POLITICA
Adorni registró en US$230.000 la compra de su departamento de Caballito y declaró una hipoteca con dos particulares
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, firmó en noviembre de 2025 la escritura de compraventa del departamento de la calle Miró, en Caballito, donde vive con su familia. La operación quedó registrada a un valor de 230.000 dólares que provienen, casi en su totalidad, de una hipoteca no bancaria con dos particulares.
Los datos surgen de un informe de dominio que obtuvo en un trámite regular ante el Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Adorni figura como dueño del 50 por ciento de la propiedad desde el 18 de noviembre pasado, dos semanas después de que se confirmó su ascenso a la Jefatura de Gabinete. Su esposa, Bettina Angeletti, es la otra cotitular.
Se trata de una unidad funcional de 199,97 metros cuadrados, a la que se suma el proporcional de la cochera, en la planta baja del edificio ubicado en una zona de alto valor inmobiliario del barrio de Caballito.
Adorni sumó esta propiedad sin haberse desprendido de la vivienda donde residía antes de entrar al Gobierno, sobre la avenida Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco, según consta también en el Registro de la Propiedad.
Un año antes, la familia Adorni había adquirido -también en el mes de noviembre- una casa en el country Indio Cua Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. En ese caso, el registro consigna que la única titular es Angeletti. La escribana, Adriana Nechevenko, es la misma en las dos operaciones.
“A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder”, había dicho el miércoles pasado Adorni, en la conferencia que convocó en medio de los cuestionamientos políticos que desataron la noticia sobre un viaje a Punta del Este en avión privado y las posteriores revelaciones sobre la casa en el country.
La Justicia investiga el potencial enriquecimiento ilícito del funcionario de confianza de Javier Milei.
El departamento de Caballito -donde Adorni informó que vive durante aquella conferencia de prensa- se lo compró, según el registro, a dos mujeres, que a su vez figuraban como dueñas en partes iguales desde el 30 de abril de 2025. Antes de ellas, el único propietario había sido Hugo Alberto Morales, un exfutbolista que brilló en Huracán y Lanús en los años 90.
Las dos mujeres -una de 72 años y otra de 64- que tuvieron la titularidad del inmueble figuran como acreedoras en partes iguales de una hipoteca de 200.000 dólares registrada el 24 de noviembre de 2025 (en la misma escritura que consigna la titularidad de los Adorni).
El departamento tuvo un embargo en el año 2011 que -aunque ya estaba prescripto- se inscribió su levantamiento recién el 5 de febrero pasado, según consta en el registro. Es decir, cuando Adorni y Angeletti ya eran los dueños.
Al hablar ante la prensa, Adorni eludió confirmar que el departamento de la calle Miró le perteneciera. Solo dijo: “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”. Con eso pareció anticipar que sí lo incluirá en la declaración correspondiente a 2025, que según lo que figura en el registro es el año en que lo adquirió. No está claro si la casa de Exaltación de la Cruz la declaró en el apartado reservado correspondiente a los bienes de su esposa. Esa operación sí ocurrió en el período incluido en su última presentación obligatoria.
De todos modos, la Justicia buscará determinar el origen de los fondos con los que el jefe de Gabinete incrementó su patrimonio en los dos años que lleva en la función pública.
Cuando asumió en diciembre de 2023 como vocero presidencial, Adorni declaró dos inmuebles a su nombre: el de la calle Asamblea y uno en La Plata. El primero, según la declaración jurada obligatoria ante la Oficina Anticorrupción (OA), tiene 115 metros cuadrados y figura a medias con su mujer. El de La Plata, de 107 metros cuadrados, lo anotó como 100% suyo desde 2016 y producto de una donación familiar. Ambas propiedades siguen inscriptas a su nombre, según los registros oficiales consultados por .
