En Davos, con todos los focos del mundo sobre él, Javier Milei le dio entidad institucional a un discurso renuente a la diversidad sexual que militan desde hace tiempo en las redes sociales y los medios de comunicación algunos de los principales referentes libertarios. Es un relato sostenido a menudo en datos sin contexto, exageraciones y teorías conspirativas que apuntan a denunciar un supuesto lobby internacional que promueve la pedofilia y el cambio de sexo.

El aparato de comunicación oficialista niega de manera insistente el sentido homofóbico de los dichos presidenciales, en un intento de desinflar la marcha por los derechos LGTB convocada para este sábado como reacción a las palabras de Milei. La frase que encendió la polémica fue la que pronunció justo después de contar que dos hombres estadounidenses habían sido condenados por abusar de sus hijos menores de edad: “En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. ¡Son pedófilos!”.

Aludía al caso de a William y Zachary Zulock. La noticia de su condena circuló profusamente en cuentas de redes sociales de militantes de la nueva derecha internacional como una forma de denunciar una supuesta tendencia al abuso infantil por parte de los homosexuales, sin atender a las estadísticas que exhiben cómo la abrumadora mayoría de los casos de pedofilia son cometidos por varones heterosexuales del entorno familiar de la víctima.

En sintonía con Milei, dirigentes e influencers de La Libertad Avanza (LLA) echan mano a diario a generalizaciones, datos engañosos o tergiversados, videos virales y campañas internacionales de desinformación en su cruzada por alertar sobre los peligros de lo que denominan “la ideología de género”. Lo que sigue son ocho ejemplos recientes de esa campaña discursiva contra “la agenda woke”.

El primero en decirlo fue Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei. “Si yo, que tengo 49 años, quiero tener sexo con un menor de 8 años me autopercibo de 8 -total lo que prevalece no es mi realidad biológica, sino mi autopercepción- entonces no soy un abusador”, afirmó en LN+.

Un argumento casi calcado usó días después la diputada Lilia Lemoine en su intento por defender a Milei y negar que el discurso de Davos haya sido homofóbico. Dijo que “en el lobby LGBT hay personas que toman posturas pro corrupción de menores”. Y repitió: “La biología de género considera que uno se puede autopercibir como quiera, incluso como un menor de edad. Hay adultos que van a decir: ‘Me autopercibo como un niño’. Y van a zafar”.

Pero la legislación penal argentina no contempla ninguna consideración o atenuante que pueda beneficiar a un adulto que tuviera sexo o abusara de un menor de edad. No hay registro, tampoco, de un acusado que haya alegado “autopercibirse” niño para justificarse en un caso de pedofilia.

Elon Musk anunció a mediados del año pasado que mudaría la sede de su empresa Space X a Texas en protesta a una ley de California que establece cómo tienen que actuar los docentes con los alumnos LGTB. “El Estado de California te quitará tus hijos”, escribió el magnate tecnológico.

Logró viralizar la idea de que la medida, impulsada por el gobernador demócrata Gavin Newson, promociona la transición sexual de los niños al prohibirles a los maestros revelar a los padres que un chico se identifica con un género diferente al biológico.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (LLA), tomó esa argumentación esta semana para defender la preocupación expresada por el Presidente en Davos. “El gobernador woke de California sacó una ley que le impide a los maestros notificar a los padres cuando el niño en edad de primaria tome una decisión de cambio de sexo o de preferencia sexual”, dijo en una entrevista con los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase.

La ley estatal AB 1955, que entró en vigor el 1 de enero en California, prohíbe en realidad las políticas escolares que establecían sanciones para los docentes que no informaran a los padres cuestiones vinculadas a la orientación sexual o la identidad de género de los alumnos. No legisla sobre el cambio de sexo, sino que establece el consentimiento del menor como condición para que los docentes hablen del tema con los padres. El objetivo declarado en el propio texto es proteger a esos chicos de una eventual recepción negativa en su entorno familiar y para eso insta a los docentes a ayudarlos a encontrar el momento adecuado para entablar el diálogo con sus padres.

