POLITICA
Las maniobras de un juez federal acusado de dar cobertura a los narcos y extorsionar empresarios
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Marcelo Bailaque, juez federal de Rosario, acostumbraba usar el quincho de su edificio, cercano al Parque Independencia, para hacer reuniones de “trabajo”. En realidad, eran una mezcla de placer y también, a veces, negocios. Degustar buenos espumantes, cocinar una paella, una especialidad que aprendió en Caleta Olivia, Santa Cruz, donde inició su carrera judicial, o unas tiras de asado, y conversar con “amigos”, como Carlos Vaudagna, que entre 2015 a 2020 fue jefe de ARCA en Rosario.
En ese ambiente relajado se terminó de moldear una maniobra que podría terminar en la destitución del magistrado federal y hasta en su detención, luego de que ese comensal, que fue un hombre poderoso de la exAFIP durante 12 años –antes fue titular del organismo en Santa Fe- se quebrara y declarara como arrepentido en una constelación de causas que llevan adelante una decena de fiscales federales. Vaudagna prefirió hablar para evitar ir a la cárcel, un peligro que lo había llevado caer en una grave depresión. Era tan fuerte la presión y lo que estaba en juego que –según contó gente de su entorno- hasta estuvo cerca de quitarse la vida.
El exjefe de ARCA reconoció ante los fiscales que lo entrevistaron varias veces que tramó una extorsión con Bailaque a los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto. Se investiga que el exjefe de la AFIP y el magistrado no fueron dos lobos solitarios, sino que en el fondo de esta trama aparece un engranaje de corrupción en el que participaron operadores judiciales de alto nivel en el país y empresarios que monetizaban “favores”.
La “extorsión” tuvo dos objetivos: cobrar una coima en dólares, aunque la misión principal, según interpretan varias fuentes ligadas al caso, era arruinar la reputación de Iglesias, que en ese momento aspiraba a convertirse en presidente del Grupo San Cristóbal Seguros, una compañía que está entre las cuatro que más facturan en el rubro, y era un hombre fuerte en el Mercado de Valores de Rosario. Después de la extorsión, Iglesias renunció a los dos cargos.
Está claro que Vaudagna y Bailaque extorsionaron a estos dos empresarios, pero fue por pedido de alguien. Las sospechas apuntan a un operador judicial de alto nivel, que se mueve en Buenos Aires, a un funcionario de la Corte Suprema de la Nación, cercano al ministro Ricardo Lorenzetti, y al financista Fernando Whpei, un hombre que acarrea causas por lavado de dinero en la Asociación Mutual Unión Provincial, que nunca prosperaban. En diálogo con , Lorenzetti negó tener alguna relación con los acusados en esta causa. “Nunca vi en mi vida a Vaudagna y con Bailaque tengo un vínculo puramente institucional”, afirmó el ministro de la Corte Suprema.
Detrás del caso Bailaque hay una batalla dentro del máximo tribunal y también dentro de la justicia federal de Rosario. La puesta en marcha del sistema acusatorio, en el que los fiscales tienen un rol protagónico, favoreció a que se activara una investigación que trasciende las fronteras de Rosario. También surgieron resistencias. Corrió peligro de que la causa quedara sin juez, luego de que el magistrado Gastón Salmain fuera apartado. Los fiscales lo recusaron por tener una relación con el exjefe de ARCA.
Bailaque quedó al descubierto en este caso que ganó mayor notoriedad, pero estaba en la mira desde hacía tiempo. Tenía una red de contención que evitaba que se abriera una investigación. Los rumores eran cada vez más precisos sobre el comportamiento de un magistrado que usaba métodos clásicos en el rubro de la corrupción judicial: el paso del tiempo.
La dilación en una investigación, como ocurrió con el jefe narco como Esteban Alvarado, uno de los más poderosos de Rosario, significó engrosar la fortuna del capo criminal y que tuviera tiempo para matar a sus enemigos, traer cargamentos de droga en avionetas desde Bolivia y Paraguay, diluir gente en ácido –como contó el testigo Carlos Arguelles, que después mandó a asesinar-, o enterrarla viva.
