El Gobierno tiene previsto enviar al canciller Pablo Quirno a Estados Unidos para participar de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, que se realizará este viernes 30 y sábado 31 de octubre en Atlanta. El encuentro será encabezado por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y contará con la presencia del canciller brasileño, Mauro Vieira, en medio de las tensiones diplomáticas por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Miami a través de la Argentina.

La Cancillería brasileña confirmó que está prevista la participación de Vieira en la cumbre, mientras que en el Gobierno argentino ratifican que Quirno proyecta viajar, aunque todavía no tiene una agenda bilateral cerrada. La coincidencia abre la posibilidad de un contacto entre ambos representantes después del episodio de Puerto Iguazú. Por el momento, ninguna de las dos administraciones confirmó que haya solicitado una reunión para abordar la situación del senador brasileño.

El encuentro tendrá lugar después de que Bolsonaro agradeciera públicamente a Javier Milei y Donald Trump por su llegada a Estados Unidos. En una carta difundida este miércoles desde Miami, el dirigente destacó el coraje, el sentido de la justicia y el respeto por la legalidad del Presidente argentino. También agradeció al mandatario estadounidense por recibirlo junto con su familia. La Casa Rosada todavía no respondió institucionalmente a esas declaraciones ni precisó qué colaboración brindó durante el traslado.

La declaración del senador tuvo además una modificación significativa después de su primera difusión. Bolsonaro reemplazó la presentación inicial como verdadero presidente electo de Brasil por una referencia a sí mismo como líder del país, aunque mantuvo más adelante su afirmación de que ganó las elecciones. La carta también fue corregida después de que circulara una versión con una inscripción incorrecta en el escudo brasileño. El asesor presidencial Santiago Caputo republicó desde su cuenta de X la versión modificada del documento.

Bolsonaro reiteró sus acusaciones de fraude en el balotaje del domingo, en el que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva, sin presentar pruebas que respaldaran su denuncia. El excandidato cuestionó la actuación del Supremo Tribunal Federal y anunció que pretende conducir la oposición desde Estados Unidos. La modificación de la carta no implicó que reconociera el resultado electoral ni que abandonara sus cuestionamientos a las autoridades brasileñas.

Trump también se pronunció sobre la llegada del senador y confirmó que su administración autorizó su ingreso a Estados Unidos. El mandatario afirmó que le permitieron entrar al país, pero aseguró que no pretende intervenir en la controversia brasileña. Además, volvió a cuestionar las circunstancias de las elecciones presidenciales. La declaración constituye un reconocimiento público de la autorización estadounidense, aunque no confirma una coordinación operativa con la Argentina ni la concesión de asilo político.

La Cancillería de Brasil evitó anticipar medidas diplomáticas contra la Argentina ante una consulta sobre posibles pedidos de explicaciones, protestas formales o una reducción de las relaciones bilaterales. Itamaraty respondió que la situación jurídica del senador fue determinada por una decisión del Supremo Tribunal Federal y recomendó consultar a ese organismo. La respuesta no anunció ninguna medida contra el Gobierno argentino, pero tampoco descartó expresamente esa posibilidad.

El Senado sesionará este jueves a las 14 con la reforma de la Ley de Salud Mental como tema principal. Así lo acordaron este miércoles los presidentes de bloque en la reunión de Labor Parlamentaria. En el temario también se incluyeron dos proyectos de resolución: uno para invitar al papa León XIV al Congreso y otro de beneficios para inversiones desde US$ 12 millones.

Otra de las iniciativas era convocar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que presentara su informe de gestión. Sin embargo, la convocatoria a Santilli quedó desactivada después de que el funcionario acordara con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, presentarse el próximo 25 de noviembre. Será su primera exposición ante la Cámara alta desde que asumió el cargo, el 30 de junio pasado.

Los cambios en la Ley de Salud Mental

La reforma llega al recinto con un dictamen de mayoría firmado por el PRO, la UCR, el Movimiento Misionero y el senador Carlos Espínola, de Provincias Unidas. Algunos de esos legisladores firmaron en disidencia porque consideran que el texto no garantiza las partidas presupuestarias necesarias para aplicar la ley.

