POLITICA
Caso Andis: nuevas pruebas apuntan a que los intermediarios se llevaban hasta el 20% de las compras en coimas
El número del 20% apareció en la investigación judicial por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La Justicia detectó coincidencias entre las compras del organismo y las anotaciones y mensajes de un lobista sospechado de quedarse con la quinta parte del dinero que les correspondía a las contratistas a cambio de ofrecerles participar en las licitaciones.
accedió a los certificados de pagos del organismo, cuyas fechas y montos presentan similitudes con tres archivos del expediente.
Un ejemplo: el 30 de junio de 2025, la Andis emitió dos certificados de pago a nombre de “Artrobone Ortopedia S.A.”. Uno por $17 millones y otro por $16 millones. Ocho días después, la titular de esa empresa le envió a Miguel Ángel Calvete, un hombre que nada tenía que ver con la firma y que tampoco ejercía un cargo público, una tabla que decía “Artrobone”, dos cifras al lado ($17.000.000 y $16.000.000), una línea con “Miguel $6.600.000″, otra con “Guadalupe $1.650.000″ y una más con “Cobrado el 30/6″. Misma fecha, idénticas cifras y los $6.600.000 que representan el 20% de ese total.
Calvete tenía diálogo con funcionarios de la Andis que lo mantenían al tanto de sus pagos, según el expediente. El exdirector de Acceso a los Servicios de Salud del área Daniel Garbellini le envió en un mensaje: “Sus ofrendas de esta semana”. El texto acompañaba una tabla de 10 contratistas del Estado con la suma de $2021 millones. Ese mismo día, 24 de julio de 2025, el organismo emitió 16 certificados de pago a las mismas empresas allí mencionadas. Todas ellas suman una cifra idéntica ($2021 millones), tal como surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por .
Tres de las 10 compañías del mensaje de las “ofrendas” también se encuentran en el documento interno del Ministerio de Salud que detectó presuntos sobreprecios de hasta 4239% en la compra de sillas de ruedas, andadores y prótesis. Entre ellas, la mencionada Artrobone.
Esos documentos y el mensaje de las “ofrendas” forman parte de la causa a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. El último pedido de indagatorias alude a su “verdadero significado” como una presunta connivencia entre funcionarios y empresarios que redundaba en licitaciones acotadas y posibles “retornos”. En ese supuesto circuito, se describe a Calvete como “permanente engranaje entre ANDIS y las firmas, cobrando por ello entre un 12% y un 20% de las adjudicaciones en cuestión”.
La defensa del extitular de Andis Diego Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, negó que haya integrado el presunto grupo delictivo investigado. “No conocía a los proveedores ni mantuvo conversaciones con ellos. No designó a los empleados que manejaban licitaciones ni usaron sus claves. No existe responsabilidad penal objetiva en sentido estricto; toda imputación penal requiere culpabilidad. Si los empleados o proveedores cometieron delitos, Spagnuolo no participó de ellos”, indicó.
Asimismo, contactó al abogado de Garbellini, quien adujo que prepara un descargo. Este medio también intentó contactar a la titular de Artrobone al número de teléfono que aparece en el expediente y procuró contactarla en el domicilio comercial de la firma, pero allí dijeron que sólo recibían correspondencia. Por su parte, la defensa técnica de Calvete recordó que su asistido se negó a responder preguntas a la Justicia “en tanto aguarda el resultado de la pericia de los audios atribuidos a Spagnuolo, de la producción de prueba ofrecida y de la nulidad planteada de las 16 órdenes de allanamiento”.
Según el dictamen fiscal, Calvete fue un supuesto eslabón intermedio entre la Andis y sus proveedores. “Obtendría un rédito espurio por habilitarles su participación irregular en el Siipfis”, señaló Picardi. El Siipfis es el sistema de compulsas que utilizaba el organismo para licitar sus compras.
Sus compulsas, así como sus adjudicaciones, no eran publicadas en el portal de compras públicas Compr.Ar. Por ese motivo, los certificados de pago obtenidos por son uno de los indicadores sobre esas contrataciones, que no están a la vista de la sociedad.