En su declaración jurada de ingreso, Adorni incluyó un vehículo Renault Captur de 2019, depósitos en el país por algo más de $180.000 y en el exterior por más de $9 millones, además de fondos de inversión por $10 millones y dinero en efectivo en el país (entre dólares y pesos) por unos de 2,1 millones de pesos. Es decir, dinero, en total, por unos 15 millones de pesos, equivalentes, al final de diciembre de 2023, a unos 25.000 dólares (al dólar oficial) o 20.500 dólares (al dólar blue).
En 2024, compró una Jeep Compass Sport de 2021 -sin vender el Renault- y declaró dos deudas que suman el equivalente a unos 30.000 dólares.
Registró deudas con su madre, con una jubilada que tenía 95 años al momento de la declaración y con otras dos mujeres sin aparente vínculo familiar de primer grado con él, por unos 50.000 dólares.
Adorni insistió en su conferencia de prensa que no daría más información a la prensa: “Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas. Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada”.
Molesto por las preguntas, en la conferencia de prensa se quejó: “Sos apenas un periodista, no un juez. No tengo por qué responderte. Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gané legítimamente”.
Los registros oficiales en la ciudad de Buenos Aires también dan cuenta de otra propiedad familiar, en este caso solo a nombre de Angeletti, en el barrio de Parque Avellaneda. Se trata de un departamento en Bragado al 4700, donde la pareja vivió en sus primeros años de casados y que habría sido comprado con un crédito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Ella también tiene a su nombre una propiedad en el partido de Morón, según información oficial de la provincia de Buenos Aires.
Angeletti tiene un emprendimiento de “coaching ontológico” bajo el nombre de +BE. Estaba inscripta ante la AFIP como monotributista cuando Adorni asumió en la función pública. Desde octubre pasado está registrada como autónoma categoría II.
Al momento de la compra del departamento de la calle Miró, Adorni tenía un sueldo bruto de 3,5 millones de pesos, merced al congelamiento dispuesto por Javier Milei para los altos cargos del Estado. En enero se dispuso un aumento, que lo elevó significativamente (aunque nunca se aclaró el monto total en que quedó).
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POLITICA
Sicarios cibernéticos en el mar: la guerra electrónica que amenaza a la flota pesquera Argentina
Desde el 28 de febrero de 2026, los capitanes que intentan cruzar el Estrecho de Ormuz observan en sus pantallas de navegación algo que desafía toda lógica: supertanqueros que circulan sobre tierra firme, cargueros que atraviesan aeropuertos, buques que derivan a través de una central nuclear. No se trata de fallas técnicas aleatorias. Es el resultado de operaciones de interferencia satelital desplegadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que desde el inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel convirtió ese corredor marítimo —por el que transita el 20% del petróleo y gas del mundo— en el primer escenario documentado de guerra híbrida marítima a escala masiva. Lo que ocurre allí no es una amenaza futura ni un escenario hipotético. Es el presente del ciberespacio marítimo. Y es exactamente lo que el capitán Jorge A. Frías, secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca y presidente de la Fundación Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino (FUNCESMAr), advirtió durante las Jornadas de Intereses Marítimos Argentinos celebradas en Mar del Plata: la flota pesquera argentina enfrenta las mismas vulnerabilidades, y el país carece todavía de un marco normativo que las contemple.
Los expositores organizaron el problema en torno a un marco de origen naval, hoy directamente aplicable al sector pesquero: información, tecnología y personas. La información es el activo estratégico. Las decisiones de navegación y de captura ya no dependen solo de la observación directa del capitán, sino de un flujo continuo de datos como el AIS ((Automatic Identification System, o Sistema de Identificación Automática) y entre otros, la trazabilidad blockchain.
En palabras llanas: la tecnología blockchain es una base de datos distribuida, en lugar de almacenarse en un único servidor central, la información se replica simultáneamente en miles de nodos (computadoras) conectados en red. En el sector pesquero, la trazabilidad blockchain permite registrar y verificar:
- Dónde y cuándo se capturó el pescado.
