La semana anterior, en un almuerzo reservado en Entre Ríos con el gobernador Rogelio Frigerio, Mauricio Macri había deslizado que no entendía por qué, con la macro y las cuentas públicas ordenadas, el riesgo país no bajaba a los niveles de su presidencia. Una semana después de esa inquietud privada del ex presidente, Standard and Poor’s (S&P) mejoró la calificación crediticia del país, las acciones argentinas se dispararon un 18% y el riesgo país alcanzó los 433 puntos básicos, el mínimo desde mayo del 2018. Antes de que asumiera Javier Milei, en noviembre del 2023, ese índice indispensable para el acceso a los mercados internacionales había llegado a 2.415.

No fue, sin embargo, la única noticia sobresaliente de la última semana. El jueves, en plena inauguración de la Copa del Mundo, el INDEC oficializó el índice de precios de mayo en torno al 2,1%, el más bajo en ocho meses -incluso por debajo de lo que estipulaban algunas consultoras privadas-, y se volvió a confirmar una desaceleración inflacionaria: el de junio podría ubicarse por debajo del 2%.

Luis Caputo, “Toto”, uno de los poquísimos funcionarios que se atrevió esta semana a destacar una serie de buenas noticias, ponderó en sus redes las exportaciones mineras del primer cuatrimestre -“récord histórico”, anunció-, y hasta se animó a chicanear cómo los medios no resaltaban con mayor énfasis la caída en la pobreza infantil, la más baja desde el 2018. Quienes lo frecuentan aseguran que el ministro de Economía ya tiene en su cabeza el calendario electoral del próximo año: tal vez por eso se dedique semanalmente a subir al ring a Axel Kicillof, y quizá en esa lógica se inscriba la decisión de habilitar -y reconocer- una recomposición salarial de los sueldos universitarios, firmada a mediados de semana mientras se espera que resuelva la Justicia, y otorgarle tarifa cero en el transporte público a los discapacitados.

Milei se aferra a esos datos de la economía para el diseño de un programa económico audaz y ambicioso, con un fuerte sesgo ideológico y ejecutado por Caputo y su equipo, que se complementa con una batería de desregulaciones desplegadas por Federico Sturzenegger y una serie de iniciativas repletas de polémica que llevan en simultáneo el sello de Santiago Caputo, vinculadas con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y el manejo de los datos: hay que mirar al asesor estrella del presidente para entender el desembarco en el país de Peter Thiel, cofundador de PayPal y director de Palantir, que se instaló en una casona de Barrio Parque, en la ciudad de Buenos Aires. A principios de mes, el Presidente levantó un enorme revuelo tras la publicación de un artículo en el reconocido diario británico Financial Times en el que defendió la modificación de la Ley de Sociedades, y promovió la creación de un régimen jurídico sin regulación para el despliegue de la inteligencia artificial, según los especialistas, una iniciativa muy polémica con la que Argentina cedería su soberanía de datos.

La semana pasada, en paralelo al debate por el régimen del Súper Rigi enviado por el Ejecutivo que contempla enormes beneficios fiscales e impositivos similares al RIGI pero para inversiones en IA, biotecnología o infraestructura digital, cuestionados por la oposición, en Diputados se empezó a discutir la Ley de Lobby impulsada por la Casa Rosada. Todo tiene que ver con todo: el jueves, 190 organizaciones, entre ellas el CELS y Poder Ciudadano, que expusieron en el Parlamento, alertaron por la amenaza a la participación ciudadana y el control del Estado a la sociedad civil. De aprobarse el proyecto, del que fuentes oficiales adjudicaron un creciente atención por parte del asesor presidencial, se equipararía el cabildeo de una empresa detrás de un determinado interés al de cualquier tipo de organización que promueva o represente intereses colectivos o sociales. Con ese criterio, Juan Carlos Blumberg habría sido un lobista y sus movimientos se habrían monitoreado oficialmente en el 2004 cuando reclamó y consiguió penas más duras por parte del Congreso tras el secuestro y asesinato de su hijo Axel.

