POLITICA
Milei y Adorni | El apoyo incondicional que no alcanzó para sostener al jefe de Gabinete
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Javier Milei empezó a elevar la voz hasta llegar al umbral de un grito: “¿A usted le parece justo ejecutar a una persona honesta? ¡No voy a ejecutar a una persona honesta en el altar del ego de los periodistas que se sintieron tocados porque les dijo la verdad, que son solo periodistas!”
Esa noche del 6 de mayo, el Presidente se conectó desde Los Ángeles con LN+ para defender a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien la senadora Patricia Bullrich acababa de exigir en una entrevista que presentara de manera perentoria su declaración jurada. Milei irrumpió con la urgencia de quien quiere cortar de cuajo una discusión interna. Dijo que Adorni es “una persona honesta” y que sus números estaban “en orden”. Acusó al periodismo de querer perjudicarlo maliciosamente y enfatizó: “¡Ni en pedo se va!”.
Fue el clímax de tres meses y medio de gestos, fotos y palabras para blindar al principal funcionario de su gobierno en el trayecto de su derrumbe político, a raíz de las revelaciones sobre su inexplicado crecimiento patrimonial desde que asumió un puesto en el Estado.
Milei pasó de minimizar las denuncias contra Adorni a exigir a todos sus ministros que le dieran un apoyo incondicional.
El caso Adorni estalló el domingo 8 de marzo, cuando se descubrió que su esposa, Bettina Angeletti, había viajado en el avión presidencial a Estados Unidos. Se puso horas después que se habían ido de vacaciones en febrero a Punta del Este en un vuelo privado. Y el jueves 19 se confirmó que tenían una casa no declarada en el country Indio Cua. Ese día, Milei dio su primera ratificación explícita a su ministro coordinador. Dejó que Adorni publicara una foto de los dos con esta expresión irónica: “El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin”. Después viajaron juntos a Tucumán, donde Milei denunció una “carnicería mediática” contra el Gobierno.
Con la crisis en aumento, Adorni dio una conferencia de prensa el 25 de marzo, en la que dijo que no tenía nada para ocultar, pero se negó a dar precisiones sobre sus bienes. Apenas terminó hubo un operativo clamor en el que todos los ministros expresaron su confianza ciega en el funcionario. Karina Milei lo encabezó con este mensaje: “Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad”.
El 27 de marzo el Presidente fue a inaugurar el centro de formación de Capital Humano y resaltó la figura de la ministra Sandra Pettovello, después de recordar los días difíciles en los que se había enfrentado a las organizaciones piqueteras. Hizo una pausa, buscó con la mirada a Adorni y dijo: “Así es que, Manuel, en algún momento después va a tocar darte las gracias”.
El 2 de abril, en el acto por las Malvinas, se abrazó efusivamente con Adorni delante de las cámaras para que el gesto no pasara inadvertido.
Siete días después, en una entrevista en la TV Pública, volvió a mencionar a Adorni. Se refirió a él como “el maravilloso jefe de Gabinete que tengo”. La semana siguiente Karina Milei se llevó a su protegido a un viaje a Vaca Muerta, en otra señal de abroquelamiento.
Bronca con el periodismo
A medida que se acumulaban las sospechas sobre el funcionario crecía a la par el nivel de agresión de Milei al periodismo y a los medios de comunicación. “El 95 por ciento de los periodistas argentinos son delincuentes y escriben financiados por otros países o con medios que tienen conflictos con el gobierno porque quieren prebendas o responden a empresarios. Están contaminados y se dedican a envenenar a la gente”, dijo en la TV Pública.
Esa inquina quedó en evidencia el 29 de abril, cuando acompañó a Adorni a la sesión de control en la Cámara de Diputados. “¡Chorros! Corruptos son ustedes”, les gritó a un grupo de cronistas que le preguntaron en un pasillo su opinión sobre la presentación del jefe de Gabinete.
Adorni había dicho en el recinto que todas sus declaraciones de bienes habían sido presentadas, “sin ocultación alguna”. Una declaración que lo condenó un mes y medio después, cuando confesó que había ahorrado “en negro” durante 25 años y que no había incluido en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción una parte sustancial de su patrimonio. “¡Vamos, Manuel!”, había bramado Milei desde el palco principal, mientras aplaudía de pie, en el momento en que se inició el debate.
