POLITICA
A pedido del kirchnerismo, un juez federal suspendió la ley de Glaciares en Santa Cruz
EL CALAFATE.– El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, hizo lugar a una medida cautelar y suspendió la aplicación de la nueva ley de Glaciares en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz.
El juez argumentó que existe el riesgo de una “regresión ambiental” y la afectación de “ecosistemas sensibles y recursos esenciales como el agua”. Su fallo puso el foco en privilegiar la prevención del daño antes que la reparación posterior.
De esa forma, la justicia federal volvió a situarse en el centro del debate sobre el manejo de los recursos naturales y las facultades del Congreso.
El Gobierno nacional, que ahora deberá presentarse en la causa, impulsó la modificación con el fin de fomentar inversiones que impulsen la extracción de cobre y litio.
La reforma acota la protección del ambiente glaciar y periglacial únicamente a las áreas cuya función hídrica esté científicamente comprobada.
La acción judicial, tramitada bajo la carátula de amparo ambiental, fue impulsada por el arco político oficialista de El Calafate, encabezado por el intendente kirchnerista Héctor Belloni, la presidenta del Concejo Deliberante local, Celia Beatriz Barría, el diputado provincial Carlos Alegría y la diputada nacional Ana María Ianni.
Los demandantes cuestionaron la constitucionalidad de la reforma, argumentando que reduce los estándares de protección y habilita actividades industriales en zonas antes vedadas.
El juez Vazquez sostuvo que los niveles de protección alcanzados por la legislación vigente no pueden ser disminuidos sin una justificación suficiente, ya que esto vulneraría el sistema de presupuestos mínimos previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Para el juez Vázquez, la cuestión no es meramente técnica, sino que involucra la supervivencia de ecosistemas de alta fragilidad.
Un punto destacado por el tribunal es la interdependencia entre la preservación ambiental y la economía local. El fallo hace especial hincapié en que la zona de influencia de El Calafate y El Chaltén depende directamente de la integridad del sistema del Parque Nacional Los Glaciares. La actividad turística, considerada uno de los motores económicos de Santa Cruz, se sustenta en la conservación de estos paisajes, por lo que cualquier degradación de los recursos naturales comprometería la sustentabilidad del desarrollo regional.
En uno de los pasajes del fallo, Vázquez asegura: “la cuestión planteada en autos no se agota en una mera discusión normativa, sino que involucra la ponderación de distintos modelos de aprovechamiento de los recursos naturales, con implicancias directas en la sustentabilidad ambiental, el desarrollo económico y la calidad de vida de las comunidades locales”.
Desde el punto de vista procesal, el juez decidió apartarse del encuadre de “proceso colectivo de clase” sugerido inicialmente por el Ministerio Público Fiscal, optando por el trámite de amparo ambiental. Fundamentó esta decisión en la necesidad de actuar con celeridad para proteger un “bien colectivo indivisible” como es el ambiente, evitando estructuras procesales que pudieran demorar una tutela judicial efectiva.
La medida cautelar ordena al Estado Nacional abstenerse de aplicar, ejecutar o autorizar cualquier acto administrativo basado en la reforma que pueda afectar glaciares o zonas periglaciares en Santa Cruz. Si bien el alcance de la resolución especifica que se limita al territorio provincial, la decisión sienta un precedente judicial que podría ser replicado en otras jurisdicciones cordilleranas.
Por último, el juzgado ha requerido al Estado Nacional la producción de un informe circunstanciado en un plazo de 10 días, paso previo a la discusión sobre el fondo de la inconstitucionalidad planteada. Mientras tanto, la cautelar mantiene vigente el “piso de protección” de la ley original, reafirmando que, en materia ambiental, la prevención debe prevalecer sobre cualquier intento de flexibilización normativa.
Mariela Arias,Conforme a
POLITICA
El oficialismo avanzó con el dictamen de Zonas Frías en el Senado y buscará aprobarlo la semana que viene
El oficialismo obtuvo en el Senado un dictamen de mayoría para modificar los subsidios al gas en las zonas frías, una iniciativa con media sanción de Diputados que, si se convierte en ley, reemplazará parte del criterio geográfico vigente desde 2021 por una segmentación basada en la vulnerabilidad económica de los hogares.
