POLITICA
Caso Andis: nuevas pruebas apuntan a que los intermediarios se llevaban hasta el 20% de las compras en coimas
El número del 20% apareció en la investigación judicial por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La Justicia detectó coincidencias entre las compras del organismo y las anotaciones y mensajes de un lobista sospechado de quedarse con la quinta parte del dinero que les correspondía a las contratistas a cambio de ofrecerles participar en las licitaciones.
accedió a los certificados de pagos del organismo, cuyas fechas y montos presentan similitudes con tres archivos del expediente.
Un ejemplo: el 30 de junio de 2025, la Andis emitió dos certificados de pago a nombre de “Artrobone Ortopedia S.A.”. Uno por $17 millones y otro por $16 millones. Ocho días después, la titular de esa empresa le envió a Miguel Ángel Calvete, un hombre que nada tenía que ver con la firma y que tampoco ejercía un cargo público, una tabla que decía “Artrobone”, dos cifras al lado ($17.000.000 y $16.000.000), una línea con “Miguel $6.600.000″, otra con “Guadalupe $1.650.000″ y una más con “Cobrado el 30/6″. Misma fecha, idénticas cifras y los $6.600.000 que representan el 20% de ese total.
Calvete tenía diálogo con funcionarios de la Andis que lo mantenían al tanto de sus pagos, según el expediente. El exdirector de Acceso a los Servicios de Salud del área Daniel Garbellini le envió en un mensaje: “Sus ofrendas de esta semana”. El texto acompañaba una tabla de 10 contratistas del Estado con la suma de $2021 millones. Ese mismo día, 24 de julio de 2025, el organismo emitió 16 certificados de pago a las mismas empresas allí mencionadas. Todas ellas suman una cifra idéntica ($2021 millones), tal como surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por .
Tres de las 10 compañías del mensaje de las “ofrendas” también se encuentran en el documento interno del Ministerio de Salud que detectó presuntos sobreprecios de hasta 4239% en la compra de sillas de ruedas, andadores y prótesis. Entre ellas, la mencionada Artrobone.
Esos documentos y el mensaje de las “ofrendas” forman parte de la causa a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. El último pedido de indagatorias alude a su “verdadero significado” como una presunta connivencia entre funcionarios y empresarios que redundaba en licitaciones acotadas y posibles “retornos”. En ese supuesto circuito, se describe a Calvete como “permanente engranaje entre ANDIS y las firmas, cobrando por ello entre un 12% y un 20% de las adjudicaciones en cuestión”.
La defensa del extitular de Andis Diego Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, negó que haya integrado el presunto grupo delictivo investigado. “No conocía a los proveedores ni mantuvo conversaciones con ellos. No designó a los empleados que manejaban licitaciones ni usaron sus claves. No existe responsabilidad penal objetiva en sentido estricto; toda imputación penal requiere culpabilidad. Si los empleados o proveedores cometieron delitos, Spagnuolo no participó de ellos”, indicó.
Asimismo, contactó al abogado de Garbellini, quien adujo que prepara un descargo. Este medio también intentó contactar a la titular de Artrobone al número de teléfono que aparece en el expediente y procuró contactarla en el domicilio comercial de la firma, pero allí dijeron que sólo recibían correspondencia. Por su parte, la defensa técnica de Calvete recordó que su asistido se negó a responder preguntas a la Justicia “en tanto aguarda el resultado de la pericia de los audios atribuidos a Spagnuolo, de la producción de prueba ofrecida y de la nulidad planteada de las 16 órdenes de allanamiento”.
Según el dictamen fiscal, Calvete fue un supuesto eslabón intermedio entre la Andis y sus proveedores. “Obtendría un rédito espurio por habilitarles su participación irregular en el Siipfis”, señaló Picardi. El Siipfis es el sistema de compulsas que utilizaba el organismo para licitar sus compras.
Sus compulsas, así como sus adjudicaciones, no eran publicadas en el portal de compras públicas Compr.Ar. Por ese motivo, los certificados de pago obtenidos por son uno de los indicadores sobre esas contrataciones, que no están a la vista de la sociedad.