- Qué embarcación lo capturó y bajo qué licencia.
- La posición GPS del buque en el momento de la captura.
- La cadena de frío durante el transporte.
- El procesamiento en tierra y la distribución hacia los mercados.
Cada uno de esos datos queda grabado de forma permanente e inmutable en la cadena. En este punto aparece lo que el capitán Frías denominó «el problema del oráculo“: el blockchain garantiza que un dato no fue modificado después de registrado, pero no puede garantizar que ese dato fuera verdadero en el momento de ingresar. Si un buque pesca en una zona prohibida del Atlántico Sur y su GPS fue manipulado mediante spoofing (técnica de engaño digital que consiste en suplantar o falsificar una señal, una identidad o una fuente de información para que un sistema receptor la tome como legítima) para mostrar una posición falsa, ese dato falso queda registrado en la cadena con la misma solidez que uno verdadero. El certificado de origen resultante es formalmente impecable y sustancialmente fraudulento.
Es por eso que la integridad de la información satelital —y su protección frente a un engaño digital que se denomina spoofing— es la base sobre la que descansa todo el sistema de trazabilidad, por más robusto que sea tecnológicamente.
Según se advirtió en la exposición, cada sensor y cada sistema automatizado de las embarcaciones es también una puerta de entrada potencial para actores maliciosos, “los sicarios cibernéticos”, según Frías. La digitalización de puertos y buques convirtió al ecosistema pesquero en un objetivo de alto valor.
Los expositores destacaron que ante esta situación crítica, que ya es una realidad en el mundo, Argentina carece de un instrumento que articule de manera integrada la ciberseguridad, la actividad pesquera y la soberanía marítima. Y la manipulación de señales satelitales -el llamado “GNSS spoofing”- no es solo una amenaza a la navegación: es, según se planteó, una herramienta técnica para el blanqueo de pesca ilegal y el fraude en la certificación de origen, con implicancias directas sobre la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
El Estrecho de Ormuz: laboratorio de guerra híbrida marítima
Una demostración palpable sobre las advertencias y recomendaciones que se realizaron en las jornadas sobre «La ciberseguridad marítima en la cadena de valor del sector pesquero», presentada por el Capitán Jorge A. Frías quedó al descubierto en el conflicto de Medio Oriente.
Tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán en la operación “Epic Fury”, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró el Estrecho de Ormuz “cerrado” y aplicó una estrategia de bloqueo que combina tres métodos simultáneos: ataques físicos con misiles, drones y lanchas rápidas; minado de la ruta de separación de tráfico oficial; e interferencia electrónica masiva sobre los sistemas de posicionamiento satelital. La combinación resultó más eficaz que cualquiera de esos métodos por separado.
El Institute for the Study of War calificó el mecanismo como un esquema de extorsión y advirtió que cualquier acuerdo que reconociera el control iraní sobre el estrecho constituiría un precedente con implicancias para el comercio global.
La guerra invisible a escala sin precedentes
La dimensión electrónica del bloqueo resultó tan disruptiva como la física. En las primeras 24 horas tras el inicio del conflicto, más de 1.100 buques en aguas de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán e Irán sufrieron interferencias en sus sistemas de navegación satelital, según datos de la firma de inteligencia marítima Windward.
Los analistas vinculados a esa firma identificaron 35 clústeres de jamming activos de forma simultánea en la región. Los clústeres de jamming son zonas geográficas donde se concentran múltiples equipos o fuentes que emiten interferencias electrónicas de manera deliberada para bloquear o degradar señales de radiofrecuencia, especialmente las utilizadas por sistemas de navegación y posicionamiento como el GPS/GNSS.
La firma Lloyd’s List Intelligence documentó 1.735 instancias de interferencia GPS que afectaron a 655 buques solo entre el inicio del conflicto y el 3 de marzo. Los incidentes diarios escalaron de 350 al comienzo a 672 el 3 de marzo. Para el 7 de marzo, más de 1.650 embarcaciones habían experimentado interferencias en sus sistemas GPS y AIS en toda Asia Occidental, un incremento del 55% respecto a la semana anterior, según Windward.
