POLITICA
La Iglesia pidió no poner al Papa en “la grieta” y advirtió que persisten diferencias con el Gobierno
Luego de que el Vaticano confirmara el programa oficial del viaje del papa León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre, la cúpula de la Iglesia volvió a reclamar que la visita del pontífice no se politice y pidió que su mensaje no sea leído en clave partidaria.
En un encuentro con periodistas en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), la conducción de la Iglesia destacó que el objetivo central del Papa es promover la unidad, la fraternidad y el diálogo entre los argentinos. Y los obispos expresaron el deseo de que el mensaje del Papa contribuya a “la reconstrucción de la patria”.
“Esperamos que después de la visita de León XIV nos quede una tarea para el hogar a los argentinos, que podamos retomar las propuestas que vayamos recogiendo en esos tres intensos días como un modo de vivir los desafíos evangelizadores de la Iglesia para la Argentina de hoy”, dijo el presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo.
A su lado, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, llamó a los argentinos a dejarse “interpelar” y “desafiar” por el mensaje de León XIV, quien llegará al país el domingo 8 de noviembre con una agenda muy apretada de misas y encuentros. “Nos quedará tarea para el hogar, porque justamente lo que tendremos que hacer después es concretar lo que vivamos en esos días y lo que escuchemos de parte de él”, apuntó.
“El gravísimo error sería claramente poner al Papa de un lado o el otro de la grieta, empezar a reducir el mensaje con una mirada partidista y pensar que lo que dice se lo está diciendo al de al lado; nos lo está diciendo a todos. Es puro evangelio y magisterio de la Iglesia”, completó García Cuerva.
A su turno, el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, hizo hincapié en que la visita de León XIV es pastoral y apostólica. “¿A qué viene el Santo Padre? A fortalecer las esperanzas, a que nos animemos a jugar a la unidad y no a pelearnos, ya que somos abanderados de la discordia”, sintetizó. En la misma línea, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján, sostuvo que el Papa es “un fundamento de comunión” y que su misión es la “fraternidad”.
“Preparémonos para escucharlo y para ver sus gestos. Después de la visita hagamos esto que nos sale tan bien a los argentinos, que somos recontra críticos, pero antes abramos un poco el corazón, la oreja y la mente para dejar que nos dé su mensaje”, puntualizó Scheinig.
Los obispos resaltaron el trabajo conjunto realizado con el gobierno nacional para organizar la visita del Papa. No obstante, advirtieron que existen muchas discrepancias con la gestión de Javier Milei y “no está mal reconocerlas”.
Fue un día después de que el canciller Pablo Quirno afirmara, ante una consulta sobre la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole en medio de los recortes que impulsó Milei en el área de discapacidad, que “no hay ninguna diferencia fundamental entre la Iglesia y el Gobierno”. Además, el ministro declaró que Milei es “el presidente argentino que más ha defendido públicamente el derecho a la vida”, en relación a su postura contra el aborto.
Los dichos del canciller sorprendieron en la conducción de la Iglesia. Los obispos aún están disgustados con el trato que les dedicó Milei desde que llegó al poder. Por caso, el Presidente no recibió aún en una audiencia a las autoridades del Episcopado, como es tradición. Además, tienen una visión distinta sobre los temas sociales y la realidad económica, según coinciden fuentes eclesiásticas.
En el último tiempo, distintas voces de la Iglesia cuestionaron los recortes de fondos en el área de discapacidad, blanquearon su preocupación por la situación de los morosos y reclamaron por el proyecto de ley que regula las apuestas online, mientras el oficialismo mantiene congelada la iniciativa en el Senado después de que recibiera la media sanción en la Cámara de Diputados.
“Es una muy buena intención querer buscar puntos de acuerdo y los hay, pero es verdad también que hay muchas diferencias y no está mal reconocerlas. Nos tiene que dar mucha paz saber que hay temas en los que no coincidimos”, subrayó García Cuerva, quien en su última homilía en la festividad de San Cayetano advirtió que “la libertad económica no puede ser absoluta” y pidió por los pobres y los endeudados.