En la previa había filmado un video con todos sus colaboradores principales rodeando a Adorni musicalizado con la canción “Eye of the Tiger”, de la película Rocky.
El intento de pasar página fracasó estrepitosamente el 4 de mayo cuando el contratista Manuel Tabar declaró en la Justicia que Adorni pagó 245.000 dólares para refaccionar la casa de Indio Cua. Milei no titubeó. Al día siguiente lo sumó a una reunión en la Casa Rosada con entidades de la comunidad judía internacional. Con foto y todo.
Pero la presión interna empezó a hacerse insoportable ante lo que parecía una caja de sorpresas permanente que debilitaba el relato del Gobierno. Bullrich lo blanqueó cuando urgió a Adorni a dar explicaciones y desató la reacción de Milei.
“Si tuviera los dedos sucios se iría. Pero estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y una persona de bien. “Los números están en orden y van a ser presentados. No nos preocupa porque tiene todos los números en orden”, dijo la noche del 6 de mayo Milei, en esa intervención televisiva desde Los Ángeles.
Argumentó que Bullrich había “espoileado” a Adorni porque sabía que estaba a punto de presentar la declaración jurada en la que quedaría todo claro. “Ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado”.
Indignado con lo que le preguntaban Luis Majul y Esteban Trebucq, insistió: “A mí el desgaste político no me importa porque yo trato con seres humanos. Con seres humanos nobles, honestos que vinieron a hacer grande la Argentina nuevamente. El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia como hacen regularmente, que hacen de fiscales, de jueces y hacen juicios sumarísimos”.
Al contratista Tabar lo trató de “mentiroso” y lo describió como “militante kirchnerista” con un “prontuario muy dudoso”. Hasta se permitió ningunear un detalle que captó la atención popular sobre las obras que hizo Adorni: “Hablaban de una cascada y después se vio que eran dos cañitos de agua”.
-¿A usted le presentó los papeles? -le preguntaron.
-A mí lo que me presentó estaba en orden. Me consta que está limpio -respondió.
Cada vez peor
El apoyo no cesó. El viernes 8 Milei reunió al Gabinete y exigió un respaldo monolítico a Adorni. Incluso cruzó con tono enérgico a Bullrich cuando ella pretendió insistir con la necesidad de explicar sin más dilación los detalles de la evolución patrimonial del funcionario. Después se fue y dejó a Adorni al frente de la reunión.
El 22 de mayo el Presidente habló ante la Bolsa de Cereales, donde celebró el éxito político de haber sancionado la reforma laboral. “Los únicos que pudimos hacer eso en la historia fuimos nosotros. Gracias a ese enorme equipo que tenemos con Manuel Adorni, con Karina Milei, con Santi Caputo, con el Colo Santilli, que son los que manejan la cuestión política”. Vaya sí que somos buenos gestionando y generando resultados”.
El infortunio de Adorni continuó y se instaló una pregunta: ¿por qué lo sostienen? Se hizo ensordecedor el ruido político cuando Adorni confesó en LN+ que había ahorrado en negro y que iba a rectificar las declaraciones juradas que, hasta entonces, definía como impolutas. Esa noche Milei se limitó a reuitear un tuit lleno de elogios a Adorni de un funcionario menor, Santiago Oría.
La mesa política se reunió al día siguiente. Se sacaron una foto con Patricia Bullrich y una torta de cumpleaños. Adorni se ubicó a un costado, como si quisiera facilitar futuras ediciones de esa imagen.
Ya corría la cuenta regresiva. En el Senado se había activado el proceso que podía terminar en una traumática e inédita destitución. El blindaje empezaba a romperse.
El viernes 19 se anunció un nuevo vocero presidencial (Adrián Ravier) y un nuevo secretario de Medios (Fabián Fernández). El jefe de Gabinete, limitado, siguió siendo un problema irresoluble.
El Gobierno derrochó capital político para demorar un proceso en el Congreso que parecía inevitable. El jueves, al llegar a Madrid, Milei volvió a hablar de Adorni: “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada, pero yo creo en su honestidad. A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”. Fue el gesto del final. La suerte de Adorni estaba echada.