“Miguel 20%”, se lee en un documento que la Justicia encontró en el celular de Calvete. Se trata de una foto que le envió Guadalupe Muñoz, identificada por la Justicia como su pareja, con una tabla. En todas dice “Silla” y una cifra de dinero. Suman $115 millones. Abajo aparece otra fila que dice “Miguel 20%” y “$23.000.000″. “Se corroboró −a través del sistema Siipfis− que se trata de compra de sillas y, se identificó que la firma adjudicataria de esas compras es Expo Trauma S.A.”, recabó la Justicia.
Expo Trauma es la que aparece con el monto más alto dentro del mensaje de las “ofrendas”: $400,7 millones divididos en tres certificados de pago con fecha del 24 de julio del año pasado. Esta empresa vendió sillas de traslado postural a la Andis, según surge del documento interno del Ministerio de Salud. A propósito de los valores que facturó y otras referencias de mercado con precios más baratos, mencionaron: ”La inclusión de características como el plegado frontal no representa un incremento en el costo de materiales que explique la diferencia del 535% observada en este rubro”.
intentó contactar a sus representantes en el domicilio fiscal declarado de la firma, pero no obtuvo respuesta. Asimismo, se dirigió a otra dirección vinculada a la empresa, su “domicilio operativo”, según el Ministerio de Salud, ubicada en Haedo, en la calle Héroes de Malvinas 422. Sin embargo, no encontró dicha altura. “No existe la dirección indicada”, señala el documento interno de la cartera dirigida por Mario Lugones.
El caso de Neurosalud, otra de las empresas del listado de las “ofrendas”, reviste un punto de conexión con Calvete, según el dictamen judicial. El presidente de la compañía, Fabián Piedimonte, intercambió mensajes con él. “403.270.000. – mañana”, le envió Calvete el 30 de junio de 2025. Al día siguiente, la Andis emitió un certificado de pago a favor de la empresa por idéntico monto, tal cual se desprende del pedido de acceso a la información pública presentado por .
Dos semanas antes, Calvete le había mandado un audio a Piedimonte. Según el expediente, allí dijo: “Creo que la semana que viene sale una liquidación, hacemos como siempre, llevalo ahí a lo de los chicos”.
Este medio intentó contactar a Piedimonte a través de un correo electrónico y el número de teléfono que figura a su nombre en el expediente, pero no obtuvo respuesta.
Otros casos
La Ortopedia Bernat también aparece en las anotaciones atribuidas a Calvete. Es una de las 10 de la lista de las empresas de las “ofrendas” con $308 millones. Existen tres certificados de pago que suman esa cifra con fecha del 24 de julio del año pasado.
La empresa emitió la factura del andador con el presunto sobreprecio del 4239% del que habla el documento interno del Ministerio de Salud. En paralelo a eso, la Justicia investiga documentos comerciales de la firma.
El dictamen fiscal posó la lupa sobre la facturación entre Ortopedia Bernat e Indecomm, que es una empresa de la que Calvete fue socio en 2022 y figura como firmante de cheques, según una plataforma con información bancaria. “Lo facturas a Bernat porfa…!!”, dice un mensaje que Calvete le envió a quien la Justicia identificó como su secretaria. El texto estuvo acompañado de una foto que muestra tres cifras juntas (14.900.000, 3.200.520 y 11.699.480) y una abajo de ellas con un círculo que dice “FC a Bernat” y el número 5.849.740, que representa el 19,6% de la suma de los tres anteriores.
El mismo día de ese mensaje, según el texto judicial, la secretaria le envió una factura a Calvete emitida por Indecomm a Ortopedia Bernat. Su importe total coincide con la cifra de abajo de la imagen anterior. El detalle del producto dice “Camas ortoped. reacond”. Sobre ello, el fiscal Picardi sostuvo: “No se halló documentación respaldatoria ni ninguna otra constancia que dé cuenta de la existencia o refacción de dichas camas ortopédicas en dependencias de la firma Indecomm S.R.L.”.
En diálogo con , Ortopedia Bernat sostuvo: “No participamos en ningún circuito de coimas a funcionarios”. Sobre la factura del andador con el presunto sobreprecio de 4239% señalado por el Ministerio de Salud, indicaron que el valor se ajusta al costo del equipamiento vendido y agregaron que todavía no recibieron el pago por dicha operación.
El fiscal Picardi observó que Indecomm también le emitió facturas por $159 millones a otra empresa del listado de las “ofrendas”. Se trata de Prolite Orthopedics, que aparece con un certificado de pago a favor del 24 de julio, equivalente a $67,5 millones.