La consultora 1816 publicó recientemente un informe en el que destaca que en el primer cuatrimestre del año la energía y la minería generaron casi la misma cantidad de divisas que el agro, una oferta neta de alrededor de USD8.150 millones según el Banco Central. Exultante, en un canal de streaming, el ministro Sturzenegger llegó a decir exageradamente en la semana que en los próximos años Neuquén va a recibir una migración interna excepcional que calculó en torno al millón y medio de personas, y menos de un millón para provincias como San Juan por la proliferación de proyectos mineros y del oil & gas, los sectores más beneficiados por las políticas fiscales del gobierno. Existe, en ese sentido, un grupo de empresarios volcados a la compra de activos y empresas del rubro: “La Argentina está barata”, repiten.

Milei defiende ese modelo a larguísimo plazo, convencido de lo que publicó el BCRA en un informe presentado por su vicepresidente, Vladimir Werning, que abundó en que habrá indefectiblemente un proceso de derrame desde sectores “naturalmente ganadores”, como los mencionados, hacia los más rezagados. “El eslabonamiento con otros sectores contribuirá a la creación de oportunidades de empleo”, destacó.

Hasta ahora, ese proceso teórico de derrame no se cristalizó en los datos, más bien lo contrario. Fue el economista Ricardo Arriazu, muy escuchado por el círculo rojo, el que lo puso en palabras: “Nunca vi un sistema en el que sobran divisas y falta empleo”, diagnosticó. “Es así, nunca vimos algo parecido”, reconoció a esta sección un empresario del sector energético que en los últimos meses adquirió activos de empresas locales pero que acaba de echar 150 empleados.

“El Gobierno va en una locomotora a 200 kilómetros por hora, y no tiene previsto frenar. El problema es como anexar algún vagón a ese tren y que no sea solo una locomotora de los sectores más favorecidos por este modelo”, describió el director de un think tank que aboga por políticas públicas, y que trabaja en un estudio, pedido por una multinacional, para entender cuánto trabajo local va a demandar en un rubro específico el boom del petróleo.

El último informe publicado por el CEPA corrobora, y agrava, los dichos de Arriazu: en los últimos 10 meses se perdieron 112.034 empleos registrados del sector privado y el crecimiento de febrero, de 1.702 puestos formales, quedó opacado por la caída de marzo, cuando se destruyeron 7.603 empleos registrados. Entre noviembre del 2023 y marzo de este año, ya se perdieron 216.643 empleos formales, y proliferaron, por el contrario, los cuentapropistas. Según el INDEC, en abril volvió a caer la industria en un 2,1% respecto al mes anterior, y 2,8% en la variación interanual. Según el Instituto de Estadísticas y Censos porteño, los locales comerciales desocupados o sin actividad llegaron a su nivel más alto de los últimos cuatro años por la caída de las ventas y el precio de los alquileres.

La caída en la actividad, que contrasta con esos sectores dorados que dinamizan la economía libertaria, son un motor de la generación de divisas pero tienen baja incidencia en la creación de empleo genuino, ofrece una realidad que preocupa puertas adentro del Gobierno. Y contrasta con el diseño del programa que Milei defiende a rajatabla, más allá de las urgencias cotidianas.

Sin embargo, dentro de esas urgencias hay una que se adueñó de la agenda pública, que opacó las buenas noticias de la última semana y que corroen a diario, desde hace tres meses, la credibilidad del relato oficial. Una crisis política que, junto a la feroz interna palaciega entre Karina Milei y Caputo, y las irreverencias de Patricia Bullrich, tornaron irrespirable el aire del proyecto libertario: la permanencia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

Todos contra Milei. “Fingir demencia mientras podamos, ese es el plan”, sintetizó una fuente oficial el viernes, 36 horas después de la paupérrima justificación del ministro coordinador en la entrevista del miércoles por la noche en la que intentó justificar su incremento patrimonial con el supuesto ahorro, en negro, de USD506.000 en criptomonedas, y la adhesión junto a su mujer, Bettina Angeletti, al Régimen Simplificado de Ganancias, previsto en la Ley de Inocencia Fiscal.

La explicación descolocó al Gabinete: están hartos de suspender notas, cancelar apariciones y que los anuncios que en otro contexto ayudarían a retomar la agenda pública no puedan ser capitalizados.

