Esa lógica de Milei se traslada al manejo de sus equipos de ministros, asesores y colaboradores. En los 223 días que lleva al frente del Gobierno, el líder de los libertarios echó a unos 55 funcionarios de alto rango. Es decir, personas que habían sido designadas en puestos estratégicos de la función pública y que estaban al mando de carteras, secretarías, subsecretarías o empresas que controla el Estado. En base a esas cifras se deduce que, en promedio, casi dos funcionarios fueron eyectados por semana de sus cargos desde que Milei tomó posesión el 10 de diciembre pasado. Dicho de otro modo: cada cuatro días de gestión, un integrante de la planta política de la administración nacional fue desplazado de sus funciones por orden de Milei, quien dio el salto a la política grande sin contar con experiencia en la gestión de grandes estructuras de poder o la tarea de articular equipos de asesores y manejar enormes presupuestos.

Julio Garro (Deportes) y Fernando Vilella (Bioeconomía) fueron las últimas víctimas de la ira de Milei y de su principal comisario político en el aparato estatal: Santiago Caputo, asesor de la Secretaría General de la Presidencia. Caputo es el funcionario que más poder acumuló en la Casa Rosada desde que Nicolás Posse fue exonerado de la jefatura de Gabinete. Como Karina Milei, el influyente asesor se sienta en la mesa chica del Presidente y se mete directamente en decisiones de ministerios u organismos públicos, donde coloniza áreas con soldados fieles.

El ritmo frenético de la “purga” que ejecutan de manera impiadosa Milei y Caputo ante aquellos que contradicen el relato oficial o no se alinean con las directivas expresas que emanan desde la cúpula del Gobierno no aminoró con el correr de la gestión ni la aprobación de las reformas económicas en el Congreso. Al contrario, en los meses de mayo y junio, cuando ya concluía el primer semestre de los libertarios en el poder, hubo un récord de despidos. Al menos veinticuatro funcionarios perdieron su lugar en la estructura nacional en esos 60 días. O sea, hubo doce expulsados por mes. Hasta ese momento los picos máximos se habían dado en febrero y abril, con siete bajas. Y en lo que va de julio ya se fueron seis altos funcionarios. El dato se desprende de un trabajo del politólogo y consultor Pablo Salinas, quien realiza un monitoreo diario de los despidos en el Estado. Las áreas que más bajas sufrieron son Capital Humano (29%); Economía (24%), Jefatura de Gabinete (13%); Salud (7%); y Educación (5%).

Con la cesantía de Posse como jefe de Gabinete, no solo se aceleró la mutación en el seno del equipo de ministros, sino que se instauró una nueva dinámica interna en la Casa Rosada. En rigor, las necesidades políticas se impusieron a las urgencias de la gestión. Aquellos colaboradores de Milei que estaban encargados de la estrategia electoral y el armado político se quedaron con el control y la gerencia del Estado.

Poco a poco, Caputo desarmó el diseño organizacional que había preparado Posse desde que inició la campaña presidencial. Guillermo Francos, el fixer de Milei a la hora de trenzar acuerdos con la oposición en el Congreso, fue promovido a ministro coordinador, pero, en rigor, su misión principal sigue siendo la articulación política. “Nadie ordena la gestión y tiene que ver con una mirada política: el Estado no tiene impacto, solo genera problemas o intervenciones innecesarias en la vida de la gente. Entonces, creen que por más que mejoren el funcionamiento del equipo, el impacto va a ser marginal en la sociedad”, grafican cerca de un ministro de Milei.

En paralelo, Caputo delegó tareas de la jefatura de Gabinete en el nuevo ministerio del “coloso” Federico Sturzenegger y colocó a sus leales en posiciones estratégicas o áreas donde hay cajas codiciadas. Por caso, el abogado Silvestre Sívori, el titular de la AFI que había seleccionado Posse, fue reemplazado por Sergio Neiffert, un hombre que responde a Caputo. El asesor más influyente de la Casa Rosada también se quedó con el manejo de la secretaría que administra las empresas del Estado, donde ubicó a Diego Chaher. La privatización de las compañías públicas es uno de los objetivos prioritarios para el relato de Milei. Por esa razón, Caputo oficia como un “facilitador” de los encargados de llevar adelante el proceso de venta. Antes de que Chaher se hiciera cargo de las privatizaciones, el asunto estaba en manos de Mauricio González Botto, cercano a Posse.

