POLITICA
Acusaciones cruzadas en el Gobierno por los cambios en la emergencia en Discapacidad que incluyó el Presupuesto

La primera gran polémica del Presupuesto 2027 se concentró en los fondos para Discapacidad. Así se desató otro altercado puertas adentro de la Casa Rosada, con acusaciones cruzadas sobre el origen y las intenciones del articulado, mezcladas asimismo entre las internas del oficialismo.
“Un quilombo”, resumió una alta fuente libertaria.
Otra vez, en la gestión de Javier Milei la discapacidad vuelve a ser un tema de discordia, en medio de los recortes sobre un área de altísima sensibilidad, sobre la que además hubo graves denuncias de corrupción y sobreprecios que tramitan en la Justicia. Esto al mismo tiempo que las familias y los pacientes siguen en la calle con marchas y reclamos por los déficits prestacionales.
La nueva tensión se detonó anoche cuando diputados libertarios notaron que el texto que su propio gobierno remitió al Congreso iba en un sentido opuesto en Discapacidad a las conversaciones ya encaminadas en la Cámara baja. El Presupuesto descarta la actualización obligatoria de las prestaciones, y habilita a las obras sociales y a las prepagas a fijar sus propios precios, sobre un mínimo.
Esta tarde, con la polémica detonada, en la Casa Rosada se pasaban la pelota entre las áreas por la redacción del apartado y las teorías fluían.
Ante la consulta de , desde el Ministerio de Salud, donde reporta la Secretaría de Discapacidad, se limitaron a remitir las inquietudes a la Casa Rosada. De esta forma, y sin decirlo, se despegaron de la redacción y por ende de cualquier responsabilidad. Las voces autorizadas del Gobierno evitaron asimismo una réplica oficial.
No obstante, en los distintos despachos se deslizaron todo tipo de versiones. Hubo fuentes que refirieron que el titular de Diputados, Martín Menem, no sabía lo que incluía el Presupuesto oficialista en Discapacidad, una cuestión que se debate en la Cámara que preside. Hay voces que mencionaron que ni el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ni su vicejefe Ignacio Devitt (otro de los arietes con el Legislativo), conocían el texto al detalle. En la Jefatura de Gabinete esta tarde primó el silencio, a la vez que Santilli recibía a gobernadores en un intento de limar las asperezas que se multiplicaban en el Congreso.
Algunos dirigentes apuntaron los cañones contra la Secretaría de Legal y Técnica, ya que marcaron que los textos no salen de Balcarce 50 sin “pasar por el filtro” del área que conduce María Ibarzábal, el “cerebro” caputista y jurídico de la gestión Milei.
Por el contrario, otras fuentes de la Casa Rosada -las únicas que intentaron un justificativo de la norma- refirieron que en el Presupuesto se incluyó el proyecto de Discapacidad “que aprobó el Presidente”, que no es el mismo que Menem y el jefe de Discapacidad, Alejandro Vilches, debaten actualmente con la oposición ya que, acusaron esas voces, “rompe el equilibrio fiscal”.
Una parte del oficialismo dijo que el Presupuesto se gestó en el Ministerio de Economía, por lo que la cartera de Luis Caputo debía dar las explicaciones. Hasta el momento de la publicación de esta nota, los voceros del Palacio de Hacienda no dieron declaraciones oficiales.
“Vamos a cumplir la ley como venimos haciendo. Si implica que algunas partidas tengan que subir, entonces se reasignarán. Nosotros no nos correremos un ápice de la ley”, fue lo único que dijo Milei hoy en Neura.
En la Cámara baja optaron por continuar con el debate en comisiones. Así buscaron calmar las aguas con los socios diciéndoles que las conversaciones mantendrían el sentido que ya traían. La idea del oficialismo en Diputados es lograr dictamen hacia el 23 de septiembre y tratarlo antes del debate del Presupuesto, lo que obligaría -en caso de aprobarse ese proyecto que llaman “superador”- a después modificar la letra del esquema de gastos previstos por el Ejecutivo para el año que viene.
Ahora la pregunta es si el Gobierno no vetará una iniciativa que -pese a estar acordada con los aliados- va a contramano de lo que el mismo Ejecutivo planteó en el Presupuesto.
En los pasillos del Gobierno las especulaciones sobre lo que ocurrió con esta parte del articulado que desató la controversia fueron variadas.
Algunos comentaron que pudo estar vinculado a la interna entre karinismo y caputismo; otros, que tal vez responda a las disidencias dentro del propio Ministerio de Salud; más voces, que se haya incluido para generar ruido público y que así pasen por debajo del radar otros vericuetos del Presupuesto.