LA NACION,Política
POLITICA
Crece la tensión entre el fiscal y el juez de la causa por el enriquecimiento de Martín Insaurralde y Jesica Cirio
La relación entre el juez federal Luis Armella, que investiga a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, y el fiscal federal del caso, Sergio Mola alcanzó un pico de máxima tensión.
Mola acusa a Armella de demorar la causa, pero no es la única diferencia. También discrepan sobre los pedidos de captura de los sospechosos que impulsa el fiscal y sobre la exclusión de la segunda esposa del exfuncionario, Carolina Álvarez, en un peritaje contable clave que va a determinar si hubo enriquecimiento ilícito del exintendente.
Los roles de ambos son diferentes; el fiscal acusa, impulsa la acusación y empuja el caso, y el juez debe evaluar la prueba y conceder o no los pedidos de las partes.
Las diferencias de mirada van mucho más allá de los aspectos procesales. El fiscal Sergio Mola pidió indagar a Insaurralde y el juez Armella no hizo lugar a esa solicitud.
El viernes pasado, Mola pidió detener a Insaurralde y a Jesica Cirio, exmujer del exintendente, al entender que pueden sustraerse de la justicia o perjudicar la investigación.
Lo determinante para el pedido de detención fue la difusión de los videos de Cirio rodeada de fajos de dólares en paquetes termosellados, ocultos en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde.
Los funcionarios de la Fiscalía se hartaron. “Si tienen este dinero escondido en un placard, cuánto más habrá invertido o depositado en otros ámbitos”, se preguntan.
Antes de que, una vez más, “le tomen el pelo a la justicia”, en la fiscalía decidieron actuar ante la presunción de que los acusados se les estaban riendo en la cara, según reconocieron allegados a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal.
El pedido de detención de Insaurralde y Cirio hay que leerlo en la clave de la indignación de la fiscalía, antes que en la lógica de la fría letra de la ley.
El juez Armella no contempla hacer lugar al pedido de detención. No está dispuesto a avanzar en esta dirección. Seguirá con la impronta que le dio a la causa durante el ultimo año.
La semana próxima tendrá lugar un casi seguro rechazo a la pretensión del fiscal y pagará el costo que correspondaa ante la opinión pública.
Los investigadores calculan, de acuerdo a las imágenes, que podrían haber unos 10 millones de dólares en el vestidor.
Mola ya venía insistiendo desde el año pasado con el pedido de indagatoria de Martín Insaurralde, cuyo último cargo político fue ser jefe de Gabinete de Axel Kicillof.
La indagatoria fue preparada por Mola junto a su colega Diego Velasco de la Procelac, que es la fiscalía especializada en lavado de dinero. El informe patrimonial que reconstruyeron los fiscales fue lapidario.
Detectaron decenas de millones de gastos sin justificar, solo de los viajes al exterior que hizo Insaurralde; imposibles de cubrir con su sueldo de empleado público de la provincia de Buenos Aires.
También descubrieron supuestas negociaciones con contratistas de la municipalidad, investigaron a supuestos testaferros e imputaron a hijos, a la segunda esposa de Insaurralde, Carolina Alvarez, y otros parientes.
Era el momento en que la Argentina se jugaba en Paris la aprobación de su calificación en el Grupo de Accción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a los países por sus políticas contra el lavado de dinero.
La Unidad de Información Financiera, a cargo entonces de Ignacio Yacobucci, había también pedido indagar a Insaurralde y a Cirio por lavado y enriquecimiento ilícito, pero en el Gobierno nacional los frenaron y echaron al segundo de Yacobucci, Manuel Tessio.
La fiscalía se diferenció y pidió indagar a Insaurralde por esos delitos con los elementos que tenía en ese momento. Pasó casi un año y ahora cuenta con más elementos para avanzar contra Cirio y el resto de los acusados. Ya se prepara un nuevo pedido de indagatoria.
Pero nada de esto ocurrirá hasta que concluya un peritaje contable que culminará supuestamente el 17 de julio, con 75 puntos de pericia, que determinará si Insaurralde, Cirio y el resto de los acusados pueden o no justificar sus gastos.
