Terminaron las especulaciones. Al menos, aquellas que surgieron a raíz de los reparos de un sector del empresariado norteamericano al proyecto de ley sobre defensa de la soberanía nacional, conocido como “ley de Malvinas”, y que en la Casa Rosada y la Cámara de Diputados se encargaron de desacreditar. Pero la realidad se impuso. La visita al país del subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, terminó por despejar las dudas: Washington sigue de cerca el articulado que prevé sanciones contra las petroleras que operan en las islas. Y no disimula su preocupación.

Esta vez no fue una presión de la oposición. En conferencia de prensa, el subsecretario Landau blanqueó este jueves la existencia de cuestionamientos, que ahora obligan al oficialismo a revisar uno de sus proyectos legislativos más ambiciosos, anunciado en cadena nacional por el Presidente.

La posibilidad de dar marcha atrás o, al menos, materializar ciertas concesiones ante las presiones internas y externas, reavivó algunas disputas dentro del Gobierno.

El oficialismo quedó entrampado en su propia retórica de soberanía y enfrenta señalamientos por partida doble. Mientras que en el plano local le achacan que se trata de un proyecto que poco tiene que ver con Malvinas e introduce amplias reformas a las leyes de Defensa Nacional, de Financiamiento de los Partidos Políticos y de Inteligencia, desde el exterior le sugieren revisar el corazón de la propuesta. Precisamente, el capítulo I, destinado a proteger los intereses argentinos en las islas. Una de las principales banderas políticas de la iniciativa que ideó el asesor Santiago Caputo.

La ley, tal como la presentó Milei, se proponía endurecer las sanciones contra las empresas que operen en las inmediaciones de las islas y extender las penalidades a todas aquellas firmas que las financien. Demasiada “laxitud” para el filtro norteamericano, que le reclama al Gobierno delimitar “correctamente” los tipos penales.

Frente a este escenario, no faltan quienes observan con suspicacia una posible intención de dilatar el debate sobre Malvinas hasta el final del período de sesiones ordinarias.

Se abre, así, una nueva disyuntiva para el Gobierno, tensionado por sus propias internas. Los más puristas, que responden al ala del asesor presidencial Santiago Caputo, ideólogo en gran medida de la normativa a través de su alfil en el área de Legal y técnica, María Ibarzabal Murphy, consideran que el texto “está diseñado para tener las herramientas que el Estado necesita para defender la soberanía nacional” y que “debería votarse cerrado de hecho”.

Difiere, de la postura de otros funcionarios de la Casa Rosada y diputados dispuestos a avanzar en los cambios que sean necesarios para aprobar la iniciativa, sin tensionar con uno de sus máximos aliados a nivel internacional. En la Cámara baja, la tropa de Martín Menem sería de esta partida. Cerca del riojano incluso habían agitado la idea de llevar el proyecto a la megasesión del miércoles pasado. Y por eso, insistían en que se estaban trabajando en “varios cambios”. Ante todo, se muestran “pragmáticos”.

Pese a su retórica, el sector que comanda Caputo también es consciente de que el proyecto requiere de modificaciones. “Así como está no sale”, se cansan de repetir varios diputados, incluso algunos libertarios. Tal es así, que este viernes Silvana Giudici, espada legislativa de Martín Menem y al frente del proyecto de Malvinas, se reunió con el asesor e Ibarzábal en la Casa Rosada. A diferencia de la semana pasada donde en Diputados se resistián a hablar de las exigencias de Washington, esta vez se limitaron a decir que se está trabajando en “delimitar los tipos penales”.

Ante la consulta de sobre que cambios puntuales se le concedió al establishment norteamericano, algunas fuentes señalaron: “Solo ajustamos los artículos que estaban amplios o difusos para que no haya ninguna duda de su alcance”.

Pese a los trascendidos sobre una eventual dilación para el tratamiento de la iniciativa, en el Parlamento y en el Gobierno insisten en que todo sigue adelante y afirman que hay un trabajo “aceitado” entre quienes llevan el tema en el Congreso y la Casa Rosada. Algunos libertarios se jactan de que ya se avanzó en varias modificaciones que asegurarían el respaldo de aliados.

Entre ellas, ya dan por descontada la revisión del polémico artículo que prevé penas de hasta 12 años de prisión para quienes “actuando por cuenta de un agente extranjero, procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación”.

“Campañas de desinformación”

Según pudo saber , la nueva versión del proyecto, que ya está en manos de los aliados, deja afuera los términos más ambiguos del artículo 111, mencionado en el capítulo VI. En particular, el referido a las “campañas de desinformación”, que despertó fuertes cuestionamientos de entidades y referentes del periodismo por el riesgo que podría representar para la libertad de expresión.

“El proyecto va a salir. Es un proyecto del Presidente. No se va a cajonear, ni nada por el estilo”, aseguraron fuentes de Balcarce 50. Si bien apuntan que la idea es “que se trate lo antes posible”, contemplan que puede haber dilaciones “lógicas” por las negociaciones con aliados en el Congreso.

“Nuestro objetivo es que se trate, se vote y se apruebe”, remarcaron en la Casa Rosada, al desestimar las versiones acerca de que el proyecto podía quedar stand by.

En el oficialismo apuntaban sospechas sobre que esas versiones podrían provenir del sector de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien en las últimas horas dejó mensajes en las redes sobre el tema.

“Por eso los verdaderamente patriotas y malvineros hicimos silencio. Res non verba”, apuntó Villarruel en su cuenta de X, en respuesta a una publicación que cuestionaba el futuro del proyecto. La expresión latina significa “hechos, no palabras”.

En medio de los interrogantes que surgen en torno de las intenciones del Gobierno, todo parece estar sujeto a revisión. Por eso, cuesta creer que el oficialismo consiga emitir dictamen este martes en la Comisión de Defensa, lo que complica los plazos para llevar el proyecto al recinto antes de que finalice el período de sesiones ordinarias.

A ello se suma que el texto deberá atravesar después el debate en el Senado, donde buena parte de los esfuerzos están concentrados en dar alguna señal sobre lo que verdaderamente desvela a la Casa Rosada: la suspensión de las PASO. Por ahora, no se registran avances significativos.