Agustín Laje, el gurú conservador que preside la mileísta Fundación Faro, suele recurrir a un ejemplo para denunciar que hay sectores del progresismo internacional que promueven el abuso de niños. “La pedofilia está muy metida dentro del wokismo. La idea del LGBT muchas veces trae la apertura de una puerta de que lo único que importa en una relación es que el deseo sea cumplimentado. Esto no es una especulación mía. En España, donde vivo la mitad del año, la exministra Irene Montero dijo que los niños tienen derecho a acostarse con los adultos si ellos lo desean”, afirmó.

Aludió a una declaración de Montero que desató infinitos debates en Twitter en 2022. Como ministra de Igualdad de Pedro Sánchez habló durante una reunión parlamentaria para defender un proyecto de ley de educación sexual. Dijo: “Todos los niños, las niñas, les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar y tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento“.

Tomada literal la última parte de la frase puede interpretarse como un aval al sexo consentido entre un menor y un adulto. Pero el contexto de la discusión era una defensa de la educación sexual en los colegios y de la necesidad de darles una formación a los niños que les sea útil en su vida adulta. De hecho, ninguno de los jefes de bloque que intervino en la sesión -incluida la del partido ultraderechista VOX- reparó en esa expresión a pesar de que se trató de un debate áspero, según recuerda el diario El País.

La polémica estalló 24 horas después cuando usuarios de Twitter viralizaron el corte de video y empezaron a denunciar que se trataba de una promoción de la pedofilia. Hasta el día de hoy circula en redes como ejemplo de la amenaza wokista a los niños del mundo.

Otro comentario que suele hacer Laje para sostener su posición refiere a unos afiches escandalosos que atribuye a la izquierda española con la frase “Si dice no, no es sexo, es agresión”, ilustrada con la cara de un niño de escuela primaria. Los desafortunados carteles existieron, pero los puso el ayuntamiento de la ciudad de Almería, donde no gobierna la izquierda sino el conservador Partido Popular (PP). La alcaldía emitió una sentida nota de disculpas al retirar la campaña.

En noviembre explotó un duro enfrentamiento entre un sector del oficialismo y el gobierno kirchnerista de Buenos Aires a raíz de la difusión en el sistema educativo provincial de libros a los que se señalaba como “pornográficos”. La vicepresidenta Victoria Villarruel levantó la bandera de la queja, al hablar de “textos repugnantes que sexualizan tempranamente a los niños” y que “exaltan la pedofilia”.

El blanco principal fue la obra Cometierra, de la escritora Dolores Reyes. El motivo fue la viralización en redes sociales de un párrafo con una escena de sexo explícito, la única que incluye el libro.

Las obras cuestionadas integran el lote de 122 títulos del programa Identidades Bonaerenses y, más allá de si son o no apropiadas para la educación secundaria, no forman parte de un libro pornográfico ni están contempladas en el material que se distribuye entre los alumnos como lectura obligatoria, sino que integran bibliotecas populares, municipales y escolares. No están incluidas en el programa de Educación Sexual Integral (ESI).

En plena discusión por su discurso en Davos, Milei publicó un mensaje con la frase “esto es ideología de género”. Reposteaba un video presentado de esta forma: “Niña es obligada a masajear a un artista LGBT en una galería de arte, todos miran y la felicitan y aprueban”.

La filmación es de 2017 y tiene un largo recorrido en las redes sociales. En su momento fue una munición que usó Jair Bolsonaro en la campaña presidencial que derivó en su triunfo presidencial en Brasil.

¿Cuál es la historia de esas imágenes perturbadoras? El artista en cuestión es Wagner Schwartz. Presentaba en el Museo de Arte Moderno de San Pablo la performance “La Bête”, en la que su cuerpo desnudo podía ser manipulado por el público. Un cartel advertía de la situación y prevenía sobre la participación de menores.

La niña del video era la hija de la mujer que aparece con ella y la alienta a tocar a Schwartz. Es una familia de amigos del artista, que declaró después que no sabía que irían a ver la presentación. El escándalo se precipitó dos días después de ocurrido el hecho, a partir de la viralización en redes sociales de un video filmado por un espectador con mensajes en los que se le atribuía una intención de corromper a la niña.

“Me arruinaron la vida”, declaró tiempo después Schwartz, que recibió más de 150 amenazas de muerte y tuvo que enfrentar causas penales por abuso de menores.

Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendieron la idea de eliminar la figura del femicidio como agravante penal. “Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países que se llaman civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre“, dijo el Presidente en Davos. El ministro aclaró que impulsaría una ley de “igualdad ante la ley” para corregirlo.

La descripción, repetida por otros dirigentes y militantes libertarios, asume que el femicidio implica un agravante de pena solo por asesinar a una mujer.

Lo que dice el Código Penal es que se aumenta la condena cuando el hecho “sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. No rige para un crimen en ocasión de robo, por ejemplo. La figura se incorporó a la legislación en 2012, no por un reclamo feminista sino por impulso de familiares de víctimas. Se aprobó por unanimidad, con apoyo explícito y fervoroso de las fuerzas de centroderecha como el Pro y el partido que entonces integraba la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La arenga de Milei contra “la agenda LGBT” incluyó también una crítica a la participación de personas transgénero en el deporte competitivo. “Quieren imponernos que las mujeres son hombres y que los hombres son mujeres solo si así se autoperciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo”, dijo en Davos.

Pareció retomar la queja que encabezó a mediados de año contra la boxeadora argelina Imane Khelif, ganadora del oro olímpico en los Juegos de París. La diferencia física de Khelif sobre sus rivales desató un debate global, aunque no hay evidencias de que seatrans. El Comité Olímpico Internacional (COI) aclaró que la deportista cumplía “con todas las normas de elegibilidad”. Sin contar que Argelia criminaliza a la comunidad LGBT y las personas transexuales tienen estrictamente prohibido representar al país en competencias oficiales.

El gobierno nacional anunció en noviembre que prohibiría a los presos cambiar de cárcel en función de un cambio de sexo. Lo hizo en respuesta a un pedido del jefe de la banda de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, para que lo autoricen a cambiar de sexo y, como consecuencia, mudarse a una cárcel de menor seguridad.

Milei le dio una vuelta de tuerca al tema en el discurso de Davos, donde habló de “cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión”.

Es posible que estuviera haciendo referencia a un caso ocurrido en el penal de Bouwer, Córdoba. Un hombre fue detenido por violencia de género en 2016. En 2018 pidió un traslado al área de mujeres después de cambiar de género. Allí atacó sexualmente a una de las internas y la dejó embarazada. Un fallo judicial ratificó su prisión preventiva y ordenó su traslado a una celda sin contacto con otros internos y alegó que “por proteger sus derechos se vulneraron o pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres”.

Como hizo con la pareja de Estados Unidos que abusó de sus hijos, Milei generaliza a partir de un caso con el fin de sostener su argumento.

Son las 12 del mediodía. Los rayos del sol, opacados por los nubarrones de tormenta, vuelven el ambiente insoportable en Clorinda, Formosa, con 40 grados de temperatura. La ciudad fronteriza se detiene y, con ello, el tráfico constante de mercancía a través del río Pilcomayo. Si no llueve, el río se vuelve apenas un pequeño arroyo, que se puede cruzar en decenas de puntos a través de “puentes” informales, hechos con pallets y maderas. Del otro lado está Paraguay. Allí se puede entrar y salir, con cualquier producto, decenas de veces, sin que ninguna autoridad lo advierta. La frontera no existe. No es el único lugar.

A lo largo de las últimas semanas, recorrió los puntos más porosos de los límites en el norte del país y reconstruyó, a través de visitas, decenas de fuentes y expedientes, las rutas más frecuentas para el ingreso y egreso de mercaderías ilegales o contrabando, como la cocaína, marihuana, drogas sintéticas, autos robados y cigarrillos. El relevamiento exhibe las zonas de Misiones, Formosa, Corrientes, Salta y Jujuy de tráfico ilegal, a lo largo de sus 3573 kilómetros de frontera con Paraguay, Bolivia y Brasil.