La lenta cadencia de Bailaque para investigar, que también fue un espejo en otros magistrados de Rosario, explica en parte el crecimiento de la violencia narco, en una ciudad que durante 15 años vivió ensordecida por las balas, las extorsiones, los atentados y las muertes. La tasa de homicidios llegó a 24 asesinatos cada 100.000 habitantes.
Las principales bandas criminales, como los Monos, Alvarado, los Funes, Julio Rodríguez Granthon, entre otros, fueron investigados y condenados por crímenes y asociación ilícita por fiscales provinciales, antes de ser sentenciados por narcotráfico, un delito federal. La justicia federal de Rosario pareció vivir en una burbuja durante más de una década, pero esa abstracción tenía una explicación, que empieza a develar el caso de Bailaque.
Los primeros que mencionaron la responsabilidad del Estado en omitir investigaciones que contribuyeron a que Rosario fuera escenario de un territorio arrasado por la violencia narco fueron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que advirtieron en los alegatos del juicio contra Alvarado que este jefe narco construyó su poder no sólo a partir de la violencia extrema, sino también a partir de la “complicidad del Estado”.
Los dos fiscales, que lograron en 2022 que Alvarado fuera condenado a prisión perpetua, fueron los primeros que dejaron expuesto a Bailaque. Estos fiscales también llevaron adelante otras causas relevantes, donde se cristalizaba la “influencia” de actores políticos en las tramas criminales. Edery terminó sancionado y suspendido, acusado de tener una relación inapropiada con una testigo. Schiappa Pietra está abocado ahora a los delitos juveniles. El mensaje y la respuesta del propio sistema político fue lapidario.
No fueron las sospechas de complicidad con el narcotráfico las que complicaron a Bailaque, sino haber resquebrajado un límite: tramar una extorsión con todo el aparato del Estado. Los Monos realizaban extorsiones de manera permanente a empresarios, pero no utilizaban a la Gendarmería, como ocurrió con el juez. Una cosa es la corrupción, muchas veces hasta permitida dentro del sistema, y otra llevar adelante una acción con el aparato judicial para extorsionar.
Para evitar intermediarios, Vaudagana fue en persona el 14 de agosto de 2019 al juzgado Nº4 de Bailaque para llevar el anónimo que él mismo había redactado y al que le había dado curso dentro de la exAFIP. En resumen, decía que Iglesias y Oneto lavaban dinero. Bailaque abrió una causa y, a contramano de lo que hacía siempre, no delegó la investigación en ningún fiscal.
El 1º de noviembre ordenó a Gendarmería allanar las oficinas de Iglesias, que era el principal objetivo, y de su socio Oneto, un hombre de negocios que había ganado mala reputación al estar involucrado y después sobreseído en lo que se llamó una “megaestafa” inmobiliaria. Esa causa también tuvo un capítulo oscuro: para beneficiar a algunos de los imputados fue designado como jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal, que después terminó preso, acusado de cobrar sobornos que maniobraba el senador peronista Armando Traferri.
Bailaque había ordenado los allanamientos, después de recibir dos informes sobre la situación fiscal de los dos empresarios, que había realizado la Dirección de Investigación de la exAFIP. La causa avanzó con información trucha, que confeccionó Vaudagna en el organismo, hasta que se abrió una negociación y los financistas terminaron abonando el soborno, cuya cifra aún no se expuso en la justicia.
Bailaque indagó el 17 de agosto de 2021 a ambos y, sin ningún motivo, dictó la falta de mérito 20 días después. La motivación, entienden los fiscales, fue que Iglesias y Oneto habían accedido a pagar el soborno. Luego, Iglesias renunció a San Cristóbal Seguros y a su cargo en la Bolsa de Comercio de Rosario. Toda esta trama, que ya estaba siendo investigada por fiscales de Rosario, Santa Fe, Reconquista, de PROCUNAR y PROCELAC, fue la que reconoció el exjefe de ARCA.
