POLITICA
Adorni omitió presentar en su declaración jurada el anexo con los bienes de su esposa
La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entra en una nueva etapa de análisis debido a las nuevas declaraciones juradas que presentó el funcionario, que incluyen rectificaciones a lo que había informado hasta ahora.
Fuentes con acceso a la investigación judicial relataron a que la Oficina Anticorrupción ya envió la nueva presentación (correspondiente a 2025) y las declaraciones rectificativas de las dos anteriores que hizo el jefe de Gabinete, pero que no pudo remitir el anexo reservado correspondiente a su esposa, Bettina Angeletti, debido a que todavía no fue presentado por el funcionario.
La ausencia del formulario reservado resulta especialmente sensible en un contexto en el que Adorni modificó aspectos centrales de sus declaraciones juradas. La falta del anexo correspondiente a su esposa impide contar con una fotografía completa del patrimonio familiar, cuya composición él rectificó para explicar sus gastos. La inexistencia de esa documentación puede alimentar interrogantes sobre la posibilidad de que se produzcan nuevas modificaciones o adecuaciones en la información declarada antes de que el cuadro patrimonial quede definitivamente consolidado y la Justicia pueda avanzar con un pedido para que Adorni justifique el origen de sus bienes.
Fuentes cercanas al jefe de Gabinete alegaron que tiene hasta el 31 de julio para presentar el anexo reservado, fecha en la que vence el plazo para entregar las declaraciones juradas a la OA. Sin embargo, Adorni dijo públicamente que estaba “a disposición de la Justicia en lo que requiera”.
No es la primera vez que Adorni demora la presentación del anexo correspondiente a los bienes de su esposa. Ya lo había hecho en su declaración anterior. Recién acompañó ese anexo, que debió haber entregado el año pasado, en abril de este año, con la causa por enriquecimiento ya avanzada en su contra. Sólo entonces dio cuenta de la compra de la casa en el country Indio Cua.
Ahora, lo que Adorni detalle en el formulario correspondiente a su mujer adquiere relevancia porque el propio funcionario atribuyó su nueva versión del patrimonio familiar, en buena parte, a los ingresos y bienes de su esposa. En la entrevista con José Del Río, en LN+, el funcionario sostuvo que la situación económica de la familia no podía analizarse únicamente sobre la base de sus ingresos personales, sino que debía contemplarse la trayectoria laboral de Bettina y los ahorros acumulados por ambos durante décadas.
De acuerdo con las explicaciones brindadas en esa entrevista por el jefe de Gabinete, su esposa desarrolló toda su carrera en el sector privado, con una trayectoria de entre 23 y 25 años de actividad laboral. Según indicó, durante aproximadamente quince años ocupó “cargos gerenciales”, percibiendo ingresos que formaron parte del “ingreso familiar” disponible.
Asimismo, enfatizó que Angeletti nunca ocupó cargos en la administración pública.
Adorni también aseguró que ambos decidieron unificar sus ahorros después de que se casaron y que durante 25 años mantuvieron parte de esos fondos fuera del sistema formal. En sus palabras, se trató de dinero ahorrado “en negro” que no declararon para resguardarse de la “vieja política”.
Adorni rectificó en su declaración jurada pública información sobre la casa en el country Indio Cuá. Según sostuvo, el inmueble no figuró en su declaración jurada original porque lo había informado como de exclusiva propiedad de su esposa. A raíz de las observaciones surgidas sobre su patrimonio, decidió rectificar la información y declarar ahora una titularidad compartida del cincuenta por ciento para cada uno.
Tanto Adorni como su esposa se inscribieron en los últimos días en el régimen simplificado de Ganancias previsto por la ley de Inocencia Fiscal.
Qué dice la reglamentación
El sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales prevé que la presentación se compone de dos formularios. El primero, el F-1245, contiene la información patrimonial, personal y laboral del funcionario y se presenta de manera electrónica. El segundo es el Formulario F-1246, denominado Anexo Reservado, que debe ser completado cuando el declarante está casado, convive con una pareja o tiene hijos menores.
