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Ley Malvinas: el Gobierno volvió a modificar el proyecto, pero persisten las diferencias sobre las sanciones a la interferencia externa

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El Gobierno buscará darle hoy media sanción en Diputados a su proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley Malvinas. El oficialismo tiene los votos para aprobarlo en general, pero todavía no logró un acuerdo sobre las sanciones por injerencia extranjera. Para acercar posiciones, la Secretaría Legal y Técnica introdujo nuevas modificaciones tras una reunión con representantes de los bloques aliados la semana pasada.

La iniciativa, impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo, encabeza el temario de la sesión prevista para las 12. Aunque surgió con el objetivo de sancionar a las empresas que exploten recursos naturales en las islas Malvinas sin autorización argentina, su alcance se amplió a la defensa del territorio, las infraestructuras críticas y los procesos electorales e institucionales.

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Santiago Caputo en la cena de fin de año de la Fundación Faro

Las principales diferencias se concentran en el título VII, que modifica la ley de partidos políticos y el Código Penal para sancionar las campañas de injerencia extranjera y los actos de violencia contra el Estado. Los aliados consideran que algunas definiciones siguen siendo demasiado amplias y podrían afectar derechos constitucionales.

Además, por introducir modificaciones en materia electoral, ese apartado necesita una mayoría absoluta de 129 votos afirmativos, un número que el oficialismo todavía no tiene garantizado. Si no consigue nuevos acuerdos, podría quedar fuera del proyecto durante la votación en particular.

Silvana Giudici, secretaria parlamentaria de LLA, una de las encargadas de reunir los avales del proyecto en DiputadosSoledad Aznarez

Entre los cambios incorporados figura la nueva denominación del Consejo de Seguridad Nacional, que pasará a llamarse Consejo de Asuntos Estratégicos.

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El Ministerio de Seguridad, hoy a cargo de Alejandra Monteoliva, dejará de integrarlo de manera permanente y solo será convocado cuando resulte necesario. “Por la nueva denominación del Consejo, está claro que tiene que ver con defensa, no con seguridad. El ministerio pasa a ser convocado cuando se requiera a las fuerzas de seguridad”, explicó a un referente libertario.

En la redacción original, la cartera de Seguridad no integraba el Consejo, pero se terminó incorporando a pedido de los aliados. En el último borrador, el Gobierno retornó a su intención primaria.

También se amplió la definición de aeroespacio para incluir expresamente el espacio aéreo y ultraterrestre.

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Pero los ajustes más sensibles se concentran en el artículo 129 del proyecto -que integra el título VII-, que incorpora nuevas figuras penales vinculadas con la injerencia extranjera. El Gobierno eliminó la palabra “sabotaje” así como la referencia a las acciones destinadas a “afectar la libre formación de la voluntad política de la población”.

Además, estableció que, para configurar el delito, el autor deberá conocer la naturaleza de la campaña y actuar con esa finalidad específica. También excluyó de las sanciones a quienes compartan o adhieran a contenidos u opiniones, por ejemplo en redes sociales, sin recibir financiamiento ni instrucciones de agentes extranjeros.

Las precisiones, sin embargo, no conformaron a todos los aliados. Un legislador que participa de las negociaciones advirtió que la definición del delito todavía podría alcanzar actividades legítimas de sindicatos, organizaciones sociales o cámaras empresariales. “Definida por la negativa, queda todo adentro y es el ciudadano el que tiene que demostrar que se encuadra en una excepción”, cuestionó.

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Ese mismo diputado también objetó que las restricciones al financiamiento extranjero se extiendan a la organización y dirección de campañas electorales, lo que podría afectar la contratación de consultores extranjeros.

Las diferencias con el peronismo

Unión por la Patria (UP), que presentó un dictamen de minoría, comparte el objetivo central del proyecto: sancionar a las empresas que participen, sin autorización argentina, de la explotación de recursos naturales en Malvinas y la plataforma continental.

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En ese apartado, el oficialismo ya había limitado las prohibiciones sobre proveedores y accionistas de las empresas infractoras. La nueva redacción exige que los bienes o servicios suministrados sean indispensables para la actividad ilegal y que el proveedor conozca, o no pueda razonablemente desconocer, su destino.