Los peritos oficiales y de parte vienen hasta ahora firmando en conjunto las respuestas a los puntos de pericia. Faltarían cinco para concluir el trabajo y los abogados defensores están confiados en que el resultado los favorecerá.
Es una cuestión al menos dudosa si se mira en detalle el video del vestidor millonario. Por eso, la voluntad de Cirio de excluirlo como evidencia y mencionar que su aparición es producto de una trama extorsiva.
Sacar el video de la causa y excluir el allanamiento a su casa, donde encontraron drogas y armas, es parte de su estrategia de defensa.
El peritaje
Pero las diferencias entre el juez Armella y el fiscal también pasan por un peritaje en cuanto al patrimonio que abarca a Carolina Álvarez, la segunda esposa de Insaurralde.
Insaurralde se casó en primer lugar con Liana Toledo, hija del exintendente de Lomas de Zamora Hugo Toledo y madre de Martín y Rodrigo, sus dos primeros hijos. Los bienes e ingresos de ellos están también en la mira. La mujer es funcionaria del otro juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.
Luego, Insaurralde formó pareja con Carolina Alvarez, quien era la esposa del hermano de Liana, Leandro Toledo. Es decir, se enamoró de su exconcuñada.
Ambos tuvieron a Bautista, el tercer hijo del exintendente. En 2008 decidieron separarse.
Con posterioridad, el exintendente de Lomas de Zamora se casó con Jesica Wanda Cirio, quien está investigada en esta causa, junto con Sofía Clerici, la “acompañante de viajes” con la que navegaron en el yate Bandido por el Mediterráneo en Marbella en 2023.
Ese periplo en yate fue el disparador de la investigación judicial por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El juez Armella entendió que la exesposa de Insaurralde, Carolina Alvarez, no está imputada en la causa en que se investigan los bienes del exfuncionario y la excluyó del peritaje contable.
La resolución sorprendió a la Unidad de Información Financiera, a la fiscalía de Sergio Mola y a los querellantes de Poder Ciudadano, que apelaron esta decisión.
El juez rechazó la apelación y ahora el asunto está en la Cámara Federal de La Plata, que debe decidir si se avanza o no con el análisis de los bienes de Álvarez.
El juez Armella argumenta que el período por el que se investiga a Insaurralde es desde 2009, cuando fue intendente de Lomas de Zamora en adelante; por eso hay que excluir la compra del terreno que hizo Álvarez donde se construyó la casa en San Vicente, que es de 2006.
Pero los fiscales creen otra cosa. Mencionan que Álvarez está imputada como testaferro de Insaurralde por adquirir esos terrenos en su nombre.
Diego Iglesias, que es el fiscal ante la Cámara de La Plata que debe decidir sobre el asunto, apoyó el reclamo de Mola. Dijo que era necesario incluir en el peritaje una averiguación para determinar el origen de los fondos con los que fueron adquiridos los terrenos en los que luego se alzó la mansión de Insaurralde en San Vicente, en torno a los cuales Álvarez aparece mencionada.
Entre lo que se va a analizar hay un supuesto préstamo o donación de US$250.000 que habría hecho Insaurralde a Cirio y se buscarán determinar los orígenes de esos fondos.
También se analizará cómo se pagó el viaje realizado en 2023 por Insaurralde a Marbella, cuando compartió una semana con Clérici en una villa de lujo y navegó en el yate Bandido mientras tomaban champagne en el Mediterráneo.
Otro de los asuntos que se ahondará es cómo pagó los pasajes de avión con los que realizó un centenar de vuelos, ya que sus ingresos en blanco no permiten costearlos. Asimismo, se evaluará el mecanismo de adquisición de la quinta de San Vicente, donde el exintendente vivió con Cirio, y la compra de vehículos de lujo que utilizaban él y algunos colaboradores.
Allí es donde fue incluida Álvarez. El fiscal pidió en uno de los puntos de pericia que se “determine y explique en particular si, de acuerdo con los ingresos declarados por Carolina Álvarez las retenciones impositivas y los consumos declarados en el período, poseía la capacidad económica para afrontar el pago de 26.000 dólares estadounidenses al 11 de mayo de 2006”.
