Una sociedad de Miami de un piloto argentino, que es proveedor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pagó el vuelo del senador brasileño Flavio Bolsonaro desde Puerto Iguazú a los Estados Unidos cuando la justicia de su país lo investigaba por supuestas maniobras de lavado de dinero.

La firma es Emerald Aviation Inc., que es proveedora de la AFA, pues le facturó servicios por 1.120.300 dólares, según los comprobantes que aparecieron entre la documentación secuestrada en la sede de la calle Viamonte.

La empresa Baires Fly, cuyo dueño es Luis Grande y que operó el vuelo privado en el que Flavio Bolsonaro dejó la Argentina, informó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que el viaje fue facturado a Emerald Aviation Inc. Se trata de una sociedad registrada en Florida a nombre de Fernando Martín Boye, un piloto argentino radicado en esa ciudad.

Según el registro de sociedades de Florida consultado por , Emerald Aviation Inc. se constituyó el 17 de agosto de 2015 y sigue activa. Boye es su único directivo, figura como presidente y como agente registrado, y no aparecen otros socios ni directores. La empresa presentó sus informes anuales de 2024, 2025 y 2026, de modo que está al día con el Estado de Florida.

El domicilio de Emerald es 880 NE 72nd Street, en el Upper East Side de Miami, desde marzo de 2022. Según el catastro del condado de Miami-Dade, es una casa que Boye compró en agosto de 2021 por US$915.000 y donde vive. Su otra sociedad en Florida, Huracan USA LLC, sigue activa y funciona en la misma dirección.

Boye y Grande ya habían hecho negocios con aviones. En marzo de 2015, Huracan USA LLC compró en Estados Unidos un Learjet 60 con matrícula N645MD y a las tres semanas lo transfirió a otra sociedad, Huracan USA Aircorp Inc. En abril, el avión se exportó a la Argentina y en mayo quedó inscripto a nombre de Baires Fly con la matrícula LV-FVZ.

La factura de Baires Fly es de US$150.000 y está fechada el 28 de octubre, el mismo día en que el senador brasileño aterrizó en Miami. El pago se acreditó dos días después, el 30 de octubre, en el Banco Macro, dijeron fuentes judiciales a .

La apoderada de Baires Fly respondió al requerimiento de la jueza Capuchetti. Acompañó tres documentos, el registro de “la operación comercial” con la factura E N° 00010-00000084, emitida el 28 de octubre a nombre de Emerald Aviation Inc.; el comprobante de una transferencia recibida el 30 de octubre en el Banco Macro, y la liquidación N° 3445454 de ese mismo banco.

La factura tipo E es la que se usa en la Argentina para cobrar exportaciones de servicios a clientes del exterior; es decir, que el pago llegó desde una cuenta en Estados Unidos.

La factura confirma lo que el dueño de Baires Fly, Luis Grande, dijo a la agencia AFP cuando contó que el dinero no lo puso un cliente directo, sino un intermediario desde el extranjero. Grande dijo que lo contrató un “broker” que vende vuelos, vive en ese país y al que conoce desde hace diez años.

Según su versión, recibió 150.000 dólares en una cuenta bancaria argentina, girados desde una cuenta estadounidense de una sociedad del intermediario. Grande se negó a identificarlo y dijo desconocer quién estaba detrás del encargo.

Según Migraciones, Bolsonaro cruzó el puente Tancredo Neves con su esposa y sus dos hijas cerca de las 22:50 del 27 de octubre. A las 23:30 abordaron el Gulfstream G400 matrícula LV-JQW, con plan de vuelo a Guayaquil. Desde Ecuador, el avión siguió hasta el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en Miami.

¿Quién la contrató?

Nadie informó aún quién contrató a Emerald Aviation Inc, quién le dio el dinero para pagar el viaje cuyo pago fue triangulado.

A comienzos de noviembre, una fuente que participó de la operación le dijo a AFP que el intermediario de la operación que depositó el dinero a Baires Fly era Fernando Martín Boye, piloto y empresario argentino que vive en Miami desde hace más de una década.

Dos fuentes del sector aeronáutico agregaron que Boye y Grande son amigos y ya hicieron negocios juntos.