Sin embargo, el peronismo cuestiona el régimen de Desistimiento y Regularización, que permite a las empresas abandonar las actividades objetadas y evitar determinadas sanciones. Desde el bloque consideran que el mecanismo podría facilitar que eludan las multas previstas por la propia ley.

También objetan el artículo 111, que somete determinadas inversiones de Estados extranjeros o empresas controladas por ellos a la revisión del Consejo de Asuntos Estratégicos. La disposición alcanza sectores como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos y minería, además de infraestructuras críticas de interés nacional.

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Germán Martínez junto a Silvana Giudici, Gabriel Bornoroni y Nicolás MayorazHernán Zenteno

Desde UP advierten que podría interferir en decisiones provinciales. “Si una provincia quiere licitar un servicio que provee, por ejemplo, Huawei o Cofco, con participación del gobierno chino, incluso Petrobras, le tiene que pedir permiso al Consejo”, planteó un referente del espacio.

El texto excluye, sin embargo, las relaciones comerciales ordinarias que no impliquen control, influencia determinante o acceso a información tecnológica sensible.

El oficialismo llegará así al recinto con la aprobación general encaminada, pero con negociaciones todavía abiertas sobre uno de los apartados más controvertidos del proyecto.

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La sesión también incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios, la transferencia de competencias judiciales penales y de menores a la ciudad de Buenos Aires y modificaciones al marco regulatorio de las pymes.



https://t.co/9wTJI6ZrGe,November 16, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a

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Pese a las tensiones internas, la Casa Rosada puso a Bullrich al frente de las negociaciones por la reforma electoral en el Senado

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Enfocado en lograr el dictamen de la reforma electoral en las próximas 48 horas, el Gobierno decidió postergar las diferencias con Patricia Bullrich y le encargó a la jefa de la bancada oficialista en el Senado que encabece las negociaciones con los aliados para aprobar su ambicioso proyecto.

Por su rol como líder del bloque de La Libertad Avanza, la maniobra parece una obviedad. Sin embargo, hasta este martes la responsabilidad de llevar las riendas de las negociaciones era una tarea exclusiva del jefe de Gabinete, Diego Santilli, según daban cuenta entre los senadores del oficialismo.

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“La pelota la tiene la Casa Rosada”, fue el mensaje que repetían en el bloque violeta, en referencia a las conversaciones que mantuvo durante meses el ministro coordinador con los diferentes gobernadores dialoguistas para destrabar el proyecto electoral. Sin embargo, con la decisión de acelerar el tratamiento, la mesa política que conduce Karina Milei decidió sumar a Bullrich a la misión de reunir los votos.

“Es correcto, va a conducir el proceso en tándem con Santilli”, explicaron a TN cerca de la senadora. Según pudo saber este medio, el nuevo esquema fue conversado por ambos en la Casa Rosada, donde esta mañana se celebró una nueva reunión de los principales estrategas del Gobierno. Allí, en un encuentro que fue definido por uno de los presentes como “muy tranquilo”, el Ejecutivo decidió ignorar las recientes tensiones públicas entre Bullrich y el oficialismo, luego de varias semanas de diferenciaciones políticas que en Balcarce 50 fueron leídas como desafíos a la conducción de la Secretaria General de la Presidencia.

Tras una reunión «tranquila», la mesa política encomendó a Patricia Bullrich la negociación de la reforma electoral con los aliados. (Foto: Presidencia)

En ese sentido, alrededor de la exministra de Seguridad hay quienes advierten que detrás de la maniobra podría esconderse una trampa: convertirla en un chivo expiatorio en caso de que el proyecto no prospere. Sin embargo, aseguran que la dinámica de trabajo entre Bullrich y Santilli es buena, y en el oficialismo se muestran confiados de poder avanzar con la reforma.

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“Hasta acá no pudieron sacar la reforma sin ella. Así que responsabilizarla porque no salga algo que no pudieron sacar no pueden. Veremos si con ella ahora, sale”, planteó a TN un colaborador de la senadora porteña.