Ese formulario reservado se presenta en formato papel y en sobre cerrado y forma parte de una única obligación legal. Es decir, no se trata de una declaración independiente ni de un trámite complementario optativo, sino de una pieza integrante de la misma presentación patrimonial. El formulario público fue rellenado el miércoles por la noche. Sin embargo, hasta el momento no se presentó el sobre físico del anexo de Angeletti, según la información disponible en los tribunales.
rectificaciones a lo que había informado,Ya lo había hecho,Camila Dolabjian,Conforme a
POLITICA
Mientras mira de cerca la evolución de la economía, el Gobierno suma un frente de presión por su estrategia sobre Malvinas
En los últimos días se conoció un dato positivo para el Gobierno respecto a la situación económica, con la confirmación de una leve baja en la morosidad de las familias. Sin embargo, creció la mora en las empresas. En este contexto, la gestión de Javier Milei sumó complicaciones a su estrategia de reclamo de soberanía por las Islas Malvinas. Además de las medidas del Reino Unido, desde el gobierno de Estados Unidos le hicieron reclamos concretos por las sanciones a empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.
Según el Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA), se registró una tenue baja de la morosidad de los créditos de las familias, 0,1 puntos porcentuales en agosto, que llegó a 12,8% mensual. El documento indicó que “la dinámica mensual se explicó por una caída de 0,98% en el saldo real en situación irregular, mientras que el financiamiento total no presentó cambios de magnitud en términos reales”.
A nivel total del sistema financiero, el atraso en los pagos se ubicó en agosto en 7,75% en la cartera de préstamos, contra el 7,73% del mes anterior. En préstamos personales fue del 17% del total, con un alza de 0,3% con respecto a julio (16,7%).
POLITICA
El gobierno porteño afirmó que reparar los destrozos en el Congreso costará 90 millones de pesos
La Ciudad de Buenos Aires informó que deberá destinar una suma estimada en $90 millones para reparar los daños provocados por manifestantes violentos que irrumpieron en el Congreso, luego de la fallida sesión en Diputados y en paralelo a la 5ta Marcha Federal Universitario. Los destrozos afectaron mobiliario urbano, veredas, canteros y superficies verdes de la Plaza de los Congresos y sus alrededores, indicó el gobierno porteño.
El reclamo universitario de desarrolló en forma pacífica para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, se desvirtuó con la irrupción de los violentos que desataron serios incidentes al enfrentarse con las fuerzas federales. Además de destrozos en el espacio público hubo detenidos y heridos.
La erogación necesaria aún podría crecer, indicaron las autoridades porteñas, una vez que se completen las evaluaciones técnicas, lo que refleja el impacto material de la jornada. La zona más castigada fue el corredor de Rivadavia entre Callao y Rodríguez Peña, donde se concentraron los enfrentamientos mientras del otro lado del escenario transcurría el acto central de la movilización.
Los disturbios se desataron minutos antes de que los rectores de las universidades públicas comenzaran a leer un documento con el reclamo para que el Gobierno Nacional cumpla con la ley de financiamiento, ratificada en cinco oportunidades por el Poder Legislativo y cuya implementación continúa bloqueada por la administración de Javier Milei. En otro sector de la plaza, hombres encapuchados comenzaron a arrojar cascotes contra la formación que custodiaba el vallado perimetral del palacio legislativo. Las piedras, según las crónicas de los periodistas presentes, llovían sobre los escudos de los gendarmes y rebotaban contra sus cascos de plástico.
Los grupos que iniciaron el conflicto surgieron en medio de una zona donde se identificaban banderas de sectores políticos de izquierda. La respuesta de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) fue inmediata: los agentes saturaron el área para proteger las vallas y respondieron con disparos de balas de goma y gas lacrimógeno. El gas obligó a numerosos manifestantes —muchos con el rostro cubierto— a retroceder por las calles aledañas, en un enfrentamiento que se extendió por más de dos horas.
Poco después, un camión hidrante llegó al cruce de Rivadavia y Entre Ríos. El vehículo necesitó la asistencia de un camión tanque para conectar la manguera y abastecerse de agua antes de desplegar su chorro contra los grupos más agresivos. Los proyectiles, lanzados con gomeras por manifestantes, alcanzaban incluso la posición de los cronistas, lo que obligó a extremar las precauciones durante la cobertura.
El saldo de la jornada arrojó 31 personas detenidas y ocho efectivos heridos, pertenecientes a GNA, Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía Federal. De acuerdo con fuentes policiales, tres integrantes de Gendarmería y uno de Prefectura resultaron lesionados por el impacto de elementos contundentes.