En el Gobierno quedan pocos funcionarios de confianza del exjefe de Gabinete en cargos relevantes. Sobrevivieron José Rolandi, que tuvo un rol clave en la negociación con la oposición para sancionar la Ley Bases y el paquete fiscal, y Julio Cordero, secretario de Trabajo. O los jefes de las fuerzas federales -como Alfredo Gallardo, titular de la PSA-, a quienes Posse designó antes de que Patricia Bullrich pudiera hacer sugerencias.

Al igual que Rolandi o Cordero, Eduardo Rodríguez Chirillo se mantiene cargo de la Secretaría de Energía. Chirillo, del equipo de Carlos Bastos y Domingo Cavallo, también sufre el agobio de la avanzada de Caputo, quien influye en el área energética a través de Mario Cairella, vicepresidente de Cammesa. Lo mismo padece Diana Mondino en Cancillería, donde Karina Milei puso como veedora a Úrsula Basset.

Asimismo, los tentáculos de Caputo llegan al Enacom, YPF -con Guillermo Garat- o el sector de Salud, donde Mario Lugones -su hijo Rodrigo es íntimo amigo del estratega de Milei- tiene una enorme capacidad de interferencia. A su vez, el asesor presidencial desembarcó en el Ministerio de Justicia, donde Sebastián Amerio controla de facto los hilos de la cartera de Mariano Cúneo Libarona, quien perdió a su mano derecha, el abogado Diego Guerendiain, en mayo pasado.

Pese a que el avance de Caputo genera roces internos y despierta reproches, Francos avaló el nuevo diseño de la Jefatura de Gabinete porque no tiene intenciones de ser un controller de la gestión o asumir la performance de monitorear al resto de los ministros. De hecho, nombró pocos hombres de su confianza en áreas clave y delegó tareas en Caputo. Por ejemplo, apenas colocó al radical José Luis Vila para reemplazar a Jorge Antelo, un leal a Posse, al frente de la Secretaría de Estrategia Nacional. Es que Francos no exhibe voluntad de construir poder. Prefiere enfocarse en crear relaciones con los dialoguistas y fortificar la base de sustentación política de Milei.

De este modo, la gestión de Milei se quedó sin un liderazgo definido que oficie como ordenador, admiten funcionarios actuales y cesanteados por el Presidente. Y la avalancha de 55 despidos de altos funcionarios provoca un mal clima interno. “Se despide gente por cualquier error y eso genera poco compromiso, o que nadie se quiera sumar. Los que están solo buscan sobrevivir”, retrata un asesor del Gobierno. La nueva estructura de la Jefatura de Gabinete se reflejará en el decreto de reformulación del Estado que preparan en Balcarce 50.

En las últimas horas, Francos buscó relativizar el efecto de la ola de despidos en la calidad de la gestión. A pesar de que admitió que Milei aún no pudo consolidar los equipos porque LLA es una fuerza nueva, vinculó las intempestivas salidas de funcionarios a la falta de resistencia de los desplazados a las dificultades de la gestión, y no a las falencias del liderazgo del Presidente o la ausencia de experiencia en la función pública. “Hay mucha gente que llegó a la función pública y no tuvo el aguante suficiente”, señaló Francos en una entrevista que concedió al diario Perfil.

La mutación del Gabinete de Milei también exhibe cómo el Presidente fue perdiendo aliados o desgastando los vínculos con sus socios políticos a raíz de los contratiempos de la gestión o los traspiés en las batallas legislativas del oficialismo. Eso se refleja, por ejemplo, en las salidas de Osvaldo Giordano (Anses), Flavia Royón (Minería), Pablo de la Torre (Niñez, Adolescencia y Familia) y Omar Yasín (Trabajo), entre otros. Con excepción de Bullrich o Luis Petri (Defensa), los aliados fueron relegados a un rol marginal.