El testimonio del arrepentido dejó a Bailaque en una situación compleja. El Consejo de la Magistratura, que desde el año pasado investiga al juez, pidió la declaración como arrepentido de Vaudagna. Y si bien los procesos en el Consejo son lentos y se requiere una mayoría de dos tercios para suspender a los jueces, los tiempos se acortan para Bailaque, que comenzó su carrera judicial a fines de los 90 a 1900 kilómetros de Rosario, en Caleta Olivia. Este viernes los fiscales sumaron delitos a la imputación contra el magistrado.
De Santa Cruz a Rosario
En 2008 Bailaque dejó el viento helado de la Patagonia por el calor húmedo del litoral, cuando regresó a su ciudad natal con el cargo de juez federal bajo el brazo. Habían servido las largas charlas con Carlos “Chino” Zannini, cuando era ministro de la Corte Suprema provincial y las conexiones con una clase política que en 2003 llegó al poder con Néstor Kirchner.
Bailaque decidió emigrar a Santa Cruz a mediados de los 90 porque un amigo le avisó que había una vacante en la Defensoría oficial. Necesitaba el trabajo. De ese cargo pasó a ser juez de instrucción y a vincularse con la precuela del kirchnerismo. Los que lo conocen de casi toda la vida recuerdan que fue clave el respaldo del diputado Carlos Kunkel en el Consejo de la Magistratura para su designación, que luego tuvo el visto del Senado en la maratónica sesión del 19 de diciembre de 2007. La cámara alta aprobó su pliego a las 15.18.
Bailaque se adaptó rápido al perfil de funcionario de la justicia federal de Rosario. Era un bicho extraño para una casta judicial que con los años se transformó en una gran familia con graves problemas. El juez, nacido y criado en Rosario, conocía cómo nadie los pliegues de esa parentela. Se asimiló tan bien que después entraron a la justicia federal sus tres hijos, que ocupan cargos en el Tribunal Oral Federal Nº3, en el juzgado federal Nª1, y en el Tribunal Oral en lo Criminal de Rosario.
También hizo ingresar a su propio juzgado al hijo de un amigo de la infancia: Sebastián Mizzau, hoy jefe de despacho en el TOF Nº3. El padre de este abogado de 30 años es Gabriel Mizzau, un contador particular: llevaba las cuentas personales del magistrado y de las empresas Sagrado Corazón y Logística Santino, que estaban a nombre de Rosa Capuano, expareja del jefe narco Esteban Alvarado.
El 11 de junio pasado, reveló esta trama, que fue confirmada por el propio magistrado. Se cristalizó después en otra causa contra Bailaque, que era quien tenía el expediente por lavado de dinero de Alvarado, manipulado en el juzgado por el hijo del contador del narco. El juez reconoció en una extensa charla con que prefería hacer ingresar a su juzgado “a gente que conocía”. Dijo también que desconocía que Gabriel Mizzau, su contador, era también quien llevaba las cuentas de las empresas de Alvarado. Los documentos que obtuvo este diario donde constan que Mizzau firmaba los balances de las empresas figuraban en el expediente que se tramitaba en su juzgado. ¿Cómo podía desconocerlo?
Bailaque está sospechado de hacerle “favores”, que se convertían en beneficios económicos, a otros dos amigos: los financistas Fernando y Guillermo Whpei, a quienes le dio la administración de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, que eran más de 10.000 millones de pesos. Estos empresarios pretendían quedarse con la cooperativa, que había sido intervenida en la época en que la conducía Herme Juárez, alias Vino Caliente.