El fiscal Iglesias defendió la inclusión de Álvarez y dijo que es difícil entender la decisión del juez Armella de dejarla fuera del caso. “Resulta difícil de entender que el juez, contradiciéndose con todo lo que venía afirmando previamente, incluso dictando medidas de importancia respecto de Álvarez, como lo es la cautelar antes de la indagatoria, que ahora sostenga sin más que no resulta imputada, y deje afuera del peritaje el punto pericial relativo a ella”, señaló.
Esta diferencia será la que ahora deba zanjar la Cámara Federal de La Plata, y el resultado de este conflicto determinará que se tenga que completar luego o no el peritaje contable próximo a concluir.
encontraron drogas y armas,,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Reelecciones indefinidas: los 80 intendentes de PBA que no podrán competir por un nuevo mandato si no cambia la ley
Para ver la información completa, pararse sobre cada municipio
De cara a los comicios del 2027, el debate para habilitar una re-reelección de los intendentes en la Provincia de Buenos Aires sigue sobrevolando la política bonaerense. La prohibición de un tercer mandato consecutivo es resistida por jefes comunales de distintos sectores, pero impulsada más abiertamente por los que están alineados con el gobernador Axel Kicillof.
Hoy, con la norma vigente, 80 intendentes de la Provincia de Buenos Aires – el 59% del total- no pueden postularse para un nuevo período. El número surge del análisis realizado por Infobae de la fecha en que fueron electos y sin contabilizar los años en que cumplieron funciones como interinos.
De esa cifra, 51 son de Unión por la Patria; 16 de la UCR; 7 del PRO; y 5 de fuerzas vecinales. El último es un ex PRO – Diego Valenzuela – que, a principios de 2025, se pasó a la LLA.
Hoy, del total de 135 intendentes, hay 44 jefes comunales con más de 10 años de mandato consecutivos. Cuatro de ellos llevan 24 años al frente de sus municipios. Son los peronistas Mario Secco (Ensenada); Ricardo Curutchet (Marcos Paz) y Héctor Olivera (Tordillo). A este grupo se suma el radical Miguel Angel Lunghi, de Tandil. Todos fueron electos por primera vez en 2003 y reelectos hasta el presente.
Qué dice la ley
Actualmente, por una ley impulsada durante la gestión de María Eugenia Vidal (Nro 14.836), los jefes comunales sólo pueden aspirar a dos mandatos consecutivos. Sancionada en 2016, contó con el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa.
Pero ante el reclamo de los intendentes de que no podía ser retroactiva, fue modificada en diciembre de 2021 para que entrara en vigencia post sanción. La reforma (ley Nro 15.315) estableció que serían considerados como “primer período” a los efectos de la reelección, los mandatos iniciados en 2017 para los diputados, senadores, concejales y consejeros escolares, y 2019 para los intendentes y legisladores electos ese año.
La norma modificada estableció, además, que en el caso de los mandatos iniciados en 2021, se computaría como primer período sólo en el caso que el legislador, concejal o consejero escolar no hubiera ejercido un mandato inmediato anterior.
La disputa política
Pero intendentes de distintos espacios políticos argumentan que la ley restringe el derecho de los ciudadanos a elegirlos. Aunque son los jefe comunales alineados con el Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Kicillof los que viene haciendo público este reclamo, es compartido por lo bajo por otros sectores, como por ejemplo, el radicalismo.
El propio gobernador bonaerense y su ministro de Gobierno y mano derecha, Carlos Bianco, apoyaron explícitamente este reclamo bajo el argumento de que la limitación es “proscriptiva”. “Creemos que la reelección de los intendentes por parte de su pueblo es lo mas democrático posible. Es el pueblo el que debe poder definir quien lo gobierna e impedir la reelección de una persona tiene caracter proscriptivo”, sostuvo Bianco hace unos meses.
El tema debería tratarse en la Legislatura bonaerense este año, ya que el próximo es electoral. Pero la posibilidad de habilitar las reelecciones indefinidas o un tercer mandato consecutivo en 2027 no tiene demasiadas chances, por ahora, de avanzar por la disputa interna dentro del peronismo.
