plantearse como una disputa entre sectores.
Los ingresos de los prestadores quedaron 41% detrás de sus costos
La tensión que describe el directivo se concentra en una ecuación que se fue desajustando con el tiempo: los precios de medicamentos, equipamiento e insumos suben, mientras los pagos por las prestaciones quedan rezagados. “Hoy llegamos a un 41%”, afirmó Camerlinckx al referirse al atraso que calcula entre los costos de las instituciones y los ingresos que perciben.
Esa distancia impacta sobre decisiones que rara vez son visibles para quienes reciben atención. “Las instituciones de salud no cierran de un día para el otro”, explicó el director del Mater Dei. “Se van deteriorando”. Según sostuvo, el proceso puede manifestarse en la renovación de equipamiento, la adquisición de insumos o la capacidad para incorporar tecnologías y tratamientos nuevos.
Camerlinckx señaló que esa degradación es difícil de medir desde el lugar del paciente. “La calidad en salud es muy difícil que el paciente pueda evaluarla”, dijo. Por eso, vinculó el problema financiero con la continuidad de estándares que no siempre se perciben durante una consulta o una internación.
La moratoria apunta a deudas acumuladas durante dos décadas
El proyecto legislativo incluye una moratoria amplia para las obligaciones que clínicas y sanatorios fueron acumulando, de acuerdo con lo explicado por Camerlinckx. “No es condonación, es pagar una moratoria muy amplia”, aclaró. La propuesta, según su descripción, busca bajar el volumen de deuda y, al mismo tiempo, permitir que el Estado recupere recursos.
Para el director del Mater Dei, la discusión se vuelve urgente ante el eventual fin de la emergencia sanitaria. “Si das de baja la emergencia sanitaria, ARCA ejecuta a más de cinco mil clínicas”, afirmó. Añadió que esas instituciones no tienen capacidad para afrontar de inmediato las obligaciones postergadas a lo largo de los años.
Camerlinckx comparó además la carga laboral del sector con la de los colegios privados. “En las clínicas y sanatorios hay más mano de obra intensiva que en la educación”, expresó. Según indicó, los prestadores privados pagan 20% de contribuciones patronales, frente al 15% que atribuyó a esas instituciones educativas; en el Mater Dei, precisó, trabajan 1.100 personas con empleo formal.
Maternidades y especialidades pueden dejar de ser sostenibles
Las consecuencias de esa ecuación, según Camerlinckx, ya aparecen cuando los establecimientos revisan sus servicios. “Cierran las maternidades”, afirmó. La decisión, explicó, se toma cuando un área central para la atención deja de cubrir sus costos y la institución entiende que no puede sostenerla.
“Cuando vos lo evaluás como director, como negocio, decís: no puedo seguir teniendo la maternidad porque no me cierran los números”, sostuvo el titular del Mater Dei. El sanatorio destinó USD 2,1 millones de donaciones a mejoras en su maternidad durante el año anterior y, pese a ello, registró un récord de nacimientos en junio, según detalló.
El mismo riesgo puede trasladarse a pediatría y a otras prácticas, advirtió Camerlinckx. “Algún día van a decir: ‘La cirugía esta nosotros no la hacemos más, porque no te alcanza la plata’”. Su señalamiento apunta a que la pérdida de sostenibilidad no necesariamente implica el cierre de un establecimiento, sino la reducción progresiva de servicios disponibles.
En paralelo, el director del Mater Dei describió una mayor demanda de atención en salud mental entre jóvenes y adultos, con consultas vinculadas a patologías psiquiátricas y consumos problemáticos. “Mucho de adicciones, de alcohol, de todo tipo”, afirmó. El sanatorio conformó durante la pandemia un equipo de psiquiatría y psicología que comenzó a asistir a sus trabajadores y que hoy forma parte de esa respuesta.
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enrique camerlinckx, director del sanatorio mater dei
POLITICA
Hugo Moyano denunció en la Justicia un fraude millonario en Camioneros, pero ahora busca cerrar la causa
En un extraño giro, Hugo Moyano parece haber desistido de darle impulso a un expediente judicial que él mismo ordenó activar. Se trata de la denuncia que promovió hace poco más de un año Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Turismo de Camioneros, por supuestas inconsistencias en la administración del Hotel 15 de Diciembre de Mar del Plata, que es propiedad del gremio.
La denuncia se realizó el 12 de septiembre de 2025 en la fiscalía N°10 de Mar del Plata, a cargo de Carlos David Bruna. Maldonado, una suerte de mano derecha del jefe sindical y con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo, apuntó contra empleados y proveedores del hotel por un supuesto fraude de unos $13.000 millones.
El fiscal ordenó hace un año una pericia contable cuyo informe final se conoció recién el 30 de octubre pasado. En el documento, de 75 páginas y al que accedió , tres de los cinco contadores que trabajaron con las pruebas manifestaron que “con la información puesta a disposición por el denunciante no es posible determinar un perjuicio económico determinado y menos aún el responsable del mismo”.
