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POLITICA

Elon Musk dejó un confuso mensaje por videollamada tras el discurso de Milei en el lanzamiento de Tesla en la Argentina

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El dueño de X y SpaceX, Elon Musk, dio un breve mensaje este viernes por la noche en el acto de lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, luego del discurso del presidente Javier Milei. El magnate celebró la llegada de su marca de autos al país y expresó: “Realmente espero que disfruten de los autos”.

Musk apareció en una pantalla ubicada sobre el escenario a través de una videollamada. El empresario fue recibido con aplausos y entusiasmo tanto por la audiencia presente en el auditorio privado ubicado en el barrio de La Boca, como por el jefe de Estado que volteó sonriente hacia el público.

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Sin hacer mención a Milei, Musk hizo alusión a la implementación de cargadores eléctricos en el país, que se llevaría a cabo en colaboración con las estaciones de servicio YPF, según adelantó el Presidente. “Esperamos poder abastecer a Tesla y establecer una red nacional de supercargadores”, expresó el magnate.

El saludo de Elon Musk en el lanzamiento de Tesla en el país

Tras ello, deseó que quienes accedan a un Tesla puedan “disfrutar de los autos” y se limitó a agradecer la confianza en su empresa. “Solo quería agradecerles por confiar en nosotros. No sé muy bien qué decir”, continuó.

No obstante, durante la videollamada, se lo vio a Musk algo inseguro acerca de lo que podía comentar sobre el lanzamiento y en los poco más de dos minutos de comunicación, balbuceó y realizó distintas expresiones de incomodidad. “Gracias”, “bueno”, “en fin”, dijo entre risas y aplausos del público.

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“En realidad no estoy muy seguro de qué decir, salvo agradecerles por darle la bienvenida a Tesla”, señaló Musk antes de que se cortara el video mientras se estaba por despedir.

El presidente Javier Milei afirmó que “la competencia ordena, fomenta la innovación y baja los precios” durante el lanzamiento oficial de Tesla en la ArgentinaPresidencia

Por su parte, Milei se mostró conmovido por la comunicación con Musk. “En general la gente que hace no suele hablar mucho, pero quiero expresar mi alegría y felicidad por que llegue Tesla a la Argentina”, reiteró ante la concurrencia, ya fuera de la transmisión oficial.

Y añadió: “Hemos decidido desde el primer momento hacer una apuesta por el progreso tecnológico y las consecuencias enormes que eso tiene sobre el nivel de vida y el bienestar del ser humano”.

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Definió entonces a Musk como “el Leonardo Da Vinci del siglo XXI”. “Es alguien que está haciendo de este mundo un lugar muchísimo mejor. Nosotros soñábamos con autos que volaran, ¡él lo hizo realidad! Es realmente un benefactor social”, ponderó el mandatario.

La aparición de Musk fue inesperada, pero no sorpresiva dada la relación existente entre el empresario y Milei.

Elon Musk y el presidente Javier Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, en febrero de 2025Jose Luis Magana – FR159526 AP

Desde su llegada a la presidencia en 2023, el jefe de Estado viajó casi una veintena de veces a Estados Unidos y en varias de esas visitas coincidió con Musk. La primera de ellas ocurrió en abril de 2024, cuando fue recibido por el magnate en la planta industrial de la compañía en Austin, Texas.

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Además, se encontraron en diferentes mítines y convenciones del partido Republicano, en tiempos en que Musk formaba parte del gobierno de Donald Trump. Incluso Milei le obsequió un motosierra como símbolo de los recortes que el sudafricano quería llevar a cabo desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), institución que condujo entre enero y mayo de 2025.



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La Justicia suspendió el tratamiento de los pedidos de la defensa del terrorista italiano Leonardo Bertulazzi mientras siga prófugo

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La Cámara Federal de Casación Penal resolvió suspender el tratamiento de los planteos presentados por la defensa de Leonardo Bertulazzi sobre el avance de su extradición hasta que el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas sea detenido o se presente ante la Justicia.

El hombre, de 74 años, permanece prófugo desde el pasado 10 de noviembre, cuando logró escapar del departamento en el que cumplía arresto domiciliario mientras avanzaba su proceso de extradición a Italia.

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La decisión fue tomada este jueves por la Sala II del tribunal, que resolvió por mayoría remitir las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Servini.

Según establece la resolución, una vez que Bertulazzi vuelva a estar a disposición de las autoridades, el juzgado deberá devolver el expediente a Casación para continuar con el procedimiento.