Los plazos del Gobierno y la búsqueda de los 37 votos en el Senado

La primera prueba que debe superar el oficialismo en el Senado es conseguir las diez firmas necesarias para dictaminar el proyecto en la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el libertario Agustín Coto. Luego de que este martes se llamara a un cuarto intermedio para asimilar los cambios introducidos en el texto oficial, dos integrantes de la mesa política afirmaron a este medio que lograrán el despacho entre este miércoles y el jueves.

“No hay ninguna postergación. Simplemente son muchas modificaciones al proyecto original y todas tienen que ser atendidas”, reiteraron en Balcarce 50, donde explicaron que el plan sigue siendo tratar el proyecto en el recinto la próxima semana.

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Patricia Bullrich tiene la misión de conseguir el dictamen de la reforma electoral en la comisión de Asuntos Constitucionales, mientras el Gobierno busca los votos para tratar la iniciativa en el recinto la próxima semana. Foto: Gabriel Cano / Comunicación Senado.
Patricia Bullrich tiene la misión de conseguir el dictamen de la reforma electoral en la comisión de Asuntos Constitucionales, mientras el Gobierno busca los votos para tratar la iniciativa en el recinto la próxima semana. Foto: Gabriel Cano / Comunicación Senado.

Entre los 19 integrantes que componen la comisión, La Libertad Avanza cuenta con seis propios (Coto, Bullrich, Nadia Márquez, Belén Monte de Oca, Luis Juez e Ivanna Arrascaeta), por lo que necesita que sus aliados aporten cuatro firmas más. Los seis senadores peronistas ya adelantaron su rechazo, así que el Gobierno mira a los radicales Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Flavio Fama, a Carlos Espínola y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), a Carolina Moisés (Convicción Federal) y a Beatriz Ávila (Independencia) como sus potenciales aliados. Una vez firmado el dictamen, el oficialismo deberá esperar siete días antes de llevar el proyecto al recinto, donde necesitará 37 votos.

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Argentina y Chile buscan bajar la tensión por el carguero que unirá Punta Arenas con Malvinas en diciembre

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Mientras el carguero Danstar ya se alista en los astilleros de ASMAR Magallanes en Punta Arenas para transportar el próximo 17 de diciembre frutas, verduras, alimentos perecederos, vinos, gas licuado y materiales de construcción hacia las Malvinas, Argentina y Chile buscaron en las últimas horas bajar la tensión en torno a la reapertura de esa ruta comercial. Desde Buenos Aires, y según supo Infobae, instaron a “no generar una controversia donde no existe”, sobre todo a raíz de la especulación sobre una eventual asistencia del buque a las empresas que desarrollan el proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca norte de la Isla.

Desde la Cancillería, que conduce Pablo Quirno, destacaron que los dos países “mantienen una excelente relación bilateral” y que “cuentan con normativas que contemplan este tipo de situaciones”. Por su lado, el vocero oficial del gobierno chileno, Gonzalo Arenas, confirmó que ambas cancillerías mantienen comunicación fluida y coinciden en tratar el asunto “con la mayor normalidad posible”. “No estamos por exacerbar dificultades u odiosidades o supuestos encuentros que pudiesen dañar la relación bilateral”, planteó en conferencia de prensa. Y remarcó la necesidad de bajar el “tono belicoso que por momentos uno ve en ambos países”.

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El funcionario de José Antonio Kast se refirió, además, al núcleo de la discusión jurídica y política en ambos costados de la Cordillera de los Andes: el pedido de autorización para que buque pueda transitar rumbo a Malvinas a través de aguas argentinas. Según Arenas, la obligación de solicitar autorización no corresponde al Estado sino a la embarcación. “Los barcos que van hacia Malvinas son los que tienen que pedir permiso para atracar en Malvinas, no el Estado de Chile y, por lo tanto, se tendrán que cumplir con todas las obligaciones que correspondan por parte de un barco privado”, sostuvo.

Infobae se comunicó con las autoridades de la naviera Easter Island Logistics, a cargo de la operatoria comercial de un negocio estimado en 20 millones de dólares anuales, para saber si efectivamente iban a cumplir con ese pedido de autorización. Se excusaron de responder.