El arzobispo de Buenos Aires resaltó que otros gobiernos, como el de Carlos Menem, también defendieron el derecho de la vida del niño por nacer. “Hay cosas en las que coincidimos y cosas en las que no coincidimos”, insistió. Por su parte, el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro, apuntó que “el problema no son las diferencias, sino qué hacemos con ellas”. Y agregó: “Lo que estamos intentando es llegar a algún lugar de acuerdo y eso es muy valorable. Ojalá podamos seguir caminando de esta manera”.
García Cuerva, como obispo anfitrión, y Colombo, en su carácter de presidente del Episcopado, recibirán al Papa en el Aeroparque metropolitano el día de su llegada, después de la visita a Uruguay. Ese mismo día, el pontífice tendrá una reunión privada y protocolar con Milei en la Casa Rosada. Pero su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, en Retiro.
Luego de que Quirno negara tensiones por la visita al Cottolengo Don Orione, el arzobispo Colombo recordó que la Iglesia puso el foco durante todo el año en la situación de las personas con discapacidad y en la necesidad de atender “una realidad tan delicada”. “La visita al Cottolengo de Claypole, lejos de ponernos en una cuestión de naturaleza ideológica, nos hace centrar la mirada en la acción pastoral de la Iglesia”, advirtió el titular del Episcopado.
“La obra de Don Orione es más que un símbolo; es un signo fuerte de la atención capilar de la Iglesia a tantos pobres de la patria. Es un modo de decir: en esta reconstrucción de la patria tenemos esta realidad y queremos ponernos juntos en la atención de estos hermanos y no desentendernos”, profundizó.
“El Papa es de todos los argentinos”
En tanto, en referencia a la advertencia sobre la profundización de la grieta, al término de una reunión en el Ministerio de Seguridad con representantes de la Iglesia y funcionarios de las jurisdicciones que recibirán al Santo Padre, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, declaró que “el Papa es de todos los argentinos: no es de un partido político, ni de un color político”.
En ese sentido, destacó que todos los gobernadores, diputados y senadores nacionales participarán del encuentro con León XIV en el Palacio Libertad. “Nos hemos reunido todas las fuerzas, hemos llegado a una muy buena relación”, señaló.
Los obispos llevaron a ese encuentro su expectativa en favor de que se resuelva un feriado el lunes 9, día en que León XIV celebrará una misa multitudinaria al pie del Monumento de los Españoles, en Palermo, lo que finalmente se decidió.
En las dos jornadas siguientes habrá “feriados limitados” en las jurisdicciones que visitará León XIV.
“Nuestro deseo es la máxima facilitación [para los fieles que quieran movilizarse para asistir a las celebraciones”, señaló Colombo. Luego de que la administración de Milei dijera que espera que se movilicen siete millones para asistir a los distintos eventos que protagonizará el Papa en el país, los obispos exhibieron cautela a la hora de hacer proyecciones, pero admitieron que notan entusiasmo en la ciudadanía. Está claro que la visita de León será una prueba para el poder de convocatoria de la Iglesia.
“Como Iglesia preferimos decir que esperamos mucha gente. Y ojalá Dios nos sorprenda y sea mucho más de lo que estamos esperando”, indicó García Cuerva.
Homenaje a Francisco
Los obispos confirmaron que el pontífice hará un homenaje “acotado” al papa Francisco durante la celebración de las vísperas –oración de la tarde– junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana. Detrás del altar de la catedral existe un espacio con un cuadro con una imagen de Francisco acompañada por una frase. Allí, Robert Prevost rezará una oración junto a los obispos argentinos.
García Cuerva puso el acento en que León XIV “es el sucesor de Pedro, es el pastor universal, no viene a reemplazar a Francisco”. En la Iglesia admiten que la idea del Vaticano “no es darle la centralidad” a la figura de Francisco, sino al nuevo Papa, como es tradición.
“La venida de León no es la revancha de Francisco, que no vino, es un homenaje a Francisco”, apuntó el cardenal Rossi.