“Nosotros tenemos dos proyectos de ley que estamos analizando: uno es el presentado por Unión por la Patria junto con otros diputados que proponen la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad; y otro, que no está en tratamiento de manera directa, pero que sí está sobrevolando esta sala, es el de Presupuesto que entró ayer. Tal como lo dice su título, ambos son ‘proyectos’. De manera que está sometido a consideración de los bloques de esta Cámara qué artículos o qué contenido finalmente va a quedar de esas dos cuestiones”, refirió esta tarde en el Congreso la diputada libertaria -ex Pro- Laura Rodríguez Machado, a quien el menemismo ungió como “la voz oficial” en materia Discapacidad.
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POLITICA
La UBA no impedirá el homenaje a Santucho, pero la nueva conducción de Sociales podría “revisarlo” en marzo próximo

La conducción de la Universidad de Buenos Aires (UBA) no impedirá el inédito y polémico homenaje al máximo referente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho, previsto para el próximo 10 de diciembre, en la Facultad de Ciencias Sociales de esa casa de estudios.
Altas fuentes del rectorado de la UBA, que encabezan Ricardo Gelpi (rector) y Emiliano Yacobitti (vicerrector), afirmaron a que en principio respetarán la “libertad de cátedra” y no pondrán trabas a la realización del homenaje a Santucho, impulsado por el denominado Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología de la Facultad de Sociales, que encabeza la decana Ana Arias, dirigente vinculada al peronismo porteño.
“No nos vamos a meter, el que organiza el acto es un grupo marginal avalado por una decana que ya perdió la conducción de la Facultad y que se va en marzo”, afirmaron desde la actual minoría reformista (UCR y otros partidos) del consejo directivo de Sociales, que se opuso a la realización del evento y que en las próximas horas presentará ante el rectorado de la UBA una nota de repudio a la realización del homenaje a Santucho, que será tratado este miércoles en el Consejo Superior de la universidad estatal.
El homenaje, a realizarse en la renovada sede que la Facultad de Sociales tiene en el barrio porteño de Constitución, incluye la inauguración de una escultura en homenaje al jefe guerrillero, abatido por fuerzas de seguridad en 1976, y palabras a cargo de su hijo Mario Santucho.
El pasado 14 de agosto, el Consejo Directivo votó a Diego de Charras y Julián Rebón, del sector reformista, para conducir la Facultad de Sociales, como decano y vicedecano respectivamente, con mandato entre marzo próximo y 2031. “A la conducción de Arias les quedan estas actividades para hacer, no queremos subirles el precio”, afirmaron desde la conducción de la UBA, de mayoría radical. Y no descartan que la nueva conducción de Sociales “revise” la distinción al líder de la guerrilla guevarista a partir de marzo.
El 11 de diciembre, un día después del proyectado homenaje a Santucho, Yacobitti (ex diputado y dirigente de la UCR) asumirá como nuevo rector de la UBA, en plena guerra de las autoridades de la universidad y la comunidad educativa con el Gobierno por el financiamiento para las casas de estudio públicas.
El Consejo Directivo actual, que integran profesores, graduados y alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, había destacado en la resolución que avaló el homenaje “el recorrido de Mario Roberto Santucho como actor político de nuestro país y nuestra región latinoamericana”. Omitió mencionar la participación del jefe del PRT-ERP en la planificación y ejecución de distintos atentados y actos guerrilleros durante la cruenta década del 70, como el secuestro y asesinato del empresario de Fiat, Oberdán Sallustro (marzo de 1972); el violento asalto al Comando de Sanidad del Ejército (septiembre de 1973); el ataque a la guarnición militar de Azul (enero de 1974) y el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo (diciembre de 1975), además de despliegue de la Compañía de Monte Ramón Jiménez, que intentó promover un foco guerrillero rural en la provincia de Tucumán en 1974 y 1975, durante el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, continuado luego de la muerte del líder por María Estela Martínez de Perón.
Una vez conocida la convocatoria, distintas organizaciones expresaron su repudio.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia es una de las instituciones que expresó su rechazo al homenaje al exlíder guerrillero. “Esto es lo que homenajea la UBA. Uno de los crímenes más resonantes del ERP que comandaba Santucho fue el secuestro y asesinato de Sallustro—10 de abril de 1972″, expresó la entidad en sus redes sociales.