El inicio de la Copa del Mundo no disimuló ni un poco el escándalo. Si hasta ahora Adorni se había popularizado negativamente por la instalación de una cascada, la asociación de su figura con un pendrive con cientos de miles de dólares en criptomonedas terminó por convertirlo en un meme. Pero a diferencia de su anterior presentación, cuando se peleó con los periodistas o, peor aún, cuando arrastró al Presidente, su hermana Karina y todo el Gabinete al Congreso para su primera exposición en Diputados, a fines de abril, en la que negó cualquier tipo de “ocultación” en sus declaraciones juradas, esta vez no hubo ni un solo apoyo de peso. Nadie quiere quedar asociado a él. Apenas un posteo del funcionario Santiago Oria, que no tiene peso en la estructura interna, y un tímido reposteo por parte de Milei. Fin.

Desde ese momento, los pedidos internos y externos, públicos y privados, por parte de funcionarios, dirigentes, aliados, empresarios y legisladores opositores para que Adorni deje su cargo se volvieron incesantes.

No sorprendió, en esa lista, un nuevo desmarque por parte de la jefa del bloque de LLA en el Senado, que calificó como una “omisión ética” y no un “error”, como planteó el jefe de Gabinete, el ahorro en negro. Hace rato que Bullrich decidió diferenciarse del resto de los principales dirigentes libertarios y, en especial, de los hermanos Milei, en la postura pública en torno al ministro coordinador. La sorpresa, por el contrario, llegó de manos de Macri y del PRO, que en menos de 24 horas publicó dos comunicados en redes: en el segundo, el del viernes, le pidió directamente al “presidente” que “defienda al cambio y no a Adorni”.

La presión cada vez más fuerte del partido amarillo tiene doble lectura: no dejar que Bullrich se apropie sola de los votos del electorado de centroderecha que está espantado de Adorni y del estilo de liderazgo de Milei -a propósito, ¿es cierto que la senadora le escribió a Macri a su celular y el ex presidente no le respondió?-, y evitar que se llegue al Congreso con los pedidos de mociones de censura que se acumularon esta semana para correr de su cargo al jefe de ministros, una herramienta contemplada en el artículo 101 de la Constitución que el PRO no tiene previsto forzar.

“No tenemos posición tomada respecto de qué hacer, lo vamos a decidir en el transcurso del fin de semana con el radicalismo, que a su vez tiene que consultar con sus gobernadores”, explicaron ayer cerca de Cristian Ritondo. Completaron: “Si fuera por Mauricio… pero no quiere aparecer con el kirchnerismo llevándose puesto a un funcionario de Milei”.

Fuentes parlamentarias vinculadas con los gobernadores resaltaron que, al menos hasta el viernes, todavía eran pesimistas en torno a conseguir el quórum para habilitar una sesión que habilite un camino para destituir al jefe de Gabinete.

En las últimas horas, la pregunta más instalada puertas adentro del Gobierno, también del sistema político, ya no era hasta cuándo el Presidente y su hermana tendrían previsto sostener a Adorni, sino el por qué de esa decisión. Son cada vez más las voces que dan cuenta de que el Presidente quedó, tras la inesperada justificación de Adorni sobre su fortuna, más aislado en esa determinación. Algo similar ocurrió el año pasado, con José Luis Espert, cuya renuncia como cabeza de lista era solicitada por todos. En este caso, en especial, tras la aparición de dos videos, uno del 2020 y otro del 2022, en los que el propio jefe de Gabinete reconoció, en charlas virtuales, su inexperiencia en el negocio de las criptomonedas con las que, según él, amasó más de USD 500.000 entre el 2014 y el 2018. Nadie resiste el archivo.

En ese contexto, el equipo legal del funcionario privilegió la causa por la que está imputado en Comodoro Py, por enriquecimiento ilícito, un delito complejo en el que se invierte la carga de la prueba, es decir, el investigado debe demostrar que se enriqueció de manera lícita. No pareciera ser el caso de Adorni. Por el contrario, el ministro optó por reconocer públicamente que no había declarado durante años esa supuesta fortuna en criptomonedas para tratar de canjear el delito por el que se lo investiga por el de evasión, y que la causa se traslade a Penal y Económico, un fuero con otra dinámica incluso hasta por el detalle de la presencia física y permanente de los medios de comunicación, que tienen base en Comodoro Py 2002, y el perfil de los jueces que tramitan los expedientes.