Este punto fue epicentro de la discusión la semana pasada, cuando los cancilleres de ambos países tuvieron declaraciones cruzadas. Quirno exigió -en declaraciones televisivas- que el Danstar solicite autorización para cruzar aguas jurisdiccionales argentinas, en virtud de un decreto vigente desde 2010 que impone esa condición a toda embarcación con destino a las islas. Su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, rechazó esa exigencia e invocó el derecho de paso inocente reconocido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). “Los países no piden permiso”, sentenció.

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El canciller Pablo Quirno (EFE)

El Danstar en preparación

El carguero de 72 metros de eslora llegó este lunes a la capital de la Región de Magallanes, donde permanecerá unas tres semanas en los astilleros de ASMAR Magallanes —con trabajos presupuestados entre USD 300.000 y USD 400.000, según estimaciones privadas— antes de zarpar hacia Puerto Argentino.

La iniciativa es promovida por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) del gobierno ilegal de las Islas y es respaldada por el municipio de Punta Arenas. Hasta ahora, el único servicio regular de abastecimiento al archipiélago operaba mensualmente desde Montevideo, con productos provenientes en su mayoría de Europa y Asia. La ruta desde Punta Arenas reduciría esa distancia marítima en unos 1.100 kilómetros.

La empresa Naviera Easter Island informa sobre los trabajos técnicos del buque de carga Danstar en los astilleros de ASMAR en Punta Arenas, Chile. (Instagram Easter Island Naviera)

La preocupación de fondo de Buenos Aires va más allá del permiso de navegación. El gobierno de Javier Milei teme que la nueva ruta sirva de soporte logístico al proyecto petrolero offshore Sea Lion, habilitado por el Reino Unido en la cuenca norte de Malvinas sin participación ni aval argentino, operado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%). El proyecto contempla la perforación de 23 pozos, con inicio para marzo de 2027, y una producción estimada de 35 años.

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Quirno recordó públicamente el compromiso del gobierno chileno de que la operación “no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales” en el archipiélago. Pablo Pacheco, gerente general de Easter Island Logistics, rechazó en La Prensa Austral cualquier vínculo con las petroleras: “Nosotros nos hemos desmarcado completa y absolutamente de lo que es la explotación de hidrocarburos. Somos una empresa que va a hacer abastecimiento insular”.

El presidente Javier Milei y su par de la República de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda

De todas formas, fuentes políticas y diplomáticas argentinas consultadas por este medio sospechan que el negocio de la reapertura comercial incluye indefectiblemente el abastecimiento a Sea Lion, y que no alcanza con la explicación de un “acuerdo entre privados”.

El frente judicial también está activo. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, fallará el 28 de noviembre sobre el pedido argentino de suspender la explotación petrolera mediante medidas provisionales. El Danstar estará aún en mantenimiento en Punta Arenas cuando se conozca esa resolución.

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El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, rechazó este lunes que Chile deba someterse a cualquier exigencia de autorización. “Para transitar en una u otra dirección por el Estrecho de Magallanes, no debiera haber ningún impedimento. Y si se debe pedir autorización, quiere decir que existe la opción de que se pueda negar, y eso es totalmente improcedente”, sostuvo en declaraciones recogidas por BioBío Chile.

Squella fue más allá del caso puntual del Danstar y advirtió sobre las consecuencias de ceder terreno en materia de navegación: “La aceptación, sea expresa o tácita, de cambios en la relación entre ambos países son los que al final del día pueden ser aprovechados en el futuro con un propósito totalmente distinto a lo que estamos viendo hoy”.

Sus palabras coinciden con las de ocho excomandantes en jefe de la Armada chilena, quienes en una carta conjunta sostuvieron que la ruta del Danstar es una actividad legítima entre privados y que aceptar una autorización argentina sentaría un precedente perjudicial para Chile.

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POLITICA

El Deutsche Bank informó sobre US$60 millones vinculados a Carlos Wagner, el empresario líder del Club de la obra pública

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Cuentas bancarias en Suiza con US$20 millones, un complejo turístico en Italia y un campo en Punta del Este. Esos son los bienes en el exterior que hasta ahora la Justicia argentina tiene en el radar sobre el empresario Carlos Wagner, dueño de la constructora Esuco SA y señalado como uno de los organizadores del llamado “club de la obra pública” durante el kirchnerismo. Ahora, una filtración global con millones de documentos bancarios aporta indicios de que la fortuna del empresario, que afronta un juicio oral por su rol en el “caso Cuadernos”, podría ser mucho mayor.