Hoy, los legisladores que responden al gobernador no sumarían los votos necesarios para avanzar con una modificación de la ley. Pese a que el bloque de Unión por la Patria (UP) tiene mayoría en el Senado (24 de 46 bancas), y es la primera minoría en Diputados (39 de 92 bancas), la ruptura entre el sector que responde a Kicillof y La Cámpora está cada vez más expuesta.
La agrupación conducida por Máximo Kirchner no le habilitará a Kicillof una reforma con la que busca atender el pedido de los intendentes que forman parte de su espacio, y que son los que traccionan votos en el territorio. “La Cámpora no le va a hacer ese favor a Axel sin nada a cambio. Va a poner la posibilidad de la re-reelección de los intendentes en la mesa de negociación junto con los pliegos de jueces, el calendario electoral en la Provincia (comicios concurrentes), y la candidatura a gobernador”, le dijo a Infobae un intendentes del espacio del kicillofismo.
Por otro lado, el Frente Renovador – que también impulsó la norma en 2016 – mantiene su oposición a la reelecciones indefinidas. Desde mayo pasado, la estratégica Comisión de Reforma Política en el Senado bonaerense – por donde debería empezar a discutirse una modificación a la ley – está presidida por la massista Malena Galmarini.
El año pasado, la senadora bahiense Ayelén Durán, alineada con Kicillof, presentó un proyecto de reelecciones indefinidas de intendentes en la Provincia de Buenos Aires, que nunca llegó a ser tratado. Ese cuerpo sí aprobó, en junio de 2025, otra iniciativa que habilitaba la re-re de diputados y senadores provinciales y concejales y consejeros escolares.
A su vez, La Libertad Avanza, aspira a una renovación de jefes comunales, por lo que tampoco está de acuerdo con permitirle a los intendentes peronistas buscar mantener anclaje político y competir por un nuevo mandato. Actualmente, solo el Municipio de Tres de Febrero está enrolado en LLA, si bien Valenzuela fue electo senador provincial en 2025 y pidió licencia en el cargo que coupa al frente del Municipio desde 2015. Lo reemplaza el primer concejal de la lista que ganó a nivel local en 2023, Rodrigo Aybar, hasta diciembre de 2027.
La UCR, que hoy tiene 26 intendentes en la Provincia, no ve con malos ojos la posibilidad de ser reelectos más de una vez, pero no quiere dar públicamente esa batalla. Por su parte el PRO – con 13 jefes comunales bonaerenses -, tampoco quiere aparecer defendiendo las reelecciones indefinidas.
Por estos motivos, hay un grupo de intendentes peronistas que buscan que la Corte Suprema provincial derribe la restricción antes de las próximas elecciones del 2027, y así evitarían, además, dar este debate de cara a la sociedad.
En el Gran Buenos Aires
Del Gran Buenos Aires, hay 28 jefes comunales inhabilitados para un nuevo período a partir de 2027 sobre un total de 40, entre ellos varios caudillos peronistas.
De estos 28 intendentes, 25 son de UxP (90%), uno es del PRO (Sebastián Abella, de Campana); uno de LLA ( Valenzuela, de 3 de Febrero) y otro es un ex Juntos por el Cambio, hoy enrolado en una fuerza vecinal (Jaime Méndez, de San Miguel).
No pueden reelegir intendentes alineados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) como Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Secco (Ensenada), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Fernando Espinoza (La Matanza), Andrés Watson (Florencio Varela), Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), y Fabian Cagliardi (Berisso), entre otros.
En la misma situación están también otros con peso político propio o que hacen equilibrio en la disputa entre Kicillof y Cristina Kirchner, como Gustavo Menéndez (Merlo); Ariel Sujarchuk (Escobar); Mariel Fernández (Moreno) que aspira a competir como posible candidata a gobernadora en 2027; Lucas Ghi (Morón), y Julio Zamora (Tigre), entre otros.
Tampoco pueden postularse a un nuevo mandato en 2027 el kirchnerista Mario Ishii (José C. Paz); Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), alineado con Cristina Kirchner; ni los camporistas Mayra Mendoza (Quilmes), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Mauro García (General Rodríguez), Leonardo Boto (Luján) y Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes).
Del Frente Renovador, no podrán presentarse Juan Andreotti (San Fernando), Blanca Cantero (Presidente Perón), ni Javier Osuna (General Las Heras).