De Ormuz al Atlántico Sur: la misma vulnerabilidad, otro escenario
Lo que la Guardia Revolucionaria iraní aplicó en el Estrecho de Ormuz no es una capacidad exclusiva de las grandes potencias militares. Es, precisamente, la advertencia que Frías llevó a Mar del Plata: los ataques cibernéticos contra el sector marítimo mundial crecieron un 300% entre 2019 y 2024, y la totalidad de los incidentes registrados en buques durante 2023 comprometió sistemas operativos críticos de navegación. La brecha entre el escenario del Golfo Pérsico y el del Atlántico Sur no es tecnológica. Es de conciencia y de preparación.
La exposición de Frías partió de una transformación que ya está en marcha en la flota argentina: la denominada “Pesca 4.0” incorpora sensores inteligentes, conectividad satelital permanente, inteligencia artificial para optimizar rutas, blockchain para la trazabilidad de los productos y sistemas automatizados que enlazan la embarcación con puertos, organismos de control y mercados internacionales. Esa misma arquitectura digital que multiplica la eficiencia es, al mismo tiempo, una superficie de ataque en expansión constante.
Un ecosistema hiperconectado con vulnerabilidades estructurales
El núcleo del problema reside en la convergencia entre dos tipos de sistemas que históricamente operaron de forma separada. Los sistemas IT —gestión comercial, comunicaciones satelitales, reportes regulatorios, trazabilidad— se integraron progresivamente con los sistemas OT, responsables del funcionamiento operativo del buque: el GPS, el AIS, las cartas electrónicas ECDIS (el sistema de navegación digital que reemplazó a las cartas náuticas en papel en los buques modernos); el control de máquinas, la propulsión y la cadena de frío. “Esa convergencia -explicó el capitán Frías-, es lo que habilita la eficiencia de la Pesca 4.0, pero también elimina el aislamiento que durante décadas protegió a los sistemas críticos. Un correo electrónico infectado o una contraseña comprometida pueden convertirse en la puerta de entrada al sistema de navegación de una embarcación”.
A esa vulnerabilidad estructural se suma una asimetría económica notable: un ataque que puede costarle al atacante apenas unos cientos de dólares tiene capacidad para paralizar una embarcación valuada en millones.
El desarrollo de la inteligencia artificial de frontera agrega una variable nueva: según se advirtió en la exposición, sus capacidades reducen la barrera técnica que antes limitaba a los atacantes menos sofisticados.
En estos caso, reforzaron los expositores, “la tecnología funciona como una espada de doble filo”. Cuanto más sofisticada, más frágil ante ataques dirigidos. La respuesta de mayor impacto y menor costo que propuso Frías es también la más simple: segmentar las redes operativas y administrativas para evitar que una intrusión en el área de gestión comercial escale hasta los sistemas de control de la embarcación.
Las personas constituyen el eslabón más crítico y el que no admite parches de software. Entre el 82% y el 95% de los incidentes exitosos comienzan con un error humano o una manipulación, no con un ataque técnico sofisticado. La paradoja del sector pesquero es que la misma conectividad satelital que acerca al tripulante con su familia lo expone durante las 24 horas como blanco de phishing, ingeniería social y chantaje digital. La respuesta exige formación obligatoria, principio de mínimo privilegio y una cultura de seguridad sostenida.
El ciberespacio como nuevo campo de batalla marítimo
Agencias de inteligencia y organismos de seguridad occidentales atribuyeron en los últimos años campañas de espionaje, sabotaje e interferencia electrónica a grupos vinculados con Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Estos actores fueron señalados por operaciones destinadas a infiltrarse en infraestructuras críticas, interferir señales de navegación mediante técnicas de spoofing y jamming del GPS, realizar espionaje industrial, atacar puertos, empresas logísticas y redes de transporte marítimo, y obtener información estratégica sobre movimientos navales y comerciales. Ante la creciente competencia entre potencias, los buques mercantes dejaron de ser únicamente medios de transporte para convertirse también en blancos potenciales dentro de la disputa por el control de las rutas marítimas y de la información.