El jueves, tras la reunión de la mesa política que expuso las diferencias entre Bullrich y Adorni, fue la hermana del Presidente la que difundió la imagen del encuentro. Todas las veces anteriores había sido, en general, el jefe de ministros el encargado de publicar la imagen, e incluso era él quién solía ponerse en el centro de la escena. Esta vez se ubicó a un costado. En el medio, la jefa del bloque oficialista en el Senado soplaba una vela por su cumpleaños, mientras la Secretaria General sonreía y le dedicaba palabras de agasajo por la ocasión.

Una verdadera puesta en escena si se tiene en cuenta la desconfianza que existe entre ambas: las dos saben que se necesitan, pero también son conscientes de que la traición está a la vuelta de la esquina.

Anoche, la hermanísima era, hasta el cierre de esta nota, una de las invitadas principales al festejo que Bullrich había organizado en un salón cerca del Congreso. “El Jefe” había confirmado su asistencia. Fingir demencia. De eso se trata.

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Manuel Adorni entró a su primer cargo en la función pública el 10 de diciembre de 2023 de la mano de Javier Milei, de quien se hizo amigo y, hoy, es su principal sostén político en medio del cúmulo de cuestionamientos políticos por sus contradicciones, mentiras públicas y llamativas justificaciones patrimoniales.

De profesión contador, hasta ese momento, el hoy jefe de Gabinete había trabajado en el sector privado, en una concesionaria de autos entre 2002 y 2016 y posteriormente, como columnista económico en distintos medios de comunicación.

Antes de asumir como vocero presidencial, se desempeñaba como co-conductor de un programa semanal en Radio Rivadavia y en un programa de Gritalo TV de su amigo Marcelo Grandio, dueño de la productora de contenidos ImHouse, investigada por haberle pagado su escapada el fin de semana de Carnaval con su familia en un avión privado a Punta del Este.

Al llegar a su cargo en el Estado, presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) su primera declaración jurada patrimonial Inicial, en enero de 2024, con el detalle de sus bienes correspondientes al 2023. Es una obligación que deben cumplir todos los funcionarios al llegar a la función pública para permitir un posterior control de la evolución de su patrimonio.

Se conoce también como declaración jurada de Alta, y solo contiene información sobre su patrimonio al inicio del período. Es una foto de los bienes con los que el funcionario llega a su cargo público. En ese documento, disponible en la web de la OA y analizado por Infobae, declaró un patrimonio inicial austero: $25,7 millones.

Declaró dos inmuebles. Uno, el departamento de 115 m² que compartía con su mujer, titular del 50%, y sus dos hijos menores en la calle Asamblea al 1100, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, adquirido con ingresos propios a principios de 2014. El otro, un departamento en La Plata, en la Calle 50, de 107m2, que declaró haber recibido como “donación” en junio de 2016.

Para ese época era dueño de un Renault Captur modelo 2019, que compró en 2021. En dinero, dijo tener $10,6 millones y otros $10 millones en un fondo común de inversión.

En noviembre de 2024, con un par de meses de retraso, presentó ante la OA su segunda DDJJ, la Anual 2023, ya con detalle de su patrimonio al inicio y al cierre del período.

Allí surge una primera inconsistencia, ya que informó un patrimonio diferente al consignado en la DDJJ Inicial: sus bienes y dinero al comienzo del año sumaban solo $11,6 millones. Incluían los mismos dos departamentos – uno en CABA y el otro de La Plata recibido por donación, y el Renault Captur, aunque consignó esta vez USD 8.220 en una cuenta en el exterior.

Al cierre de 2023, su patrimonio había dado un primer salto: pasó a ser de $61 millones, ya que informó USD 42.500, que le prestaron su madre, Silvia Pais, y una de sus abuelas, Norma Zuccolo.

No sería el único ni el más llamativo. Junto con la presentación el 10 de junio de su última DDJJ 2025 Anual, Adorni envió al mismo tiempo a la OA una Rectificativa del 2023 y otra del 2024.

Con estas nuevas versiones buscó saldar, tardíamente, las omisiones sobre los inmuebles que adquirió siendo ya funcionario público. Ya con la investigación judicial en pleno trámite por presunto enriquecimiento ilícito, intentó justificar su crecimiento aumento patrimonial y nivel de gastos, que incluyeron viajes en el país y al exterior, incluido uno a un destino exclusivo como Aruba, y costosas reformas de sus nuevas propiedades.