Wagner protagoniza un largo hilo de correos electrónicos que ejecutivos del Deutsche Bank intercambiaron sobre el empresario y su constructora, y que aportan nuevas pistas sobre cuál podría ser su verdadero patrimonio en el exterior. Así, entre los 15 millones de documentos que componen la filtración Inside Deutsche Bank, un proyecto colaborativo liderado por la ONG Barracuda Media, aparecen datos sobre cuentas bancarias que controlaba el empresario con US$60 millones en 2018.

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Uno de los correos alusivos a Carlos Wagner y Esuco

Esta cifra supera al embargo sobre los bienes del empresario dictado por la justicia el 23 de noviembre de 2023: $6176 millones, cifra que equivalía a unos US$16,5 millones, según la cotización del Banco Nación de ese día. Dicha resolución forma parte de uno de los expedientes relacionados al Lava Jato brasileño, donde también está involucrado. Allí se investiga a Wagner por presunta defraudación en el contrato de la planta potabilizadora de AySA.

La preocupación del banco alemán sobre la situación de Wagner y su constructora Esuco comenzó después del caso Cuadernos, según los documentos internos revisados por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y , preocupación que fue confirmada desde Esuco ante la consulta periodística para esta publicación.

“El Deutsche Bank se contactó con el responsable financiero de Esuco en ese momento y le solicitó la actualización de informes de la compañía y el balance. La empresa se los envió e informó que el ingeniero Wagner estaba imputado en una causa [por Cuadernos] y se había acogido al régimen del arrepentido, y el banco comunicó que no quería más como clientes a Esuco ni al ingeniero Wagner por este motivo”, indicaron desde la compañía.

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El exministro de Planificación Julio De Vido, junto al entonces presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner, en 2008Télam – Archivo

Según consta en los documentos internos del Deutsche Bank, la primera mención a la constructora enviada desde el departamento de integridad del banco fue un artículo publicado por en 2016, que revelaba que Wagner había adquirido, a través de una sociedad panameña, un complejo hotelero en Italia por unos US$3 millones en 2007, como parte de la investigación Panama Papers. En aquel momento, Wagner era señalado como uno de los constructores favoritos de los Kirchner, con obras públicas facturadas por casi $7.000 millones, según los datos del Ministerio de Planificación Federal.

En juicio oral

El escándalo por el caso Cuadernos estalló cuando se hicieron públicas las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, el chófer del exfuncionario Roberto Baratta, que hizo un detallado repaso de los recorridos que hacía en su auto para recaudar dinero. Centeno anotó los nombres de decenas de empresas que confesaron haber pagado sobornos, entre ellos, los que coordinaba Wagner como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. El dueño de Esuco confesó ante la justicia que era uno de los organizadores de la trama criminal, un intermediario entre los empresarios y los funcionarios kirchneristas.

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Wagner estuvo detenido por el caso Cuadernos y ahora enfrenta el juicio oral por los delitos de asociación ilícita y pago de sobornos a funcionarios kirchneristas. En 2018 declaró, en calidad de arrepentido, que los sobornos variaban entre el 10% y el 20% del total del contrato de obra pública ganado. “Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos”, indicó.

Su testimonio también mencionó que él había sido el empresario elegido por el entonces ministro de Planificación Julio De Vido para organizar El club de la obra pública: la coordinación del reparto de los contratos entre las constructoras locales, que tenían que pagar el correspondiente soborno a los funcionarios José López y Baratta.

En ese contexto, Wagner y Esuco habían quedado bajo la lupa dentro del Deutsche Bank en 2018, cuando ya era investigado en la justicia argentina por operaciones con el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Dos meses antes de que estallara el caso de los Cuadernos, Stephan Niemand, director de Integridad del banco, envió el 2 de junio de 2018 un correo calificado como confidencial a su jefe, Jan Wagener, para expresarle su preocupación porque la exposición del empresario argentino podía ocasionar un riesgo para el banco alemán.