Para la Argentina, la amenaza más delicada es la manipulación deliberada de señales satelitales, el llamado GNSS spoofing. Esa técnica —la misma que el CGRI desplegó en el Estrecho de Ormuz— puede falsear la posición real de un buque y, además de poner en riesgo la navegación, facilitar el encubrimiento de actividades de pesca ilegal, el fraude en la certificación del origen de las capturas y afectar directamente el ejercicio de la soberanía en el Atlántico Sur.
Un llamado urgente de decisión
Uno de los mensajes centrales de la exposición apunta a desactivar una objeción previsible: la implementación de estas prácticas no requiere grandes inversiones iniciales. La higiene cibernética básica -segmentación de redes, formación del personal, protocolos mínimos de verificación de datos- genera un retorno significativo y constituye, se planteó, el punto de partida realista para la flota argentina.
Lo que sí exige la propuesta es una decisión política y gremial que integre en una única mesa de trabajo al Estado, industria y trabajadores dado que tienen un rol único e insustituible para liderar esta agenda: la oportunidad de comprometer a esa tríada en la defensa cibernética del mar argentino.
En la reunión de expertos que se realizó en Mar del Plata, se recordó que la Organización Marítima Internacional (OMI) incorporó desde enero de 2021 la gestión de riesgos cibernéticos dentro de los sistemas obligatorios de seguridad para los buques que navegan internacionalmente y una circular que aporta el marco técnico para identificar sistemas críticos y definir salvaguardias. Ambas normas son de aplicación obligatoria para los buques de bandera argentina en aguas internacionales.
Según el capitán Frías, la legislación de nuestro país, no obstante, carece de un instrumento que articule de manera integrada la ciberseguridad, la actividad pesquera y la soberanía marítima. La Ley 24.922 de Régimen Federal de Pesca no contiene disposiciones específicas de ciberseguridad para la flota ni para la cadena de valor, y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto no contempla la dimensión cibernética del monitoreo satelital de buques. El aporte normativo actual proviene de ordenanzas de la Prefectura Naval Argentina que, sugirió Frías, requerirán actualización.
Las propuestas de los especialistas
La exposición no se limitó al diagnóstico. Frías presentó una hoja de ruta con dos ejes: uno político-gremial y otro de capacitación.
La convocatoria incluye organismos nacionales como la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, los ministerios de Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores, la Armada Argentina, la Prefectura Naval, el INIDEP y el Consejo Federal Pesquero, junto con organismos internacionales como la OMI, la FAO, la OEA, Interpol y la ENISA.
El eje de capacitación se traduce en una propuesta institucional concreta: desde FUNCESMAr se impulsará el Seminario Internacional de Ciberseguridad Marítima para el Sector Pesquero, de modalidad híbrida y alcance internacional, con edición inaugural prevista para la segunda mitad de 2027.
El producto final del proceso será la primera Guía de Mejores Prácticas en Ciberseguridad para el Sector Pesquero argentino, además de un curso especializado que se incorporaría a la Diplomatura de Capitán de Pesca.
Frías finalizó su ponencia con una reflexión: “La ciberseguridad no es un costo: es una inversión en la integridad del producto argentino en el mundo”, afirmó al cierre de su exposición. “El mar no se pide prestado, se defiende. Y en el siglo XXI, defenderlo significa también defender sus datos, sus señales y su soberanía digital.”