En la DDJJ 2023 Rectificativa 1, su patrimonio pasó a ser al inicio del año de casi $131 millones, y trepó a $515,5 millones al 31 de diciembre, justo cuando ingresó a la función pública. Esos nuevos números contables retocados buscarían darle sustento a su afirmación de que hizo su dinero trabajando en el sector privado.

¿Qué cambios hizo en el documento un año y medio más tarde para explicar su crecimiento patrimonial bajo la lupa de la Justicia?

A principios de 2023 dijo en la DDJJ Rectificativa 1 disponer de USD 565.000 por la “venta de activos”. Este monto correspondería a los USD 500.000 que, en una entrevista al canal La Nación + el miércoles a la noche, dijo haber obtenido por la inversión que hizo en criptomonedas entre 2014 y 2018, a partir de una suma inicial de USD 200.000.

En la nota, dijo que esos Bitcoins estaban almacenados en una billetera fría (un dispositivo físico similar a un pendrive) fuera del sistema bancario tradicional, y admitió que no los había declarado ante la ex AFIP, y los había omitido declarar en sus dos presentaciones anteriores ante la OA ya siendo funcionario. Según su relato frente al periodista José Del Río, encontró ese pendrive en el departamento en La Plata de su padre, tras su fallecimiento en 2002.

En esa Rectificativa del 2023, informó otros $619.356 en Bitcoin que ingresaron a su patrimonio en 2021; dinero en el país por $2.870.659; y $820.284 invertidos en el fondo de inversión Fima. Los dólares en una cuenta en Estados Unidos pasaron a ser USD 8.220 (en lugar de USD 6.220).

Para finales de 2023, según esa segunda versión de su DDJJ 2023, su patrimonio superaba los $515,5 millones. Los dólares en el país que dijo haber obtenido “venta de activos” eran USD 513.000; es decir, USD 52.000 menos que a principios de ese año.

Durante el transcurso de ese año, se desprendió de las Bitcoins, pero sumó inversiones en tres criptomonedas – Binance, Lemon y BTC – por $11,8 millones. Las de Binance dijo haberlas incorporado a su patrimonio en 2021, pese a que no las había consignado a principios del 2023.

El miércoles 10 de junio, Adorni también presentó una segunda Rectificativa respecto de su declaración patrimonial anual 2024 ante la OA. Es la tercera presentación que hizo respecto de 2024, corrigiendo lo informado.

El documento original de la DDJJ 2024 Anual, en su primera versión, no está ya disponible en la web de la OA por lo que Infobae no pudo acceder. Fue reemplazado por la Rectificativa 1 que presentó el 4 de agosto del año pasado.

En esa primera rectificación consignó un patrimonio inicial de $61 millones, una cifra coincidente con el cierre de su primera versión de la declaración jurada 2023, y al final del período, de $107,8 millones.

Volvió a informar sólo sus dos departamentos: el de Parque Chacabuco y el de La Plata, que dijo haber recibido por donación, pero no declaró la casa que compró en el country Indio Cuá Golf Club el 15 de noviembre de 2024. Si bien fue escriturada a nombre de su mujer, Bettina Angeletti, debía declarar su 50% al ser un bien ganancial.

Sí declaró un segundo auto, adquirido en marzo de ese año: un Jeep Compass Sport 2.4 modelo 2021. En dinero dijo tener casi $2,5 millones, y declaró exactamente la misma cantidad de dólares, USD 42.500, lo que indicaría que no los habría usado para comprar su nueva casa de fin de semana; y los USD 6.220 en una cuenta en Estados Unidos.

Pero en la DDJJ 2024 Rectificativa 2 que presentó el 10 de junio, su patrimonio tuvo un marcado aumento y pasó a ser, al arranque del año, de casi $515,5 millones, una diferencia de $407,6 millones respecto a lo informado en la Rectificativa 1 del 2024.

En esa tercera presentación, informó que al cierre de 2024 sus bienes, activos y dinero habían trepado a $662,6 millones, muy lejos de los $107,9 millones que había declarado en la anterior presentación ante la OA.

En esta oportunidad sí incluyó la casa de fin de semana en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, que había omitido en la primera versión. Su 50% lo valuó en $157 millones.

La propiedad – que según informó el funcionario tiene 190 m² – había sido escriturada a nombre de su mujer en noviembre de 2024. La compró en USD 120.000, según la documentación reunida por la Justicia.