El italiano tiene una condena de 27 años de prisión en su país por delitos vinculados con el terrorismo, el secuestro de personas y la participación en una organización armada. La Corte Suprema argentina ya había confirmado su extradición a Italia.

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Detuvieron a la esposa de Leonardo Bertulazzi por la fuga

En paralelo a la decisión judicial, la Policía Federal detuvo a Betina Erika Köpcke, la esposa del prófugo, de 77 años. La mujer quedó bajo sospecha de haber tenido conocimiento previo y detallado del plan que permitió la evasión.

La investigación se inició a partir del análisis de un teléfono celular que Bertulazzi dejó abandonado dentro de una mochila negra cuando escapó. Entre el material recuperado, los investigadores encontraron fotografías tomadas en octubre de 2025 en las que se observa a Köpcke frente al portón del inmueble de la calle Bolívar por donde posteriormente se concretó la fuga.

Betina Erika Kopcke. (Foto: X @AleMonteoliva)

También hallaron imágenes de las cuerdas que habrían sido utilizadas para descender desde el balcón del departamento.

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A partir de esos elementos, la jueza Servini ordenó un allanamiento en la vivienda de la mujer, ubicada en el barrio porteño de San Telmo.

Cómo se escapó Bertulazzi y dónde lo registraron las cámaras de seguridad

El martes 10 de noviembre, cerca de las seis de la mañana, Bertulazzi consiguió salir del edificio usando un arnés para saltar de su departamento ubicado en el quinto piso. Antes de hacerlo, habría engañado a su custodia para simular que la tobillera electrónica continuaba colocada en su pierna.

Una vez en la calle, comenzó un recorrido que incluyó viajes en colectivos y taxis. Las cámaras lo ubicaron en distintos puntos de la zona norte del conurbano bonaerense, particularmente en Martínez y San Isidro, donde pasó por comercios y se probó distintas prendas para modificar su apariencia.

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Una de las escenas quedó registrada en un local de ropa de Martínez. Allí se probó tres gorros piluso, bromeó con los empleados y finalmente compró uno gris topo por $12.000. Según contó a TN uno de los vendedores que lo atendió, el hombre se mostró tranquilo y parecía tener claro lo que buscaba: cubrirse el rostro.

Otro de los movimientos que llamó la atención de los investigadores ocurrió en San Isidro. Bertulazzi usó un teléfono público para comunicarse con una mujer de nacionalidad paraguaya que vive en el barrio porteño de Parque Chas y que sería militante de izquierda.

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POLITICA

Alerta en el conurbano: intervinieron la fábrica que provee luminarias LED e investigan un faltante millonario

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La llegada de la tecnología LED (diodo emisor de luz) al alumbrado público modificó un mercado que durante décadas dependió de lámparas de sodio, mercurio o halogenuros metálicos. El cambio no se explica por una sola ventaja, sino por la combinación de varios factores que, juntos, redujeron costos y mejoraron la calidad del servicio. Una lámpara LED puede funcionar entre 50.000 y 100.000 horas, frente a las 2.000 horas de una luminaria incandescente tradicional, lo que equivale a más de 20 años de uso continuo. Esto reduce de forma drástica la frecuencia de reemplazo y, con ella, los costos de mantenimiento, que según estimaciones oficiales bajan entre 25% y 30%. Por esa razón, cuando un vecino del conurbano bonaerense ve encenderse la luminaria de su calle, es probable que ese equipo haya salido de una planta de San Martín. Allí, Fadalex S.R.L. produce de manera exclusiva los productos que comercializa Strand S.A., una de las proveedoras de alumbrado público con más presencia en la provincia de Buenos Aires. Esa cadena de suministro está hoy en el centro de siete causas judiciales que investigan una presunta administración fraudulenta y un faltante contable que supera los 15.400 millones de pesos.

Los intendentes y administradores de corredores viales están en alerta, ya que la disputa judicial pone en jaque el suministro del equipamiento LED que reemplazó a las viejas lámparas “de mercurio” gracias a la reconversión masiva del alumbrado público impulsada a lo largo del país bajo la premisa de la sustentabilidad y el ahorro fiscal.

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La empresa es tan importante que los propios intendentes han subido a sus redes sociales posteos con frases como: “Esta mañana recorrimos Fadalex, en Villa Libertad, una fábrica de luminarias y equipos de alumbrado público. Con más de 40 años de antigüedad, es una PyME que emplea a 50 personas y aporta gran valor productivo al sector”.