Además, coincidieron en que el origen de los fondos para la cobertura de los cheques diferidos para afrontar los gastos del hotel surgía de la sede central del sindicato, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el control absoluto lo tiene Moyano.
Del peritaje participaron cinco contadores: Julián Aceto, propuesto por la fiscalía; Rodrigo Otamendi, Facundo Domínguez Marzano y Juan Tellechea, propuestos por tres de los imputados, y Guillermo Luis Dello Russo, en representación de los denunciantes.
Cuando el año pasado se conoció públicamente la causa judicial, Moyano resolvió desplazar a dos dirigentes de la comisión directiva: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos pertenecían a su círculo de máxima confianza y habrían sido los firmantes de una serie de cheques que están ahora en la mira de la Justicia. La salida de los dos dirigentes provocó un terremoto interno que obligó a Moyano a un recambio de nombres en el área contable y legal del gremio. En paralelo, se filtraron datos detalles de transferencias millonarias a fideicomisos vinculados a la familia del histórico líder camionero.
En la página 43 del peritaje, los contadores propuestos por los imputados advirtieron que el sindicato no aclaró quiénes firmaron los cheques en observación ni tampoco aportó la información requerida sobre quiénes estaban autorizados a operar la cuenta del Banco Provincia con la que se manejaban los fondos del hotel. Dello Russo, perito puesto por el gremio, planteó en el informe que Balazic y Villegas eran los firmantes, pero en última instancia lo hacía Maldonado. Ni Balazic ni Villegas están por ahora imputados en el expediente y desde su expulsión del gremio evitaron comentarios públicamente.
Del peritaje surgen otros datos que debilitarían la denuncia de Moyano. No se verificaron pagos duplicados ni pagos a beneficiarios ajenos a la operación. Tampoco se detectó si hubo extracción de dinero en efectivo ni se pudo verificar la ocupación efectiva del hotel, en el que se alojaban “artistas, jueces y fiscales sin dejar registros de pago”, según el testimonio de una fuente con acceso al expediente.
“La pericia no afirma ni niega la existencia de fraude, esa será una tarea de la fiscalía y los jueces”, dijeron a fuentes judiciales al tanto de la causa. Es decir, el caso se mantiene aún abierto y sin un desenlace claro.
El 29 de octubre de 2025 Maldonado declaró en Mar del Plata por única vez ante el fiscal Bruna. “A fines de julio [de ese año] hubo un requerimiento de ARCA [exAFIP] por empresas proveedoras, pero el contador no lo informó. No nos dijo nada. En agosto tuve una reunión con el secretario general [Moyano] y me dice que vaya a Mar del Plata. Fue en ese momento cuando descubrimos esta maniobra fraudulenta que nos afecta mucho”, dijo el dirigente camionero.
Maldonado cayó en una posible contradicción en su declaración judicial cuando se lo consultó sobre el monto del presunto fraude. Primero dijo que el “nunca” había mencionado una cifra, pero luego reconoció que según un informe sobre todos los cheques librados, el monto podría ser de unos 13.000 millones de pesos.
“A lo sumo hubo algún sobreprecio en algún producto comprado a algún proveedor, pero no llega ni cerca a los 13.000 millones que se denunció inicialmente”, dijo a Maximiliano Orsini, abogado defensor de dos de los imputados. Entre los gastos a investigar aparecieron erogaciones con el concepto “varios” por 70 millones de pesos, cientos de kilos de carne y otra mercadería que no habría sido consumida por los huéspedes del hotel y 1615 botellas de vino de alta gama para un supuesto evento de “cata” que nunca se habría realizado.
Presiones en ARCA
Mediante una presentación por escrito, Orsini busca ahora que la jueza Lucrecia Bustos le requiera al fiscal Bruna que cite a declarar a Manuel Rodríguez, uno de los cinco funcionarios de la sede marplatense Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que fueron desplazados por haber facilitar documentación a la Justicia en el inicio de la investigación, según reveló una publicación de del 26 de abril último.
Según el escrito presentado por Rodríguez ante el Ministerio Público Fiscal, los desplazamientos fueron ordenados por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, el contador Carlos García Pastrana, que reporta al actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, hombre de confianza del titular de ARCA, Andrés Vázquez.
Rodríguez detalló que García Pastrana impartió órdenes directas por teléfono al entonces titular de la Regional marplatense, Luis Tymkiw, y a uno de los jefes de fiscalización abocados a la investigación, Gustavo Capdeville, para detener la investigación. Desde entonces, la ARCA no aportó documentación para el peritaje. El fiscal Bruna por ahora no tendría previsto citar al exfuncionario de ARCA que denunció presiones, según dijeron fuentes judiciales.
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