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Wagner, entonces, le pidió detalles de las cifras que manejaba Esuco, a lo que Niemand respondió: “4 millones de euros para la empresa, de los 5 millones de dólares anunciados, de un total de 12 millones de dólares según el KYC (protocolo “Conoce a tu cliente”). El UBO (beneficiario final) figura con 60 millones, pero esos fondos no se encuentran en Alemania”, indicaron.

UBO, cabe aclarar, es la sigla en inglés de Ultimate Beneficial Owner, es decir, beneficiario final de una sociedad. En este caso, los documentos identificaban a Wagner como el beneficiario final de esos fondos. Sin embargo, la referencia a los 60 millones y a las cifras antes mencionadas por los ejecutivos, no permite establecer por sí sola dónde estaban depositados esos activos, si se trataba de activos financieros o de patrimonio declarado ante el banco o antes las autoridades tributarias argentinas, ni tampoco cuál era su origen.

Desde Esuco, indicaron ante la consulta periodística que la suma “jamás” ascendió a 60 millones dólares. “Igualmente, los fondos están embargados y el ingeniero Wagner está inhibido acá [por la Argentina] y a nivel internacional”, indicaron desde la empresa, que en marzo de este año despidió al 90% del personal y en abril se presentó en concurso de acreedores.

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“Información negativa”

En Alemania, mientras tanto, con la información aportada por Niemand, Jan Wagener le envió un email a Wolfgang von Sandersleben, su superior, el jefe de gestión de patrimonio para América Latina: “Te pido que revises (el reporte) con mucho detenimiento: hay mucha información negativa”, escribió. Y consultó al ejecutivo si Esuco no debería ser calificado internamente como cliente de alto riesgo.

Pero Von Sandersleben defendió al empresario argentino, a quien quería conservar como cliente a pesar de que ya había sido mencionado en los Panama Papers y en el capítulo argentino del caso Odebrecht. Escribió, en un correo electrónico fechado el 11 de junio de 2018, que Esuco era “una constructora bien posicionada con más de 2500 empleados” y que era un ejemplo de una empresa que “puede tener éxito en sus negocios tanto bajo una política de izquierda como bajo un gobierno conservador”, en referencia a los Kirchner y al gobierno de Mauricio Macri. Y agregó que las revelaciones de eran “meras acusaciones”, porque en realidad, la investigación judicial supuestamente estaba dirigida contra Báez. “Las relaciones con sociedades offshore solo afectan indirectamente a Esuco y, en nuestra opinión, tampoco ha ido más allá de rumores en la prensa”, sostuvo.

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Von Sandersleben detalló que esta compañía tenía un valor contable de casi cuatro millones de euros. “Es un cliente al que, desde el punto de vista de la rentabilidad, deseamos seguir prestando nuestros servicios”, afirmó. “Esperamos que con estas explicaciones hayamos podido aclarar las cuestiones que planteaste y que nada se interponga en la continuación de esta relación con el cliente, que se remonta a más de 20 años y se ha caracterizado por su discreción y confianza”, insistió.

La discusión interna exhibía dos posiciones contrapuestas dentro del banco: mientras el área de Integridad advertía sobre los antecedentes de Wagner y cuestionaba la continuidad de la relación comercial, el responsable regional defendía a Esuco y reivindicaba su rentabilidad como cliente. Von Sandersleben detalló que la empresa argentina tenía cuentas en euros y en dólares, y agregó que solía realizar operaciones con valores. Estos productos, aseguró, eran utilizados por la compañía como “garantía” para operaciones de importación, por ejemplo, de maquinaria para la construcción destinada a las obras públicas que realizaba en la Argentina.

Un día después, el ejecutivo envió otro correo electrónico para pedir al equipo de compliance que levantara el proceso de revisión interna contra la empresa. No volvieron a mencionar los 60 millones.

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Meses después, la justicia embargó dos cuentas bancarias, una del empresario y otra de su hermana en Suiza, pero con un monto mucho menor: 20 millones de dólares. Los documentos disponibles en Inside Deutsche Bank no permiten establecer si esos fondos formaban parte de los 60 millones mencionados por los ejecutivos del banco ni si ambas cifras correspondían al mismo patrimonio.