Por su parte, el bloque Convicción Federal presentó un dictamen propio, con las firmas de Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. El proyecto se debatirá al final de la sesión porque algunos senadores aliados todavía tienen dudas sobre su contenido.

Entre los principales cambios, las internaciones voluntarias deberán ser comunicadas a la Justicia. Los jueces podrán solicitar informes y peritajes e incluso dejarlas sin efecto. Además, las internaciones que superen los 180 días, de manera continua o acumulada en dos años, serán consideradas prolongadas. En esos casos, el órgano de revisión deberá intervenir de oficio y se creará un registro específico.

El texto mantiene la prohibición de los manicomios y contempla los tratamientos ambulatorios y comunitarios. También incorpora la ludopatía entre las adicciones, habilita las teleconsultas con psiquiatras y permite que las personas dejen expresado de antemano si aceptan o rechazan determinados tratamientos.

Uno de los puntos más discutidos fue quién estará habilitado para firmar una internación. La última versión establece que deberá hacerlo un médico, preferentemente psiquiatra, o un profesional con formación en salud mental. Además, incorpora una segunda firma, pensada para los psicólogos, que intervendrán en la evaluación y el alta.

El Consejo Federal de Salud (CoFeSa) pidió que ambas profesiones tengan la misma prioridad. A su vez, varias provincias plantearon objeciones por el costo que implicaría implementar los cambios.

Santilli irá al Senado el 25 de noviembre

El jefe de Gabinete acordó con Bullrich la fecha para presentar su informe de gestión ante la Cámara alta, lo que desactivó el intento del peronismo de forzar una convocatoria para el 18 de noviembre mediante un proyecto de resolución.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, confirmó que ya comenzó el mecanismo administrativo para que los senadores carguen las preguntas que serán remitidas a la Jefatura de Gabinete antes de la presentación.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir una vez por mes a cada cámara del Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno. Santilli todavía no se presentó ante ninguna de las dos desde que asumió. El último jefe de Gabinete que brindó su informe ante el Senado fue Guillermo Francos, el 26 de junio de 2025.

La invitación al papa León XIV

La otra resolución que se tratará este jueves propone invitar al papa León XIV a hablar ante el Congreso durante su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján y una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

La agenda difundida por el Vaticano no incluye una visita al Congreso, por lo que en el Senado consideran difícil que la invitación se concrete.

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Los otros temas de la sesión

La sesión comenzará con la jura de Claudia López, de La Rioja, quien asumirá en reemplazo de Juan Carlos Pagotto, fallecido. Luego habrá homenajes a Pagotto y a Norberto Di Próspero, exdirigente de la Asociación del Personal Legislativo (APL).

En el temario también figura el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), un proyecto del radical Eduardo Vischi que contempla beneficios para grandes empresas que inviertan desde 12 millones de dólares, y una iniciativa para regular el mercado de créditos de carbono.

Además, se tratarán proyectos vinculados con pictogramas, educación emocional y la transferencia de un terreno en Puerto Madryn.

Senado, salud mental

“Los sureños sabemos defender bien la Argentina. Estamos en contra de la venta de las tierras de la Patagonia. Si quieren vender algo, vendan Puerto Madero, vendan el Obelisco. Déjense de joder con un país centralista. Volvamos a recuperar la Argentina. La Patagonia tiene once puertos. Le podemos dar mucho más a la Argentina. Pero se le tiene que empezar a devolver todo lo que se le sacó. La dignidad, la educación, la seguridad, el laburo y la guita. Hay que volver a poner en La Patagonia gobiernos que defiendan el interés del pueblo”.

El discurso del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, retumbó con fuerza en el acto que el PJ Federal organizó el viernes pasado en Comodoro Rivadavia, Chubut, con el objetivo de presentar un programa energético y discutir medidas para agregar valor a los recursos, ampliar la participación de proveedores nacionales, preservar el papel de YPF en la región y sostener la actividad en las cuencas maduras.

