La avanzada explícita del kirchnerismo, con cuestionamientos directos a Axel Kicillof dentro de la interna del PJ, cayó como una bomba de profundidad entre los partidarios del gobernador, que empiezan a reclamarle que abandone su estrategia de no contestar las agresiones y definieron como un “punto de quiebre” la andanada que inició Máximo Kirchner en el Parque Lezama y continuaron Sergio Berni y Mario Ishii en el Senado bonaerense.

Según pudo saber , la mesa chica del axelismo -que integran funcionarios de su gabinete e intendentes del conurbano- sería propensa a “romper y enfrentar” al kirchnerismo, impulsar un adelantamiento electoral para 2027 y dar una “muestra de autoridad” que implique el desplazamiento de funcionarios de origen cristinista, como Florencia Saintout o Juan Martín Mena. Bajo evidente presión, el gobernador opta por poner paños fríos.

De hecho, fuentes cercanas a Kicillof aseguraron que en los dos encuentros que tuvieron lugar el viernes en La Plata -uno del Movimiento Derecho al Futuro y otro más reducido en la propia gobernación- se habló del “armado nacional y federal” en torno al proyecto presidencial del gobernador. “Nosotros vamos a seguir con tono propositivo y con la mirada puesta en un programa. Mientras ellos nos ponen como enemigos, los dejamos hablando solos”, remarcaron.

El propio Kicillof se los dijo a los dirigentes del MDF que lo escucharon en la capital provincial. “Nuestra agenda no es la confrontación”, sostuvo, pero lo matizó con una señal al kirchnerismo: “El próximo gobierno popular no puede tener presos políticos”, enfatizó. En esa categoría incluyó a la expresidenta Cristina Kirchner, al exministro Julio de Vido y a la expiquetera jujeña Milagro Sala. Los tres tienen condenas judiciales, pero Kicillof las considera políticas.

De todos modos, en el entorno del gobernador sostienen que para acercarse a hablar con Cristina Kirchner en San José 1111 deben darse “condiciones de igualdad, no de sumisión”. Lo dicen porque la última vez que estuvieron cara a cara, el 1 de octubre de 2025, Kicillof tuvo que escuchar de boca de la expresidenta “un listado de situaciones que la disgustaron”. Miden cada palabra, pero en buen romance se entiende que los reproches fueron altisonantes.

Drama político

“Para mí, Cristina es San Martín”. La frase resuena en los principales despachos de la gobernación, en La Plata, y no la pronuncia algún kirchnerista “patrulla perdida” que ocasionalmente pasa por allí. Pese a los cortocircuitos que pasaron de castaño oscuro, el que suele apelar a esa peculiar definición es el propio Kicillof. Sus interlocutores -los integrantes de su mesa chica- comprenden en ese mismo instante la dimensión del drama político que atraviesa.

El gobernador y pretendiente presidencial todavía lucha consigo mismo para asimilar que su “madre de la Patria” no lo elija para representar al peronismo el año próximo. Esa actitud de la jefa del PJ nacional le duele demasiado a Kicillof, no así los cuestionamientos públicos de Máximo, como los que le dedicó en el discurso de Parque Lezama. De hecho, para los axelistas más irreverentes el hijo de la expresidenta se encuentra en una etapa “trosco-fundamentalista”.

Esa caracterización no parece casual: una de las amenazas políticas que sueltan por estos días los kirchneristas es que están dispuestos a presentar un candidato propio en 2027, tal vez en alianza con la izquierda, con tal de no apoyar al gobernador. “Lo que hizo Máximo no fue llamar al diálogo con Cristina, porque él sabe que si hay voluntad política, el puente se hace en un minuto y basta con un WhatsApp, como pasó tras la muerte del Indio Solari”, recordaron.

En todo caso, lo que a Kicillof le interesaría es fijar con Cristina Kirchner -más allá de lo que piense Máximo- una agenda concreta, con orden de prioridades: la primera es confirmar que la candidatura presidencial del peronismo se dirima en una PASO; la segunda es avanzar con la re-reelección de los intendentes; la tercera es definir qué haría un gobierno del PJ con el RIGI y el Súper RIGI que impulsó con éxito Javier Milei; la cuarta es cómo afrontar la deuda externa.

Kicillof también buscaría discutir con Cristina Kirchner una estrategia para que el peronismo no vuelva a perder las elecciones presidenciales con los votos de rechazo en Córdoba, Santa Fe y Mendoza, entre otros grandes distritos del país. “Tenemos que revertir eso si queremos ganar la elección. ¿Qué les vamos a ofrecer a otros sectores para que no nos pase lo mismo que en 2023?“, preguntaron, con la mira en el cordobesismo y en partidos provinciales.

Desconfianzas

Todas esas preguntas, que aún no tienen respuestas, se registran en medio de un rosario de desconfianzas en el seno del principal partido de oposición que, en el caso de la provincia de Buenos Aires, llega al punto de afectar la gestión. Una protesta, con quema de neumáticos y destrozos incluidos en el ingreso a la municipalidad de La Plata, provocó sospechas cruzadas: algunos culparon a Juan Grabois, mientras que otros apuntaron contra Andrés “Cuervo” Larroque.