En el registro de sociedades de Florida, Boye figura como presidente y agente registrado de Emerald Aviation Inc., constituida el 17 de agosto de 2015 y todavía activa. En el mismo domicilio funciona Huracan USA LLC, otra sociedad suya, creada en octubre de 2006.

Baires Fly aparece mencionada en la causa por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En el procesamiento que firmó el 16 de octubre, el juez Ariel Lijo describió cómo el intermediario Sergio Mastropietro habría producido facturas de Baires Fly a droguerías proveedoras del Estado, por la supuesta compra de “kilómetros” de vuelo. Grande negó cualquier vínculo de su compañía con esa maniobra.

Antes de cobrar la salida de Bolsonaro, Emerald le había facturado a la AFA US$1.120.300 en cuatro comprobantes. Los papeles fueron secuestrados en la sede de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, y los reveló el 2 de noviembre.

La causa que tramita en el juzgado de Capuchetti se originó por una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano.

La jueza busca determinar si el gobierno de Javier Milei facilitó o encubrió la salida de Bolsonaro, que tenía prohibido dejar Brasil. La jueza pidió las cámaras de ARCA, la Policía Federal, Gendarmería y Aeropuertos Argentina 2000, y requirió información a Baires Fly. La respuesta de la empresa es la que ahora pone a Emerald en el centro.

La fiscal Paloma Ochoa, por su parte, pidió investigar si se usaron recursos públicos para facilitar el vuelo.

Bolsonaro le dijo a The New York Times que hizo todo solo y que ningún gobierno lo ayudó. El mismo medio informó que Jason Miller, asesor de Donald Trump, colaboró para conseguir el avión. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que Estados Unidos no intervino “directamente”.

El Tribunal Oral Federal 5 habilitó este viernes un nuevo día para avanzar con el juicio oral por el caso Hotesur-Los Sauces, en el que se investiga un presunto esquema de lavado de dinero a través de los hoteles y propiedades inmobiliarias de la familia Kirchner. El proceso tiene sentado por primera vez en el banquillo de los acusados al hijo de la expresidenta, Máximo.

Así, el debate, que comenzó hace tres semanas, tendrá por primera vez una jornada un día miércoles. Será para compensar el próximo lunes, que es feriado judicial, pero fundamentalmente para consolidar un nuevo día de audiencias y poder hacer avanzar el debate a un ritmo de tres sesiones por semana, tal como estaba previsto en la hoja de ruta inicial del tribunal.

Durante la audiencia de hoy, el tribunal que preside el juez Jose Michilini concluyó con la lectura de la acusación por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) correspondiente al tramo Los Sauces.

Ese segmento del juicio oral examina los alquileres de inmuebles de la familia Kirchner al Grupo Báez y al Grupo Indalo, bajo un arco de posibles delitos que incluyen la asociación ilícita, lavado y dádivas.

Entre las operaciones bajo sospecha figura la compra por parte de la sociedad Los Sauces del departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. Fue adquirido el 11 de junio de 2015 por US$370.000 en cuatro Cedines para que viviera allí Florencia Kirchner.

“La firma Los Sauces, en oportunidad de adquirir el inmueble de la calle San José 1111, unidad funcional 5 de esta ciudad, incorporó una serie de movimientos de fondos entre cuentas personales de los socios y cuentas de la propia sociedad, que a su vez se han querido mantener en el anonimato”, leyó hoy uno de los secretarios del Tribunal.

Tanto para la UIF como para el fiscal Diego Velasco, Los Sauces permitió dar un “ropaje de legalidad” a fondos de origen ilícito e incorporarlos al patrimonio de los Kirchner.

La maniobra, según la acusación, incluyó un encadenamiento de sociedades que habría permitido a la familia Kirchner disponer del dinero presuntamente blanqueado, ya fuera mediante retiros de fondos de la firma, la compra de propiedades para uso personal o el pago de salarios.

El miércoles de la semana próxima comenzará la lectura de la acusación fiscal correspondiente al tramo Hotesur, donde se revisa únicamente el alquiler de los hoteles de los Kirchner a la firma Valle Mitre, de Lázaro Báez.

La intención original del tribunal era realizar un juicio distinto para cada una de estas causas, que habían sido unificadas en instancia oral. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó esa posibilidad y ordenó que se desarrollara todo el trámite en un único debate.