Los miembros de la cooperativa que tomaron la posta del manejo de la entidad pretendían que se normalizara la compleja situación legal, luego de dos intervenciones. En mayo de 2021 trabajadores de la cooperativa denunciaron ante la Cámara Federal de Rosario que la intervención, a cargo de Rubén Pasqualino primero y Daniel Sorrequieta después, había transferido 10.000 millones de pesos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, una de las financieras que pertenecían al Grupo Unión, que está controlada por los hermanos Wphei, exdueños de medios periodísticos y del extraño Museo de la Democracia de Rosario, al que algunos apodan el museo del lavado.
El quiebre del exjefe de la AFIP
A la par, en la exAFIP, Vaudagna también embolsaba beneficios a través de “favores”, que ahora fueron calificados como delitos, y que él mismo reconoció.
En su declaración, el extitular de ARCA complicó al expresidente de la agroexportadora Vicentin Omar Scarel, que está preso desde el sábado pasado por otra causa por estafa en el fuero provincial. Vaudagna admitió que era asesor personal de Scarel y que benefició a la empresa cerealera que entró en default en diciembre de 2019 al eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por un monto total de $143.254.723,61, cometido en los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Los directivos de Vicentín se beneficiaron luego con el blanqueo que dispuso Javier Milei.
El exjefe de la AFIP también reconoció que entre mayo de 2018 y julio de 2019 intercedió y ejerció su influencia ante funcionarios de ARCA que estaban a cargo en la fiscalización e inspección de créditos fiscales indebidamente percibidos por Vícentín SAIC. La maniobra de Vaudagna, según admitió, fue evitar que fueran impugnados y reducir el monto del ajuste fiscal determinado por la exAFIP con la finalidad de esquivar una denuncia penal contra la empresa. consultó al abogado de Scarel, que respondió que por ahora no iba a hacer declaraciones.
En su declaración como arrepentido, Vaudagna afirmó que brindó, siendo jefe del organismo recaudador, asesoramiento técnico y contable a Carlos Felice, secretario general del sindicato de Turf, al principal accionista del diario El Litoral Carlos Nahuel Caputto y a la contadora María Virginia Copello, para que mediante un complejo entramado de sociedades comerciales en las que intervino la empresa Deusto SA –cuyo director es Caputto- pudieran obtener fracciones de terrenos de las islas Los Mellados y Sirgadero, ubicadas en la ciudad de Santa Fe. En esas islas estaba previsto que se realizara el traslado del puerto, proyecto que después se cayó. De concretarse, el propietario de esas tierras iba a ser favorecido con las expropiaciones de parte del Estado provincial.
El extitular de la exAFIP también contó que facilitó a Caputto información reservada sobre distintos contribuyentes y que intercedió para que los agentes de ARCA omitieran fiscalizar las empresas vinculadas a este empresario. Por ejemplo, ordenó que se archive una investigación contra la empresa Consultora Arcadia SA, ligada a Caputto. Este diario envió una serie de preguntas a Caputto, que se encuentra en este momento de viaje en el extranjero, pero no respondió.
El extitular de la exAFIP aceptó, además, dar las claves de su teléfono Iphone que fue secuestrado en noviembre pasado para que la justicia pueda realizar las pericias y avanzar en una investigación que conmueve al poder. A partir de este nuevo peritaje puedan destejerse una maraña de intereses cruzados que confluyen en una corrupción que parece parte del sistema.
Germán de los Santos,LA NACION,Política
POLITICA
El Congreso, cruzado por desconfianzas y la renovada disputa por el temario que disparó la ley de Tierras
El Congreso expone una agenda intensa para esta semana, pero el foco político estará puesto casi exclusivamente sobre un tema, de arrastre: la ley de Tierras y, más precisamente, la disputa por el manejo del temario que disparó su último capítulo judicial. Se verá si el oficialismo logra celebrar su movida para frenar la convocatoria opositora o si aún así, como dicen los pronósticos, queda instalada la lectura sobre una marcha atrás libertaria en este terreno. Esa disputa está planteada en Diputados. En el Senado, los movimientos son menos visibles y, por supuesto, el mayor deseo del Gobierno está centrado en la negociación para bajar las PASO. Camino largo, cruzado por desconfianzas, que se extienden a tratativas electorales más amplias con gobernadores y remiten a las expectativas sobre la marcha de la economía.