Según Federico Aurelio, de Aresco, los despidos en el Estado no afectaron hasta ahora el nivel de imagen del Presidente en las encuestas. “No modificó nada, ni para bien ni para mal. Fue absolutamente inocuo. Si la gente viera que las cosas no funcionan y hay una continuidad de estos movimientos, lo puede afectar a Milei en el futuro, sobre todo, si no se ven resultados”, indica Aurelio.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella volvió a caer en junio, cuando el Presidente echó a doce funcionarios. Según la encuesta, la gestión de Milei obtuvo 2,46 puntos (en una escala que va de 0 a 5), lo que significó una baja del 2,1% respecto de mayo.

Cuando aún formaba parte del Gobierno, Posse supo ser un pararrayos cuando el Presidente o Caputo pedían cortar cabezas de funcionarios díscolos en un ataque de furia. “¿Para qué los vamos a echar?”, respondía Posse en situaciones de crisis para apaciguar los ánimos e intermediar. Pedía templanza para no incrementar la incertidumbre y el desorden en el manejo de la gestión del Estado. En cambio, los detractores de Posse creían que exhibía quietismo en la toma de decisiones. “Yo soy bilardista, esto es resultado puro. Se fue Posse y la productividad del gobierno voló”, afirmó el viernes último Milei en diálogo con el canal Neura.

El exjefe de Gabinete chocaba con Caputo a la hora de avanzar con nombramientos en sillas codiciadas. “No renuncié tres veces, sino más de 300″, suele decir Posse a sus íntimos. Por estos días disfruta de unos días de vacaciones con su familia, alejado de los altos niveles de estrés de la función pública. Al igual que durante su travesía por el Gobierno, Posse sigue cultivando un bajo perfil. “Los que trabajamos desde el principio estamos apenados. Ahora la épica del relato no está en la inexperiencia de liderazgo de la mesa chica de Javier, sino que la gente que llegó a la función pública ‘no tenía aguante’”, ironiza un exfuncionario nacional de LLA.

El gabinete de Milei se gestó durante la campaña electoral en un bar de Palermo, ubicado cerca de la sede de Corporación América, la empresa de Eduardo Eurnekian, donde trabajaba Posse. Luego, se mudaron a unas oficinas de coworking de la compañía HIT. Por allí desfilaban Mondino, Victoria Villarruel, que añoraban tener injerencia en Seguridad y Defensa, Pettovello o Rodríguez Chirillo.

Hasta el desembarco de los libertarios en la Casa Rosada, Karina Milei y Caputo eran los encargados de bosquejar el relato político, definir la hoja de ruta de la campaña y tallar la identidad del candidato presidencial. Posse, en tanto, era quien se ocupaba de organizar los equipos técnicos, reclutar eventuales ministros o secretarios -como fueron los casos de Guillermo Ferraro o Vilella y Luis Caputo- y potenciales inversores. Era el gerente general del “Gabinete en las sombras”, como le decía Milei. A contrarreloj, construyeron un equipo de gestión como si fuera una startup. “Era un espacio nuevo y en construcción. Javier le encargó armar un Gobierno, porque no tenía experiencia y no pensó que iba a ganar. Por eso, le dio poder o le entregó la AFI”, recuerda uno de los protagonistas de la gestación del gobierno de LLA.

En el arranque de la gestión de Milei había un hilo conductor entre Francos, Caputo, Posse y Karina Milei. Todos ellos resistían el avance de Mauricio Macri sobre áreas sensibles del Gobierno. Bullrich y Petri (Defensa), que se mantenían como islas autónomas, también notaron en sus carteras el avance de Caputo con la reestructuración de la AFI. Hay decenas de dirigentes con pasado en Pro en el Estado, como Alejo Maxit (Aysa) o Javier Herrera Bravo (Legal y Técnica), pero todos ellos no ingresaron por un acuerdo con Macri. Bullrich acobijó a sus fieles y otros amarillos tejieron lazos para garantizarse un lugar en el Estado. Por caso, Macri tampoco promovió a Alejandro Pablo Cecati, titular de la Agencia de Seguridad Nacional, que funcionará bajo la órbita de la SIDE. Sin embargo, tiene una relación de amistad, ya que Cecati fue jefe de su custodia durante años. Es más, Cecati era asesor en el Ministerio de Seguridad de Vicente Ventura Barreiro, a quien Bullrich desplazó y denunció ante la Oficina Anticorrupción.