Según el expediente, esas facturas eran emitidas bajo el concepto de presunta venta de “camas ortopédicas reacondicionadas”. Picardi cuestionó una supuesta desproporción entre los precios y el servicio. “La facturación no respondía a una operación comercial genuina, sino que habría sido utilizada como instrumento para canalizar transferencias de dinero entre los integrantes de la organización ilícita articulada para defraudar al Estado Nacional, bajo una apariencia formal de legalidad”, acusó.
se comunicó con Christian Sagues, representante de Prolite. Desde la defensa del empresario dijeron que “las invitaciones a cotizar” en las licitaciones las “definía Andis” y describieron que “las compulsas eran secretas: ningún proveedor sabía qué otras empresas participaban ni qué cotizaban”. Asimismo, negaron que haya tenido contacto “con funcionarios del organismo ni acceso a información privilegiada”. Y reconocieron el vínculo con Calvete. “Se encargaba de gestiones de inscripción, presentación documental y seguimiento de cobros ante ANDIS como gestor / intermediario comercial, práctica habitual en el sector”, indicaron. Por ese motivo, afirmaron que se “le pagó comisiones documentadas con facturas” y que ignoraban sus “vínculos con funcionarios o con otras ortopedias”.
En total, fueron llamadas a indagatoria 49 personas. La estrategia que siguen muchos de ellos es pedir la nulidad de toda la causa y cuestionar el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo que hicieron explotar el cas. En respuesta a un pedido de la Cámara Federal, el juez Ariel Lijo ordenó a fines de abril realizar un peritaje de aquellas grabaciones.
documento interno del Ministerio de Salud,Ignacio Grimaldi,Conforme a
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El conflicto por discapacidad lesionó el vínculo del Gobierno con el PRO y se dilatan los planes electorales
Con el presidente Javier Milei casi toda la semana en los Estados Unidos por la asamblea general de la ONU, en Buenos Aires su hermana Karina se puso al frente de las gestiones para tratar de contener los conflictos, tanto internos como externos, que había generado la falta de coordinación en torno a la presentación del Presupuesto 2027 y, particularmente, las modificaciones en las partidas por discapacidad.
Con las tensiones con Patricia Bullrich a flor de piel, la secretaria general decidió bajarse del viaje a Nueva York, al cual iba a ir como parte de la comitiva, para seguir de cerca las votaciones en el Congreso, fortalecer la relación dentro de La Libertad Avanza y administrar las diferencias con el PRO en medio de las negociaciones electorales.
La primera actividad relevante en el marco de este objetivo fue el martes al mediodía, cuando encabezó en la Casa Rosada la habitual reunión de la mesa política que, en esta oportunidad, estuvo marcada por las críticas de la jefa del oficialismo en el Senado.
En los días previos, la ex ministra de Seguridad había hecho público su malestar por haberse enterado a través de los medios que el Poder Ejecutivo había decidido introducirle modificaciones al Presupuesto, justo cuando se estaba negociando con la oposición.
La dirigente reveló que el tema no se comentó en ninguno de los encuentros previos que tuvo la cúpula libertaria y que ni siquiera el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sabía los detalles del texto que ahora va a tener que impulsar en el recinto.
“Cuando uno es el líder de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, expresó Bullrich.
Luego, generó ruido el video que publicó en las redes sociales, en el que se la veía trabajando mientras escuchaba una canción de Lali, la artista que tiempo atrás fue el centro de los cuestionamientos del Presidente.
Tal como publicó este medio, en la mesa política le pidieron a la senadora que evite expresar las críticas abiertamente y que las discusiones sobre las cosas con las que no esté de acuerdo se lleven adelante de manera privada.
Al dia siguiente, Karina Milei la convocó a ella y al resto del bloque a una cena para dejar atrás las diferencias, en la previa de las votaciones de los proyectos de zonas frías y de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, de gran importancia para el Gobierno.
La cita fue en Unaghi, un restaurante de sushi ubicado en Olazábal al 4600, en el barrio porteño de Villa Urquiza, que ya había sido utilizado por la funcionaria para anteriores encuentros con legisladores.
Todos los asistentes a esa velada coincidieron en que fue un “evento social”, en el que no se habló de política ni de las leyes que estaban en juego, sino que sirvió para que los integrantes del espacio pudieran conversar en un clima distendido.