La propuesta también extiende hasta 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables e incorpora un mecanismo para que las distribuidoras eléctricas regularicen sus deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
El cambio alcanzará a las localidades incorporadas al régimen hace cinco años, distribuidas en 10 provincias. Allí, el beneficio general dejará de aplicarse y quedará reservado para los usuarios que acrediten menores ingresos u otras condiciones de vulnerabilidad.
La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió el proyecto durante el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. La funcionaria sostuvo que la ampliación aprobada en 2021 “fue una ley que buscó tener votos para las elecciones, pero no tenía ninguna racionalidad desde el punto de vista de un esquema de subsidios”.
El Gobierno estima que 1.600.000 usuarios incorporados al sistema en 2021 perderán la totalidad del subsidio, pero la reforma podría afectar a unas 3,4 millones de familias, además de pequeñas y medianas empresas y sectores medios.
La Ley 27.637, impulsada entonces por el diputado Máximo Kirchner, había ampliado el régimen que hasta ese momento se concentraba en la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la Puna. La reforma sumó departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
El nuevo esquema mantendrá los subsidios residenciales de alcance general para la Patagonia, Malargüe y la Puna. En las regiones incorporadas durante la ampliación de 2021, el beneficio dependerá de la inscripción y calificación dentro del SEF, creado por el Decreto 943/2025.
Para acceder al subsidio en las zonas templadas e intermedias, las familias deberán demostrar ingresos mensuales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo dos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El límite equivale a $4.400.000 para una familia de cuatro integrantes.
La iniciativa prevé una incorporación automática para hogares con integrantes que perciban una Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o cuenten con un Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares, sin importar sus ingresos. En cambio, los hogares con una persona que posea Certificado Único de Discapacidad quedarán sujetos a una evaluación posterior de la Secretaría de Energía.
El descuento ya no se calculará sobre el total facturado por las distribuidoras, sino únicamente sobre el componente correspondiente al precio del gas. El cargo fijo dejará de estar alcanzado por el subsidio.
Tettamanti planteó que la diferencia de consumo justifica una segmentación más focalizada. “En la Patagonia el consumo medio de un residencial son 4.500 metros cúbicos al año de gas, cuando en las zonas templadas son 990 metros cúbicos. En el resto de las provincias que quedaron sin subsidios tienen un consumo de 650”, afirmó.
El senador de Santa Cruz José María Carambia cuestionó que la reforma implique una suba encubierta de tarifas para los usuarios de su provincia y del resto de la Patagonia. “Si un senador de la Patagonia vota a favor de esto, está votando a favor de que se aumenten las tarifas de gas”, advirtió.
El legislador mencionó el caso de un vecino santacruceño cuya factura de $315.000, según sostuvo, pasaría a costar $500.000. También alertó que el proyecto le otorgaría al Poder Ejecutivo facultades para subir o bajar subsidios de manera discrecional.
La Secretaría rechazó esa proyección y afirmó que el grueso del consumo seguirá subsidiado en 50%, aunque el cargo fijo dejará de tener descuento. “De ninguna manera una factura de $315.000 va a pasar a $500.000 por dejar de subsidiar el cargo fijo”, respondió.
Según las estimaciones expuestas por Tettamanti, los usuarios de zonas templadas que pierdan el subsidio al gas y comiencen a pagar el cargo fijo completo enfrentarán una suba promedio de $15.000 mensuales. Para quienes viven en zonas frías y pasen a pagar el cargo fijo pleno, el aumento medio sería de $25.000 por mes.
La funcionaria sostuvo que un usuario de Santa Cruz o de cualquier punto de la Patagonia pagará el mismo cargo fijo que una persona de bajos ingresos del resto del país. También remarcó que el mayor consumo de gas por las condiciones climáticas no implicará un cargo fijo más alto.
El dictamen fue firmado por representantes de La Libertad Avanza, PRO, la senadora salteña Flavia Royón, presidenta de la Comisión de Minería, la neuquina Julieta Corroza, el correntino Carlos “Camau” Espínola y los integrantes de Convicción Federal Carolina Moisés y Guillermo Andrada.
La mendocina Mariana Juri, de la Unión Cívica Radical, no acompañó el despacho, al igual que Carambia, la cordobesa Alejandra Vigo y el puntano Fernando Salino. El bloque Justicialista no participó porque todavía no designó a sus vocales para esas comisiones. El oficialismo buscará llevar la iniciativa al recinto el jueves 24 de septiembre.