No es un tema menor, porque el intendente platense, Julio Alak, es uno de los aspirantes a la sucesión de Kicillof en la gobernación, pero son varios los que se anotan para esa competencia interna. En medio de estas rencillas, el nombre que nadie pronuncia por estos días en el peronismo es el de Martín Insaurralde. El exintendente de Lomas fue jefe de Gabinete de Kicillof por pedido explícito de Cristina Kirchner, pero nunca estuvo entre los preferidos del gobernador.

En cambio, otro nombre sorprendió y circuló profusamente en los últimos días, como un posible candidato outsider bajo el paraguas conceptual del peronismo: el del empresario de medios Daniel Hadad. No faltan los que interpretan que con la sola mención de su nombre, en el PJ buscan contrarrestar a otros eventuales candidatos sorpresa, como el banquero Jorge Brito, cuyas aspiraciones tampoco fueron confirmadas, pero las versiones se las atribuyen al macrismo.

Kicillof y sus partidarios entienden que todos los nombres que largan al ruedo como alternativas a su propia candidatura buscan esmerilar las posibilidades del gobernador. Lo mismo olfateaban con la aparición del pastor Dante Gebel, a quien dirigentes del peronismo vinculan a Sergio Massa, aunque él lo niega. “Con Sergio estamos bien, ya nos conocemos mucho”, aseguran en La Plata. El silencio del jefe del Frente Renovador recién se rompería tras el Mundial.

La relación entre el juez federal Luis Armella, que investiga a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, y el fiscal federal del caso, Sergio Mola alcanzó un pico de máxima tensión.

Mola acusa a Armella de demorar la causa, pero no es la única diferencia. También discrepan sobre los pedidos de captura de los sospechosos que impulsa el fiscal y sobre la exclusión de la segunda esposa del exfuncionario, Carolina Álvarez, en un peritaje contable clave que va a determinar si hubo enriquecimiento ilícito del exintendente.

Los roles de ambos son diferentes; el fiscal acusa, impulsa la acusación y empuja el caso, y el juez debe evaluar la prueba y conceder o no los pedidos de las partes.

Las diferencias de mirada van mucho más allá de los aspectos procesales. El fiscal Sergio Mola pidió indagar a Insaurralde y el juez Armella no hizo lugar a esa solicitud.

El viernes pasado, Mola pidió detener a Insaurralde y a Jesica Cirio, exmujer del exintendente, al entender que pueden sustraerse de la justicia o perjudicar la investigación.

Lo determinante para el pedido de detención fue la difusión de los videos de Cirio rodeada de fajos de dólares en paquetes termosellados, ocultos en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde.

Los funcionarios de la Fiscalía se hartaron. “Si tienen este dinero escondido en un placard, cuánto más habrá invertido o depositado en otros ámbitos”, se preguntan.

Antes de que, una vez más, “le tomen el pelo a la justicia”, en la fiscalía decidieron actuar ante la presunción de que los acusados se les estaban riendo en la cara, según reconocieron allegados a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal.

El pedido de detención de Insaurralde y Cirio hay que leerlo en la clave de la indignación de la fiscalía, antes que en la lógica de la fría letra de la ley.

El juez Armella no contempla hacer lugar al pedido de detención. No está dispuesto a avanzar en esta dirección. Seguirá con la impronta que le dio a la causa durante el ultimo año.

La semana próxima tendrá lugar un casi seguro rechazo a la pretensión del fiscal y pagará el costo que correspondaa ante la opinión pública.

Los investigadores calculan, de acuerdo a las imágenes, que podrían haber unos 10 millones de dólares en el vestidor.

Mola ya venía insistiendo desde el año pasado con el pedido de indagatoria de Martín Insaurralde, cuyo último cargo político fue ser jefe de Gabinete de Axel Kicillof.

La indagatoria fue preparada por Mola junto a su colega Diego Velasco de la Procelac, que es la fiscalía especializada en lavado de dinero. El informe patrimonial que reconstruyeron los fiscales fue lapidario.

Detectaron decenas de millones de gastos sin justificar, solo de los viajes al exterior que hizo Insaurralde; imposibles de cubrir con su sueldo de empleado público de la provincia de Buenos Aires.

También descubrieron supuestas negociaciones con contratistas de la municipalidad, investigaron a supuestos testaferros e imputaron a hijos, a la segunda esposa de Insaurralde, Carolina Alvarez, y otros parientes.

Era el momento en que la Argentina se jugaba en Paris la aprobación de su calificación en el Grupo de Accción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a los países por sus políticas contra el lavado de dinero.

La Unidad de Información Financiera, a cargo entonces de Ignacio Yacobucci, había también pedido indagar a Insaurralde y a Cirio por lavado y enriquecimiento ilícito, pero en el Gobierno nacional los frenaron y echaron al segundo de Yacobucci, Manuel Tessio.

La fiscalía se diferenció y pidió indagar a Insaurralde por esos delitos con los elementos que tenía en ese momento. Pasó casi un año y ahora cuenta con más elementos para avanzar contra Cirio y el resto de los acusados. Ya se prepara un nuevo pedido de indagatoria.