Pero no desembolsó ese dinero, sino que acordó un préstamo no bancario con dos mujeres policías por USD 100.000, más del 80% del valor escriturado. Adorni le hizo reformas a nuevo durante 2025 por USD 245.000, que pagó en efectivo y sin facturas, según detalló ante la Justicia el contratista Matías Tabar.

A principios del 2024, en la DDJJ Rectificativa 2 los dólares pasaron a ser USD 513.000, siempre por “venta de activos” no especificados. En el documento, el jefe de Gabinete incluyó las inversiones en las criptomonedas Binance, Lemon y BTC por $11,8 millones, y en fondos Fima por $552.089.

Para el cierre de 2024, los dólares se habían reducido a USD 388.961 y las inversiones en criptomonedas desaparecieron.

Adorni mantuvo exactamente igual en su monto en pesos las deudas con su madre y la sucesión de su abuela fallecida en marzo de 2025 (pese a que el préstamo había sido en dólares), lo que indicaría que no canceló. Y le sumó otras dos deudas hipotecarias con Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, las dos mujeres vinculadas a la Policía Federal que le prestaron los USD 100.000 para comprar la casa de Indio Cuá, contra una hipoteca del departamento de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco. Para concretar esa operación, Adorni solo desembolsó USD 20.000 en efectivo.

Molina le prestó a Adorni USD 85.000, y Cancio, USD 15.000, aunque en la DDJJ, esas acreencias están informadas en pesos: $43,8 millones y $7,7 millones, respectivamente.

En el apartado de deudas, en la Rectificativa 2, sumó una con Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por $7,1 millones, al 31 de diciembre de 2024.

La declaración de 2025

En la DDJJ 2025, que presentó el miércoles por la noche, 35 días después del anuncio de que era “inminente”, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó un patrimonio que trepó a $944,5 millones al cierre del año, según el documento disponible en la web de la OA, de acceso público, analizado por Infobae.

DDJJ 2025 ANUAL

Por la “venta de activos” que incorporó en las Rectificativas de 2023 y la de 2024, declaró USD 388.961 a principios del año pasado, que se redujeron a USD 209.961 al cierre del 2025. Mantuvo sus USD 6.220 en una cuenta en Estados Unidos.

A su vez, consignó tener deudas por $317.312.719, que incluyen acreencias en dólares por USD 187.319, según la conversión hecha por Infobae al tipo de cambio de $1.446 considerado por Adorni en el cierre del ejercicio 2025.

En esta DDJJ, Adorni incluyó el departamento con cochera de la calle Miró al 500, en una de las zonas más exclusivas del barrio de Caballito, que adquirió el 24 de noviembre de 2025, y valuó en $255,8 millones. Informó haberlo adquirido con “ingresos propios y crédito” y figura como titular del 50%, ya que la otra mitad es de su mujer, Angeletti.

Según la escritura a la que accedió la Justicia, lo compró en USD 230.000. Pero de ese monto, solo puso en efectivo USD 30.000 y se endeudó por los USD 200.000 restantes con dos jubiladas dueñas de ese inmueble, mediante una hipoteca privada.

En la nueva DDJJ figura su anterior vivienda, actualmente desocupada y en venta, en la calle Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco. De cuatro ambientes y 115 m², este departamento sí lo había declarado en 2024. En la DDJJ ante la OA lo valuó en $61.052.711.

Estuvo publicado en estos meses en un sitio de ofertas inmobiliarias a USD 289.990. Se publicita como “dueño vende directo”, con 138 m2 cubiertos y expensas de $500.000, que el jefe de Gabinete sigue pagando ya que sigue siendo el dueño con su mujer. Según corroboró Infobae, el aviso sigue vigente.

En el documento presentado esta semana, Adorni volvió a incluir el departamento en La Plata, que valuó en casi $100 millones, pero dijo haberlo adquirido con “ingresos propios”, y ya no como una “donación familiar”. También informó la mitad de los metros cuadrados, 55 m² en lugar de 105 m² que consignó en sus anteriores declaraciones.

Como fecha de adquisición figura, en ambas declaraciones juradas, la misma: 1 de junio de 2016.

