Antonio “Jaime” Stiuso se mueve como celebrity entre eventos sociales de la política y la Justicia. Pese al halo de oscuridad que lo rodea, quienes lo frecuentan -jueces, políticos y empresarios- no reniegan de hacerlo. Fernando Pocino vive cerca de la playa en Pinamar y opina sobre política a través de su cuenta de Twitter, y César Milani, un poco más enredado en cuestiones judiciales por su patrimonio, presenta amparos en los tribunales consternado porque no le prestan un quincho del Ejército para festejar su cumpleaños.

Ellos eran los pesos pesados en el mundo del espionaje hace diez años, cuando apareció el cuerpo del fiscal Alberto Nisman. En el informe dado a conocer la semana pasada por la fiscalía de Eduardo Taiano, que investiga la muerte, hay numerosas alusiones a la pelea de poder que se libraba en esa época en el mundo del espionaje. Eran tiempos en los que los servicios de inteligencia argentinos estaban convulsionados y sumidos en una feroz lucha interna por el control de recursos y poder.

La conexión entre los servicios de inteligencia y la justicia federal era ya un fenómeno corriente en los años previos a la muerte de Nisman. Como fiscal a cargo de la causa AMIA, Nisman trabajaba estrechamente con Stiuso, entonces una figura central de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Los informes elaborados por él constituían el pilar de los dictámenes del fiscal. Esa influencia de Stiuso sobre Nisman y esa cercanía -reconocida por el informe de Taiano- marcaron un rumbo que, con el tiempo, a la par del viraje de la Argentina en materia de política exterior, lo enfrentó al gobierno de Cristina Kirchner.

En los días previos a la presentación de la denuncia de Nisman contra la entonces presidenta, crecían las versiones de que Nisman sería desplazado de su cargo de fiscal de la UFI-AMIA. El uso del espionaje para atacar, para extorsionar y para controlar estaba exacerbado. La maquinaria que había sido reforzada durante el gobierno de Néstor Kirchner -quien presentó a Nisman y a Stiuso- se había convertido en un aparato difícil de manejar.

Las pugnas internas entre facciones de la SIDE –lideradas por Stiuso y por Pocino– y el ascenso de Milani al frente de la inteligencia militar crearon un escenario de enfrentamientos cruzados y operaciones encubiertas.

A medida que Cristina Kirchner perdía confianza en la SIDE que manejaba Stiuso, los gastos del Ejército en inteligencia fueron alimentados por aumentos en sus partidas presupuestarias. Este redireccionamiento de fondos acompañó el traslado de poder de la SIDE a la inteligencia del Ejército.

En 2008, el Estado había destinado $661,24 millones a tareas de inteligencia y la SIDE era receptora del 62% de los recursos, mientras que el Ejército recibía para inteligencia el 13% de ese total. Pero a medida que la facción liderada por Stiuso comenzó a perder terreno en el gasto total para espionaje, en el Ejército aumentaban las partidas. A punto tal que en 2013, cuando Milani fue designado jefe de la fuerza, la inteligencia del Ejército alcanzó el 25% de los fondos y la SIDE redujo su porción hasta un 40%.

Milani provenía de las filas de la inteligencia militar, por lo que su nombramiento al frente del Ejército en un momento en el que Cristina Kirchner desconfiaba de la central de inteligencia fue una fuerte decisión política.

Como consecuencia de esa dinámica, la estructura paralela de la inteligencia militar tomó vida propia. Mientras la gestión de Cristina Kirchner buscaba restarle poder a la Secretaría de Inteligencia (SI), reforzaba la estructura de Milani.