Pero nada de esto ocurrirá hasta que concluya un peritaje contable que culminará supuestamente el 17 de julio, con 75 puntos de pericia, que determinará si Insaurralde, Cirio y el resto de los acusados pueden o no justificar sus gastos.

Los peritos oficiales y de parte vienen hasta ahora firmando en conjunto las respuestas a los puntos de pericia. Faltarían cinco para concluir el trabajo y los abogados defensores están confiados en que el resultado los favorecerá.

Es una cuestión al menos dudosa si se mira en detalle el video del vestidor millonario. Por eso, la voluntad de Cirio de excluirlo como evidencia y mencionar que su aparición es producto de una trama extorsiva.

Sacar el video de la causa y excluir el allanamiento a su casa, donde encontraron drogas y armas, es parte de su estrategia de defensa.

El peritaje

Pero las diferencias entre el juez Armella y el fiscal también pasan por un peritaje en cuanto al patrimonio que abarca a Carolina Álvarez, la segunda esposa de Insaurralde.

Insaurralde se casó en primer lugar con Liana Toledo, hija del exintendente de Lomas de Zamora Hugo Toledo y madre de Martín y Rodrigo, sus dos primeros hijos. Los bienes e ingresos de ellos están también en la mira. La mujer es funcionaria del otro juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.

Luego, Insaurralde formó pareja con Carolina Alvarez, quien era la esposa del hermano de Liana, Leandro Toledo. Es decir, se enamoró de su exconcuñada.

Ambos tuvieron a Bautista, el tercer hijo del exintendente. En 2008 decidieron separarse.

Con posterioridad, el exintendente de Lomas de Zamora se casó con Jesica Wanda Cirio, quien está investigada en esta causa, junto con Sofía Clerici, la “acompañante de viajes” con la que navegaron en el yate Bandido por el Mediterráneo en Marbella en 2023.

Ese periplo en yate fue el disparador de la investigación judicial por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El juez Armella entendió que la exesposa de Insaurralde, Carolina Alvarez, no está imputada en la causa en que se investigan los bienes del exfuncionario y la excluyó del peritaje contable.

La resolución sorprendió a la Unidad de Información Financiera, a la fiscalía de Sergio Mola y a los querellantes de Poder Ciudadano, que apelaron esta decisión.

El juez rechazó la apelación y ahora el asunto está en la Cámara Federal de La Plata, que debe decidir si se avanza o no con el análisis de los bienes de Álvarez.

El juez Armella argumenta que el período por el que se investiga a Insaurralde es desde 2009, cuando fue intendente de Lomas de Zamora en adelante; por eso hay que excluir la compra del terreno que hizo Álvarez donde se construyó la casa en San Vicente, que es de 2006.

Pero los fiscales creen otra cosa. Mencionan que Álvarez está imputada como testaferro de Insaurralde por adquirir esos terrenos en su nombre.

Diego Iglesias, que es el fiscal ante la Cámara de La Plata que debe decidir sobre el asunto, apoyó el reclamo de Mola. Dijo que era necesario incluir en el peritaje una averiguación para determinar el origen de los fondos con los que fueron adquiridos los terrenos en los que luego se alzó la mansión de Insaurralde en San Vicente, en torno a los cuales Álvarez aparece mencionada.

Entre lo que se va a analizar hay un supuesto préstamo o donación de US$250.000 que habría hecho Insaurralde a Cirio y se buscarán determinar los orígenes de esos fondos.

También se analizará cómo se pagó el viaje realizado en 2023 por Insaurralde a Marbella, cuando compartió una semana con Clérici en una villa de lujo y navegó en el yate Bandido mientras tomaban champagne en el Mediterráneo.

Otro de los asuntos que se ahondará es cómo pagó los pasajes de avión con los que realizó un centenar de vuelos, ya que sus ingresos en blanco no permiten costearlos. Asimismo, se evaluará el mecanismo de adquisición de la quinta de San Vicente, donde el exintendente vivió con Cirio, y la compra de vehículos de lujo que utilizaban él y algunos colaboradores.

Allí es donde fue incluida Álvarez. El fiscal pidió en uno de los puntos de pericia que se “determine y explique en particular si, de acuerdo con los ingresos declarados por Carolina Álvarez las retenciones impositivas y los consumos declarados en el período, poseía la capacidad económica para afrontar el pago de 26.000 dólares estadounidenses al 11 de mayo de 2006”.

El fiscal Iglesias defendió la inclusión de Álvarez y dijo que es difícil entender la decisión del juez Armella de dejarla fuera del caso. “Resulta difícil de entender que el juez, contradiciéndose con todo lo que venía afirmando previamente, incluso dictando medidas de importancia respecto de Álvarez, como lo es la cautelar antes de la indagatoria, que ahora sostenga sin más que no resulta imputada, y deje afuera del peritaje el punto pericial relativo a ella”, señaló.

Esta diferencia será la que ahora deba zanjar la Cámara Federal de La Plata, y el resultado de este conflicto determinará que se tenga que completar luego o no el peritaje contable próximo a concluir.