El único dato a contracorriente, aislado y excepcional, lo constituye la posibilidad cierta de que la Cámara baja avance con la iniciativa sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. El proyecto tiene consenso general y nació de la confluencia de propuestas de diversos espacios -desde el bloque violeta hasta representantes de la oposición dura-, a partir de las reacciones iniciales producidas por la tragedia del fentanilo contaminado. Tuvo dictamen hace veinte días y llegaría al recinto la semana que viene, aunque como parte de la jugada oficialista. Otro tema será su aplicación, cuando se convierta en ley.
Por supuesto, el principal punto de la agenda impulsada por LLA y conversada con sus socios y aliados no es ese, sino la intención de cerrar el tema de la ley de Tierras, que le provocó costos en el Senado, fue repuesto por la Corte Suprema de Justicia con dos fallos sucesivos en pocos días -para rechazar un amparo y luego para dejar en pie un planteo similar- y finalmente reabrió la discusión en Diputados. La primera ficha fue movida por la oposición, que puso en la mira el DNU 70/2023 íntegramente y no sólo el artículo que habilita la venta de tierras a extranjeros sin las limitaciones de la referida ley.
Legisladores de diferentes bloques opositores motorizaron una sesión especial para el jueves de esta semana. Y agregaron otros temas desgastantes para el Gobierno: emergencia en discapacidad y morosidad en materia de endeudamiento familiar. Lo hicieron apenas conocido el fallo de la Corte Suprema que, al rechazar un amparo de ex combatientes de Malvinas, dejaba en pie el artículo del DNU que anula la ley de Tierras. Eso descolocó al oficialismo. Pero una segunda decisión de la Corte, que dejó en suspenso de manera provisoria la aplicación de ese punto del decreto, fue vivida por la LLA como oxígeno político.
La decisión judicial restó dramatismo inmediato, aunque no lo suficiente como para bajar el tema de la agenda. Tampoco alcanzó para que diputados de buena sintonía con Olivos -en particular los socios y los que responden a gobernadores- aceptaran exponerse para dejar sin quórum a la sesión opositora sin alguna salida presentable en un asunto tan sensible. Los negociadores libertarios, encabezados en este frente por Martín Menem, registraron entonces que debían dar una respuesta sin demora y finalmente optaron por una alternativa al menos llamativa: tratar lo que quedó de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y agregarle un capítulo sobre la ley de Tierras. Ahora, en lugar de anular esa norma -como planteaba el texto del Ejecutivo, podado en el Senado por falta de respaldo- sería incluida una limitación a la venta de tierras a personas y empresas extranjeras.
El alcance de la nueva propuesta será definido en el plenario de comisiones promovido para el miércoles por el oficialismo. Se verá entonces hasta qué punto cede el Gobierno y tendrá impacto un día después en el recinto. Salvo alguna sorpresa con el contenido del dictamen, en las filas opositoras dan por seguro que el jueves no lograrían quórum. Sería en ese caso, una sesión en minoría para exponer posiciones. La cuestión, de todos modos, no quedaría agotada.
El miércoles de la semana que viene, el oficialismo buscará coronar en sesión especial un paquete de proyectos que revierta los títulos impuestos por la oposición en distintos momentos. Además de tierras, figuran morosidad y emergencia en el área de discapacidad. Eso, fuera del apuntado proyecto de consenso: la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. En paralelo, pero en comisiones, caminarían Presupuesto y el proyecto sobre Malvinas. Son dos asuntos que demandan negociaciones diferentes y sumarían modificaciones antes de llegar al Senado.