En el interior de la Provincia
Los 16 radicales que no puede ir por un nuevo mandato en 2027 son todos del interior. Además de Lunghi, aparecen Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Salvador Serenal (Lincoln), Matías Rappallini (Maipú), José Luis Salomón (Saladillo), José Castro (Monte), Román Bouvier (Rojas), y Lisandro Hourcade (Magdalena), entre otros.
Los 7 jefes comunales del PRO inhabilitados a un nuevo período con la ley actual son, además de Abella (Campana), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), actualmente de licencia ya que asumió como senador provincial en diciembre de 2025; Pablo Petrecca (Junín), también de licencia ya que fue electo senador provincial el año pasado por la alianza Somos Buenos Aires; Lisandro Matzkin (Coronel Pringles); Javier Martínez (Pergamino); Esteban Reino (Balcarce); y Jorge Etcheverry (Lobos).
Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
El juez federal Sebastián Ramos procesó al dirigente social Juan Grabois por liderar la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, en junio del año pasado, y lo embargó por $5.000.000. Le atribuyó los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad.
El juez dio por acreditado que Grabois encabezó el ingreso al lugar —que estaba cerrado y custodiado— y luego alentó la permanencia pese a la orden de desalojo transmitida por la Policía, que llegó al lugar después.
El procesamiento, dictado el viernes, alcanza también al militante Valentín Peralta, que fue embargado por un millón de pesos.
El hecho ocurrió pasado el mediodía del sábado 7 de junio de 2025. Un grupo de exempleados, acompañados por distintos dirigentes políticos, como Grabois, tomó la sede, ubicada sobre la calle Austria, en el barrio de Recoleta, en protesta contra su cierre, el despido de sus empleados y una “posible” venta del edificio. Lo hicieron a través de Un Café con Perón, el bar lindero, que está conectado con el Instituto por una puerta.
De la toma -una “permanencia pacífica”, según los manifestantes- participaron también la legisladora Victoria Freire y la diputada nacional Natalia Zaracho.
Los manifestantes fueron desalojados un par de horas después por la Policía Federal y fuerzas de la Ciudad, que despejaron el edificio y la esquina y se llevaron detenido al dirigente, en medio de empujones y forcejeos.
Al ser indagado por el juez, a principios de mes, Grabois evitó declarar, pero se desligó del ingreso al lugar en un descargo que presentó su abogado, Nicolás Rechanik.
En el escrito, el dirigente sostuvo que llegó en calidad de abogado de una cooperativa y solo para mediar “institucionalmente”.
El juez no dio crédito a esa versión. Dijo en su resolución que los videos incorporados al caso muestran a Grabois en el patio interno del bar, luego avanzando por el pasillo que conectaba con el Instituto y, minutos después, ingresando al edificio encabezando al grupo de manifestantes, tras la caída de una placa de durlock y un ventilador.
“Dichas imágenes resultan elocuentes para desvirtuar los dichos de esa parte en tanto sostuvo que habría concurrido al establecimiento en su rol de abogado y con posterioridad al ingreso de los manifestantes”, dice Ramos en su resolución.
Valoró especialmente que el dirigente social hubiera posteado en sus redes sociales un mensaje convocando a “defender” el Instituto, que, según dijo, había sido “usurpado” por el “gobierno oligarca”.
En la causa intervinieron el fiscal Carlos Rívolo y el Ministerio de Capital Humano, en el rol de querellante.
Tras el procesamiento, el frente Patria Grande emitió un comunicado en el que calificó la medida como un “mamarracho jurídico”. “No nos vamos a dejar amedrentar por Milei y la mafia judicial de Lago Escondido”, sostuvieron.
La referencia alude al sobreseimiento que el juez Ramos ordenó sobre todas las personas que fueron investigadas por el viaje a Lago Escondido, incluido el ahora ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El descargo también asocia el procesamiento de Grabois con el llamado a indagatoria de José Luis Espert, una causa que tramita en San Isidro y se inició con una denuncia del dirigente.
“No hay dudas de que lo de Espert es solo la punta del iceberg de una red de lavado de dinero que, en caso de avanzar la investigación, se llevará puesto unos cuantos más”, dijeron.
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