El recorrido comienza en Misiones. Allí, a lo largo del río Paraná, yacen cientos de balsas con las que se cruza desde tabaco y harina hasta marihuana y estupefacientes. La economía de los pueblos de la zona fronteriza es dependiente del comercio ilegal. Un viaje a la Triple Frontera, un foco de tráfico de preocupación mundial, muestra las dificultades para fortalecer los sistemas de control.

viajó desde Ituzaingó, en la provincia de Corrientes, hasta Ciudad del Este, en Paraguay, con paso intermedio por Foz de Iguazú, en Brasil, y recorrió Misiones sin que ninguna autoridad, de ninguno de los tres países, solicite documentación sobre el vehículo ni lo revise. El único control entre la ida y vuelta tuvo lugar cuando la Aduana argentina requirió una inspección. “¿Cuál es el objeto de la revisión?”, consultó . “Se hace para ver si compró cosas que superen el límite de franquicia en Paraguay”, respondió el agente. De seguridad, nada.

Son cientos los registros públicos de bagayeros, que cruzan de un lado a otro con mercadería. Son menos las detecciones in fraganti de transporte de mercaderías ilegales. A través de decenas de consultas a fuentes de la Justicia, organismos de seguridad, autoridades locales y especialistas, logró trazar las rutas más denunciadas por el tránsito de productos ilegales e incluso de personas.

La información recopilada muestra que, especialmente en la frontera noreste, existe una telaraña descentralizada de vías de tráfico que confluye en unas pocas organizaciones con base en la Triple Frontera. Según las denuncias, allí operan grupos ligados al Hezbollah, la agrupación terrorista de origen libanés, el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital (PCC), los dos grupos criminales más grandes de Brasil, uno con sede en Río de Janeiro y el otro, en San Pablo.

El PCC, el más activo recientemente y con alianza con la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa en Italia, funciona como un sindicato criminal. Nació en las cárceles brasileñas, “agremiando” adeptos que reciben protección a cambio de pago de cuotas y obediencia absoluta. Se han registrado miembros en la Argentina, aunque no hay constancia de una penetración en los clanes locales que manejan la droga en el territorio.

En la frontera norte que limita con Bolivia, en la provincia de Salta, la columna vertebral es la famosa ruta 34. Ese corredor llega desde el extremo del país, en la localidad de Salvador Mazza, hasta la cercanías de Rosario. Como dicen los especialistas en narcotráfico, no habría Rosario narco sin aquella frontera norte.

La ruta 34 tiene un punto neurálgico, donde se abre y se bifurca. Ese lugar se llama Pichanal, un centro de distribución pero también de servicios para todo tipo de transporte, sea legal o ilegal. Continúa hacia Salvador Mazza y, del lado boliviano, hacia Yacuiba. Se trata de una frontera seca donde el límite es apenas un barranco que se puede cruzar caminando sin ningún esfuerzo, en cualquier lado de la extensión.

Hacia el otro lado, siempre desde Pichanal, sale la ruta 50 que lleva a Orán y de ahí a la polémica ciudad de Aguas Blancas, que en las últimas semanas fue foco de atención por la construcción de 200 metros de alambrado para dividir la frontera y frenar el contrabando.

Según el Ministerio de Seguridad, el ingreso de la droga a la Argentina, especialmente la cocaína, se mudó hacia esa zona de la ruta 50, el río Bermejo, la funcional Aguas Blancas, la neurálgica Orán y Pichanal, un lugar que también tiene reglas propias.

Para esas tres ciudades y para lograr volver a dominar el territorio, el gobierno nacional diseñó el Plan Güemes, un esquema de traslado de fuerzas federales destinado a pelear con el narcotráfico en el medio de la yunga, sobre el río o en las ciudades.

Una de las mercaderías más rentables, cuyo tráfico se encuentra en cabeza mayormente de Hezbollah, según las investigaciones judiciales recientes, es el tabaco. Resulta un negocio tentador por el margen de ganancia y por el menor riesgo, al no ser una mercadería per se ilegal. El beneficio es alto por las diferencias en el precio de compra en Paraguay, donde los cigarrillos pueden conseguirse por céntimos de dólar, y la venta en países como Uruguay o Chile y ahora la Argentina, que tiene valores similares que sus vecinos. Hace unos días, la empresa multinacional British American Tobacco encendió una alarma con un estudio sobre el crecimiento del contrabando de cigarros a Chile. Asegura que el 52% del mercado está constituido por esta mercadería, cuando hace dos años era el 20%.