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POLITICA
La Cancillería exigió frenar el proyecto Sea Lion a una semana de que el Tribunal del Mar emita su fallo – Nexofin

El canciller del Gobierno de Javier Milei, Pablo Quirno, volvió a exigir este domingo el cese de actividades relacionadas al proyecto Sea Lion, en las adyacencias marítimas de las Islas Malvinas, territorio reclamado por la República Argentina y gobernado de facto por Reino Unido.
Las declaraciones del jefe de la política exterior libertaria, vertidas en el programa La Noche de Mirtha este sábado a la noche, tienen lugar cuando falta una semana para que el Tribunal del Mar emita su fallo sobre el reclamo del Gobierno argentino.
Según Noticias Argentinas, el canciller reiteró que la demanda de Argentina ante dicho cuerpo judicial supranacional apunta a que se imponga un freno al proyecto que busca extraer petróleo de la plataforma marítima reclamada por el Estado sudamericano.
Una petrolera británica se despegó de Sea Lion: “Nuestro foco está puesto en la Argentina”
Quirno fue contundente: “Estamos hoy ante la intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos”, afirmó en declaraciones a medios televisivos, según Ambito.com.
Además del cese de actividades de Sea Lion, Argentina también reclama ante el Tribunal del Mar que no tengan lugar futuros proyectos de explotación hidrocarburífera en la Cuenca Norte de las Malvinas.
Complicaciones en Sea Lion
El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, enfrenta complicaciones operativas luego de que dos contratistas desistieran de participar y un astillero de Singapur analizara cancelar trabajos vinculados con su principal buque de procesamiento de crudo.
Las dificultades se produjeron en el marco de las sanciones legales, regulatorias y diplomáticas impulsadas por el Gobierno argentino contra la exploración de hidrocarburos en el área disputada.
El Gobierno busca aprobar la Ley Malvinas antes del fallo internacional por la explotación petrolera
La empresa británica Rockhopper Exploration comunicó ante la Bolsa de Londres que dos de sus contratistas abandonaron el proyecto ante el riesgo de posibles represalias judiciales y comerciales. En paralelo, el astillero Seatrium, con sede en Singapur, evalúa rescindir el contrato para remodelar el buque Aoka Mizu, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), necesaria para el procesamiento del petróleo.
El escenario se desarrolla a pocos días de una instancia clave: el 28 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, tiene previsto pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por la Argentina para frenar las perforaciones.
Desde la Cancillería sostuvieron que las sanciones comenzaron a generar consecuencias en las operaciones del consorcio. Como respaldo, señalaron que las acciones de Rockhopper Exploration cayeron un 1,2% en la Bolsa de Londres, mientras que los papeles de su socia israelí, Navitas Petroleum, retrocedieron un 6,59% en la Bolsa de Tel Aviv.
En paralelo, el Poder Ejecutivo impulsa en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que apunta a fortalecer el régimen de sanciones contra las empresas que participen en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en el Atlántico Sur. Sin embargo, el debate en la Cámara de Diputados no pudo avanzar durante la última semana por falta de quórum.
Pese a las dificultades operativas, Rockhopper sostuvo ante sus inversores que Navitas Petroleum mantiene la previsión de avanzar con Sea Lion hacia 2027, en una primera etapa denominada NDA 1, y que buscará reemplazar a los contratistas que se retiraron.
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POLITICA
La UBA, Santucho y un homenaje contra la democracia

Una facultad de la UBA ha decidido desafiar las reglas de la democracia.
Con el “homenaje institucional” que anuncia Ciencias Sociales al líder guerrillero Mario Roberto Santucho no solo se incurre en la provocación: se transgreden pactos tácitos de convivencia, se hace apología de la violencia política y se transmite a la sociedad un mensaje que genera perplejidad, pero también inquietud y temor.
Los hechos hablan por sí solos: el consejo directivo de esa facultad, presidido por la decana Ana Josefina Arias, declaró “de interés institucional” un homenaje al fundador y máximo líder del ERP. Consistirá en la inauguración de una escultura dedicada a él, que será emplazada en el patio “Indio Solari” de la propia unidad académica. Se reivindica, así, al responsable de crímenes y atentados escalofriantes que marcaron la historia argentina.
La organización liderada por Santucho ejecutó, por ejemplo, el secuestro y asesinato del directivo de Fiat Oberdan Sallustro, en 1972; el ataque a la guarnición militar de Azul, durante el último gobierno constitucional de Perón, o el asalto al batallón de Monte Chingolo, en diciembre del 75. Más de cincuenta años después, cuando la Argentina parecía haber superado aquella historia trágica, aparece una reivindicación institucional de esa maquinaria criminal nada menos que en el seno de la Universidad de Buenos Aires.