De aquella comida, Bullrich se retiró negando cuanlquier enfrentamiento con los otros miembros de la cúpula libertaria y asegurando que la relación estaba en perfectas condiciones: “¿Lali toca en River? Ah, no sabía… yo soy de Independiente», le respondió a una periodista que la esperaba afuera del local gastronómico.
El jueves, en tanto, autorizó la convocatoria a una nueva mesa de diálogo con el PRO que hasta último momento estuvo en duda, en un contexto de tensiones con el partido aliado que también manifestó sus reproches por los cambios en discapacidad.
Los dos espacios venían juntándose semana por medio y esa iba a ser la primera vez que se suspendía uno de los encuentros encabezados por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en los que se buscan tanto acuerdos electorales como legislativos
“No creo que se realice porque no se habló nada hasta ahora y, la verdad, esta vez me parece mejor pasarla, porque si no levantás expectativa, tenemos que salir a contar qué se dijo y no es conveniente”, le había confesado a Infobae uno de los dirigentes que participan de esas reuniones, cuando todavía estaba en duda si se iba a hacer.
En tanto, desde Presidencia reconocían que todavía el encuentro no estaba en agenda y que podía posponerse, aunque aseguraban que si eso ocurría sería solamente por dificultades en la coordinación y no porque haya un distanciamiento.
“Si no se lleva adelante es porque hay un montón de cosas que están pasando y es difícil encontrar un hueco, pero se está organizando y no es que taxativamente se hace todos los jueves, va variando“, indicaron.
No obstante, los tres encuentros anteriores habían el 13 y el 27 de agosto, y el 10 de septiembre pasado, en el que se sumó la propia secretaria general, que pasó unos minutos a saludar a los presentes.
Finalmente, Santilli convocó a los referentes del PRO, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, con tan solo unas horas de anticipación. De hecho, las gestiones fueron tan rápidas que Martín Menem no pudo cancelar otros compromisos que ya tenía en agenda y debió ausentarse.
Si bien se conversó sobre algunas de las cuestiones en carpeta, los dirigentes macristas pasaron buena parte observando las negociaciones a distancia del “Colo” con los senadores de distintos espacios, que en ese mismo instante estaban debatiendo la reforma del Banco Central.
Los aliados vienen cuestionando el rumbo que tomó el diálogo que tienen con el oficialismo, “porque primero te dicen todo que sí, pero después queda todo en el aire y salen a decir que te van a competir“.
“En casi todos los distritos bonaerenses en los que nosotros estamos gobernando se quieren meter y, en los que no estamos, tampoco reconocen a la gente que tenemos trabajando desde hace años”, indicó uno de los referentes amarillos.
Asimismo, hay cierto malestar con la estrategia en la ciudad de Buenos Aires, porque consideran que la armadora libertaria en territorio porteño, Pilar Ramírez, está siendo muy dura con Jorge Macri.
“Entonces, no ordenan su tropa y cuando ellos hacen algo es una boludez, pero cuando uno salta para protestar resulta que somos unos quilomberos y que no cumplimos con lo pactado. Estamos en una situación bastante compleja“, remarcó a este medio uno de los integrantes de la cúpula macrista.
La relación entre ambas partes pasaba por un buen momento hasta que, este miércoles, el partido amarillo emitió un comunicado en el que cuestionó al Poder Ejecutivo por haber incorporado modificaciones en los artículos del Presupuesto vinculados a las partidas para discapacidad que, según advirtió, podían debilitar herramientas centrales para garantizar las prestaciones.
“El Gobierno se equivocó”, señalaron en el texto que publicaron en las redes sociales, aunque remarcaron que seguirán acompañando las medidas que consideren necesarias para sostener el rumbo económico.
Luego de todas las repercusiones, en el marco de la mesa política, el oficialismo les presentó a los otros bloques del Senado una nueva iniciativa “superadora” que trata específicamente esta problemática, para tratar de llegar a un consenso.
“El proyecto es bueno. Tiene más que la emergencia. Pero adolece de credibilidad. Pero bueno, lo acompañamos en disidencia, sabiendo que puede ser mejor”, opinó el líder de otra de las bancadas cercanas a la Casa Rosada.
El nuevo texto plantea actualizaciones mensuales por inflación para las pensiones no contributivas por discapacidad, garantiza la continuidad de la cobertura médica y mantiene el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.