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POLITICA
El Gobierno reunirá a la mesa política para frenar a la oposición en el Congreso y avanzar en las negociaciones con los gobernadores
Horas antes de que Javier Milei emprenda una nueva gira a los Estados Unidos, el Gobierno volverá a reunir este martes a la mesa política en una semana atravesada por una avanzada opositora en el Congreso y las negociaciones del oficialismo con sus aliados para imponer su agenda legislativa.
El encuentro semanal fue programado como habitual en las oficinas del ex Ministerio del Interior a las 13. Allí volverán a coincidir la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el armador nacional Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete; Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
En cambio, estará ausente el ministro de Economía, Luis Caputo, quien inicia su agenda de actividades en Tailandia en el marco de la reunión anual del FMI y el Banco Mundial. A su vez, el cónclave se celebrará antes de la partida de Javier Milei a Washington -pautada para las 23- donde tendrá algunos encuentros con empresarios, hablará en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y participará de un acto contra el antisemitismo organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.
A diferencia de la mayoría de las giras internacionales, Karina Milei decidió no acompañar a su hermano para focalizar su atención en una serie de reuniones y actividades que tiene en Buenos Aires, según explicaron desde su entorno, además de sostener las riendas de la gestión.
Si bien todavía no están en la agenda oficial, en Balcarce 50 adelantan posibles nuevas reuniones del jefe de Gabinete con gobernadores, con el objetivo de acelerar las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que el Ejecutivo se propone tratar en el Senado para fines de octubre.
Para ello, Santilli se reunió personalmente la semana pasada con Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), además de su visita a Salta junto a la secretaria General de la Presidencia para inaugurar una planta de Litio con Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). Un día antes, ambos funcionarios también se mostraron con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por el inicio del traspaso de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.
En ese contexto, el Gobierno busca aprovechar la presencia de varios mandatarios provinciales en la capital federal por la Conferencia de Federalismo Fiscal para continuar las conversaciones. Según la agenda del evento, allí se espera la presencia de Jorge Macri, Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta), entre otros.
Por fuera de sumar gestos de buena sintonía política -que iniciaron en París durante la Argentina Week- el oficialismo también apura las conversaciones para evitar que la oposición logre avanzar este jueves con una sesión que se propone voltear el DNU 70/23, además de extender la emergencia en discapacidad y tratar una ley sobre Endeudamiento Familiar.
POLITICA
Con la habilitación formal del penal de Marcos Paz, el Gobierno inició la última etapa del desalojo de presos de Devoto
El domingo, se inició el traslado progresivo de los presos alojados en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto hacia el nuevo establecimiento de Marcos Paz. En las dos primeras jornadas, el operativo ya llevó a 609 internos a la nueva unidad bonaerense.
El Gobierno publicó este martes en el Boletín Oficial la resolución que habilita formalmente el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, el nuevo penal federal que recibirá a los detenidos. El nuevo establecimiento está ubicado en el Acceso Zabala y tendrá una capacidad provisoria para 2.232 detenidos.
Según la información oficial, el penal fue construido sobre un predio de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad. También dispone de áreas destinadas a salud, educación, visitas, comunicaciones y otros servicios necesarios para la vida cotidiana de la población penal.
Las obras habían comenzado en 2018, a partir de un convenio entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado en 2020 y fue reactivado en diciembre de 2024 por la administración porteña.
La resolución publicada este martes indica que el complejo reúne las condiciones estructurales y operativas para entrar en funciones, aunque admite que existen observaciones técnicas y tareas pendientes de subsanación. Además, instruye al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a presentar en un plazo de 90 días su proyecto de estructura organizativa y el manual de funcionamiento del penal.
El operativo comenzó el domingo y este lunes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó el envío de otras 283 personas, con lo que el número de detenidos reubicados ascendió a 609. “Sumados a los 326 de ayer, ya son 609 presos trasladados, más del 40% de la población penitenciaria de Devoto”, señaló la funcionaria en sus redes sociales.