El juez federal Daniel Rafecas sumó al iraní Alí Asghar Hejazi al juicio en ausencia por el ataque a la AMIA. De esa forma, hizo lugar al pedido de la fiscalía, que considera a Asghar Hejazi como el presidente del comité que decidió el atentado terrorista de 1994.
El dirigente iraní, cuyo nombre también se consigna como Alí Asghar Mirhejazi, tiene actualmente 79 años y era en 1994 el delegado personal del entonces líder supremo Alí Khamenei, su mano derecha.
El fiscal federal especial para la causa AMIA Sebastián Basso entendió en un dictamen que la decisión de atacar la mutual se tomó durante una reunión de un comité secreto conocido como “Vijeh”, encabezado por Khamenei y Hejazi.
El fiscal considera que intervinieron en la decisión del atentado Mohsen Rezai (comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica), Ahmad Vahidi (a cargo de la Fuerza Al Quds, la sección encargada de operaciones fuera de Irán), Alí Fallahian (ministro de Inteligencia) y Alí Akbar Velayati (a cargo de la política exterior).
La fiscalía entiende que el 14 de agosto de 1993 se decidió el atentado del 18 de julio de 1994 en ese Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, con el aval de Khamenei.
Desde ese momento, el comité presidido por Hejazi se ocupó de los preparativos y la definición de la fecha del ataque, que provocó la muerte de 85 personas y dejó 300 heridos.
La fiscalía entendió que Hejazi estuvo en Buenos Aires en marzo de 1993, como delegado personal de Khamenei y para supervisar la operación y analizar sus posibilidades.
Según Basso, integrantes de la Fuerza Al Quds, liderada por Vahidi, transmitieron las directivas para la ejecución material del atentado a Imad Mughniyeh, señalado como el jefe de la estructura más clandestina de Hezbollah hasta su muerte en 2008.
El juzgado de Rafecas dictó la captura nacional e internacional de Hejazi el 10 de abril pasado, pidió a Interpol la difusión de una circular roja y lo declaró rebelde el 7 de mayo.
El tribunal remarcó que la cancillería iraní fue notificada de todas las medidas dispuestas en su contra, y concluyó que “no existe forma alguna que Hejazi no haya tomado conocimiento de las imputaciones que pesan en su contra y de la existencia del proceso penal”.
Por eso es que lo sumó al resto de los acusados al juicio en ausencia, cuya viabilidad analiza la Cámara de Casación Penal.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El ministro de Defensa ordenó iniciar el proceso para destituir al personal de la Armada involucrado en los presuntos sobresueldos
El ministro de Defensa, Carlos Presti, reveló este miércoles durante su paso por ¿La Ves? que ordenó al jefe de la Armada que inicie el proceso para destituir al personal de su fuerza señalado por cobrar presuntos sobresueldos de manera irregular por $980 millones.
“Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco o veinte delincuentes”, enfatizó Presti en una entrevista con TN. Y confirmó: “Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un consejo de disciplina militar pasen a ser destituidos”.
En ese sentido, el ministro fue aún más lejos y afirmó: “Más allá de la Justicia federal, que espero que los encuentren culpables, que devuelvan el dinero y que vayan presos”.
Las declaraciones del funcionario se dan luego de que la propia fuerza presentara una denuncia penal por presuntas irregularidades en el pago de haberes a 23 personas, por un monto que asciende a $981.148.567,88. La denuncia fue radicada por el Jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio, quien alertó sobre “modificaciones efectuadas sobre registros y archivos destinados a la acreditación bancaria de haberes”.
Según el escrito, entre julio de 2022 y enero de 2026 se realizaron 645 acreditaciones indebidas a favor de esas 23 personas, por importes superiores a los que correspondían según sus liquidaciones o directamente sin respaldo en haberes legítimos. El denunciante detalló que los registros generados por el Sistema de Haberes eran alterados de forma transitoria antes de su envío al Banco Nación, y luego restituidos a sus valores originales para que los cambios no quedaran reflejados en los recibos publicados.
Entre los señalados hay personal militar en actividad y en retiro, personal civil de planta permanente y contratado, personal civil jubilado, y cuatro personas sin ningún vínculo laboral ni funcional con la Armada. Una de ellas, María del Carmen Prieto —con 46 acreditaciones por $152.259.495,86, la cifra individual más alta de toda la causa—, es cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff.
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