En cuanto al dinero, informó una suma total de $310.084.917, que incluyen USD 209.961; $2.455.000 también en efectivo; y $3.999.785 en cuentas de pago, provistas por empresas de la industria Fintech.

Sus deudas

Adorni declaró, al cierre de 2025, deudas por un total de $317.312.719, que incluyen acreencias en dólares por USD 187.319.

Sigue debiendo el total del dinero que le había prestado su madre y su abuela ya fallecida. Adorni las consignó en pesos por un total de $34,2 millones.

Aparecen en el documento otras cuatro deudas en dólares, que le permitieron a Adorni hacerse de los dos inmuebles que compró con su mujer en 2024 y 2025.

Por un lado, con Molina y Cancio, con las dos mujeres policías que le prestaron USD 100.000 para comprar la casa del country Indio Cuá. Adorni informa esas acreencias en pesos ($30,3 millones y $5,3 millones, respectivamente) que, al valor dólar del cierre del período equivalen a unos USD 25.000. Si igual monto de estas acreencias recae sobre su esposa, el matrimonio ya habría pagado USD 50.000 y tendría pendiente de saldar otros USD 50.000.

Las otras dos acreedoras son Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las jubiladas que le prestaron USD 200.000 en octubre de 2025 para comprar el departamento de Caballito, que ellas habían adquirido unos meses antes. Lo hicieron sin fijar intereses, mediante una hipoteca contra esa propiedad, a pagar en dos años, y vence en noviembre próximo.

Adorni declaró que le debía a cada una de ellas, al cierre de 2025, $71,2 millones, equivalentes a unos USD 50.000 en cada caso. Esos USD 100.000 son la mitad del préstamo que el funcionario debería cancelar en su totalidad en noviembre de este año. El otro 50% está a nombre de su mujer, Angeletti.

Por último, el jefe de Gabinete consignó dos deudas “comunes” por $46,3 millones cada una con Pablo Feijoó, amigo suyo e hijo de Viegas, y su socio Leandro Miano. En dólares y sumadas, equivalen a unos USD 60.000.

Feijoó declaró en la Justicia que le había prestado, mediante un acuerdo de palabra, USD 65.000 por refacciones en el departamento de Caballito, que Adorni le compró a su madre. Con la investigación judicial en su contra ya abierta por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni decidió plasmarlo por escrito.

Por último, el funcionario informó una deuda con la Agencia de Recaudación (ARCA) por $12,2 millones. Tras la admisión de que obtuvo más de USD 500.000 en negro por inversiones en criptomonedas, que nunca declaró al fisco, y la exteriorización de sus dos nuevas propiedades, lo que deberá pagarle a ARCA será seguramente muy superior a esa cifra.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

Infografías: Felipe Gonzalez

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Quienes rodean y conocen muy bien a Axel Kicillof dicen que el Gobernador atiende el teléfono siempre. Siempre es siempre. También cuando en la pantalla aparece el apellido Kirchner, sea cual sea el nombre que lo acompañe. Y dicen también que hacen falta menos intermediarios y más voluntad constructiva entorno al diálogo. Si hay intenciones de hablar y priorizar los acuerdos por sobre las rencillas del pasado, la posibilidad de llegar a un punto medio caerá por su propio peso.

Las chances de que haya un diálogo que destrabe la interna de los últimos años está latente. Sobre todo por la necesidad imperiosa de buscar un acuerdo amplio que contenga a las distintas vertientes del peronismo y que anule los túneles por donde se mandan misiles llenos de palabras. Hoy parece una utopía, pero en todo el kirchnerismo, y en el peronismo en su máxima expresión, saben que es una realidad inevitable.

Kicillof está dispuesto a hablar con el que haya que hablar para buscar acuerdos que beneficien a la fuerza política en su conjunto. “Si la propuesta de diálogo es constructiva, Axel va a estar, porque en el peronismo no sobra nadie”, le afirmó a Infobae un funcionario de primera línea del gobierno provincial. De esos que se sientan en la mesa chica donde se toman las decisiones más importantes.

El mensaje, en ese sentido, es similar al que Máximo Kirchner mandó el viernes desde Paraná, Entre Ríos, en su segunda salida en el año por fuera de los límites bonaerenses. “El peronismo no está en condiciones de excluir a nadie. Sí de dar todos los debates y discusiones internas”, sostuvo. La propuesta es concreta. Hay que hablar, pero esa conversación no será un camino de rosas.