El procedimiento está a cargo de un Comando Unificado Federal, creado para planificar los traslados y coordinar el despliegue de seguridad entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Participan el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con apoyo de las fuerzas porteñas y bonaerenses.
Cada contingente se conforma a partir del perfil criminológico de los detenidos y de una evaluación de los riesgos de cada movimiento. Antes de la salida, los internos reciben controles médicos e identificaciones con códigos QR, que permiten registrar su egreso de Devoto y su llegada a Marcos Paz. También se prepararon bolsones para sus pertenencias, con precintos numerados y actas individuales que permiten identificar cada envío.
Los vehículos penitenciarios circulan con seguimiento satelital dentro de convoyes custodiados por móviles policiales y motocicletas. El trayecto entre ambos complejos es de unos 55 kilómetros e implica cortes de tránsito, vallados en las inmediaciones de Devoto y un esquema de custodia durante todo el recorrido. El traslado se realizará en etapas hasta completar la desocupación del penal porteño.
El operativo se realiza de forma escalonada y continuará durante varias jornadas hasta completar el vaciamiento de Devoto. Una vez concluida esa etapa, el plan oficial prevé trasladar a Marcos Paz a otros 350 detenidos alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran a disposición de la Justicia nacional. El objetivo es liberar plazas en esos espacios de detención transitoria.
El traslado responde al acuerdo firmado en 2018 para construir un nuevo penal federal en Marcos Paz y desafectar la cárcel de Devoto, ubicada en una zona residencial de la Ciudad. Una vez que concluya la mudanza de los cerca de 1.500 internos del penal porteño, el plan oficial prevé utilizar parte de las plazas disponibles para alojar a detenidos que permanecen en comisarías y alcaidías porteñas a disposición de la Justicia nacional.
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traslado de los primeros presos de Devoto a Marcos Paz
POLITICA
Tres auditorías detectaron contrataciones irregulares y millonarios sobreprecios en la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo
Tres auditorías sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectaron compras fuera del régimen estatal, fallas médicas, administrativas e informáticas y diferencias de precios de hasta 1.068% durante el primer semestre de 2025, cuando el organismo era dirigido por Diego Spagnuolo. Las auditorías a las que accedió Infobae, abarcaron la adquisición de medicamentos, insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas, además del sistema que gestionaba esas prestaciones.
Los trabajos fueron solicitados en septiembre de 2025 por el entonces interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y se realizaron entre octubre de ese año y abril de 2026. Examinaron el período anterior al corte de gestión del 21 de agosto de 2025.
La revisión también encontró compras de medicamentos para Entre Ríos por $ 11.925 millones y para Neuquén por $ 837 millones sin respaldo documental de convenios o adendas vigentes durante el período bajo análisis. Las adquisiciones realizadas en las provincias de Chubut, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego tampoco tenían la fecha de firma, mientras que otros documentos carecían de los sellos aclaratorios de los responsables.
Compras sin licitación ni comparación documentada de ofertas
El primer informe, fechado en diciembre de 2025, cuestionó el circuito interno denominado “PACBI Circuito Compras”, utilizado para adquirir medicamentos de alto costo y baja incidencia. La auditoría concluyó que el mecanismo no se ajustaba al Decreto 1023/2001 ni a su reglamentación, que rigen las contrataciones de los organismos descentralizados del Estado.
La ANDIS no utilizó el sistema electrónico obligatorio COMPR.AR, no elaboró pliegos de bases y condiciones ni cursó invitaciones formales a proveedores. Tampoco encontró análisis comparativos documentados de las ofertas o causales de excepción que justificaran contrataciones directas.
Los auditores determinaron que la falta de planificación o la imprevisibilidad de los requerimientos no constituían motivos legales para apartarse del régimen general. El procedimiento afectaba “los principios de legalidad, transparencia en los procedimientos, igualdad de trato para interesados y para oferentes, publicidad y difusión de las actuaciones, promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes”.