Los cuestionamientos judiciales, que llevaron a una intervención por parte del magistrado interviniente (después levantada) y al allanamiento de sus oficinas, no llegaron desde un competidor ni de un organismo de control: partieron de la propia familia propietaria. Tras la muerte del fundador, Hugo Manuel Caivano, en mayo de 2024, la rama minoritaria de los herederos quedó fuera de la conducción de ambas sociedades. Según su presentación judicial, ese desplazamiento se concretó con actas de asamblea adulteradas.

Parte de la documentación que tramita en la justicia

Uno de los motivos que derivó en las acciones de la Justicia es el Acta N.° 54, que registra la presencia física de Caivano en una reunión de directorio mientras, de acuerdo con los registros médicos aportados a la causa, el empresario permanecía internado en terapia intensiva.

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Los accionistas minoritarios señalan como responsables a Juan Abdul Luis Pizzani, sobrino del fundador, y a Mariana Elizabeth Caivano. Según los escritos presentados ante los tribunales, ambos controlaban las cuentas de Fadalex y de Strand, condujeron las asambleas cuestionadas y firmaron cheques que luego fueron rechazados. Son acusaciones que la Justicia todavía debe probar.

El dato central del expediente surge de las auditorías forenses de la causa penal y del informe de un interventor judicial que analizó las cuentas de Fadalex. Entre 2024 y enero de 2026, la fábrica entregó a Strand suministros certificados por $17.859.986, pero solo habría percibido ingresos por $2.449.857.497. Es decir, una diferencia que superaría los diez millones de dólares.

Mientras ese desfase se acumulaba, Strand seguía cobrando con normalidad a municipios y concesionarias viales. Fadalex, en cambio, quedó sin capital de trabajo pese a contar con un respaldo patrimonial considerable: un predio industrial en Villa Libertad, San Martín, tasado junto a propiedades linderas en más de 1,5 millones de dólares, y una flota vehicular valuada en 27,7 millones de pesos, siempre según los datos de la causa.

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Los denunciantes sostienen que parte de ese dinero se canalizó a través de una “caja paralela”, un registro físico conocido como “el cuaderno” y ajeno a la contabilidad oficial de la empresa. Según sus presentaciones, se detectaron depósitos de 10 millones de pesos en una cuenta personal de Pizzani con cheques de la sociedad, pasajes a Hong Kong pagados con fondos de la empresa y giros bancarios a nombre de dos socios ya fallecidos. También se firmaron ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) acuerdos por 193 millones de pesos que la querella considera simulados, además de pagos por 45 millones de pesos a familiares sin relación laboral formal. La contadora de la empresa admitió ante los peritos judiciales que no conserva copias de los talonarios de cheques emitidos.

El conflicto en la empresa de luminarias suma siete causas, promovidas por la accionista minoritarios y familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete expedientes en dos jurisdicciones

El conflicto suma siete causas, promovidas por la accionista María Luz Caivano y otros socios minoritarios. Dos tramitan en el fuero penal y cinco en el comercial.

La causa penal principal corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 2, bajo la carátula “Pizzani, Juan Abdul Luis y otros s/ defraudación por administración fraudulenta, falsificación de documento y hurto” (Causa CCC 52.385/2025), que apunta a los directores de ambas sociedades. Por orden de ese juzgado, el 26 de noviembre de 2025 se allanó la planta de San Martín y se secuestraron libros contables, documentación comercial y registros informáticos. Una segunda causa penal tramita en la provincia de Buenos Aires: se trata de una investigación penal preparatoria del Departamento Judicial de San Martín (IPP N.° 15-43764-25), con intervención del Juzgado de Garantías N.° 2.

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En el fuero comercial, la Justicia ya dispuso la intervención de Fadalex (Expediente N.° 23.442/2025) tras advertir irregularidades graves en su administración. Otros cuatro expedientes tramitan en paralelo por las supuestas responsabilidades de los directores de Strand, la nulidad de asamblea de esa firma, y los expedientes 21.720/2025 y 806/2026, por nulidad de asamblea de Fadalex.

Con la apertura a prueba, el expediente entra en su etapa decisiva. Una docena de municipios y concesionarias viales deberá entregar a la Justicia sus expedientes de contratación con Strand: el pedido de compra, las empresas invitadas, la adjudicación, el precio y el procedimiento seguido. Un perito contador cruzará esos pagos con la facturación y las cuentas bancarias de la empresa, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informará cuánto le facturó Strand a cada municipio y si hay diferencias.

