El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta resolvió absolver al ex intendente de Coronel Juan Solá (Morillo) Atta Gerala en el marco de la investigación que pesaba sobre él por el robo sistemático de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas en el chaco salteño. En la misma causa, un policía, Mauro Rodríguez, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al haber sido hallado responsable del delito de cohecho pasivo. Además de la condena, se le prohibió residir o circular por la localidad de Pluma de Pato.

El veredicto fue dictado por los jueces Domingo Batule —presidente del tribunal—, Diego Matteucci y la jueza Gabriela Catalano. El juicio contó con la intervención del fiscal general Eduardo Villalba, coordinador de la Fiscalía de Distrito de Salta, y la asistencia de Roxana Gual, auxiliar fiscal.

La investigación, que se remonta a agosto de 2024, buscó desarticular una organización dedicada al robo y contrabando de material ferroviario. La causa se formalizó tras la audiencia de control de acusación del 12 de diciembre de 2025; el juicio oral se inició el 4 de marzo del año siguiente.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal solicitó la condena de Gerala como partícipe primario de contrabando agravado por la cantidad de intervinientes, la calidad de funcionario público y el valor de la mercadería, en concurso real con robo agravado y malversación de caudales públicos.

La fiscalía sostuvo que los hechos representaban “un delito de poder” y que en Morillo, “no se movía un alfiler sin que el entonces intendente lo supiera”. El tribunal, sin embargo, consideró que la prueba reunida no superó el umbral de la duda razonable respecto del ex intendente y dispuso su absolución.

Por el mismo caso, ya se habían dictado condenas mediante acuerdos de juicios abreviados a otros tres imputados, entre ellos Miguel Ángel “Yopi” Gerala, hijo del ex intendente, condenado a seis años de prisión como coautor de contrabando de mercadería agravado, cohecho activo y robo agravado.

El comerciante David Medina recibió la misma pena y fue inhabilitado para ejercer el comercio durante cinco años. El cabo de Gendarmería Nacional Jorge Fernando Cabrera fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por cohecho pasivo.

En cuanto a los hechos, la investigación se inició a raíz de una denuncia del Correo Argentino por el envío de 480 cubiertas de presunto origen extranjero. Ese dato permitió identificar al comerciante Medina, quien administraba un galpón en la ciudad de Orán. La pesquisa incluyó escuchas telefónicas y tareas de campo que detectaron la expansión de actividades hacia el contrabando de material ferroso, estableciendo un vínculo con el hijo del ex intendente. Este último, según la acusación, organizaba el robo de rieles y su traslado por rutas seguras, a cambio de pagos ilegales a funcionarios de Gendarmería Nacional y de la policía provincial.

El circuito delictivo incluía la extracción de rieles, su traslado en camiones y el cruce hacia Bolivia a través del río Bermejo. Según declaraciones recogidas durante el debate, el negocio generaba un rédito de 25 millones de pesos diarios, con pagos de 200 mil pesos por tonelada y entre cuatro y cinco viajes diarios de camiones, cada uno transportando entre 30 y 31 toneladas de rieles.

En relación a la prueba contra Gerala, la fiscalía señaló que en su domicilio se hallaron 15 rieles, herramientas de corte y una camioneta blanca utilizada por su hijo. Un procedimiento realizado el 18 de mayo de 2024 en Padre Lozano derivó en el secuestro de dos camiones con rieles robados. Un chofer manifestó que el traslado se realizaba por encargo de Gerala e intentó ponerlo en comunicación telefónica con el entonces intendente.

La defensa, encabezada por el abogado Alejandro Pomares, negó la responsabilidad penal de Gerala, aunque reconoció la de su hijo. Argumentó que las herramientas de corte halladas no eran las utilizadas en el robo de rieles y que los rieles encontrados en la propiedad estaban allí desde antes, posiblemente desde la adquisición del terreno. La defensa también sostuvo que no existen pruebas directas que vinculen al ex jefe comunal con los otros imputados condenados y que el contacto telefónico del ex intendente fue incorporado por el conductor después de los hechos.

El juez Batule valoró la decisión del MPF de llevar el caso a juicio, aunque concluyó que las evidencias contra Gerala no alcanzaron la contundencia necesaria para acreditar su responsabilidad penal. La presencia de rieles en el domicilio del acusado no fue considerada un indicio concluyente, y las herramientas de corte no coincidían con las empleadas en los robos. La camioneta blanca, aunque pertenecía al exintendente, no probó que supiera del uso que le daba su hijo.

Sobre Rodríguez, el tribunal ponderó como determinantes los registros de comunicaciones que evidenciaban negociaciones para el pago de sobornos. También se tuvo en cuenta que, como jefe del destacamento policial, no receptaba denuncias vinculadas a estos hechos ni promovía investigaciones para su esclarecimiento.

Además, se acreditó que desplegaba conductas intimidatorias hacia pobladores de comunidades originarias relacionadas con las denuncias de robo de rieles, incluyendo amenazas de apertura de causas penales.

Dos camioneros imputados en la causa accedieron a una suspensión de juicio a prueba, que contempló aportes económicos al hospital público de General Mosconi y tareas comunitarias por un año en una iglesia evangélica del departamento de Santa Victoria. Ambos habían sido detenidos el 18 de mayo de 2024 transportando rieles robados en la ruta provincial 53, en la localidad de Padre Lozano.