La misma observación alcanzó a las compras de insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas. Esas operaciones tampoco emplearon el sistema estatal de contrataciones, carecieron de una metodología formal y no previeron controles mediante la oposición de oferentes.
La falta de mecanismos para cotejar propuestas comprometía la comparación de precios y la búsqueda de valores razonables. La conclusión advirtió sobre “el consecuente riesgo de generar un perjuicio económico al erario público”.
Medicamentos con precios hasta 1.068% más altos
El informe integral de abril de 2026 examinó el recorrido de las compras de medicamentos del Programa Federal de Salud Incluir Salud, desde la solicitud de un beneficiario hasta el pago a un proveedor. El Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, conocido como SIIPFIS, no tenía un módulo ni un registro de valores de referencia para comparar precios de manera objetiva.
El responsable de compras explicó que el cotejo de cotizaciones se realizaba fuera de la plataforma, mediante otras fuentes y planillas de Excel. Sin embargo, no había constancias que permitieran identificar esas fuentes ni reconstruir el método aplicado para evaluar los valores.
La mayor diferencia correspondió al medicamento Macitentán de 10 miligramos, empleado contra la hipertensión arterial pulmonar. La droguería P facturó cada unidad a $ 5.299.081,66 el 20 de febrero de 2025, mientras que la firma UP vendió el mismo producto a $ 453.621 un mes después: una brecha de 1.068%, equivalente a $ 4.845.460,66 por unidad.
Para no interferir en la investigación este medio identificó a las firmas involucradas solo con las siglas.
También se detectaron variaciones en partidas de Pembrolizumab, un medicamento de inmunoterapia oncológica, y de Tacrolimus, un inmunosupresor utilizado, entre otros casos, por pacientes trasplantados. Los auditores también advirtieron sobre la preferencia de algunas droguerías sobre otras sin justificación.
Algunos expedientes tenían la misma fecha de requerimiento, pero se tramitaron de forma separada y terminaron adjudicados a distintos proveedores con precios diferentes para un mismo producto. En el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones tampoco se acreditaron los actos administrativos formales ni informes técnicos que acreditaran la evaluación de las ofertas y los criterios para elegir a cada adjudicatario.
La auditoría relevó $ 110.263 millones en compras de medicamentos Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI) durante el primer semestre de 2025, distribuidas en 10.683 expedientes electrónicos de pago. La muestra analizada incluyó 219 expedientes por $ 29.713 millones, el 27% del total.
Dentro de ese universo, hubo 21 expedientes por $ 2.510 millones en los que el domicilio de entrega consignado en la orden de provisión no coincidía con el indicado en el remito de recepción. No existía “justificación o aclaración alguna” para esas diferencias.
Los auditores no pudieron comparar esos precios y procedimientos con los de otros organismos, como PAMI u obras sociales, porque el sistema de la ex Agencia Nacional de Discapacidad no permitía realizar ese control. También establecieron que las compras se tramitaron mediante circuitos internos no autorizados por la Oficina Nacional de Contrataciones y por fuera del Sistema de Gestión Documental Electrónica, que debía centralizar las actuaciones administrativas nacionales.
Falta de controles médicos, provinciales e informáticos
Los auditores también determinaron que las Unidades de Gestión Provincial no dejaron constancias de haber cotejado las solicitudes de medicamentos con las historias clínicas de los beneficiarios. Tampoco se acreditó una intervención formal de la entonces Dirección de Prestaciones Médicas en la evaluación de los pedidos.
El informe señaló un hallazgo de alto impacto: “No se verifica en el sistema la autorización expresa de un profesional médico responsable”. No había descripción técnica de la evaluación ni dictámenes que respaldaran la aprobación o el rechazo de cada solicitud.
La revisión tampoco permitió determinar cuántos proveedores registrados en la base de datos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones fueron convocados a cotizar en cada compra. La ANDIS no realizó auditorías en terreno sobre los efectores de salud provinciales, pese a que los convenios marco y el reglamento de Incluir Salud contemplaban ese control.