El contexto lo describió un informe reservado al que accedió en parte , que fue enviado por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich a las autoridades del gobierno del chileno Gabriel Boric. Allí se advierte sobre la detección de un crecimiento de la actividad de Hezbollah en Chile y en la llamada “triple frontera andina”. La información fue corroborada por autoridades del país vecino. Los indicios apuntan a una fuerte presencia en Chile del clan Barakat, señalado por el atentado a la AMIA de 1994, con negocios que involucran paso por la Argentina. La ruta comienza con el ingreso de la mercancía por el norte, que hace su recorrido hasta cruzar a Chile para ser vendida. Pese a los costos logísticos, la rentabilidad es cercana al 50%, según especialistas consultados por .

Los contrabandistas buscan abrir vías de ingreso. Primero se realizan pruebas con los cigarrillos, por su menor control, hasta que se asienta un paso. Luego del tráfico de atados y marihuana aparece el contrabando de autos robados. Fuentes de seguridad explicaron a que cerca del 90% de los secuestros de automotores que se realizan en operativos son vehículos robados en la zona sur del conurbano bonaerense.

La hipótesis es que se utilizan como parte de pago y sirven para transportar mercadería ilegal. En localidades como Montecarlo, en Misiones, los vecinos contaron a que es frecuente ver personas subiendo autos a balsas para cruzar el Paraná con rumbo a Paraguay. Foz de Iguazú, del lado brasileño, es un cementerio de vehículos sin patente, agolpados en talleres.

América Latina tiene tres grandes centros de producción de marihuana: Colombia, México y Paraguay. A la Argentina llega especialmente la que se produce en Paraguay, que viaja por Misiones, Corrientes y Formosa, y baja usualmente por las rutas 14 o 12 para venderse en las urbes, cruzar a otros países, sobre todo Chile, o seguir hacia el sur. Se suele acopiar en provincias como Chaco o Santiago del Estero para generar volumen de transporte y con eso reducir los costos logísticos para llegar a otros destinos.

Maniobras similares aparecen detrás del tráfico de cocaína, cuyos países productores en la región son Perú y Bolivia, principalmente. Allí se procesa la hoja de coca. De una tonelada de hoja sale un kilo que, para tomar dimensión de la rentabilidad, se puede vender a US$2000 en Bolivia, US$2500 en Salta, US$5500 en Buenos Aires y hasta US$35.000 en Europa. Las organizaciones que la producen necesitan mover grandes cantidades de la planta y procesarla en espacios poco transitados y abiertos (como la selva, que ofrece protección para la maceración con nafta o kerosén) para luego venderla.

A la a Argentina entra por dos vías: una terrestre, a través de Salta (y en menor medida de Jujuy) y otra aérea, cada vez más frecuente, con avionetas que llegan a distintos puntos del centro del país (previa escala usualmente en Paraguay), para aterrizar en aeropuertos clandestinos o incluso en campos privados. Los aviones resultan difíciles de identificar por los radares argentinos actuales porque vuelan a baja altura. Desde los campos de aterrizaje se transportan directo a Rosario o al conurbano bonaerense, especialmente al municipio de San Martín, de acuerdo con cuatro fuentes especializadas.

La amplias llanuras de la Argentina y las vías fluviales facilitan el tránsito. Las autoridades argumentan que es difícil controlar todos los contenedores que circulan por la hidrovía. Las detecciones de estupefacientes se registran cuando llegan a destino, en Alemania o España, entre otros países.

Solo Santa Fe tiene 32 puertos, de los cuales cuatro son públicos y 28 privados. Es una gran autopista internacional por la que pasan cerca de 35.000 contenedores por día, muchos de los cuales son “consolidados” en lugar de origen.

Un ejemplo se conoció cuatro años atrás, cuando un cargamento de pinturas proveniente de Paraguay pasó por territorio argentino y luego fue a Hamburgo, Alemania, donde encontraron 16 toneladas de cocaína. Al ser mercadería en tránsito, no fue controlada. Otros funcionarios adjudicaron también las falencias a la desconfianza en nuestros organismos de inteligencia. Los estados extranjeros, aun cuando conocen que saldrá por la hidrovía un cargamento de droga, no lo comparten con nuestro país por temor a que sus propias investigaciones se frustren.