En la Cámara alta, sigue pendiente, y como principal prueba, la reforma electoral, aunque las negociaciones no pasan centralmente por los despachos de la bancada oficialista, que encabeza Patricia Bullrich. En ese tablero, las fichas son movidas bajo la mirada de Karina Milei y el principal operador es Diego Santilli. Son visibles los síntomas de desconfianzas cruzadas, expuestas en reclamos de reaseguros por parte de socios -PRO, bloque oficial de la UCR- y jefes provinciales de trato fluido con el Gobierno.
Resultan curiosas las versiones que adjudican ahora posiciones más negociadoras a la secretaria General de la Presidencia y mayor dureza a operadores directos, como Eduardo “Lule” Menem -también, Martín Menem-, que se mueven en su órbita. Vistos en conjunto, exhiben más bien el juego con la mirada puesta en el 2027, que combina gestos de acercamiento y presiones en continuado.
Las conversaciones con los jefes provinciales -en grupo y, sobre todo, con cada uno por separado- incluyen naturalmente las necesidades financieras de los distritos. Además, de manera creciente, añaden el ingrediente de las garantías de contraprestación política. No se limita a una votación en el Congreso, más fácil de resolver con la atención a algún pedido específico. Se trata de allanar el camino al plan reeleccionista de Milei y, a la vez, acordar que la LLA no juegue en contra de la ambición de continuidad de cada gobernador en su distrito.
Allí, afloran los recelos sobre cómo asegurar los compromisos. Y en qué momento. Es algo que trasciende la cuestión de las fechas, es decir, el pedido de la Cámara Electoral para no estirar las definiciones nacionales y los pasos de gobernadores para adelantar sus comicios. Lo que juega de manera cada vez más evidente es la economía. El Gobierno necesitaría tiempo para ver si revierte o mejora el clima de estos meses y algunos jefes provinciales -además de sectores aliados- preferirían darse espacio para evaluar cómo evoluciona el cuadro. En otras palabras, especulaciones sobre el desgaste o la fortaleza de los interlocutores a la hora de cerrar trato político. Alimento para las desconfianzas.
POLITICA
El futuro del armado anti Milei: el rol central de las PASO y las trabas para armar un programa común
“Tenemos que juntarnos todos y mostrar que hay una mayoría. Hay que convocar a todos. Desde los del PRO, que están avergonzados que su partido esté con Milei, hasta Miryam Bregman. Podemos tener diferencias, pero el primer paso es escucharnos entre todos”. La propuesta que hizo Martín Lousteau unos días atrás, durante una entrevista con Cenital, volvió a poner en discusión la idea de que la oposición construya un gran frente anti Milei.
La iniciativa había ganado espacio en el debate político cuando dirigentes alejados del PJ, como Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó o Carlos Kikuchi, comenzaron a moverse en la órbita justicialista con la posibilidad de converger en un gran armado opositor. Al mismo tiempo, Guillermo Moreno se arrimó con su espacio por un costado, un grupo de dirigentes de renombre le dio vida al PJ Federal y algunos representantes del radicalismo y el socialismo construyeron gestos de acercamiento al peronismo.
Sin embargo, con el paso de las semanas, se fue desinflando. Un sector, donde está Massot, Monzó y Diego Bossio, entre otros dirigentes, comenzó a trabajar cerca del empresario Jorge Brito; los dirigentes del esquema federal, liderados por Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Federico Achával, comenzaron a dividir sus agendas y dejaron de darle tanta entidad los movimientos conjuntos; mientras que Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner aumentaron sus presencias públicas con mensajes de unidad que todavía no terminan de calar en lo más profundo del movimiento político.
La propuesta de Lousteau tiene respaldos y cuestionamientos. “Es inviable concretar algo de ese estilo. No hay un mismo modelo en el que coincidir. Bregman va a decir que hay que expropiar todo. No creo que Lousteau salga a reclamar la libertad de Cristina. Hay muchas diferencias”, expresaron cerca de Kicillof. La amplitud tiene sus limitaciones programáticas y de orden político. El fantasma del Frente de Todos siempre está latente en esas proyecciones.