El Gobierno busca que esa redacción permita evitar una extensión de la emergencia en este sector y reemplazarla por un esquema permanente. También pretende que los acuerdos con los bloques aliados se traduzcan en un dictamen favorable durante el tratamiento del Presupuesto, que sigue su curso paralelo en comisiones.
Asimismo, el PRO también marcó sus diferencias al anunciar formalmente el lanzamiento de Hernán Lacunza a la Presidencia, en un gesto que desafía los deseos de la cúpula libertaria, enfocada en eliminar las PASO y llegar a un acuerdo que implique que no haya competencia para la reelección de Javier Milei.
De todas formas, el economista ni siquiera cuenta con el respaldo de los referentes de su propio espacio: “Fijate que en la foto (que publicó el futuro candidato en las redes sociales) no hay un solo intendente ni nadie que tenga territorio, son todos dirigentes menores”, minimizó un hombre de peso en el armado amarillo.
El ex ministro reconoció públicamente que tiene diferencias con algunos de los miembros de su partido, particularmente con Ritondo, a quien criticó por mostrarse muy cerca del oficialismo en el último tiempo.
En diálogo con este medio, el jefe del bloque en Diputados comentó que Lacunza es alguien a quien “respeta”, porque lo considera “un economista serio que hace años forma parte del PRO”, pero también puso reparos a su eventual candidatura.
“Como digo siempre, hoy el foco tiene que estar puesto en otra cosa: impulsar los cambios pendientes, fortalecer lo que logramos y blindar, como dice Mauricio, el cambio para que no volvamos atrás”, agregó.
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El Gobierno avanza en Diputados con su proyecto de soberanía sobre las Islas Malvinas: el objetivo es aprobarlo en octubre
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional comenzará a debatirse el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, en un plenario de comisiones que se realizará desde las 12. La iniciativa, anunciada por el presidente Javier Milei durante una cadena nacional, será analizada por las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
Este viernes, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, diagramó el cronograma para el tratamiento del proyecto. La primera reunión será informativa: habrá expositores invitados, pero no se firmarán dictámenes.
Las tres comisiones que abordarán la iniciativa están conducidas por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.
Lee También: La Casa Rosada cuestiona el dictamen de la ley de Discapacidad y presiona para introducir cambios
El oficialismo prevé una segunda convocatoria para el martes 6 de octubre. Allí buscará cerrar el debate, firmar los dictámenes correspondientes y habilitar el tratamiento en el recinto para el miércoles 7, en una sesión especial que solicitará Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.
El proyecto por debatir
La propuesta ingresó a la Cámara baja el pasado 17 de septiembre. El Gobierno fundamentó el proyecto como “un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”.
La iniciativa ratifica que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
Según los fundamentos oficiales, busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.
Uno de los cambios centrales es la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del esquema sancionatorio a otros recursos naturales, renovables y no renovables, explotados sin autorización de la República Argentina.
El texto prevé además penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, a sabiendas, provean bienes o servicios esenciales a sujetos alcanzados por las conductas previstas en la norma.
El proyecto también establece efectos mucho más amplios que los contemplados en la normativa actual. Los sancionados no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán exenciones impositivas o previsionales, verán revocadas sus habilitaciones y deberán rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina.
Además, quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y cualquier persona o empresa radicada en el país.
La iniciativa también crea el Consejo de Seguridad Nacional, que será encabezado por el Presidente de la Nación y funcionará como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional.
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Entre sus atribuciones figuran asistir al Presidente en cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema.
Los cuestionamientos al proyecto
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifestó su preocupación por algunas de las normas contenidas en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo debate comenzará el próximo miércoles.
En un primer análisis, la entidad estableció que la defensa de la soberanía nacional y la protección de las instituciones democráticas frente a injerencias extranjeras constituyen objetivos legítimos del Estado. Sin embargo, señaló que los instrumentos destinados a alcanzarlos deben respetar los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional.
“La prevención de injerencias extranjeras no puede traducirse en disposiciones cuya amplitud afecte la libertad de expresión, la circulación de información o la participación en el debate público”, planteó la entidad.