Lucas Aparicio (Pro) estuvo a punto de convertirse en el jefe de asesores de Pettovello, una de las ministras que más bajas sufrió: 16. Sin embargo, Aparicio quedará como asesor y no asumirá en el lugar que dejó vacante Fernando Szeresesky tras la crisis por el escándalo del reparto de alimentos.

A Garro, quien debió presentar su dimisión después de la polémica que generó en las redes sociales su opinión sobre los cánticos racistas de la selección argentina, lo reemplazó el exfuncionario macrista Diógenes de Urquiza, quien ya tenía la confianza de Daniel Scioli, secretario del área y ladero de Francos.

La semana pasada había sido el turno de Vilella, exsecretario de Bioeconomía, quien se enteró en París, Francia, de que ya no formaba parte del Gabinete de Milei después de una gira oficial por Asia. A Vilella lo sustituirá Sergio Iraeta, con pasado en la universidad del CEMA y cercano a Luis Caputo. “Milei aprendió algo de Macri: la gestión del Estado o la ‘institucionalidad’ no sirven para ganar elecciones”, grafica un exfuncionario de Cambiemos.

La carta con membrete del estudio jurídico Godec, Černeka & Nemec, a cargo de la defensa de la pareja detenida en Eslovenia con pasaportes argentinos, era amable, pero inequívoca. Llegó a la embajada argentina en Austria, meses atrás, cuando la historia de los “topos” rusos, digna de la serie “The Americans”, comenzaba a dar el vuelco definitivo.

El mensaje trazaba una línea roja: María Rosa Mayer Muños y Ludwig Gisch, que aún sostenían que así se llamaban, le comunicaron a la diplomacia argentina que rechazaban toda asistencia consular para ellos y para sus hijos, menores de edad y nacidos en Buenos Aires. Gracias, pero no. Faltaban meses para que admitieran que eran espías rusos y protagonizaran el intercambio de prisioneros más grande desde el fin de la Guerra Fría.

Para entender, hay que retrotraerse a diciembre de 2022, cuando Mayer Muños y Gisch fueron arrestados por fuerzas especiales en Liubliana, la capital eslovena. Ante los sabuesos de ese país siempre sostuvieron que eran víctimas inocentes de una terrible confusión y no lo que sostenía la acusación -dos espías al servicio de Vladimir Putin-, sustentada en datos aportados por, ahora se sabe, la inteligencia británica.

Ella reafirmaba que había nacido en Grecia, que tenía alidad mexicana, que se dedicaba al arte y que había migrado a la Argentina, donde había obtenido la ciudadanía y conocido a quien sería su marido, con quien tuvo a dos hermosos hijos: una niña, Sofía, y un niño, Daniel. Él trazó un recorrido distinto, pero similar: que había nacido en Namibia, que era de nacionalidad austríaca, que era informático y que había ingresado desde Uruguay a la Argentina, donde también había obtenido la ciudadanía y conocido a su esposa. Juntos, completaban, habían decidido migrar a Europa para alejarse de la inseguridad callejera que asolaba en Buenos Aires. Todo era un grave error, sostenían.

Los servicios de inteligencia utilizan, sin embargo, una palabra para las biografías de cartón que montan los “topos”, como la que urdió la pareja detenida en Eslovenia, con detalles sobre una vida apacible en el barrio porteño de Belgrano. Esa palabra es “leyenda”. Y construir esa fachada puede tomarles décadas… y derrumbarse en un instante.

La “leyenda” de estos topos se remonta, en efecto, tan atrás como 2009, cuando un austríaco identificado como Martin Hausmaninger ingresó por primera vez a la Argentina. Volvería en julio de 2012, vía Uruguay, pero ya reconvertido en Ludwig Gisch. Y ella lo secundaría dos meses después, en un vuelo de Aeroméxico, en un recorrido que terminaría en celdas de máxima seguridad eslovenas, una década después.