“Miguel 20%”, se lee en un documento que la Justicia encontró en el celular de Calvete. Se trata de una foto que le envió Guadalupe Muñoz, identificada por la Justicia como su pareja, con una tabla. En todas dice “Silla” y una cifra de dinero. Suman $115 millones. Abajo aparece otra fila que dice “Miguel 20%” y “$23.000.000″. “Se corroboró −a través del sistema Siipfis− que se trata de compra de sillas y, se identificó que la firma adjudicataria de esas compras es Expo Trauma S.A.”, recabó la Justicia.
Expo Trauma es la que aparece con el monto más alto dentro del mensaje de las “ofrendas”: $400,7 millones divididos en tres certificados de pago con fecha del 24 de julio del año pasado. Esta empresa vendió sillas de traslado postural a la Andis, según surge del documento interno del Ministerio de Salud. A propósito de los valores que facturó y otras referencias de mercado con precios más baratos, mencionaron: ”La inclusión de características como el plegado frontal no representa un incremento en el costo de materiales que explique la diferencia del 535% observada en este rubro”.
intentó contactar a sus representantes en el domicilio fiscal declarado de la firma, pero no obtuvo respuesta. Asimismo, se dirigió a otra dirección vinculada a la empresa, su “domicilio operativo”, según el Ministerio de Salud, ubicada en Haedo, en la calle Héroes de Malvinas 422. Sin embargo, no encontró dicha altura. “No existe la dirección indicada”, señala el documento interno de la cartera dirigida por Mario Lugones.
El caso de Neurosalud, otra de las empresas del listado de las “ofrendas”, reviste un punto de conexión con Calvete, según el dictamen judicial. El presidente de la compañía, Fabián Piedimonte, intercambió mensajes con él. “403.270.000. – mañana”, le envió Calvete el 30 de junio de 2025. Al día siguiente, la Andis emitió un certificado de pago a favor de la empresa por idéntico monto, tal cual se desprende del pedido de acceso a la información pública presentado por .
Dos semanas antes, Calvete le había mandado un audio a Piedimonte. Según el expediente, allí dijo: “Creo que la semana que viene sale una liquidación, hacemos como siempre, llevalo ahí a lo de los chicos”.
Este medio intentó contactar a Piedimonte a través de un correo electrónico y el número de teléfono que figura a su nombre en el expediente, pero no obtuvo respuesta.
Otros casos
La Ortopedia Bernat también aparece en las anotaciones atribuidas a Calvete. Es una de las 10 de la lista de las empresas de las “ofrendas” con $308 millones. Existen tres certificados de pago que suman esa cifra con fecha del 24 de julio del año pasado.
La empresa emitió la factura del andador con el presunto sobreprecio del 4239% del que habla el documento interno del Ministerio de Salud. En paralelo a eso, la Justicia investiga documentos comerciales de la firma.
El dictamen fiscal posó la lupa sobre la facturación entre Ortopedia Bernat e Indecomm, que es una empresa de la que Calvete fue socio en 2022 y figura como firmante de cheques, según una plataforma con información bancaria. “Lo facturas a Bernat porfa…!!”, dice un mensaje que Calvete le envió a quien la Justicia identificó como su secretaria. El texto estuvo acompañado de una foto que muestra tres cifras juntas (14.900.000, 3.200.520 y 11.699.480) y una abajo de ellas con un círculo que dice “FC a Bernat” y el número 5.849.740, que representa el 19,6% de la suma de los tres anteriores.
El mismo día de ese mensaje, según el texto judicial, la secretaria le envió una factura a Calvete emitida por Indecomm a Ortopedia Bernat. Su importe total coincide con la cifra de abajo de la imagen anterior. El detalle del producto dice “Camas ortoped. reacond”. Sobre ello, el fiscal Picardi sostuvo: “No se halló documentación respaldatoria ni ninguna otra constancia que dé cuenta de la existencia o refacción de dichas camas ortopédicas en dependencias de la firma Indecomm S.R.L.”.
En diálogo con , Ortopedia Bernat sostuvo: “No participamos en ningún circuito de coimas a funcionarios”. Sobre la factura del andador con el presunto sobreprecio de 4239% señalado por el Ministerio de Salud, indicaron que el valor se ajusta al costo del equipamiento vendido y agregaron que todavía no recibieron el pago por dicha operación.