Los efectos del operativo traspasaron la calle y llegaron hasta el interior del recinto parlamentario. Según indicaron fuentes consultadas por Infobae, el gas lacrimógeno se sintió incluso en el anexo del Congreso, donde varios diputados debieron retirarse de los despachos del Palacio Legislativo tras sentirse descompuestos. Entre ellos, la diputada Cecilia Moreau tuvo que recostarse para recuperarse. “Nunca había pasado esto, le pusieron más fuerza al gas”, señalaron las mismas fuentes.
La movilización coincidió, además, con el intento de la oposición en la Cámara de Diputados de derogar el DNU 70/2023, el decreto que desreguló cientos de actividades al inicio de la gestión libertaria. Sin embargo, el oficialismo logró evitar el quórum necesario gracias a un puñado de ausencias de gobernadores aliados.
En las redes sociales, la funcionaria Alejandra Monteoliva cuestionó a quienes protagonizaron los disturbios. “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, escribió en su cuenta de X.
Y agregó: “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”.
Las detenciones se concretaron antes de que Gendarmería procediera a desalojar la Plaza Congreso, en una operación que puso fin a una jornada marcada por los reclamos universitarios y los destrozos cuya factura preliminar de $90 millones recaerá sobre las arcas del gobierno porteño.
POLITICA
El Gobierno demora la reforma política por falta de acuerdos en el Senado y revisa su estrategia para las elecciones de 2027
El Gobierno dilata la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para avanzar con la reforma política y recalcula su estrategia de negociación con los gobernadores y bloques aliados. En la Casa Rosada aseguran que no volverán a impulsar el tratamiento hasta tener garantizados los respaldos necesarios para aprobar la suspensión de las PASO nacionales de 2027, uno de los principales objetivos electorales de Javier Milei.
“Hasta que no haya acuerdo cerrado no vamos a convocar”, aseguran en Nación. La definición aleja la posibilidad de acelerar el debate durante los próximos días y modifica las expectativas de sectores del oficialismo que proyectaban obtener un dictamen y llevar la iniciativa al recinto durante la última semana de octubre. En Balcarce 50 reconocen que las conversaciones todavía no alcanzaron el nivel de consenso necesario para fijar un cronograma parlamentario.
La falta de avances se mantiene incluso después de la última reunión de la mesa política, realizada el martes en la Casa Rosada. Fuentes del Ejecutivo confirmaron a TN que no hubo novedades que permitan adelantar una nueva convocatoria. En el bloque de La Libertad Avanza del Senado transmiten una evaluación similar y advierten que todavía deben mantenerse conversaciones individuales con legisladores de los espacios dialoguistas.
El principal obstáculo está en la Cámara Alta, donde el oficialismo necesita reunir 37 votos para modificar el régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y debe buscar los 16 respaldos restantes entre la UCR, el PRO, los bloques provinciales y sectores del peronismo disidente. En la conducción parlamentaria advierten que los entendimientos con los gobernadores no garantizan automáticamente el acompañamiento de todos los representantes de sus provincias.
La negociación tampoco está cerrada dentro de la propia mesa política. Mientras Diego Santilli y otros sectores del Gobierno buscan acelerar los entendimientos para asegurar la votación, en despachos cercanos al armado electoral de La Libertad Avanza sostienen que las definiciones sobre las alianzas para 2027 llegarán recién hacia fin de año. La intención es preservar capacidad de negociación y evitar concesiones territoriales antes de conocer con mayor precisión el escenario electoral.
En ese sector del Ejecutivo consideran que no existe una necesidad inmediata de revelar las condiciones que pretende imponer el oficialismo en cada provincia. La lectura es que la candidatura presidencial de Milei constituye su principal herramienta de negociación frente a gobernadores que no cuentan con una alternativa nacional propia. Por eso, relativizan las versiones sobre acuerdos ya cerrados y aseguran que, aunque hubo acercamientos, todavía falta resolver la distribución de candidaturas y las condiciones de competencia.
La discusión se concentra ahora en dos modificaciones que el Presidente considera prioritarias: la suspensión de las PASO nacionales y la incorporación de un casillero para votar lista completa en la Boleta Única de Papel. El proyecto original proponía eliminar definitivamente las primarias, pero en Nación reconocen que la negociación ya se orienta a suspenderlas durante 2027. Esa alternativa permitiría evitar su realización en la próxima elección presidencial sin derogar de manera permanente el sistema.
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