Ajena a todo esto, la Cancillería argentina se activó desde el momento en que se conoció la detención de la pareja a través de los medios de comunicación. Por ley debe asistir a los nacionales en el extranjero; en particular, cuando menores de edad pueden estar en problemas o requerir apoyo. Y eso hizo la embajada argentina con sede en Viena y jurisdicción sobre Austria, Eslovenia y Eslovaquia. Contactó a las autoridades en Liubliana, pidió datos sobre la pareja detenida y sobre sus hijos, argentinos nativos.

“La respuesta que recibimos fue que la pareja se encontraba detenida en celdas de máxima seguridad y que los hijos se encontraban en un hogar de acogida temporal en las afueras de la capital”, resumió una fuente diplomática argentina al tanto del diálogo bilateral, ante la consulta de .

Tratándose de menores, las embajadas argentinas tienen la obligación de supervisar su situación de manera periódica, requerir información detallada al país donde esos niños se encuentren y remitir sus informes por cable a la Cancillería en Buenos Aires. Y así fue. Durante meses, el ida y vuelta con las autoridades eslovenas no registró contratiempos.

“Nos informaron que los padres, detenidos, mantenían contacto virtual con sus hijos, todos los días y que, a pesar de sus condiciones de alojamiento, también se reunían con ellos, de manera presencial, una vez por semana”, precisó la fuente diplomática argentina.

Eso no fue, sin embargo, lo que afirmó ante la televisión pública rusa la mujer que decía llamarse María Rosa Mayer Muños. “Nos amenazaron con que Argentina supuestamente quería llevarse a nuestros hijos, que los niños podían ser dados en adopción a otra familia”, detalló, ya de regreso en Moscú y blanqueada su identidad real: Anna Valerievna Dultseva, nacida en Nizhni Nóvgorod y oficial del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR).

Desde la diplomacia argentina niegan que hayan pujado por los menores. “Nos interesamos porque nadie se presentó en Buenos Aires, en la embajada argentina o ante las autoridades eslovenas, para interesarse por los chicos. Ningún posible pariente de la pareja, ni nadie que fuera a asumir la tutela. En ese contexto, debíamos velar por ellos; eso fue todo”.

¿Los investigadores eslovenos afirmaron que la Argentina podría llevarse a los menores en un intento por quebrar las voluntades de sus progenitores durante los interrogatorios? ¿Afirmó eso Dultseva para condimentar su testimonio con una dosis de dramatismo ante la audiencia televisiva rusa? ¿O se debió a un simple error de comunicación o traducción?

En cualquier caso, esa versión explica la carta que la pareja envió a la embajada argentina en Austria con la firma de sus abogados. Informaron que rechazaban toda asistencia consular, tanto para sí, como para sus hijos menores. Y así lo reportó a Buenos Aires, por cable, el embajador Holger Federico Martinsen.

En la entrevista que concedieron a la televisión pública rusa, Ludwig Gisch -en realidad, Artem Viktorovič Dultsev, oriundo de Bashkortostán y agente del SVR-, detalló algo más. Relató que un agente ruso los visitó regularmente mientras estaban detenidos para verificar cómo se encontraban, cruzar información y que, incluso, “les pasó un saludo” de Putin.

Las autoridades eslovenas, mientras tanto, habían logrado verificar las verdaderas identidades de los detenidos, gracias a Interpol y a las fichas dactilares disponibles en el Registro Nacional de las Personas, en Buenos Aires. Y mutaron, según las fuentes diplomáticas argentinas consultadas. Pasaron de responder cada requisitoria consular, aportar detalles sobre la situación de los menores en el hogar transitorio y en el colegio y remitir un informe ambiental, al silencio total.

“Por un lado, no podemos interferir con la patria potestad de los padres; pero, por el otro, los padres estaban detenidos y los hijos eran argentinos nativos, menores de edad, sujetos a la ley 346 de Ciudadanía Argentina”, precisó una fuente diplomática a . En esa situación, la embajada en Viena requirió, por escrito, ver a los menores.

“A la luz de todo lo que ocurrió durante los últimos días, comprendemos qué pasó”, resumió una voz de la Cancillería, “en especial desde que a principio de año dejaron de contestar nuestras consultas por escrito y nuestras llamadas”.