En el cristinismo hay miradas distintas. Hay quienes no ven con tanta claridad la posibilidad de construir un frente tan grande. Sobre todo porque desconfían de lo que pueda suceder en el futuro inmediato con los posicionamientos legislativos. La amplitud puede servir para ganar, porque simplifica las ofertas electorales, pero, en el caso de que el triunfo se haga efectivo, puede complicar el desarrollo de la gestión.
Pero también hay otras posturas más proclives a un gran acuerdo. “Desde la transversalidad del 2008 hasta el Frente de Todos en 2019, siempre intentamos ampliar. No hay purezas ideológicas. Pero un frente de ese estilo tiene que ser propositivo y tener acuerdos básicos por si se llega al Gobierno”, explicaron cerca de Máximo Kirchner.
El líder de La Cámpora ha dicho en algunas oportunidades que no creen en los “frente anti” y que es necesario fundar un nuevo programa político, discutido de antemano, para proponer una alternativa de gobierno el año que viene. Hay temas sensibles en la agenda del peronismo como qué hacer con la deuda del país con el FMI, que política económica después de la gestión Milei y qué posición tomar respecto a la situación judicial de Cristina Kirchner.
A eso se le suman la política educativa, tributaria, sanitaria y previsional que cualquier programa de gobierno debe tener. Sin acuerdos básicos, es imposible avanzar en la construcción de programa político. “¿Cómo pueden compatibilizar una negociación con el FMI la izquierda, los desencantados del PRO y el peronismo del interior? Parece una tarea demasiado compleja», analizó un peronista moderado.
En el massismo también ven como una opción viable un acuerdo amplio con varios sectores opositores contenidos. Cerca de Sergio Massa plantean que sería bueno armar “una oferta opositora” y que las distintas vertientes “participen de una gran elección primaria donde haya un núcleo de coincidencias basicas sobre roles y responsabilidades en un futuro gobierno”.
En la Coalición Cívica son reticentes a un gran acuerdo y siguen creyendo en la posibilidad de crear una vía del medio, que pongan en cancha una coalición similar a la que lo fue Juntos por el Cambio. Esa opción, que se evalúa en otras vertientes opositoras, tiene como una de sus hipótesis la ruptura del peronismo el año que viene debido a las incesantes tensiones que sacuden al espacio político.
“Bregman no puede estar en la misma coalición que Pichetto. Hay miradas muy distintas sobre cómo afrontar el proceso económico, social y cultural. Es casi inviable“, precisó un dirigente del peronismo del interior. Esa mirada tiene varias réplicas en distintas vertientes del justicialismo y también de sectores cercanos.
Uno de los principales problemas que afronta el armado anti Milei es la eventual caída de las PASO. En la oposición son cada vez más los dirigentes que creen que el Gobierno va a lograr la suspensión de las elecciones primarias. Y, en consecuencia, advierten que la aglutinación del espacio opositor es casi imposible si no hay una herramienta electoral que abre el espacio para que distintos sectores se presenten.
Entonces, a las dificultades para compatibilizar una agenda común, también se le suma el sistema electoral para ordenar las candidaturas. Además, el concepto de armar un esquema político solo para ganarle al oficialismo genera reticencia en varios actores opositores, que reviven el fracaso del Frente de Todos y la desintegración de Juntos por el Cambio.
Partido Justicialista,Congreso de Mujeres,Axel Kicillof,Buenos Aires,política argentina
POLITICA
El dilema del Gobierno ante un posible frente anti-Milei: la amenaza de un moderado y el factor Kicillof
Con el cronograma electoral por definirse, el Gobierno sigue de cerca los movimientos de la oposición de cara a las presidenciales de 2027, ante la posibilidad de que una eventual confluencia de distintos sectores complique los planes de reelección del presidente Javier Milei.