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Nigeria es como el dios romano Jano: tiene dos caras. Una de ellas muestra que es la mayor economía de África, con gran crecimiento de su producto bruto interno (PBI) desde 2003, mientras que la otra exhibe que es el país que más pobres genera en el mundo.Solo dos datos bastan para reflejar ese contraste: su PBI total es de US$405.000 millones (más alto que el de Noruega), pero su PBI per cápita anual apenas llega a los US$1968 (la mitad que el de Sudán).
Según cifras del Banco Mundial, 110 de los 190 millones de habitantes de este país del África subsahariana viven en la pobreza; es decir, 60% de su población sobrevive con menos de un dólar diario. Se dice que el hombre más rico del país, Aliko Dangote, gana cada día 8000 veces más que lo que un compatriota pobre gastaría en sus necesidades básicas en un año entero.
Silvia Perazzo, magister en Historia y especializada en Historia de África Contemporánea, ratifica la paradoja nigeriana. «En términos macroeconómicos es el gigante africano, pero eso no se traduce en el bienestar y desarrollo de su población, porque no se distribuye la riqueza. Esa riqueza se origina principalmente en el petróleo y queda en manos de magnates locales e internacionales», explica la historiadora.
La vida diaria en este país, con capital política en Abuja y comercial en Lagos, no es fácil. Sulaimon Olanrewaju, editor de Negocios del Nigeria Tribune, cuenta a que aun los productos de primera necesidad son caros para la mayoría. «Muchas personas están sin trabajo, sobre todo los jóvenes, y eso los han reducido a un alto nivel de pobreza», relata.
Por otro lado, lo cierto es que las cifras de actividad en los últimos años fueron buenas, lo que le permitió arrebatar a Sudáfrica el título de mayor economía del continente. Tiene un crecimiento sostenido desde 2003, a un promedio de 4% anual, pero con picos de 11,3% en 2010 y 8,4 en 2009. Según señala Olanrewaju, hubo un bache en 2016, cuando se entró en recesión, pero en 2017 recobró la senda positiva.
La explicación de por qué los excelentes datos macroeconómicos no se derraman en la población hay que buscarla en un cóctel nocivo de falencias políticas y económicas. «Yo creo que siempre la política condiciona a la economía y en el caso nigeriano eso se puede ver de forma nítida», analiza Perazzo.
Los condicionamientos políticos, según detalla Perazzo, son los siguientes: 1) hay una democracia muy débil, instaurada recién en 1999; 2) la calidad democrática es baja (elecciones poco claras, entre otras cosas) y 3) existe un altísimo nivel de corrupción (en el índice de percepción de la corrupción de Transparency International está 144 entre 180 países).
En tanto, los problemas económicos estructurales son dos: 1) es una economía que no está diversificada y depende mucho del petróleo (produce 2 millones de barriles diarios y el sector representa 65% de los ingresos del Estado) y 2) carece de desarrollo tecnológico y digital, porque gran parte de su matriz productiva no está adaptada a los cánones de la cuarta revolución industrial.
Perazzo remarca que los efectos de no tener una economía diversificada son una alta inflación constante (12,5% anual en 2018), enorme desempleo y elevado nivel de endeudamiento (su deuda asciende a US$94.350 millones. «Desde la independencia, Nigeria es un país endeudado», destaca la especialista.
En tanto, el daño de la corrupción enferma a la vaca lechera, el petróleo. «Hay mucho robo y se vende en negro, con la participación de todos los estamentos estatales. Es increíble: pinchan las tuberías para extraer el petróleo con mangueras y después lo comercializan. Encima, Nigeria no tiene tecnología adecuada para su extracción y refinamiento, por lo que tiene que recurrir a empresas extranjeras o a la compra de tecnología foránea, lo que limita la ganancia», dice Perazzo.
Asimismo, Olanrewaju comenta que otro gran problema que enfrenta la economía de su país es la mala generación de electricidad. «Eso hace que nuestra productividad sea baja. Las empresas deben generar su propia electricidad y esto aumenta su costo de producción. Como resultado, no pueden competir a nivel mundial ni pueden optimizar sus procesos», afirma.