Al poco tiempo de disolver la SI, después de la muerte de Nisman, se creó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en la que desembarcaron como autoridades Oscar Parrilli y Juan Martín Mena. Con distintas improntas -dado que Parrilli tenía más asiduidad y mejor relación con el sector de Milani- los alfiles de Cristina Kirchner en la central de inteligencia estuvieron al frente del organismo hasta el final del gobierno. Pocino sobrevivió a la purga que se hizo en esa época e incluso siguió dentro del organismo, por un tiempo, cuando desembarcaron Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La salida de Stiuso de la SIDE a finales de 2014 intensificó las tensiones. Los antiguos aliados del exespía, como Francisco Larcher y Héctor Icazuriaga, también dejaron sus cargos, dejando el camino libre para que Pocino y Milani consolidaran su influencia. Según el expediente judicial, a mediados de 2014, Cristina Kirchner había citado a Larcher y le había manifestado su enojo con Stiuso.

También, el propio Stiuso declaró que le habían dado la orden de dejar de investigar el caso AMIA. El enfrentamiento era cada vez más nítido. Pocos meses habían pasado desde la muerte del Lauchón Viale, agente híper afín a Stiuso -según él mismo declaró- a quien asesinó a balazos la policía bonaerense en un procedimiento judicial en su casa. Fue parte de la escalada de operaciones sospechosas que, según los investigadores, alcanzó su clímax en los meses previos a la muerte de Nisman.

Y el espionaje seguía de cerca al fiscal. Desde intentos de hackeo a su teléfono hasta seguimientos de agentes de inteligencia militar, las pruebas sugieren un contexto de presión extrema. Incluso en sus últimas horas, Nisman intentó comunicarse con Stiuso sin éxito. “Tenía el volumen bajo. No lo escuché”, fue la explicación del exespía en su declaración judicial.

La presencia de agentes de inteligencia del aparato kirchnerista en las horas previas y posteriores a la muerte de Nisman son un elemento de sospecha en la fiscalía, que da por probado que a Nisman lo mataron, pero no logró determinar quiénes fueron los supuestos asesinos.

En cuanto al intento de hackeo al teléfono del fiscal, la Justicia tiene los nombres de dos personas de una localidad entrerriana que habrían enviado un malware desde una dirección IP que, durante ese mes, chequeaba en la base de datos de Migraciones los movimientos migratorios de Stiuso.

Sobre Diego Lagomarsino, procesado como partícipe necesario de la muerte de Nisman por haber aportado el arma de la que salió el disparo, la fiscalía afirma que pese a que todos los informes oficiales recibidos negaron que él tuviera una relación formal con la inteligencia, estaría acreditado en la causa que era un agente en las sombras.

También la irrupción del caso de Ariel Zanchetta, un expolicía acusado de haber sido un agente inorgánico de inteligencia que espió a jueces y fiscales, da cuenta de que Nisman estaba en la mira del espionaje. Entre los documentos del agente inorgánico de la AFI había información sobre la muerte del fiscal. Además, el sector del espionaje ligado a Pocino había seguido a Viviana Fein, la primera fiscal del caso, de acuerdo con la causa.

Otro hecho que conforma esta serie de eventos misteriosos fue el incendio ocurrido en la Casa Rosada durante la tarde del 17 de enero, por el que se perdieron los ingresos y egresos de la casa de gobierno que estaban en Casa Militar, y que habían sido solicitados por Nisman dentro de su denuncia.

Un caso paralelo que arroja luz sobre la dinámica interna de los servicios de inteligencia es la muerte de “Lauchón”, abatido en 2013 durante un operativo policial. En 2016, Stiuso declaró en la Justicia que la muerte de Nisman había sido un nuevo capítulo de una cadena de actos de violencia contra él y su entorno. Citó como antecedentes la muerte de Viale y el atentado a Javier Fernández, auditor general de la Nación, un hombre muy influyente para el kirchnerismo en la justicia federal, sobre todo en Comodoro Py.

En los últimos meses, la Cámara de Casación anuló las absoluciones de los policías involucrados en la causa por la muerte del Lauchón, reabrió el caso y exigió que Stiuso declare en un nuevo juicio. El pedido para que Stiuso sea escuchado fue repetidamente presentado por la familia del agente asesinado, representada nada menos que por los propios abogados de Stiuso, Julián Subías y Santiago Blanco Bermúdez.