Desde esta perspectiva, algunas disposiciones del proyecto no serían compatibles con los principios de un derecho penal liberal. Según el Colegio, algunos de los comportamientos mencionados como merecedores de graves sanciones penales o administrativas presentan tal vaguedad e indeterminación que no permiten delimitar con suficiente claridad su alcance.
El principio de legalidad exige que las conductas prohibidas estén claramente determinadas, en particular cuando pueden dar lugar a sanciones de considerable gravedad.
La presidenta del Colegio de Abogados, Alejandra García, señaló: “La defensa de la soberanía nacional es, desde luego, un objetivo legítimo del Estado. Pero precisamente por la importancia de lo que está en juego, las herramientas que se utilicen deben respetar rigurosamente la Constitución. Nos preocupan especialmente aquellas disposiciones del proyecto que, por su amplitud o falta de precisión, pueden comprometer el principio de legalidad, la libertad de expresión y el debido proceso. La protección de nuestras instituciones democráticas no puede hacerse a costa de las garantías que constituyen su fundamento”.
El documento del MID
En la previa al debate por la soberanía en Malvinas, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que está representado en el Congreso por los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone, fijó su posición frente al proyecto enviado por el Gobierno y planteó la necesidad de combinar la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas con responsabilidad institucional, realismo estratégico y una perspectiva de desarrollo nacional.
Entre los principales puntos, el MID afirma que la soberanía no se sostiene únicamente mediante declaraciones y que requiere ampliar las capacidades materiales de la Nación en materia de inversión, infraestructura, energía, industria, ciencia, tecnología, defensa y presencia estatal.
También advierte que el alcance integral del proyecto debe ser explicado con transparencia y reclama no desconocer las atribuciones constitucionales del Congreso.
Malvinas Argentinas, proyecto, Diputados
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Preocupa en sectores de la Iglesia un megaoperativo de seguridad simultáneo en 15 villas porteñas
Los curas de villas y barrios populares expresaron su preocupación por la espectacularidad del megaoperativo simultáneo de seguridad llevado adelante en la noche del jueves por el gobierno porteño. Con el nombre de Tormenta Negra, la operación comprendió el envío de 1500 policías a unos quince asentamientos informales en la ciudad, con 17 detenciones y secuestro de vehículos, a lo que se sumó la clausura de locales y confiscación de mercaderías que constituyen en muchos casos fuentes de trabajo para los vecinos.
El operativo se realizó dos días después de la misa que los curas villeros oficiaron en la Plaza Constitución, en solidaridad con las víctimas de la trata de personas y otras formas de exclusión, dijeron a fuentes de la Iglesia porteña.
El gobierno de Jorge Macri fundamentó el despliegue policial e informó que se llevó adelante en las villas 31, 21-24, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, 15 (Ciudad Oculta), 20 (Villa Lugano), INTA, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima. Y explicó que el objetivo es “reforzar la seguridad y seguir trabajando en el ordenamiento del espacio público”.
En sectores de la Iglesia llamó la atención que el despliegue policial se produjo dos días después de la misa celebrada en Constitución por monseñor Pedro Cannavó, obispo auxiliar de Buenos Aires, en representación del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva. Con un llamado a la reivindicación del “trabajo digno”, Cannavó llamó a “acompañar hasta que el otro se ponga de pie”.
En la celebración religiosa se leyó un pronunciamiento de los sacerdotes de villas y barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, que expresaron su preocupación por las necesidades y situaciones que se viven en los asentamientos informales.
“Nuestros vecinos quieren respetar la ley y están de acuerdo con el orden. Pero el Estado debe hacerse cargo de la realidad que vivimos históricamente. Muchas de nuestras villas no tienen ley de integración sociourbana. Esto hace que haya peculiaridades a tener en cuenta: el uso del espacio público, la economía popular e informal, el endeudamiento familiar, la precarización laboral, la falta de empleo, la falta de espacio en las viviendas, muchas de las cuales son precarias”, alertó el equipo de sacerdotes.
Y concluyeron: “Tendiendo a mejorar la ley y el orden, debiera haber una mejor comunicación con los vecinos. Nuestros barrios tienen centros de salud, escuelas, comedores, capillas y otras organizaciones que pueden ayudar a fortalecer esta comunicación y participación. En muchos de nuestros barrios hay deudas de obras públicas, de construcción de viviendas, de mejoras de tendido eléctrico, de cloacas y pluviales”.
Iglesia,Jorge Macri,Conforme a
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