Además de todas estas razones, hay otros dos males que condicionan lo político y lo económico: 1) el terrorismo en el norte, con el grupo islámico Boko Haram y 2) la represión de la piratería en el golfo de Guinea que baña sus costas (que incluye robo de petróleo y secuestro de personas, entre otros delitos), que también quita gran parte del presupuesto. «Ambas cosas obligan a que gran parte del presupuesto deba ir a defensa, en lugar de destinarse a educación, ayuda social o mejora de las condiciones laborales», subraya Perazzo.
Como lo demuestran «Las águilas verdes», su seleccionado nacional de fútbol, Nigeria es el país del eterno contraste: en la cancha, es temible a la hora de atacar, pero inocente al momento de defender; en economía, es un gigante generador de divisas, pero un pésimo distribuidor de la riqueza. Quizás, el tirón de orejas de las Naciones Unidas impulse un cambio, que será tanto o más importante que su independencia, lograda en 1960.
Carlos Manzoni,LA NACION,Política
POLITICA
Lavado de activos: dictaron una nueva prisión domiciliaria para el exsenador Edgardo Kueider en Paraguay
El exsenador Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, enfrentan desde este miércoles una nueva medida de prisión preventiva en Paraguay, dictada en el marco de la investigación por lavado de activos.
La resolución se suma a la condena que recibieron días atrás por contrabando en grado de tentativa que se cumplirá con arresto en domicilio.
El juez de Garantías Humberto Otazú resolvió otorgarles la prisión domiciliaria al considerar que ambos imputados carecen de arraigo en territorio paraguayo por tratarse de extranjeros. La medida incluye la prohibición de cruzar la frontera sin autorización expresa del juzgado.
Kueider y Guinsel se encuentran alojados en un departamento ubicado en la localidad de Luque, a unos 11 kilómetros de Asunción.
La causa por lavado de activos se originó a partir de la detención de Kueider y Guinsel el 4 de junio de 2024 en el puente de la Amistad, en la frontera con Brasil, cuando portaban 200 mil dólares en efectivo sin declarar. Esa intervención derivó primero en una imputación por tentativa de contrabando, que culminó con una condena de dos años de prisión condicional.
Posteriormente, las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz impulsaron la acusación por lavado de dinero, al entender que los fondos de origen ilícito habrían ingresado a Paraguay y se habrían blanqueado a través de operaciones inmobiliarias.
En junio pasado, el juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia dispuso el embargo de seis departamentos y cocheras ubicados en el edificio Innova Las Mercedes, en Asunción. El magistrado fundamentó la medida en la necesidad de asegurar la eventual reparación del daño.
La condena a Kueider
El 13 de julio pasado, la Justicia paraguaya condenó a Kueider a dos años de prisión en suspenso al hallarlo culpable de tentativa de contrabando de dinero. Guinsel recibió una pena menor, de un año y 10 meses de arresto en suspenso, como coautora del delito.
En esa oportunidad Kueider hizo uso de la palabra y se declaró inocente antes de la sentencia: “No corresponde pedir disculpas por un delito que no cometí”.
Leé también: El Gobierno evalúa los pasos legales para frenar la ejecución del fallo de la Justicia de EE.UU. por la expropiación de Aerolíneas
El exdirigente entrerriano, que fue senador aliado a La Libertad Avanza y tuvo pasado vinculado al kirchnerismo, aseguró que es víctima de una “feroz persecución política” y defendió la inocencia de su secretaria Guinsel.
El proceso judicial se originó el 4 de diciembre de 2024, cuando ambos fueron detenidos en el Puente Internacional de la Amistad, que une Foz de Iguazú (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay). Allí, autoridades aduaneras hallaron en el auto en el que viajaban 211.000 dólares, 3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes no declarados.
Edgardo Kueider, Paraguay, LAVADO DE ACTIVOS
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