A diez años de la muerte de Nisman, es una certeza en la causa que el fiscal federal era espiado. Sin embargo, esto no ha generado imputaciones ni condenas por violaciones de la ley Nacional de Inteligencia. El cúmulo de preguntas que siguen sin respuesta incluyen además: ¿Por qué Stiuso no le dijo a Nisman lo que él sabía de Allan Bogado, a quien Nisman acusó de ser un agente de Cristina Kirchner y Stiuso había denunciado como falso espía? ¿Por qué Stiuso dejó de atender las llamadas del fiscal en el momento más álgido?

En la causa por el atentado a la AMIA, cuyos responsables nunca fueron enjuiciados ni condenados, la Justicia se dedicó a castigar a los responsables del encubrimiento. La causa por la muerte de Nisman navega desde hace años con un rumbo similar. La investigación de la investigación.

En Davos, con todos los focos del mundo sobre él, Javier Milei le dio entidad institucional a un discurso renuente a la diversidad sexual que militan desde hace tiempo en las redes sociales y los medios de comunicación algunos de los principales referentes libertarios. Es un relato sostenido a menudo en datos sin contexto, exageraciones y teorías conspirativas que apuntan a denunciar un supuesto lobby internacional que promueve la pedofilia y el cambio de sexo.

El aparato de comunicación oficialista niega de manera insistente el sentido homofóbico de los dichos presidenciales, en un intento de desinflar la marcha por los derechos LGTB convocada para este sábado como reacción a las palabras de Milei. La frase que encendió la polémica fue la que pronunció justo después de contar que dos hombres estadounidenses habían sido condenados por abusar de sus hijos menores de edad: “En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. ¡Son pedófilos!”.

Aludía al caso de a William y Zachary Zulock. La noticia de su condena circuló profusamente en cuentas de redes sociales de militantes de la nueva derecha internacional como una forma de denunciar una supuesta tendencia al abuso infantil por parte de los homosexuales, sin atender a las estadísticas que exhiben cómo la abrumadora mayoría de los casos de pedofilia son cometidos por varones heterosexuales del entorno familiar de la víctima.

En sintonía con Milei, dirigentes e influencers de La Libertad Avanza (LLA) echan mano a diario a generalizaciones, datos engañosos o tergiversados, videos virales y campañas internacionales de desinformación en su cruzada por alertar sobre los peligros de lo que denominan “la ideología de género”. Lo que sigue son ocho ejemplos recientes de esa campaña discursiva contra “la agenda woke”.

El primero en decirlo fue Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei. “Si yo, que tengo 49 años, quiero tener sexo con un menor de 8 años me autopercibo de 8 -total lo que prevalece no es mi realidad biológica, sino mi autopercepción- entonces no soy un abusador”, afirmó en LN+.

Un argumento casi calcado usó días después la diputada Lilia Lemoine en su intento por defender a Milei y negar que el discurso de Davos haya sido homofóbico. Dijo que “en el lobby LGBT hay personas que toman posturas pro corrupción de menores”. Y repitió: “La biología de género considera que uno se puede autopercibir como quiera, incluso como un menor de edad. Hay adultos que van a decir: ‘Me autopercibo como un niño’. Y van a zafar”.

Pero la legislación penal argentina no contempla ninguna consideración o atenuante que pueda beneficiar a un adulto que tuviera sexo o abusara de un menor de edad. No hay registro, tampoco, de un acusado que haya alegado “autopercibirse” niño para justificarse en un caso de pedofilia.

Elon Musk anunció a mediados del año pasado que mudaría la sede de su empresa Space X a Texas en protesta a una ley de California que establece cómo tienen que actuar los docentes con los alumnos LGTB. “El Estado de California te quitará tus hijos”, escribió el magnate tecnológico.