El fiscal Picardi observó que Indecomm también le emitió facturas por $159 millones a otra empresa del listado de las “ofrendas”. Se trata de Prolite Orthopedics, que aparece con un certificado de pago a favor del 24 de julio, equivalente a $67,5 millones.
Según el expediente, esas facturas eran emitidas bajo el concepto de presunta venta de “camas ortopédicas reacondicionadas”. Picardi cuestionó una supuesta desproporción entre los precios y el servicio. “La facturación no respondía a una operación comercial genuina, sino que habría sido utilizada como instrumento para canalizar transferencias de dinero entre los integrantes de la organización ilícita articulada para defraudar al Estado Nacional, bajo una apariencia formal de legalidad”, acusó.
se comunicó con Christian Sagues, representante de Prolite. Desde la defensa del empresario dijeron que “las invitaciones a cotizar” en las licitaciones las “definía Andis” y describieron que “las compulsas eran secretas: ningún proveedor sabía qué otras empresas participaban ni qué cotizaban”. Asimismo, negaron que haya tenido contacto “con funcionarios del organismo ni acceso a información privilegiada”. Y reconocieron el vínculo con Calvete. “Se encargaba de gestiones de inscripción, presentación documental y seguimiento de cobros ante ANDIS como gestor / intermediario comercial, práctica habitual en el sector”, indicaron. Por ese motivo, afirmaron que se “le pagó comisiones documentadas con facturas” y que ignoraban sus “vínculos con funcionarios o con otras ortopedias”.
En total, fueron llamadas a indagatoria 49 personas. La estrategia que siguen muchos de ellos es pedir la nulidad de toda la causa y cuestionar el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo que hicieron explotar el cas. En respuesta a un pedido de la Cámara Federal, el juez Ariel Lijo ordenó a fines de abril realizar un peritaje de aquellas grabaciones.
documento interno del Ministerio de Salud,Ignacio Grimaldi,Conforme a
POLITICA
El Gobierno pidió que “consultores técnicos” revisen un concurso judicial clave para la política
El representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, Santiago Viola, y la consejera jueza Alejandra Provítola pidieron revisar con “consultores técnicos” la corrección del concurso judicial más importante que tiene en sus manos el Consejo de la Magistratura, el destinado a cubrir tres vacantes en la poderosa Cámara Federal de Casación Penal.
Se trata de una medida super excepcional vinculada a la conformación del principal tribunal penal del país, que solo tiene por encima la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De los camaristas que lo integran depende la decisión final en las causas de corrupción de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno, los actuales y los del pasado.
En el Gobierno, a pesar de que el asunto es impulsado por Viola, que es el número dos del Ministerio de Justicia, le ven poco futuro a la iniciativa, lo mismo que entre los jueces del Consejo de la Magistratura. “Viola se equivocó”, dijo una fuente oficial a .
Los mejor posicionados hasta ahora en ese concurso son los jueces María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Leonel Guillermo Gómez Barbella.
López Iñiguez sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán y aplicó condenas a exfuncionarios del kirchnerismo como Amado Boudou (caso Ciccone) y Julio De Vido (tragedia de Once).
Michilini también sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa por la firma del Memorándum con Irán y condenó al exsecretario de Obras Públicas José López por enriquecimiento ilícito en la causa de los bolsos con nueve millones de dólares; además, votó por la condena a Boudou por la inscripción irregular de un Honda cupé y rechazó en disidencia el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de dólar futuro. Condenó a Carlos Menem y a Domingo Cavallo por la venta de La Rural.
Gómez Barbella, como fiscal, pidió la indagatoria de Héctor Magnetto, CEO de Clarín, y de Bartolomé Mitre, que era el director de , en la causa por la venta de Papel Prensa.
Tres concursantes impugnaron sus calificaciones en ese concurso y los consejeros Viola y Provítola pidieron activar una revisión técnica de la corrección de sus exámenes.
Se trata de un recurso previsto en el reglamento, pero que fue usado en muy pocas ocasiones. Una recalificación del concurso podría redibujar el mapa de las ternas.