Los expedientes examinados incluían remitos con firmas de recepción atribuidas a personas que no figuraban como beneficiarias, apoderadas ni integrantes de las unidades de gestión provincial. También había facturas que no reunían los requisitos formales exigidos para su liquidación.
El segundo informe, elaborado en marzo de 2026, se concentró en los controles tecnológicos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones. La empresa privada GMS tenía accesos de máximos privilegios y a la base de datos, sin que se encontrara un contrato o convenio formal que regulara ese vínculo.
GMS SA, sociedad dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado que aparece nombrada en la causa en la que el juez Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas.
En uno de los cuadernos de Miguel Ángel Calvete que secuestró como prueba el fiscal Franco Picardi figura el nombre de un empresario accionista de varias compañías, entre ellas, GMS SA, dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado desde el gobierno de Alberto Fernández y que continuó con La Libertad Avanza.
Calvete fue procesado como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita investigada por corrupción en la ANDIS. La Sala II de la Cámara Federal confirmó esa situación procesal en septiembre de 2026, junto con la de Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. La causa investiga presuntas maniobras de direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos vinculados con la adquisición de medicamentos e insumos médicos.
Daniel María Garbellini fue el director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cargo que ocupó desde el 3 de junio de 2024 hasta el 21 de agosto de 2025, día en que fue desplazado junto con Diego Spagnuolo tras conocerse los audios que destaparon el supuesto escándalo de corrupción.
La dependencia del organismo respecto de ese proveedor se arrastraba desde 2022. Según reconstruyó la auditoría, GMS realizó la última entrega formal del código fuente del sistema en diciembre de ese año, al finalizar el contrato que lo vinculaba con la entonces ANDIS. A partir de ese momento, y pese a no contar con un nuevo contrato ni con convenios formales que regularan la relación, la empresa continuó a cargo del mantenimiento y soporte técnico del Sistema Integrado de Información del Programa Federal Incluir Salud durante más de tres años, con accesos de máximos privilegios al ambiente productivo del sistema y a su base de datos.
Recién en enero de 2026, en el marco del propio proceso de auditoría y a pedido del área de tecnología del organismo, el proveedor habría entregado una nueva versión del código fuente. Sin embargo, los auditores no pudieron verificar que esa versión “compile y corresponda con la versión que se encuentra operativa actualmente”, según consta en el informe. Es decir, ni siquiera quedó acreditado que el Estado dispusiera de una copia fidedigna y funcional del programa que administra la información de pensiones por invalidez, el Certificado Único de Discapacidad y las compras de medicamentos de alto costo.
La auditoría detectó además cuentas genéricas de usuario, ausencia de controles periódicos sobre los perfiles de acceso, tecnología sin soporte vigente y falta de copias de seguridad externas. El sistema tampoco tenía un plan formal de contingencia ante incidentes informáticos.
Las irregularidades se conocieron mientras avanzaba la causa judicial por el presunto esquema de sobornos y direccionamiento de adquisiciones en la Agencia. En febrero de 2026, el juez federal Ariel Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas por presunta asociación ilícita y cohecho, al estimar un desvío de al menos $ 6.000 millones mediante sobreprecios de medicamentos.
Spagnuolo rechazó entregar una muestra de voz para el peritaje acústico. La Justicia intenta determinar si es el autor de los audios que destaparon el escándalo de corrupción en el área que conducía. La negativa provocó prórrogas en el estudio a cargo de Gendarmería Nacional.
Spagnuolo y otras 18 personas -entre ellas exfuncionarios de ANDIS, empresarios e intermediarios- están procesadas y embargadas por un entramado de corrupción en la ANDIS.
Para una franja significativa de personas con discapacidad que no cuentan con obra social ni prepaga, la ANDIS no es un organismo más: es la institución que determina si acceden o no a un medicamento oncológico, a un inmunosupresor post trasplante o a una prótesis. Las irregularidades detectadas por las auditorías atraviesan, entonces, un circuito del que depende la continuidad de tratamientos médicos de personas que, en muchos casos, no tienen una alternativa fuera del sistema estatal.
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