La Asociación De Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) remitirá a los miembros del Congreso un análisis jurídico del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en el que pondrá el foco en aspectos que podrían causar un impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

En un comunicado, ADEPA destacó: “La protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo. Pero las normas destinadas a ese fin deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas. Entendemos en ese sentido que hay espacio para corregir y mejorar el texto propuesto”.

El proyecto en cuestión, enviado la semana pasada al Congreso por el Poder Ejecutivo, incorpora el artículo 225 bis al Código Penal, en el que propone castigar con prisión de 5 a 12 años (de 8 a 15 si hay coerción) a quien, financiado u ordenado por un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

El análisis de ADEPA advierte sobre la amplitud de conceptos como “desinformación”, “manipular la opinión pública”, “campaña coordinada”, “alterar procesos electorales” y otros que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y efectos inhibitorios sobre periodistas y medios.

“ADEPA considera conveniente que cualquier regulación se concentre en conductas objetivamente identificables —como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral— y no aspectos subjetivos que podrían ser utilizados para cuestionar o perseguir contenidos u opiniones”, continúa el comunicado.

Y concluye: “Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural”.

El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital, un mecanismo para cobrar una alícuota del 3% y destinar los fondos a obras en provincias y municipios, salud, discapacidad, educación, jubilaciones y el PAMI.

La iniciativa de Máximo Kirchner establece que se aplicará la alícuota del 3% propuesta a “toda operación que implique la salida efectiva de capitales del país, ya sea en forma de divisas, valores negociables o activos virtuales, realizadas de manera directa o indirecta por los sujetos alcanzados”, según se informó en un comunicado. En caso de que la transferencia sea hacia un destino “de baja o nula tributación”, se adicionará un 2% a la alícuota.

El destino de los fondos recaudados será repartido, según el proyecto, en un “60% para las provincias y municipios (obras de infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria, de vivienda y vial, y recomposición salarial en salud y educación); 10% [para] salud y discapacidad; 10% [para] educación; 10% [para] jubilaciones y pensiones; 10% [para] medicamentos y atención médica de PAMI”.

Con el nuevo impuesto, Máximo Kirchner asegura que se recaudarán, al menos, 2,89 billones de pesos. Ese monto, se especificó en el comunicado del diputado, “equivale a diez veces lo enviado en 2025 a las provincias por transferencias de capital”. Como un fundamento del proyecto, se sostiene que, entre 2023 y 2025, “las transferencias automáticas de la Nación a las provincias y municipios se redujeron un 8,4% en términos reales, mientras que las no automáticas —que comprenden buena parte de los recursos destinados a obra pública, programas, convenios y asistencia territorial— cayeron un 72,8%”.

La iniciativa no “incluye la tenencia de dólares de los argentinos y argentinas; no grava el consumo, el ahorro interno y la inversión productiva; tampoco están incluidas las compras de bienes que ingresan regularmente al país (siempre que sean importaciones genuinas, documentadas y trazables); también quedan excluidas la compra de dólares, bonos, Cedears o fondos, (siempre que los activos permanezcan en la Argentina)”, se aclaró sobre el proyecto.

En el comunicado, se emparentó la iniciativa con el “Aporte Solidario y Extraordinario” (conocido como impuesto a la riqueza), aprobado en el gobierno de Alberto Fernández por impulso de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados.

El anuncio de la iniciativa coincide con el inicio de una gira del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por Estados Unidos, que incluye reuniones con fondos de inversión y empresas de aquel país. Máximo y Cristina Kirchner mantienen una dura interna con el gobernador.

Esa interna sumó otro capítulo, de escala bonaerense, este martes, cuando el senador provincial Emmanuel González Santalla (dirigente de La Cámpora en Avellaneda), le reclamó a Kicillof que ponga en funcionamiento una ley que limita el uso de teléfonos celulares en las escuelas. “En la provincia de Buenos Aires, desde diciembre del año pasado aprobamos una ley para restringir el uso de celulares en escuelas primarias de la provincia, por unanimidad en las dos Cámaras, y estamos esperando que el señor gobernador Axel Kicillof y la ministra [por la directora general de Cultura y Educación, Flavia] Terigi se hagan cargo de implementar esta ley, que es urgente”, dijo Santalla en su cuenta de la red social Instagram.