POLITICA
Peter Lamelas se reunió en Rosario con Maximiliano Pullaro, con el foco en la seguridad y posibles inversiones en Santa Fe
Peter Lamelas se reunió este viernes con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en la Sede de Gobierno de la ciudad de Rosario para explorar un abanico de posibilidades de cooperación bilateral que abarca desde la seguridad pública hasta la atracción de inversiones estadounidenses en infraestructura y puertos. La visita del embajador de Estados Unidos en Argentina a la provincia puso sobre la mesa áreas de trabajo concretas —inteligencia criminal, gestión penitenciaria e infraestructura estratégica— en las que ambas partes evaluaron avanzar de manera conjunta.
El encuentro tuvo lugar en un momento en que Santa Fe registra una mejora sostenida en sus indicadores de seguridad, producto de la política que lleva adelante la administración de Pullaro desde que asumió la gobernación, en conjunto con los aportes del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Ese contexto no pasó inadvertido para el diplomático estadounidense: tras la reunión, Lamelas publicó en sus redes sociales un mensaje en el que elogió “la transformación de Santa Fe en materia de seguridad” como prueba de “lo que es posible cuando hay liderazgo, decisión y compromiso para enfrentar al crimen organizado”. La frase sintetiza el tono general del encuentro, en el que los avances provinciales en seguridad operaron como punto de partida para proyectar una agenda de trabajo más amplia con Washington.
A esa dimensión policial y judicial se sumó una segunda línea de conversación con peso propio: el potencial económico de la provincia. Santa Fe alberga algunos de los puertos de mayor movimiento sobre el río Paraná, una vía fluvial de relevancia continental para la exportación de granos y productos industriales. La posibilidad de que capitales estadounidenses participen del desarrollo de esa infraestructura, en un contexto en el que el gobierno nacional avanza con la privatización de la Hidrovía, convirtió al encuentro en algo más que una visita de cortesía diplomática.
El propio Lamelas fue explícito sobre los alcances del diálogo. “Fue un gusto reunirme con el gobernador Pullaro y su equipo para dialogar sobre oportunidades de cooperación entre Estados Unidos y la provincia de Santa Fe en áreas de interés común, incluyendo seguridad pública, inteligencia criminal y gestión penitenciaria”, escribió el embajador.
Y agregó: “También conversamos sobre el potencial de Santa Fe para atraer inversiones estadounidenses, particularmente en infraestructura estratégica y en el desarrollo de los puertos sobre el río Paraná. Estados Unidos valora el trabajo conjunto con socios comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad, el crecimiento económico y la creación de oportunidades para sus comunidades”.
Junto al gobernador participaron del encuentro el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz; y la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada. La composición del equipo provincial reflejó el doble eje de la agenda: por un lado, la cooperación en materia de orden público; por el otro, las perspectivas comerciales y de inversión.
Díaz precisó que la relación de trabajo con la Embajada de Estados Unidos tiene historia previa. “La agenda de cooperación con la Embajada de EE.UU. es muy interesante. Hace tiempo trabajamos en cooperación diversos temas y fundamentalmente en el tema seguridad”, señaló el funcionario. En ese marco, el secretario detalló que durante la reunión se presentaron los resultados de la política de seguridad impulsada por Pullaro, avalados por cifras que, según sus palabras, “muestran un notable mejoramiento”.
Ese desempeño, subrayó Díaz, tiene un efecto directo sobre la proyección turística y comercial de la provincia: “Esta mejora impacta en la posibilidad de promocionar las ciudades de nuestra provincia, y la ciudad de Rosario; y abre la posibilidad de que vengan americanos a disfrutar».
En el plano económico, Díaz identificó la privatización de la Hidrovía como “un punto clave para la relación comercial” con Estados Unidos. El proceso de concesión del corredor fluvial, que conecta la cuenca del Paraná con el Río de la Plata y de allí con los mercados globales, representa una oportunidad de participación para el capital privado norteamericano en una de las rutas de exportación más activas de América del Sur.
Al término del encuentro, las partes acordaron continuar el trabajo con la Embajada, tanto en los temas ya abordados como en otros que el propio secretario calificó de “novedosos”, sin precisar su contenido.