La querella sostiene que, si parte del dinero facturado a los municipios no llegó a reflejarse en las cuentas de Fadalex, la pregunta pendiente es hacia dónde se dirigieron esos fondos. Un cruce entre los pagos municipales y la facturación de la empresa podría determinar si existieron comisiones o pagos irregulares vinculados a las adjudicaciones, lo que eventualmente ampliaría la causa penal hacia delitos contra la administración pública.

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Un empleado trabajando en una empresa que fabrica luminarias LED (REUTERS)

Strand tiene más de cincuenta años de trayectoria en el sector y presencia declarada en más de veinte provincias. En 2018, la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética de la Nación había señalado que la empresa concentraba el 22% de las luminarias LED adjudicadas en el marco del Plan Alumbrado Eficiente, la mayor proporción entre todas las adjudicatarias.

La compañía también registra antecedentes de observaciones administrativas en licitaciones de distintos municipios bonaerenses por incumplimientos formales en certificados de cumplimiento fiscal, algunos de ellos subsanados en los plazos exigidos. En 2026, Strand impugnó una licitación de Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa Cruz por 2.800 millones de pesos, al denunciar que las empresas adjudicatarias incumplían requisitos técnicos y no estaban inscriptas como proveedoras del Estado; la impugnación fue rechazada por el directorio del organismo provincial.

Para varios de los intendentes con los que dialogó Infobae, la batalla judicial que se libra con extrema dureza en dos frentes, el comercial y el penal, se materializa en la demora de la provisión de los equipos LED que iluminan avenidas, calles y plazas.

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POLITICA

La Corte Suprema ordenó al Estado hacer públicos los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Poder Ejecutivo Nacional hacer pública la información sobre los resultados correspondientes a todos los establecimientos educativos o instituciones de la provincia de Salta que participaron de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017.

“La información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”, sostuvo el máximo tribunal al hacer lugar a la acción de amparo de un ciudadano que reclamaba esos datos.

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El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los conjueces Carlos Vallefín (La Plata) y Juan Perozziello Vizier (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal). En minoría, Carlos Rosenkrantz votó por rechazar el pedido.

El pedido

En 2019, Rafael Aurelio Argañaraz Olivero promovió una acción de amparo de acceso a la información pública contra el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Reclamó la entrega de “la totalidad de los Reportes de Resultado correspondientes a todos los Establecimientos Educativos o Instituciones de la Provincia de Salta que hayan participado de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017”.

Solicitó también la documentación por considerarla información pública, pero la Secretaría de Evaluación Educativa le respondió que estaba impedida de entregarla por tratarse de información obtenida con carácter confidencial y le ofreció resultados desagregados hasta el nivel municipal.

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El Estado Nacional se opuso a la demanda. Insistió en el carácter confidencial de la información para resguardar los derechos de estudiantes, docentes y directivos. Argumentó que con esos datos se podía elaborar un ranking de escuelas y establecimientos, “no solo por los resultados de la evaluación sino también por la condición de migrantes, indígenas, pobres y analfabetos” de los alumnos o sus familias, lo que llevaría a una estigmatización.

Los miembros de la Corte Suprema en el Congreso. (Foto: Corte Suprema de Justicia de la Nación)

También sostuvo que la divulgación frustraría una investigación sobre estadísticas.

En primera instancia se rechazó el amparo. La Cámara Federal de Salta revocó esa sentencia y ordenó al Ministerio brindar los resultados, sin excepción, sin que ello implique revelar datos particulares de los alumnos o los docentes. El Estado apeló y la Corte confirmó que debía entregar la información solicitada.

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Qué dijo la Corte Suprema

Para el voto mayoritario, la Corte sostuvo que “no puede olvidarse que el fundamento central del acceso a la información en poder estatal consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”.

Los operativos “Aprender” y “Enseñar”, profundizó la Corte, “no son una gracia o favor del gobierno hacia la comunidad” sino que “reflejan la implementación de un mandato expreso contenido en normas constitucionales y legales”.

“Hacer pública la información requerida apunta a efectivizar la ‘igualdad real de oportunidades’ antes que a estigmatizar alumnos y docentes”, sostuvo la sentencia. Agregó que la desagregación por establecimiento “persigue un interés público de particular trascendencia, cuyo control democrático parece ineludible” y permite verificar el modo en que el Estado ejecuta mandatos constitucionales en materia educativa.

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