Fue un mensaje potente, electoralista y de trinchera. Un discurso para inyectar ánimo en las arterias de un peronismo que, por momentos, teme quedarse encerrado en sus internas hasta el límite de perder representatividad en la etapa de las elecciones. Grasso es unas de las voces nuevas que se empezó a escuchar con frecuencia en la construcción política del PJ Federal, esquema que llevan adelante, con mayor visibilidad nacional, Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos, Federico Achával y Guillermo Michel.

Grasso es parte de un trío de dirigentes patagónicos que integran el peronismo federal y que están en la vidriera de los precandidatos a gobernador de la región patagónica. El intendente de Gallegos tiene intenciones de competir por la gobernación de Santa Cruz, hoy al mando de Claudio Vidal, un ex gremialista que empezó confrontando con el gobierno de Javier Milei y que después se fue acercando.

Un par de meses atrás el galleguense asumió la conducción del PJ provincial con un acuerdo de unidad entre tres sectores, lo que generó un clima de estabilidad interna dentro del peronismo que, el año pasado, se había impuesto ante los libertarios en la elección nacional. Grasso empujó la idea de una síntesis y aparece como un potencial candidato en una provincia que el peronismo intentará recuperar y que está muy asociada a los Kirchner.

Otro de los integrantes del trío patagónico es el diputado nacional Juan Pablo Luque, que aspira a ser candidato a gobernador en Chubut. El legislador compitió en el 2025 en una interna partidaria del PJ con el intendente de Dolavon, Dante Bowen, y logró un triunfo que consolidó su figura en el distrito. Existe la voluntad de achicar las diferencias entre las distintas vertientes y buscar la unidad para intentar frenar la reelección de Ignacio Torres, el actual gobernador.

Luque fue intendente de Comodoro Rivadavia y es el último candidato a gobernador del PJ en la provincia. El año que viene quiere volver a intentarlo y para eso trabaja en la reestructuración del peronismo a nivel local. Fue uno de los primeros en sumarse al armado federal y está enfocado en achicar cualquier rencilla interna en su distrito y tratar que la interna de impacto nacional no afecte la convivencia provincial.

El tercer integrante del trío es el intendente de Río Grande, Martín Pérez, que trabaja en una construcción con autonomía frente al esquema político del gobernador Gustavo Melella y también lejos del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, que un par de días atrás invitó a Pérez a competir en una interna abierta el año que viene para lograr una candidatura de unidad legitimada.

El año pasado Pérez compitió en una lista por fuera del PJ y actualmente se mueve con el sello del partido Provincia Grande. En una entrevista con Radio Provincia, una emisora local, aseguró que su esquema político está “construyendo una alternativa” y aseguró que “los problemas que tiene la gente en Tierra del Fuego trascienden muchísimo más que una interna partidaria”. Está decidido a jugar fuerte el año que viene.

Los tres dirigentes se concentraron bajo el paraguas del PJ Federal, que se presentó en sociedad el 1 de mayo en Parque Norte. Los tres tienen voluntad de competir el año que viene en sus provincias y ser protagonistas en la discusión del peronismo para recuperar, en el caso de Chubut y Santa Cruz, los gobiernos provinciales. Si bien Mellela, de Tierra del Fuego, no es del PJ, hace tiempo que es un aliado del peronismo y forma parte de la coalición Fuerza Patria.

Hasta el momento el armado federal se propuso no construir candidaturas. Ni nacionales ni provinciales. La intención fue concentrarse en el debate y la construcción de un programa político nuevo para el peronismo, y empujar una discusión por regiones respecto a los temas centrales vinculados a la producción, el trabajo y las economías regionales.

Sin embargo, en esta oportunidad, y con la proximidad del año electoral, el armado político está decidido a apoyar esas potenciales candidaturas y así ganar volumen en el sur del país. Todos tiene una construcción territorial en desarrollo y los tres saben que si se subdivide demasiado la representación del justicialismo en esas provincias, el peronismo local y también el nacional va tener fisuras importantes en la antesala de la elección presidencial.

La potencialidad de Luque, Pérez y Grasso reside en la experiencia de gestión, la construcción territorial y la disposición a competir. El armado federal sostiene esos movimientos en las provincias y apuesta a tomar volumen en la organización del peronismo, que cada vez se acelerará más de cara al año electoral.

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