¿Qué ocurrió? Se sabe, ahora, que los agentes de los servicios de espionaje rusos y de la Agencia de Inteligencia estadounidense (CIA) llevaban más de un año sondeando la posibilidad de un intercambio de prisioneros. Entre ellos, el periodista de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, y la pareja detenida con pasaportes argentinos en Eslovenia.

Las negociaciones comenzaron en enero de 2023, apenas semanas después del arresto de la pareja. Agentes rusos y estadounidenses mantuvieron una reunión secreta en una capital de Medio Oriente, para sondear la posibilidad de intercambiar a Paul Whelan por la pareja detenida en Eslovenia. Los rusos rechazaron la oferta, pero dejaron claro que estaban dispuestos a negociar si la oferta era más generosa.

Dos altos funcionarios del Departamento de Estado, James Rubin y Roger Carstens, se abocaron a “agrandar el problema”, según reveló The New York Times. Es decir, a ampliar el universo de personas que podrían integrar el trueque, para luego plantearle la idea al superior de ambos, el secretario de Estado, Antony Blinken, quien obtuvo la aprobación del presidente Joe Biden, en marzo de 2023.

Un mes después, Blinken sondeó a la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock durante una cumbre del G7. Le consultó si su país podría sumarse al intercambio de prisioneros, aportando al sicario condenado y preso en Alemania, Vadim Krasikov, si el trueque incluía al líder opositor ruso Aleksei Navalny.

El apoyo inicial de Alemania al posible intercambio pareció evaporarse cuando murió Navalny, a lo que se sumó el rechazo ruso a intercambiar a Whelan y Gershkovich por cuatro espías de Moscú, incluidos los “topos” detenidos en Eslovenia. Por eso las reuniones se extendieron durante meses y abarcaron también a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con el canciller alemán Olaf Scholz, según reveló la cadena CNN, y la intermediación del otrora CEO de Google, Eric Schmidt, y el oligarca ruso Roman Abramovich. Hasta que, ya en junio, Scholz aprobó entregar a Krasikov. Y otros países aportaron otros eslabones a la cadena de trueques y favores: de Noruega a Bielorrusia y de Polonia a Turquía.

Los tiempos se aceleraron. Todos los juicios que se desarrollaban en Rusia llegaron a un cierre abrupto. Todos con condena. Gershkovich fue sentenciado a 16 años de prisión el 19 de julio. Ese mismo día, la periodista estadounidense Alsu Kurmasheva también fue condenada. Y el 21, una hora antes de bajarse de la campaña por su reelección, Biden llamó al primer ministro esloveno, Robert Golob, para informarle sobre la situación.

En los tribunales de Liubliana, mientras tanto, Mayer Muños y Gisch le dijeron adiós a los pasaportes argentinos. Se declararon culpables, recibieron una condena a un año y siete meses de prisión, pero no enfilaron hacia la cárcel, sino hacia el aeropuerto, junto a sus hijos, agradecidos con Rusia, pero también con sus cazadores.

“Sentíamos que los servicios de seguridad eslovenos hacían todo lo posible por mantener a los niños en Eslovenia y mantenernos juntos”, afirmó Anna Dultseva, ante la televisión rusa. “Sentíamos que había una enorme presión sobre Eslovenia por parte de los servicios especiales de otros países”.

El resto se sabe. Trascendieron videos del matrimonio ingresando junto a sus hijos al avión que, desde el aeropuerto de Ankara, Turquía, los devolvió a Rusia. Allí los recibió Putin, al pie de la escalerilla con un ramo de flores blancas, rosas y púrpuras para la madre y otro para la niña Sofía, que hasta minutos antes desconocía toda la trama, es católica y no habla ruso. “Buenas noches”, la saludó Putin en español.

“Nunca dudamos, ni por un momento, de que nuestro país se acordaba de nosotros, que Rusia y el servicio secreto nos respaldaban, y que al final todo estaría bien”, afirmó Artem Dultsev a la televisión rusa, en un primer plano que incluía, más atrás, a su mujer y a sus hijos. Sofía, de 11, sujetaba una muñeca en sus manos; Daniel, de 8, una pelota de fútbol bajo su pie derecho.