Las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria del Senado dictaminaron esta tarde el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998, pero que Diputados recién votó en agosto pasado. Al haber modificado el texto en la Cámara baja -se hizo reserva del capítulo II-, el tema volvió en segunda revisión y ahora, con el despacho firmado, el acuerdo quedó listo para ser sancionado, en caso de que el oficialismo cierre con aliados y solicite ir al recinto el jueves próximo.
La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios y, antes de firmar un dictamen, se dejó “en reserva” el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia, por 20 años, en todos los países miembros.
Desde el sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes -sin aportar mejoras terapéuticas reales- para extender, de forma artificial, un eventual monopolio y bloquear la competencia.
Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.
“Es uno de los pocos países no adheridos a este tan importante tratado. Lo que rige en patentes es un acuerdo anterior, de 1884”, aseguró el libertario y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni (Formosa). Por su parte, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, manifestó: “Cooperación no significa resignar la soberanía en términos de lo que es aquello que los argentinos son capaces de inventar”.
La porteña apuntó a “despejar es equívocos” y dejó en claro que la propuesta “no crea una patente mundial, no obliga a la Argentina a conceder patentes, y tampoco le quita la facultad de decidir qué invenciones merecen protección, conforme a nuestra legislación”.
Para la porteña, “la Argentina tiene científicos, universidades y empresas para innovación”, lo que “permite -de sancionar el acuerdo- que todos esos actores del mundo tecnológico puedan proyectarse internacionalmente”. En esa línea, detalló: “Es una gran herramienta para instituciones como el Conicet o empresas privadas que investigan y que logran generar nuevos productos o posibilidades para el adelanto de la ciencia”.
Por otra parte, Bullrich resaltó: “Hoy lanzan un avance e, inmediatamente, otro investigador lo publica y se pierde la posibilidad de tener una patente. Con esto, la primera información queda registrada y le da una protección adicional. Es decir, genera previsibilidad y mejores herramientas”.
No pensó igual el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco). Y, como ya suele ocurrir desde hace un tiempo, desde Convicción Federal -ex cristinistas, en principio-, el catamarqueño Guillermo Andrada dividió su apoyo -según el caso- entre las posturas de la porteña, y las del ex gobernador y ex jefe de Gabinete.
“Si nos perjudica de manera notoria, entonces es preciso exponerlo con un detalle de análisis de costo-beneficio. De lo contrario, en vez de favorecer la soberanía, aumentamos el grado de dependencia”, sostuvo Capitanich.
Asistieron un puñado de invitados por la oposición que, en conjunto, criticaron el acuerdo. “No podemos escuchar que los medicamentos se van a encarecer cuando son carísimos de por sí, comparados con cualquier parte del mundo”, respondió Bullrich.
celeste salguero/comunicaciòn
POLITICA
Senado: se demoran las firmas para dictaminar la ley de salud mental y hay disidencias de los aliados
Tras algunas disidencias en aliados y la falta de un par de firmas, las comisiones de Salud; y de Legislación General del Senado no lograron blindar esta tarde un dictamen de la nueva ley de salud mental, tras meses de negociaciones entre Nación y provincias representadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). El oficialismo libertario confía que obtendrá las rúbricas para el despacho de mayoría: si no lo hace hoy, el tema no quedará habilitado para la semana próxima.
En concreto, el proyecto plantea la prioridad para médicos -psiquiatras, en preferencia- sobre psicólogos -quienes también formarán los equipos interdisciplinarios- a la hora de tomar las decisiones más delicadas. Y las internaciones involuntarias serán notificadas a un juez, que no tendrá injerencia en dicha acción, mientras que se revalida y sostiene la cooperación entre Nación y provincias en cuanto al financiamiento.
Por otra parte, se ampliará el concepto de adicciones -por ejemplo, la ludopatía-, se activará una delimitación de familiares en representación de pacientes, se impondrán diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y quedará prohibida la práctica de manicomios. También existirá un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.
Además, todos los trabajadores involucrados en el proceso deberán contar con capacitación permanente. Otro ítem que generó conflicto y terminó de inclinar la balanza del articulado -hoy frenado- fue la restitución de la cooperación técnica, económica y financiera nacional en los convenios con las jurisdicciones. Es decir, plata.
En cuanto a familiares, se limitará la intervención a padres o hijos y se mantendrán los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.
Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una potencial internación en unidades de adultos, la misma quedará restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.
En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.
“Se trata de mejorar aquello que la experiencia demostró que necesita un cambio”, manifestó la senadora libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis). En tanto, su colega fueguina Belén Monte de Oca destacó: “La ley generaba muchos prejuicios a las personas que pasan por situaciones de salud mental o quienes tiene algún tipo de adicción”.
Por su parte, el filo K Fernando Salino (San Luis) direccionó la mira hacia la “base del problema, que es presupuestaria”. No obstante, la clave para que este tema llegara al plenario fue, en particular, el compromiso de sostener el financiamiento actual. Esto no pareció necesario y suficiente para la radical Gabriela Valenzuela (Corrientes), uno de los acompañamientos en disidencia. No suele pedir mucho la palabra y, cuando la solicitó, dijo: “Creo que estamos viviendo una crisis respecto a la salud mental. Sobre todo, en las provincias”.
Ya cerca de las 19 y, ante la imposibilidad de conseguir el dictamen, desde La Libertad Avanza pensaban en algún legislador de la oposición que presente mañana un despacho de minoría. ¿Para qué? Ante un nuevo documento que lleve otra/s firma/s, la sumatoria de ambos textos implicaría la mitad más uno del plenario y la habilitación de la discusión. En definitiva, no aterrizará en el recinto la semana próxima por no contar con los siete días reglamentarios ni tener los dos tercios de voluntades para ser tratado sobre tablas.
El presidente Javier Milei se refirió a las multitudinarias protestas que tienen lugar en Francia y que convocaron a chalecos amarillos, estudiantes de secundaria, universitarios, agricultores y sindicalistas este sábado 17 de octubre para protestar contra el costo de vida. El primer mandatario argentino criticó la situación en Europa y lo comparó con sus palabras durante el Foro de Davos de 2024.
“Pensar que luego de dicho discurso en Davos 2024, los analistas políticos, la política y los periodistas salieron a criticar brutalmente. Nada que debiera sorprender ante el déficit de IQ severo combinado con ignorancia y ceguera ideológica”, escribió este domingo Milei en su cuenta de X.
Y añadió: “¿Reconocerán que otra vez acerté y que ellos erraron fuerte? Lo dudo, carecen de honestidad intelectual, de conocimiento y autocrítica, al margen de la cuestionable calidad humana que muestran a diario. ¡CIAO!“.
Junto a sus palabras, Milei compartió un fragmento de su discurso en ese evento. En esa oportunidad, el jefe de Estado argentino comenzó diciendo que occidente estaba “en peligro”.
“Aquellos que supuestamente deben defender los valores de occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de querer pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo”, expresó Milei.
“Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca soluciona los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo sino que, por el contrario, son su causa”, señaló en ese entonces.
Protestas en París
Las nuevas palabras de Milei llegaron mientras Francia enfrenta graves problemas por los manifestantes, no sólo en París. Los reportes también hablaron de alcaldías asaltadas en Marsella, Lille y Limoges, la oficina de turismo incendiada en Lyon, y una manifestación espontánea que logró acercarse a escasos 150 metros del Elíseo y ocupar los Campos Elíseos.
La Policía anunció 855 detenidos, una cifra “récord”. Y 60 miembros de las fuerzas del orden resultaron heridos. “Aquellos que rompieron, atacaron prefecturas y comercios, pillaron hasta nuestras alcaldías, serán perseguidos y castigados”, prometió el presidente Emmanuel Macron.
Nacido en septiembre en las redes sociales por iniciativa de una nueva generación de chalecos amarillos, el llamamiento del 17 de octubre consiguió generar un efecto “bola de nieve”, arrastrando detrás suyo al sindicato de orientación comunista CGT, Solidaires y la Confederación Agrícola, las organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios, la Coordinación Rural, las marchas por el clima e incluso la intersindical de conductores de VTC, y contando con el apoyo del partido de extrema izquierda La Francia Insumisa (LFI) y el Partido Comunista (PCF).
Las reivindicaciones son un catálogo de la exasperación social: el precio de la nafta, las facturas de la luz, la canasta básica, el rechazo al proyecto de presupuesto 2027, así como la falta de recursos para la escuela y los hospitales.
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