Logró viralizar la idea de que la medida, impulsada por el gobernador demócrata Gavin Newson, promociona la transición sexual de los niños al prohibirles a los maestros revelar a los padres que un chico se identifica con un género diferente al biológico.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (LLA), tomó esa argumentación esta semana para defender la preocupación expresada por el Presidente en Davos. “El gobernador woke de California sacó una ley que le impide a los maestros notificar a los padres cuando el niño en edad de primaria tome una decisión de cambio de sexo o de preferencia sexual”, dijo en una entrevista con los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase.

La ley estatal AB 1955, que entró en vigor el 1 de enero en California, prohíbe en realidad las políticas escolares que establecían sanciones para los docentes que no informaran a los padres cuestiones vinculadas a la orientación sexual o la identidad de género de los alumnos. No legisla sobre el cambio de sexo, sino que establece el consentimiento del menor como condición para que los docentes hablen del tema con los padres. El objetivo declarado en el propio texto es proteger a esos chicos de una eventual recepción negativa en su entorno familiar y para eso insta a los docentes a ayudarlos a encontrar el momento adecuado para entablar el diálogo con sus padres.

Agustín Laje, el gurú conservador que preside la mileísta Fundación Faro, suele recurrir a un ejemplo para denunciar que hay sectores del progresismo internacional que promueven el abuso de niños. “La pedofilia está muy metida dentro del wokismo. La idea del LGBT muchas veces trae la apertura de una puerta de que lo único que importa en una relación es que el deseo sea cumplimentado. Esto no es una especulación mía. En España, donde vivo la mitad del año, la exministra Irene Montero dijo que los niños tienen derecho a acostarse con los adultos si ellos lo desean”, afirmó.

Aludió a una declaración de Montero que desató infinitos debates en Twitter en 2022. Como ministra de Igualdad de Pedro Sánchez habló durante una reunión parlamentaria para defender un proyecto de ley de educación sexual. Dijo: “Todos los niños, las niñas, les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar y tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento“.

Tomada literal la última parte de la frase puede interpretarse como un aval al sexo consentido entre un menor y un adulto. Pero el contexto de la discusión era una defensa de la educación sexual en los colegios y de la necesidad de darles una formación a los niños que les sea útil en su vida adulta. De hecho, ninguno de los jefes de bloque que intervino en la sesión -incluida la del partido ultraderechista VOX- reparó en esa expresión a pesar de que se trató de un debate áspero, según recuerda el diario El País.

La polémica estalló 24 horas después cuando usuarios de Twitter viralizaron el corte de video y empezaron a denunciar que se trataba de una promoción de la pedofilia. Hasta el día de hoy circula en redes como ejemplo de la amenaza wokista a los niños del mundo.

Otro comentario que suele hacer Laje para sostener su posición refiere a unos afiches escandalosos que atribuye a la izquierda española con la frase “Si dice no, no es sexo, es agresión”, ilustrada con la cara de un niño de escuela primaria. Los desafortunados carteles existieron, pero los puso el ayuntamiento de la ciudad de Almería, donde no gobierna la izquierda sino el conservador Partido Popular (PP). La alcaldía emitió una sentida nota de disculpas al retirar la campaña.

En noviembre explotó un duro enfrentamiento entre un sector del oficialismo y el gobierno kirchnerista de Buenos Aires a raíz de la difusión en el sistema educativo provincial de libros a los que se señalaba como “pornográficos”. La vicepresidenta Victoria Villarruel levantó la bandera de la queja, al hablar de “textos repugnantes que sexualizan tempranamente a los niños” y que “exaltan la pedofilia”.

El blanco principal fue la obra Cometierra, de la escritora Dolores Reyes. El motivo fue la viralización en redes sociales de un párrafo con una escena de sexo explícito, la única que incluye el libro.

Las obras cuestionadas integran el lote de 122 títulos del programa Identidades Bonaerenses y, más allá de si son o no apropiadas para la educación secundaria, no forman parte de un libro pornográfico ni están contempladas en el material que se distribuye entre los alumnos como lectura obligatoria, sino que integran bibliotecas populares, municipales y escolares. No están incluidas en el programa de Educación Sexual Integral (ESI).