Los cargos en juego
Se trata del Concurso N° 475, destinado a cubrir las vocalías 8, 9 y 10 de la Cámara Federal de Casación Penal. Los concursantes que pidieron revisar sus exámenes son la camarista federal de Salta Mariana Inés Catalano, con apoyos en la Corte Suprema; Luciano Homero Lauria, juez federal de Santa Fe, con apoyos en un sector del Gobierno; y Mariano Jorge Cartolano, designado por este Gobierno como director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia.
En el orden de mérito provisorio del Concurso 475 quedaron Catalano en el número 22, con 131,25 puntos (45 de examen + 86,25 de antecedentes); Lauría en el número 31, con 119,95 puntos (45 de examen + 74,95 de antecedentes) y Cartolano en el puesto 34, con 110 puntos (54 de examen + 56 de antecedentes).
Catalano y Lauría están debajo del piso de 50 en el examen. El artículo 44 exige ese umbral para integrar ternas -por eso, una recalificación los habilitaría-, mientras que Cartolano ya cumple ambos mínimos (50 de examen y 100 totales), pero su problema es la posición, en el lugar 34 sobre 43.
Viola y Provítola son la subcomisión sorteada para evaluar las impugnaciones del concurso y en ese carácter pidieron la intervención de especialistas externos que analicen las correcciones.
En la próxima reunión de la Comisión de Selección se dará ingreso a la nota con el planteo de revisión, que cuenta con la oposición de los concursantes mejor calificados.
El mecanismo que invocan está previsto en el artículo 39 del Reglamento de Concursos. Dice que cuando las observaciones apuntan a las calificaciones de la prueba de oposición, la subcomisión, o cualquier consejero de la Comisión de Selección, puede proponer la designación de cuatro consultores técnicos de la especialidad para que dictaminen, con los casos y los exámenes a la vista, si la corrección del jurado se ajustó a las pautas reglamentarias. Los especialistas se eligen por sorteo.
La prueba de oposición del concurso 475 se tomó el 11 de mayo de 2022, con 44 postulantes presentes de los 95 inscriptos.
El orden de mérito provisorio quedó encabezado por María Gabriela López Iñiguez, jueza del Tribunal Oral Federal N° 8, con 166,75 puntos; seguida por José Antonio Michilini, del TOF N° 1, con 165,95; y el fiscal Leonel Guillermo Gómez Barbella, con 154,50.
Completan los primeros diez lugares Fernando Machado Pelloni (153,90), el académico Marcelo Ferrante (152), Fernando Bellido (150,35), el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller (150); el juez en lo penal económico Diego Amarante (149,50), Nicolás Schiavo (146,50) y la jueza de ejecución penal Jimena Monsalve (143,45).
El plan para no nombrar
En paralelo, camaristas de la propia Casación le acercaron al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, un proyecto para reducir el tribunal de 13 a 9 miembros y dejar las vacantes sin cubrir, iniciativa que congelaría el concurso por vía legislativa, pero esta idea no avanzó.
Una recalificación favorable no llevaría a los impugnantes al podio, pero los colocaría en la carrera. Y en el caso de Catalano, por tratarse de un concurso de tres vacantes, rige el cupo de género —cada terna debe incluir al menos a una mujer— y hoy, además de López Iñiguez, las únicas mujeres con examen aprobado en zona de convocatoria son Jimena Monsalve y la defensora oficial Pamela Bisserier.
Aún es prematuro saber si la iniciativa puede prosperar. El representante del Poder Ejecutivo la impulsa, la consejera Jimena de la Torre la apoya, pero no hay consenso entre los jueces y más bien hay desconfianza porque implica abrir una caja de sorpresas. Se avecina una discusión. Los consejeros más cercanos al kirchnerismo rechazan la idea.
La opinión de los consultores técnicos no es vinculante, pues la decisión final sobre las calificaciones corresponde a la Comisión de Selección. Integran esta comisión María Fernanda Vázquez, De la Torre, Diego Barroetaveña, Hugo Galderisi, César Grau, Alberto Lugones, Alberto Maques, Provítola, Gonzalo Gabriel Roca, Vanesa Siley, Guillermo Tamarit y Viola.