Pero la cuestión de fondo es el para qué. El motivo por el que van a intentar dejar la desconfianza de lado para poder articular un plan común. El Gobernador ata su voluntad de reunirse a temas que valgan la pena para el conjunto. “Si la reunión es para hablar de temas que tengan que ver con el futuro del espacio, Axel va sin problemas. Pero si es para decirle que todos los males del peronismo son culpa de él, no”, sentenció el mismo funcionario.

El Gobernador tiene sobre la mesa un puñado de temas que necesitan del consenso de los principales sectores del justicialismo. Entre ellos figura la re reelección de los intendentes bonaerenses; el regreso de las PASO a la provincia, luego de la suspensión del año pasado; y la ingeniería para sumar nuevos aliados al frente electoral.

El peronismo debe empezar a puntear el mapa de acuerdos electorales en el segundo semestre del año. Porque es un trabajo que lleva tiempo. Algunos de los dirigentes que lo hicieron durante el 2018 y 2019, para armar el Frente de Todos, advierten que esa construcción de hormiga necesita meses, viajes, llamados, acuerdos y puntos de encuentro respecto a los beneficios y los perjuicios que cada uno pone en juego.

Es por eso que si la interna entre Kicillof y los Kirchner sigue envolviendo cualquier discusión que atraviese al peronismo, se convierte en una traba que anula el armado de un nuevo dispositivo electoral potente. En ese sentido, el diálogo operativo que hubo entre el Gobernador y el líder de La Cámpora para organizar el funeral del Indio Solari, generó esperanza dentro del universo del PJ, donde esperan que se empiece a aceitar la conversación entre las partes.

En el cristinismo ya han dado algunas señales claras de querer retornar a una etapa de diálogo. Advierten que hubo intentos de algunos dirigentes que juegan de intermediadores que no prosperaron. En el entorno de Kicillof consideran que no es así, que no hubo un llamado concreto y que solo algunos allegados dejaron saber que existía una voluntad.

No parece haber trabas mayúsculas para que se coordine una reunión donde el diálogo por el bien común de la mayoría pase por encima de las diferencias y los enojos que van a seguir vigente en el tiempo. En definitiva, si hay algo por lo que el peronismo se caracterizó en su historia es por el pragmatismo y la flexibilidad de sus dirigentes. No es una distancia insalvable.

Uno de los temas que divide las posturas entre ambas partes es la reivindicación al rol de Cristina Kirchner y la defensa permanente de su situación judicial. En el cristinismo le pasan factura al Gobernador por no tener en el vértice de su agenda el pedido de libertad de la ex presidenta de la Nación. Kicillof sostiene su postura de defensa pero para el sector de CFK es poco. Creen que no se juega lo suficiente por su mentora política. La historia sin fin.

En los últimos días dentro del justicialismo empezó a haber un giro respecto a la consigna para defender a la ex mandataria. Son varios los que creen que hay que pasar de “Cristina libre” a “Cristina inocente”. Cambiar el reclamo y mantenerlo en el tiempo. El sector más cercano a ella presiona para que el pedido sea permanente y en todas las tribus del peronismo. En el sector más alejado entienden que lo mejor es que cada uno le hable al público que crea conveniente y la fuerza no se desgaste con tantos reproches cruzados.

En el caso de la primer consigna, algunos dirigentes entienden que, de cara a la sociedad, el peronismo queda como un espacio que quiere la libertad de una de sus líderes a cualquier costo. Lo que hay que mantener, entonces, es la idea de que el proceso penal estuvo viciado, que existe una persecución política y que sus condiciones de detención son peores que la de los presos condenados por crímenes de lesa humanidad.

En los hechos, la situación de CFK es un tema que nadie puede esquivar en el peronismo y que trae muchos cruces internos. Ningún sector tiene la fuerza suficiente para imponerle al otro los parámetros del reclamo y la hoja de ruta que deben llevar adelante. La discusión de la renovación y la reorganización aún no ha tomado el volumen suficiente para pasar por encima de ese debate que proponen en el mundo K. Algunos creen que ese tiempo llegará antes de que culmine el año. Porque la unidad del peronismo para enfrentar las elecciones, con los lugares en juego que hay en los entramados de poder, es más importante que las posturas de las líneas internas.

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