Cuando la justicia detectó los US$20 millones, en octubre de 2018, desde la defensa de Wagner emitieron un comunicado reproducido en ese momento por los medios de que indicaba que los fondos eran “ahorros trasladados al exterior a lo largo del tiempo”, que estaban debidamente declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en sus declaraciones juradas.

CLIP y le enviaron correos electrónicos a Niemand y Wagener, pero los empleados del banco no respondieron la solicitud. Von Sanderleben, quien ya no trabaja en el banco, solicitó remitir las preguntas a su ex empleador. Deutsche Bank ha dicho reiteradamente que no hace comentarios sobre “potenciales, antiguos o actuales clientes”.

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Otros bienes en el exterior atribuidos en su momento a Wagner habían quedado en el radar de la justicia argentina, pero no pudieron ser embargados. La solicitud para congelar la propiedad de un emprendimiento turístico en Italia, que fue definido como “un castillo” por fuentes judiciales, fue rechazada por las autoridades de ese país.

Cuadernos

Esuco, en tanto, volvió a aparecer en los correos electrónicos de Deutsche Bank después de que estallara el caso Cuadernos. Los oficiales del banco intercambiaron mensajes para confeccionar una lista de involucrados en el escándalo de corrupción, con nombres de empresarios y compañías argentinas que en ese momento aparecían en la prensa como parte de la operación por el pago de sobornos a funcionarios kirchneristas.

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En ese entonces, el banco recomendó en un correo electrónico titulado “Bribery Notebooks Scandal” (Escándalo del Cuaderno de las Coimas) abstenerse de hacer negocios con una larga lista de personas y empresas involucradas.

Desde el banco advirtieron que esa nómina debía ser revisada antes de aprobar cualquier nuevo cliente en la Argentina. Esuco aparece en el listado, pero ningún ejecutivo del banco mencionó en esos correos que la compañía ya era cliente y que apenas tres meses atrás había sido elogiada por Von Sanderleben. La inclusión de la constructora en ese listado contrasta con la decisión que el ejecutivo había defendido en junio: mantener una relación comercial de más de dos décadas pese a las advertencias del área de Integridad. La recomendación de octubre, sin embargo, estaba dirigida a evaluar nuevos clientes y no demuestra por sí sola que el banco hubiera cerrado las cuentas existentes de Esuco.

El Deutsche Bank incorporó a sus registros varios artículos periodísticos en los que Wagner es acusado de utilizar Esuco en tramas de corrupción y blanqueo, pero desde el banco sostenían que dichos artículos no ofrecían pruebas sobre esas transacciones. Wagner siguió bajo observación, pero no surge de los documentos de la filtración si dejó de ser cliente del banco, lo que sí confirmaron desde Esuco.

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“Como el ingeniero Wagner no era más presidente de Esuco, en 2019 la empresa le informó [al Deutsche Bank] su nuevo directorio e intentó continuar con la cuenta”, detallaron ante la consulta periodística. “Pero el banco no quiso saber nada porque Wagner seguía siendo accionista de Esuco, razón por la cual, en marzo de 2020, el Deutsche Bank notificó a Esuco que si no retiraba los fondos se los depositaría en una cuenta judicial en consignación en Hamburgo”. Por ese motivo, abundaron desde la empresa, giraron US$3,6 millones al Macro Bank en Las Bahamas.

“Esto se hizo así porque el Banco Macro le ofreció a Esuco extenderle garantías para las licitaciones y préstamos en pesos, acá en Argentina, contra garantía de los fondos depositados en el Macro Bank”, detallaron. “Cosa que sucedió hasta marzo de este año, cuando Esuco no pudo cubrir los préstamos y el banco ejecutó la garantía del exterior”.

Mientras tanto, la situación judicial de Wagner empeoró: fue señalado en Brasil como uno de los “dealers” de las coimas que pagó Odebrecht en Buenos Aires a funcionarios kirchneristas y luego fue detenido por el caso Cuadernos en 2018. Declaró como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, que después lo liberó a la espera del juicio oral, que se encuentra en pleno desarrollo. Años más tarde pidió anular su declaración como arrepentido, pero el Tribunal Oral Federal N°7 que lleva adelante el juicio rechazó su solicitud.

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