Sobrevuela el debate el antecedente incómodo del Concurso 140 para jueces federales de Comodoro Py 2002, donde se revisaron calificaciones después de la corrección original ante las sospechas de trampa. El proceso terminó con impugnaciones en el Senado por presuntas irregularidades y una causa penal, que concluyó con una absolución.
Santiago Viola,Hernán Cappiello,Conforme a
Hace 20 años, cuando Lionel Messi daba sus primeros pasos con la Selección y no había debutado todavía en los mundiales, nacía en el juzgado de Ariel Lijo la causa por el presunto vaciamiento de YPF.
Desde entonces, el expediente fue sumando fojas y nuevos ejes sin exhibir avances significativos que permitan esclarecer la compleja trama que se tejió en derredor de la petrolera.
El último movimiento de la causa fue la semana pasada, en la Cámara Federal. El tribunal aceptó como querellante a Integridad Republicana, una asociación civil que desde ahora podrá incidir en el desarrollo del proceso, proponer pruebas y cuestionar resoluciones.
El movimiento fue leído como una nueva señal emitida por la Sala I de la Cámara para darle vida a un expediente abandonado. En noviembre pasado, los mismos jueces, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, habían convertido en acusadoras a dos de las provincias involucradas en el conflicto, Mendoza y Chubut.
Quienes conocen el caso en toda su dimensión reconocen que se trata de un expediente “difícil”, en el que se fueron apilando capas y capas hasta sumar hoy más de 4000 fojas. Pese a ello, señalan que está prácticamente detenido, con medidas pendientes desde hace varios años, como un ambicioso e inconcluso peritaje y una serie de exhortos al exterior que aguardan respuesta.
La denuncia original, formulada por Elisa Carrió a principios de 2006, apuntaba a la supuesta ausencia de control por parte del Estado sobre la explotación que ejercía la petrolera española Repsol.
Pero con el ingreso en 2008 de la familia Eskenazi a la compañía, el expediente incorporó un segundo nudo.
En una maniobra a dos tiempos, dos empresas del Grupo Petersen -desprovistas de recorrido en el rubro- se hicieron con el 25% de las acciones de la petrolera. La operación se ejecutó a través de un esquema de crédito bancario que implicó el desembolso de alrededor de 1000 millones de dólares por parte de al menos cuatro bancos privados.
Esa deuda fue parcialmente cancelada con los dividendos que la compañía giraba a sus accionistas, lo que afianzó una hipótesis preexistente en la causa: que aquellos giros no salían de ganancias genuinas de la compañía, sino de un proceso de endeudamiento que se profundizó con la llegada de los Eskenazi.
Según las estimaciones que constan en las actas de la causa, entre 2005 y 2012, YPF habría repartido unos 34.000 millones de pesos. Y para hacer frente a esa salida de dinero, la empresa se habría endeudado en un 800%.
Una parte de la madeja financiera pretendía ser desenredada por un ambicioso peritaje. En diciembre de 2016, hace casi 10 años, Lijo ordenó la realización de este amplio trabajo interdisciplinario, pero la respuesta que llegó desde los organismos que debían llevarlo a cabo fue que no se contaba con recursos técnicos suficientes para hacerlo, al menos no en su totalidad.
Con ese trabajo pericial se pretendía esclarecer si hubo una sobreexplotación de los recursos de la empresa y si existió una maniobra para vaciarla; también, si existieron irregularidades en el ingreso de los Eskenazi a la compañía.
Más allá de algún informe parcial, el peritaje no pudo realizarse y este año cumplirá una década de solicitado.
Otra de las medidas que aguarda cumplimiento desde hace años es un pedido de información a España. Es sobre la quiebra de las dos empresas del Grupo Petersen que se hicieron de las acciones de YPF.
Fue como consecuencia del otro vuelco que tuvo la historia en 2012, con la estatización de YPF que impulsó el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof. El movimiento abrió un frente internacional aún en curso.
El Estado retomó así el control de la empresa petrolera y prohibió el giro de utilidades. Con Julio De Vido como interventor, rompió el esquema de pagos con el que Petersen Energía S.A.U. y Petersen Energía Inversora S.A.U., las dos empresas de la familia Eskenazi, pagaban sus deudas. Las empresas entraron en concurso y los bancos acreedores se quedaron con una porción de sus acciones en YPF.