En plena discusión por su discurso en Davos, Milei publicó un mensaje con la frase “esto es ideología de género”. Reposteaba un video presentado de esta forma: “Niña es obligada a masajear a un artista LGBT en una galería de arte, todos miran y la felicitan y aprueban”.

La filmación es de 2017 y tiene un largo recorrido en las redes sociales. En su momento fue una munición que usó Jair Bolsonaro en la campaña presidencial que derivó en su triunfo presidencial en Brasil.

¿Cuál es la historia de esas imágenes perturbadoras? El artista en cuestión es Wagner Schwartz. Presentaba en el Museo de Arte Moderno de San Pablo la performance “La Bête”, en la que su cuerpo desnudo podía ser manipulado por el público. Un cartel advertía de la situación y prevenía sobre la participación de menores.

La niña del video era la hija de la mujer que aparece con ella y la alienta a tocar a Schwartz. Es una familia de amigos del artista, que declaró después que no sabía que irían a ver la presentación. El escándalo se precipitó dos días después de ocurrido el hecho, a partir de la viralización en redes sociales de un video filmado por un espectador con mensajes en los que se le atribuía una intención de corromper a la niña.

“Me arruinaron la vida”, declaró tiempo después Schwartz, que recibió más de 150 amenazas de muerte y tuvo que enfrentar causas penales por abuso de menores.

Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendieron la idea de eliminar la figura del femicidio como agravante penal. “Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países que se llaman civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre“, dijo el Presidente en Davos. El ministro aclaró que impulsaría una ley de “igualdad ante la ley” para corregirlo.

La descripción, repetida por otros dirigentes y militantes libertarios, asume que el femicidio implica un agravante de pena solo por asesinar a una mujer.

Lo que dice el Código Penal es que se aumenta la condena cuando el hecho “sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. No rige para un crimen en ocasión de robo, por ejemplo. La figura se incorporó a la legislación en 2012, no por un reclamo feminista sino por impulso de familiares de víctimas. Se aprobó por unanimidad, con apoyo explícito y fervoroso de las fuerzas de centroderecha como el Pro y el partido que entonces integraba la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La arenga de Milei contra “la agenda LGBT” incluyó también una crítica a la participación de personas transgénero en el deporte competitivo. “Quieren imponernos que las mujeres son hombres y que los hombres son mujeres solo si así se autoperciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo”, dijo en Davos.

Pareció retomar la queja que encabezó a mediados de año contra la boxeadora argelina Imane Khelif, ganadora del oro olímpico en los Juegos de París. La diferencia física de Khelif sobre sus rivales desató un debate global, aunque no hay evidencias de que seatrans. El Comité Olímpico Internacional (COI) aclaró que la deportista cumplía “con todas las normas de elegibilidad”. Sin contar que Argelia criminaliza a la comunidad LGBT y las personas transexuales tienen estrictamente prohibido representar al país en competencias oficiales.

El gobierno nacional anunció en noviembre que prohibiría a los presos cambiar de cárcel en función de un cambio de sexo. Lo hizo en respuesta a un pedido del jefe de la banda de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, para que lo autoricen a cambiar de sexo y, como consecuencia, mudarse a una cárcel de menor seguridad.

Milei le dio una vuelta de tuerca al tema en el discurso de Davos, donde habló de “cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión”.

Es posible que estuviera haciendo referencia a un caso ocurrido en el penal de Bouwer, Córdoba. Un hombre fue detenido por violencia de género en 2016. En 2018 pidió un traslado al área de mujeres después de cambiar de género. Allí atacó sexualmente a una de las internas y la dejó embarazada. Un fallo judicial ratificó su prisión preventiva y ordenó su traslado a una celda sin contacto con otros internos y alegó que “por proteger sus derechos se vulneraron o pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres”.

Como hizo con la pareja de Estados Unidos que abusó de sus hijos, Milei generaliza a partir de un caso con el fin de sostener su argumento.