Para el homenaje se elige una fecha cargada de simbolismo: el 10 de diciembre, día de la restauración de la democracia en nuestro país. Podría parecer solo una ironía macabra, pero encierra un mensaje: hay un sector de la política que, en el día de la democracia, rinde homenaje a alguien que la despreciaba, y además la combatía. No es un sector inorgánico y marginal: maneja resortes institucionales, un presupuesto del Estado y un poder administrativo para avalar y consagrar audacias de esta naturaleza.
El hecho plantea una prueba para la universidad en su conjunto. El rectorado de la UBA, el consejo superior, la comunidad académica en general e incluso el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿avalarán en silencio o reivindicarán las reglas de la convivencia democrática? Tal vez sea necesario recordar lo obvio: defender la universidad pública es defender los valores del pluralismo y el Estado de derecho. ¿Se consentirá con indiferencia un acto que desafía esos principios elementales? Las primeras reacciones justifican la preocupación. Parece imponerse el mutismo, como si se esperara que el ruido se diluya en medio de una agenda pública siempre agitada y cambiante.
Por supuesto que una universidad es un mosaico de contrastes, y es muy sano que albergue ideas y posiciones antagónicas. La libertad de cátedra es un pilar fundamental, y habilita el debate y el estudio de las figuras y los movimientos históricos controvertidos, incluso los más tenebrosos, hasta desde posiciones que puedan ser condescendientes o expresar simpatías discutibles. Pero hay un límite ético y jurídico que no se puede transgredir: el de la apología y la reivindicación de la violencia. Un líder guerrillero puede ser objeto de estudio y de debate, pero no de homenaje ni de “canonización” institucional. El terrorismo de Estado -que tiene siempre una implicancia más peligrosa- no habilita, en ningún caso, a convertir en “héroes” a los partícipes de organizaciones guerrilleras, como estableció, en su momento, el consenso democrático de Alfonsín.
En un momento de efervescencia y debate sobre el sistema universitario, la decisión del consejo directivo de Ciencias Sociales plantea una oportunidad y una prueba. ¿Se defenderán los principios de una universidad plural y democrática o se avalará una concepción sectaria e ideologizada que concibe a las instituciones académicas como vehículos de militancia facciosa?
El episodio conecta con otros interrogantes: ¿Qué propone la universidad a la sociedad? ¿debates estimulantes e ideas innovadoras o visiones anacrónicas, en blanco y negro, con reivindicaciones dogmáticas de ideologías perimidas? ¿propicia el estudio crítico de nuestra propia historia o una exaltación panfletaria de ciertas corrientes ideológicas? ¿Todas sus cátedras son espacios de amplitud y diversidad o algunas se han convertido en trincheras de activismo y propaganda política?
Puede decirse, con razón, que Ciencias Sociales no representa al conjunto de la UBA, donde también germinan otras ideas y visiones. Pero ahí está “el test del silencio”. Se verá cuánto rechazo o cuánta aceptación tácita genera este “monumento a la violencia política”.
El hecho tal vez deba ser encuadrado en un contexto más amplio. Se enmarca en una Argentina donde los extremos se reivindican y se celebran a sí mismos. Se exaltan las posiciones radicalizadas, se desprecia el valor de la moderación, se estigmatiza “la tibieza” como una especie de debilidad moral. Es una atmósfera en la que las posiciones ultra, de izquierda o de derecha, se sienten habilitadas y hasta pierden los frenos inhibitorios.
El kirchnerismo inauguró, en sus años de apogeo, la romantización del setentismo. Estableció un lenguaje reivindicativo de “la juventud maravillosa” y propició una manipulación histórica que reabrió heridas y alentó los revanchismos. Eso no se disipó en el aire: se enquistó en estamentos institucionales y cooptó muchos espacios universitarios, convertidos en resortes de activismo militante, no ya de un partido sino de una facción. Aquel proceso político está en la base del homenaje a Santucho, pero quizá también incida la polarización de estos días, donde los fanatismos, la violencia verbal y la radicalización están “en temporada alta”.
Hay un amplio sector de la sociedad que mira con una mezcla de inquietud y estupor. Ve la violencia verbal, la polarización extrema, el resurgimiento de viejos antagonismos y, ahora, la agitación de un fantasma que representa la guerrilla armada. ¿Son solo fuegos de artificio o representan un peligro de retroceso democrático? La respuesta dependerá de cómo reaccionen las instituciones.
Luciano Román,LA NACION,Política
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