En febrero de 2019, Lijo pidió a un juzgado de Madrid información sobre aquel proceso de quiebra. Sin conseguir respuestas, el juez insistió cuatro años después y de nuevo en diciembre pasado, cuando libró un nuevo exhorto reiterando el pedido. A la fecha, no hay novedades, según fuentes informadas sobre el devenir de la causa.
La medida estaría orientada a probar una de las hipótesis del caso: que los bancos que le prestaron el dinero al Grupo Petersen para su ingreso a la compañía tenían como garantía una porción de los “fondos de Santa Cruz”. Es decir, que parte del dinero que Néstor Kirchner retiró de la provincia cuando era gobernador y guardó en una cuenta del Credit Suisse, en Suiza.
La teoría, elaborada en parte por la Unidad de Información Financiera (UIF), se sustenta en que el Credit Suisse fue quien lideró el consorcio de bancos internacionales que otorgaron aquel crédito a los Eskenazi.
En octubre del año pasado, el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, que representa los intereses del Estado en el conflicto, le pidió a Lijo que lanzara otra botella al mar y le requiriera al Credit Suisse información sobre aquella ingeniería financiera para confirmar si los fondos públicos de Santa Cruz fueron efectivamente utilizados como garantía. Pero la medida, a pesar de obtener un dictamen fiscal favorable, hasta el momento no fue ordenada.
También solicitó incorporar a la causa prueba producida en otros expedientes, como el caso de los cuadernos de las coimas. Entre ellas, las declaraciones de los arrepentidos Víctor Manzanares, contador de la familia Kirchner, y Ernesto Clarens, el financista que hacía de nexo con los empresarios.
Más exhortos
Con los Estados Unidos, el juzgado de Lijo tiene otro canal de información, más fluido que el de España, sostienen fuentes judiciales. Está basado principalmente en la causa que tramita en Nueva York, abierta tras la estatización de 2012, cuya implementación desatendió dos artículos del estatuto de la compañía, establecido con la privatización de YPF en 1993.
Esas normas internas obligaban a quienes se hacían con un determinado piso de acciones a extender esa misma oferta al resto de los accionistas. Por incumplirlas, el país sufrió un primer revés con el fallo de Loretta Preska que ordenó el pago de más de 16.000 millones de dólares, sentencia que fue luego revocada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de New York, en marzo de este año.
El intercambio con los Estados Unidos empezó en agosto de 2023. El juez Lijo solicitó a la Corte de Nueva York que remitiera a su juzgado de Comodoro Py el fallo de Preska. Fue correspondido en julio de 2024.
Lijo amplió su requerimiento solicitando no solo el fallo, sino también un informe sobre el estado general de la causa en suelo estadounidense.
En diciembre último, un mes después de que la causa se moviera con la llegada de las provincias de Mendoza y Chubut como querellantes, el juez Lijo envió un nuevo exhorto con el que puso a la jueza Preska en formal conocimiento de la existencia de la investigación penal en Argentina.
aceptó como querellante,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
El embajador de Noruega en Argentina celebró en las redes tras el triunfo ante Brasil: “Hermosa mañana, ¿verdad?”
La cuenta oficial de la Real Embajada de Noruega en Argentina despertó este lunes con una publicación futbolera y con acento argentino, luego del histórico triunfo de la selección noruega ante Brasil por los octavos de final del Mundial 2026: “¡Buen día! ¿Hermosa mañana, verdad? 🇳🇴⚽️🤩”.
La escena fue protagonizada por el embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre, quién recreó la famosa escena del actor argentino Guillermo Francella y es de las más populares en las redes sociales luego de un triunfo deportivo. La publicación arrobó a los perfiles @EmbNorArg y @nff_landslag —la federación noruega de fútbol—.
Halvor Sætre, embajador extraordinario y plenipotenciario de Noruega en la Argentina desde el 29 de agosto de 2023, recreó la divertida escena. El festejo diplomático tuvo como telón de fondo una actuación histórica. Noruega venció a Brasil 2-1 en Nueva York, con dos goles de Erling Haaland en el segundo tiempo, y se clasificó por primera vez en su historia a los cuartos de final de un Mundial. El delantero del Manchester City llegó así a siete tantos en cuatro partidos del torneo, una cifra que lo consolida como el máximo artillero de la competencia.