Si bien en el oficialismo aseguran que hay tiempo de sobra, reconocen que un eventual frente amplio opositor que reúna a distintos sectores enfrentados con Milei podría complicar los planes de La Libertad Avanza. No obstante, las evaluaciones varían según quién encabece esa alternativa y cuál sea su perfil político.
“Aglutinar a todo el electorado que rechaza a Milei en una sola oferta electoral es la construcción de una mayoría”, definió ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial, que identificó en esa posibilidad una potencial amenaza para el oficialismo.
En la misma línea, otro alfil libertario planteó ante este medio que la expresión podría disputarle parte de los votantes que respaldan el rumbo, pero cuestionan las formas del mandatario. “Nos podría comer votos del centro, de los ñoños republicanos. Tendríamos más chances de perder más votos que si fuese un candidato ultra K”, explicaron desde uno de los despachos de Casa Rosada.
La idea de articular una alternativa que reúna a distintos sectores opositores no es nueva. Casi diluida la alternativa de Provincias Unidas, una de sus expresiones más recientes la protagonizó el senador radical Martín Lousteau. Su ambiciosa propuesta contempla reunir desde a Myriam Bregman hasta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, bajo la consigna de “coordinar para ganar”.
En paralelo, el gobernador bonaerense trabaja en una alternativa propia, que cuenta con el respaldo de una parte del Partido Justicialista y el apoyo de dirigentes de otros espacios, como Emilio Monzó y Nicolás Massot, pero que encuentra resistencia en La Cámpora. El propio Máximo Kirchner cuestionó esa construcción al calificarla como “un reduccionismo enorme” y objetar que la unidad esté sustentada únicamente en la intención de “ganarle a Milei”.
En la administración libertaria consideran que una candidatura de Kicillof, cuya imagen abre debates internos, tendría dificultades para captar a sectores del electorado opositor que no se identifican con el kirchnerismo.
Bajo ese diagnóstico, sostienen que les resultaría más conveniente confrontar con un rival de perfil más radicalizado, que les permita plantear la disputa en términos de dos modelos de país. En esa línea, anticipan que la campaña electoral girará en torno a los hitos de gestión por lo que plantean que el principal adversario electoral de Milei es “el mismo”.
“A nosotros nos conviene el candidato más kirchnerista posible. Un candidato blando es más difícil”, planteó una fuente que forma parte del diseño de la estrategia electoral. Sin embargo, el mismo sector reconoce que el escenario podría cambiar si la oposición lograra articular una candidatura común. “Ante un escenario de balotaje, un candidato unificado de todo lo que defina como ‘anti-Milei’ es más competitivo que Kicillof”, precisaron.
En las filas libertarias no ven factible que Lousteau logre imponerse como candidato de ese espacio. Distinto es el escenario que podría abrirse si Kicillof consiguiera convertirse en el aglutinador de una coalición más amplia que el peronismo. En ese caso, los libertarios insistirían en la diferenciación entre ambos modelos de país.
“La gente no vota para atrás. Ante un eventual balotaje entre Milei y Kicillof, ¿cuánto del universo tiene para crecer Axel? ¿Un 10% con toda la furia? No lo veo viable”, precisó un funcionario.
En paralelo a los incipientes debates con los gobernadores aliados y en plena evaluación de los escenarios de competencia para 2027, en Casa Rosada siguen los números del mandatario al que ubican en torno a los 35 puntos. El dato que preocupa son los valores que miden la imagen negativa del libertario, que desde hace semanas es mayor a la positiva. Según el monitoreo de opinión pública de septiembre de Management & Fit, el mandatario registró un 31,2% de imagen positiva, frente a un 52,7% de imagen negativa.
Con la mira puesta en 2027, los libertarios apuestan a capitalizar los resultados de la gestión y proyectan una disputa polarizada con el peronismo. En ese marco, la posibilidad de que los sectores que rechazan a Milei logren articular una candidatura común es una de las variables que el Poder Ejecutivo seguirá de cerca.
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