Las drogas sintéticas o de diseño llegan al país por vía aérea, tanto terminadas como sus principios activos. Los autoridades apuntan que suelen llegar por courier desde los Países Bajos debido a la enorme rentabilidad con bajo peso y volumen. En un paquete de 20cm x 20cm y 1kg entran hasta 100.000 pastillas. Arriban por Ezeiza.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluó los riesgos de lavado de dinero en la Argentina el año pasado y apuntó, en su informe final, al carácter inusual de incluir a la corrupción entre los motivos, pero argumentó que se veía obligado por la situación.

Los vínculos entre las mafias dedicadas al contrabando con el poder político son numerosos. Cuando allanaron el despacho de Carlos Salvatore, un jefe narco ya fallecido, los investigadores encontraron las imágenes de su cargamento tomadas por los scanners de la Aduana.

Otro ejemplo. La mitad del concejo deliberante de Salvador Mazza, en Salta, fue condenado por vínculos con el narcotráfico. Dos jueces federales de frontera, Raúl Reynoso, de Orán, Salta, y Carlos Soto Dávila, de Corrientes, también fueron condenados. “El narcotráfico, para operar, necesita la corrupción del sistema”, explica un investigador.

El contrabando y el narcotráfico penetraron en la política de los distritos fronterizos en formato de complicidad o de colaboración pasiva. Un ejemplo de la primera modalidad: Nilda Costa, funcionaria del municipio de Iguazú, fue detenida el año pasado por -según la investigación judicial- comandar una red de contrabando que tenía como punto de llegada y salida un puerto ilegal en su propia casa.

La causa, que continúa a cargo del juez federal de Eldorado, Miguel Guerrero, determinó que se hacía en conjunto con el empresario supermercadista más importante de la zona. Todavía no se determinó su vínculo con el intendente de la localidad, Claudio Filippa, que lleva cinco mandatos y cuyo hijo, Raúl Filippa, pasó 24 horas en un calabozo y luego fue liberado, acusado de golpear a su pareja, morderle el brazo y romperle la mandíbula.

A condición de mantener su nombre en reserva, un productor agropecuario relató a su experiencia. Reveló que le compraron un camión de harina de su molino. Le indicaron que debía transportarlo hasta la la frontera con Paraguay, donde se realizaría el pago en dólares, en efectivo. Creyó que la operación iba a resolverse en unas horas, pero debió quedarse más de una semana. Las 30 toneladas que transportaba se subdividieron en bolsas de 50 kilogramos. Fueron cruzadas al otro lado de la frontera por cinco personas que cargaron bolsas al hombro hasta Paraguay. Así se contrabandeó un camión de harina.

El panorama de fronteras difusas y el delito organizado se completa con el tráfico de personas. En los pueblos visitados por este medio, en Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco, los vecinos relatan casos similares: comienzan con familias, usualmente de bajos recursos y con muchos hijos, que deciden vender o entregar a niños. Luego, desaparecen. También llegan a la Argentina adultos que son sometidos a trabajar de manera forzada, con retención de documentos. Estas historias fueron condensadas en un análisis hecho por la embajada de Estados Unidos el año pasado. “Adultos y niños argentinos, sobre todo de las provincias del norte; bolivianos, paraguayos, peruanos y de otros países son explotados en trabajos forzados. Los tratantes explotan a las víctimas en trabajos forzados en el sector de la confección, la ganadería, la agricultura (incluido el cultivo y la recolección de aceitunas, cebollas y lechugas), la silvicultura y la extracción de resina, la venta ambulante, la producción de carbón vegetal y ladrillos, el trabajo doméstico y pequeñas empresas”, establece el documento, que también alerta sobre la explotación sexual.

En el informe de GAFI, publicado a fines de diciembre del año pasado, la alarma principal detectada es el lavado de dinero a partir de estas actividades. “Los delincuentes utilizan la compra de bienes, incluidos inmuebles y bienes de gran valor en la Argentina y en el extranjero, así como usan empresas pantalla para lavar activos. La Argentina detectó la presencia de grandes grupos criminales provenientes de jurisdicciones vecinas, especialmente en las zonas de Rosario y de la Triple Frontera, pero no se registra un predominio de grandes grupos criminales organizados en el país”, sostiene.