El partido se desarrolló con los nórdicos dominando la posesión y el conjunto de Carlo Ancelotti replegado en busca del contragolpe. En el primer tiempo, el arquero Örjan Nyland le atajó un penal a Bruno Guimarães. En el complemento, Haaland abrió el marcador de cabeza a los 79 minutos, tras un centro de Andreas Schjelderup, y amplió la diferencia con un remate rasante desde la frontal del área en el minuto 89. Neymar, quien ingresó a los 67 minutos, descontó de penal en tiempo de adición tras un codazo de Leo Ostigaard sobre Casemiro, pero el resultado no se modificó.
Para Brasil, la derrota profundizó una racha negra en Copas del Mundo que se extiende desde 2014. Tras la goleada histórica ante Alemania por 7-1 en ese torneo, la Verdeamarela no logró superar los cuartos de final en ninguna edición posterior: cayó ante Bélgica en 2018 y ante Croacia por penales en Qatar 2022. En esta ocasión, el ciclo se cortó incluso antes: la eliminación llegó en los octavos de final.
Noruega, en tanto, aguarda el resultado del cruce entre México e Inglaterra para conocer a su rival en cuartos. Ese duelo se disputará en Miami el sábado 11 de julio a las 18:00, hora argentina. En una eventual semifinal, los nórdicos podrían enfrentarse al ganador de las llaves entre Argentina-Egipto y Suiza-Colombia.
La relación entre Noruega y Argentina tiene raíces que exceden lo deportivo. Según informa la propia embajada, los primeros inmigrantes noruegos llegaron al país en barcos mercantes, lo que explica la temprana apertura de la sede diplomática en 1906. En 2018, Sus Majestades el rey Harald V y la reina Sonja realizaron una visita de Estado a la Argentina —la primera en casi medio siglo— acompañados por más de 60 empresarios de 40 compañías noruegas. Cuatro años más tarde, en septiembre de 2022, la Comisión Permanente de Comercio e Industria del Storting, el parlamento noruego, visitó el país para interiorizarse sobre los sectores económico, energético y agropecuario.
En ese marco de vínculos consolidados, el tuit de la embajada funcionó como un guiño cultural preciso: una institución centenaria eligió el idioma coloquial de sus anfitriones para compartir la alegría de una noche que, para el fútbol noruego, no tenía antecedentes.
Sætre también está acreditado ante Paraguay, Uruguay y Bolivia, y conduce desde Buenos Aires una representación diplomática con más de un siglo de historia en el país: la misión noruega se estableció en Argentina en 1906, apenas un año después de que Noruega obtuviera su independencia y organizara su propio servicio exterior.
¡Prometió y cumplió! Mauro Icardi presentó las pruebas de la traición que puede arruinar a Yanina Latorre: «Cinco años de relación en Miami»
El Gobierno pidió que “consultores técnicos” revisen un concurso judicial clave para la política
¿Dónde ver el partido EN VIVO y ONLINE el partido de Portugal vs España por el Mundial 2026?
El Octágono: por qué Egipto invirtió USD 10.000 millones en la mayor base militar del mundo en plena crisis económica
El dólar se mantuvo estable y busca un nuevo punto de equilibrio tras la suba de junio
El caso YPF lleva 20 años empantanado: exhortos fallidos y peritajes interminables
Uno por uno, los gremios que cobrarán aumento de sueldo en julio 2026
Russia unleashes nearly 600 missiles and drones on Kyiv in deadliest strike since May
Six Kurdish fighters killed in IRGC ambush as clashes spread across western Iran
Se reactivó el diálogo entre Argentina y Venezuela, pero para Milei el gobierno de Delcy Rodríguez no es democrático
POLITICA3 días agoDiego Santilli enfrenta su primer desafío en el Congreso: reunir los votos para eliminar las PASO
- SOCIEDAD3 días ago
Imprudencia, choque y milagro: un camión embistió a un auto estacionado y una beba de un año salió despedida hacia el asfalto
- ECONOMIA3 días ago
Marcha atrás judicial en la venta de SanCor: la Justicia suspendió el proceso tras el recurso de la empresa Fidulac
